Comunicadores del Sur

www.comunicadoresdelsur.com.ar

 

Incidente en Instituto de menores del barrio de Flores

8.6.2017

Tras los incidentes ocurridos entre el domingo 28 de mayo a la noche y lunes 29 de mayo por la madrugada en el Instituto de Menores “San Martín” del barrio porteño de Flores -donde se fugaron 7 jóvenes y tres resultaron heridos-, la Procuración Penitenciaria monitoreó el lugar para determinar las razones que motivaron los disturbios y verificar el estado de los jóvenes allí detenidos, así como las condiciones del lugar.

La visita se llevó a cabo el mismo día de los hechos y se mantuvo por tres días consecutivos para realizar entrevistas tanto a las autoridades del centro y de la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (DGRPJ), como a los jóvenes del instituto.

A pesar de que las autoridades dijeron desconocer los motivos que desencadenaron los disturbios, los jóvenes coincidieron en que los mismos se habrían iniciado ante la falta de respuestas a diferentes demandas que venían reclamando a las autoridades; entre los que refirieron malos tratos físicos y verbales por parte del personal de seguridad, problemas en las visitas, escases de comida y, principalmente, un limitado acceso al teléfono, restringido únicamente para dos días a la semana, por un tiempo de 8 minutos y en presencia de operadores o personal de seguridad.

Al relatar los hechos, los jóvenes indicaron que los empleados de seguridad no estaban cuando inició el conflicto y ello posibilitó la fuga de algunos compañeros. Todos los entrevistados manifestaron que cuando el personal de seguridad se hizo presente, comenzaron a dar palazos a todos, los colocaron en el pasillo contra la pared y los esposaron. Algunos manifestaron haber estado desnudos. Posteriormente los bajaron al hall central donde nuevamente fueron golpeados, pateados y pisados mientras estaban tirados en el piso boca abajo y esposados. Exceptuando 3 jóvenes que fueron llevados al Hospital Álvarez y Hospital Piñeiro, el resto de los entrevistados indicó que no fue visto por ningún médico y que sólo una enfermera los revisó superficialmente. 

Ante la grave situación denunciada, la Procuración hizo intervenir al Área de Investigación y Documentación de Eficaces de Caso de Tortura y Malos Tratos, para aplicar el Protocolo correspondiente y tomar las denuncias pertinentes.

En relación a las condiciones del establecimiento, se verificaron amplios destrozos y la reubicación temporal de los jóvenes en otros sectores del instituto, donde se encontraban sin las condiciones mínimas de habitabilidad, la mayoría durmiendo en colchones sobre el piso, sin sábanas ni frazadas suficientes y comiendo en las celdas. La escuela y los talleres también estaban suspendidos.

Dado que en la inspección también estuvieron presentes la Defensoría General de la Nación, la Procuraduría de Violencia Institucional y el Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles, se pidió conjuntamente el inmediato realojamiento a sus respectivos ambientes convivenciales, además de la provisión de la ropa de cama acorde al clima frío de esta época del año. También se señaló la imperiosa necesidad de efectuar los arreglos correspondientes a fin de reanudar las actividades educativas, culturales y físicas a la brevedad.

Sin prensa, el juicio por la muerte de Kiki Lezcano y Ezequiel Blanco no será público

8.6.2017

Desde la Red Nacional de Medios Alternativos denunciamos la arbitraria decisión del Tribunal Oral Correccional N° 16 de la Ciudad de Buenos Aires de no permitir el ingreso de los/as trabajadores/as de prensa a la primera audiencia del juicio por el asesinato de Kiki Lezcano y Ezequiel Blanco a manos del policía Daniel Santiago Veyga, que tuvo lugar el pasado martes 6 de junio. Difundimos comunicado

 

Comunicadores/as de distintos medios de prensa y de la RNMA que llegaron hasta los tribunales denunciaron que no pudieron ingresar a la Sala de Audiencias, ya que, según expresa la policía en el lugar, la misma sólo puede albergar diez personas. Entendemos que esta es una decisión del Tribunal que impide y limita el derecho a informar de los/as trabajadores/as de prensa y la libertad de expresión. No es casual que estas restricciones se den en causas de gatillo fácil que tienen como imputados a miembros de las fuerzas policiales y que desnudan el papel del sistema judicial en garantizar la impunidad de los acusados.

Con la excusa de la falta de lugar, los/as familiares se vieron obligados a "elegir" entre entrar o dejar su lugar a la prensa. Sin embargo, la prensa alternativa presente en el lugar no pretende ocupar los escasos lugares para la familia sino, como ya sucedió en otros juicios, permanecer parados para registrar los hechos y luego informar lo sucedido.

Sin prensa, el juicio no es de carácter público.
Exigimos ingresar a las próximas audiencias.
Argentina, 8 de junio de 2017

 

Viernes 9 de junio - 19 hs. | Salón San Martín, Perú 160 
Entrada libre y gratuita

7.6.2017

 

El Ciclo de Música Clásica Argentina de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en su 12° temporada presenta el concierto del Proyecto Orquestas Infantiles y Juveniles el próximo viernes 9 de junio a las 19 horas, en el Salón San Martín, Perú 160. Entrada libre y gratuita.

 

 

 

PROGRAMA
Orquesta Infantil de Parque Avellaneda. Directora Bárbara Dalton
1 - Spaghettis con queso -Horacio Vivares-
2-Carnavalito Humahuaqueño -Zaldivar- y Carnavalito del Duende -Cuchi Leguizamón. Arr: Carlos Goldfeld-
3-We will Rock You -Brian Mey (Arreglo Horacio Vivares)
4-Oda a la Alegría –Beethoven (Arreglo Andrés Martin)
5-He is a pirate -Klaus Badelt (Arreglo David de Gans)
6-Can Can -Offenbach
7-Bamba li Bamba -Tradicional Africana (Arreglo Emiliano Spadaccini)
8-Paradise –ColdPlay (Arreglo Emiliano Spadaccini)
 
Orquesta Juvenil de Parque Avellaneda. Director Claudio Bucello
1- Something (George Harrison, arreglo Javier Mariani)
2- Here comes the sun (George Harrison, arreglo Mariano Kosiner Blanco)
3- Música de las películas de Harry Potter (John Williams, Alexander Desplat y otros; arreglo de Michael Story)
4- Vals de la Bella y la Bestia (Maurice Ravel)
5- Danzas Folklóricas Rumanas (Bela Bartok)
6- Libertango (Astor Piazzolla, arreglo Lito Valle) 


 

Orquestas Infantiles y Juveniles


El Proyecto Orquestas Infantiles y Juveniles tiene como objetivo promover y acercar bienes culturales en sectores sociales tradicionalmente alejados de esa posibilidad y asimismo, alentar la participación de los niños y jóvenes no sólo en términos de formación musical sino que también como una instancia de aprendizaje individual y colectiva. Se busca estimular la cultura musical en el seno de estas comunidades, la formación en la expresión y en la ejecución colectiva a niños instrumentistas.

 

   Próximos conciertos   
- Viernes 16 de junio Orquesta Sinfónica Prefectura Naval Argentina | 19hs. Salón Dorado
- Viernes 23 de junio Orquesta de Cámara Trapem Requiem Fauré | 19hs. Salón San Martín
- Viernes 30 de junio Trío de Guitarras Mangoré | 19hs. Salón Alfonsín/Intersecretarías

 

Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro

 

NUESTRA POSTURA FRENTE AL INTENTO DE MODIFICACIÓN DE HORARIOS DEL SUBTE

 

8.6.2017         

 

Hemos tomado conocimiento a través de los medios de comunicación que Metrovías, SBASE y el GCBA pretenden modificar el horario de inicio y finalización del servicio del subte.

 

Al respecto debemos señalar que nuestra Asociación Gremial se ha manifestado públicamente a favor de la extensión del horario en que el subte debiera prestar servicio, cuanto menos, restableciendo el horario vigente durante la gestión estatal previa a la privatización: desde las 5:00 a la 1:20 horas. Ello además de constituir una mejora real acorde a las necesidades de transporte que hoy exigen los usuarios, generaría nuevas fuentes de trabajo.

 

No es posible decir lo mismo en relación a la modificación de horario. Además de no constituir ninguna mejora real para el servicio, se pretende realizarla de manera unilateral, sin consultar a la AGTSyP, lo que traería aparejado innumerables perjuicios reales para la organización de la familia del trabajador del subte.

 

Esta situación no puede ser tolerada pasivamente por la AGTSyP, que dispondrá las acciones legales conducentes para que cualquier medida empresarial que se intente aplicar, no genere perjuicio alguno a los trabajadores del subte y sus familias. Por ello, se cursaran las intimaciones necesarias a la parte empresaria, con la finalidad de iniciar de manera urgente las negociaciones necesarias tendientes a salvaguardar los intereses propios ante la pretendida aplicación de la decisión unilateral que nos perjudica.

 

 

SECRETARIADO EJECUTIVO

 

ASOCIACIÓN GREMIAL DE TRABAJADORES DEL SUBTE Y PREMETRO

Frío en las escuelas, calorcito en el despacho de Soledad Acuña

7.6.2017

Así lo reveló un informe del sindicato docente Ademys, donde al menos 45 establecimientos se encuentran sin calefacción.

Federico Puy

Docente, Congresal UTE-CTERA

Si hay un tema recurrente todos los años en la educación pública en la Ciudad de Buenos Aires, es el problema de la infraestructura. Y uno de los problemas, cuando se va acercando bajas temperaturas, es el problema de la calefacción.

Según el relevamiento realizado por docentes, familias y el sindicato docente Ademys, más de 45 escuelas públicas, incluidos dos jardines de infantes no cuentan con la calefacción adecuada para el dictado de clases. Los motivos son varios: estufas que no funcionan, calderas rotas o que funcionan a medias y falta del suministro de gas.

Según publicaron en diferentes medios, del relevamiento surge que la falta de gas es por obras que aún no se hicieron, que las empresas tercerizadas a cargo del mantenimiento escolar que tardan en responder la solicitudes de arreglo que hacen los directores de escuela, y los famosos caloventores, que muchas veces son entregados de manera provisoria para paliar la falta de calefacción y afectan la instalación eléctrica.

Esto no es casual sino una política del gobierno de la Ciudad de transferir dinero de la educación pública a la educación privada, dejando a las escuelas públicas en situación de precariedad con miles de niños y niñas estudiando en pésimas condiciones. El presupuesto pasó de representar el 27,8 % en el 2011 cayó al 22,2 % en el 2015 y al histórico 18,5 % para el 2017. Un verdadero ajuste educativo, pero esto no es todo. Basta ver que se gastarán $ 6.583.893.294 en intereses y gastos de deuda. ¿Cuántas escuelas se podrían construir con este monto? ¿Todas podrían tener calefacción?

Para colmo, los subsidios a la educación privada siguen en constante ascenso.

Pasaron de representar el 14,5 % del presupuesto educativo en el 2012 a ser el 16,2 % para el 2017 ¡Toda una declaración de principios!

La lista de escuelas afectadas por falta de calefacción incluye primarias, secundarios y los jardines de infantes Nº 4 del distrito 7, en Caballito, y el Nº 3 del distrito 15, en Saavedra. En el distrito escolar Nº 1, las escuelas sin calefacción son la 1, 2, 5 y 14 y el Normal 1, que tiene sólo uno de sus pisos afectados. En el distrito Nº 2, en Balvanera, las estufas no funcionan ni el primario Nº 6 ni en el secundario Nº 15.

Tampoco tienen calefacción la primaria Nº 4, del distrito 3º, ni las escuelas 3 y 24 del distrito Nº 5, en Nueva Pompeya. La lista sigue y suma otras dos escuelas en el distrito sexto y otras seis en el distrito Nº 7. Las estufas tampoco funcionan en las escuelas 2, 3, 9 y 15 del distrito 9º, en Colegiales, en el Liceo 9, ni en las escuelas 4, 19 y 20 del distrito 11. Y hay más.

Muy seguramente los ministros, que no pisan una escuela pública salvo para hacer una publicidad de campaña, están muy confortables en sus despachos ministeriales, con sueldos siderales, choferes y prebendas.

Empieza el juicio por ‘Kiki’ Lezcano

6.6.2017

Por Ornella Sersale

Tras casi ocho años el martes empieza el juicio oral por la causa de Jonathan “Kiki” Lezcano, el joven de 17 años víctima de gatillo fácil. Kiki fue asesinado por un policía que filmó su agonía. Estuvo dos meses como NN. “Yo sé que cuando el asesino de mi hijo me vea, se va a quebrar y va a decir toda la verdad”, dice Angélica Urquiza, su madre.

-¿A dónde vas, hijo?
-Me voy a ver a mi novia, má.
-Bueno, pero no vuelvas tarde. Sabés que te amo mucho yo, ¿no?
-Sí, má.
-Llevate un sweatercito, que después va a hacer frío.

Jonathan Lezcano –Kiki, como lo apodaba su familia– se ató el buzo al cuello y salió de su casa en Villa 20 recién bañado. Esa tarde del 8 de julio de 2009, se subió a un remis junto a Ezequiel Blanco, un amigo suyo, y se dirigió al barrio de Flores, a donde vivía su novia. Ninguno de los dos llegó a destino. En el camino murieron a manos de un agente de la Policía Federal.

El oficial Santiago Daniel Veyga declaró que Kiki y Ezequiel habían intentado robarle su camioneta mientras estaba de civil, y que una vez arriba del vehículo descubrieron que era policía. Según su declaración, al escuchar el ruido del arma con el que iban a ejecutarlo, sacó su revólver y disparó tres veces.

“Supuestamente, Ezequiel estaba armado en el asiento de atrás, y Veyga estaba adelante con Kiki, que también estaba armado. ¿Cómo hizo el oficial para, en el mismo momento, girar y dispararles a los dos? No se lo cree nadie”. Angélica Urquiza, la madre de Kiki, no entiende por qué a su hijo lo mataron a sangre fría. “Si estaba robando, ¿por qué no lo detuvieron? Tenía sólo 17 años. ¿Por qué no le dispararon en la rodilla y me lo dejaron en una silla de ruedas?”, se lamenta.

Kiki agonizó durante una hora y media. “Ya se va a morir”, decía uno de los policías que acompañaba a Veyga. Y es que tiempo después, un video demostró que había más de tres personas arriba de esa camioneta. “Veyga dice que estaba solo con los chicos, pero en las imágenes aparecen, mínimo, seis personas más. No se ven sus rostros, pero sí se escucha lo que ellos hablan”, cuenta Angélica.

-Dale, putito, arrancá -decía una de las voces.

El autor de esa frase aún no fue identificado. Tampoco la persona que le entregó el video al ex legislador porteño Facundo De Filippo, quien hizo que llegara a manos de la familia de Kiki. Alguien lo dejó en la puerta de su casa, y tiempo antes ya circulaba en Youtube.

La noche en la que Kiki desapareció, Angélica se fue a dormir tranquila. Al día siguiente salió a trabajar y ni pasó por su habitación. Estaba segura de que él había dormido en casa. “Apenas vuelvo de laburar, mi hija me dice: ‘Má, Kiki no vino a dormir’. La llamé a la Barbie (su novia) y me dijo que no había ido para allá. Ni comimos ese día. Salimos a buscarlo por los pasillos pensando que había tenido una recaída”, recuerda.

“Los pibes en la villa me decían que lo habían visto el día anterior con Ezequiel. Cuando llego de vuelta a mi casa, llama la hermana de su amigo. ‘Hola, yo soy la hermana de Ezequiel. ¿Está Kiki?’, me pregunta. ‘No, no está. Lo estoy buscando’, le respondo. Y me dice: ‘Yo también estoy buscando a Ezequiel’. Ahí fuimos juntas a la comisaría a hacer la denuncia; yo la llevé a Eli”, relata.

A menos de 24 horas de la desaparición, se dirigieron a la Comisaría 52 y dejaron asentado lo que había ocurrido. “Cuando hacés una denuncia –explica Angélica– tenés que ir todas las semanas a reiterarla. Yo no dejaba que se cumpliera una semana; pasaban tres días y volvía a ir. Cada vez que llegaba, el subcomisario José María Martínez se sentaba y me hablaba de que por ahí Kiki se había ido porque había tenido problemas con los tranzas. ‘La está resguardando a usted’, me decía. Además, en ese momento, yo me estaba separando del papá de mi hijo. ¿Para qué le habré contado? Me decía que por ahí a Kiki le había caído mal que me estuviera
divorciando, y por eso se había ido”.

La búsqueda duró más de dos meses. El cuerpo apareció recién el 14 de septiembre, enterrado como NN en el Cementerio de Chacarita. “La policía me daba pistas falsas todo el tiempo. Pero no me las daba a mí; se las daba a mis vecinos. Entonces ellos, por querer ayudarme, me decían: ‘¿Sabés, Angélica, que Kiki pasó por la calle Pola a las chapas? Tenía una mochilita y la gorrita, y estaba arriba de una bici’. Yo los miraba y les decía: `¿Vos lo viste?´. `Sí, era Kiki´. Yo lo buscaba, me metía en los pasillos. Hasta me metí en la Villa 1-11-14 rancho por rancho. Los pibes me miraban y me decían: ‘¿Qué busca, señora?’. ‘Busco a mi hijo’”, recuerda. La Gucha –como la llaman sus amigos– estaba desesperada.

La causa cayó en manos del Juzgado de Instrucción 49, de Fernando Cubas, quien sobreseyó a Santiago Veyga sin siquiera conocerlo. El oficial de la Comisaría 12 declaró por escrito y quedó libre de culpa y cargo.

 

Enterrados como NN

 

Una vez, durante la búsqueda, a Angélica le dijeron que tenía que reconocer el cuerpo Kiki. Cuando llegó al Juzgado para que le dieran la orden, el secretario de Cubas le alcanzó un papelito verde, de esos que se usan en las oficinas. Ahí estaba anotado el número con que su hijo había ingresado a la morgue: 1563. “Recién después de uno o dos años, dije: Qué tarada, ¿cómo no me di cuenta? Cómo jugaron conmigo. ¿Por qué no exigí que me dieran un oficio, que saliera firmado por la Secretaría? Ahora Cubas puede decir que ese papel nunca me lo dio”, explica Angélica.

En la morgue de Junín le dieron una noticia inesperada. “Cuando voy con el papelito, el empleado del lugar me dice: ‘A este ya lo enterraron’. ‘¿Cómo que lo enterraron?’, le digo. ‘Sí, Lezcano ya está enterrado’, me responde. ¿Cómo sabían que era Lezcano, si estaba enterrado como NN?”, se pregunta.

El camino para recuperar el cuerpo de Kiki no fue fácil. Su familia tuvo que sobornar a un trabajador del Cementerio de la Chacarita para ir de madrugada a desenterrarlo. “Cuando mis hijos van a buscarlo, el cuidador les dice: `Miren que no lo van a poder levantar, porque nosotros no vamos a cavar tumba por tumba para ver cuál es su familiar´. `Pero nosotros sabemos cuál es la tumba´, le dice mi familia. Porque Kiki estaba como NN, pero el número de la tumba lo sabíamos. Los chicos le tuvieron que pagar una coima para que lo levante”, revela Angélica. Su hijo estuvo reconocido desde el primer momento.

 

Historia de un pibe

 

Desde el principio, Angélica sospechó que a Kiki lo había matado la policía. Sus conflictos con la Federal comenzaron en 2007, cuando tenía apenas 15 años. En el barrio se comentaba que había matado a un narcotraficante, y la policía ya lo tenía en la mira. Ese año estuvo internado ocho meses en el Instituto de Menores San Martín, hasta que se hizo el juicio oral por la causa y se comprobó que era inocente.

Al salir comenzó con su adicción al paco. Angélica no tardó en darse cuenta. “A mí me llamó la atención que le empezó a cambiar el color de las manos: era muy amarillo. Y después, tenía la boca siempre lastimada. Yo le controlaba los dientes, prestaba atención. Empecé a revisar sus cosas, a levantar los colchones, y encontré canutos que hacía con las cortinas. Después, me desaparecían las esponjitas de acero. Igualmente, lo primero que pasó, fue que desapareció mucha ropa de él. De repente, se iba de zapatillas y volvía en ojotas”, cuenta su madre.

La droga lo atrapó durante seis meses. En ese tiempo, Angélica lo internó en la Clínica neuropsiquiátrica San Gabriel y lo llevó a diferentes Centros Cristianos para que hiciera terapia. “Cuando me enteré, mi primera reacción fue pegarle; pero después me tranquilicé y lo empecé a acompañar. Yo trataba de sacarlo; lo iba a buscar por los pasillos con su hermanita menor. Kiki, aún con esa adicción, nunca dejó de dormir en casa”, explica.

La policía ya lo había parado varias veces e incluso lo había golpeado. “En febrero de 2009, el Indio Chávez, Jefe de la Brigada 52, lo corrió y llegó hasta la puerta de casa. Cuando me vio, me dijo: ‘Cuide a su hijo, porque un día le va a pasar algo’. El Indio era así. Lo paraba, le pegaba en los tobillos. Y no sólo a Kiki; a todos los pibes”, recuerda Angélica.

Un mes después, un grupo de policías lo molió a golpes. Ese día, salieron los vecinos con palos para defenderlo y su madre lo rescató. Kiki cumplía con el estereotipo de pibe chorro y no se lo iban a perdonar. “Una vez, uno de mis sobrinos lo escuchó decir: ‘¿Estos se creen que voy a salir a afanar para ellos? Yo, si voy a afanar, voy a afanar para mí’”, cuenta la mujer.

Una amenaza ocurrida el día anterior a su asesinato, fue lo que le confirmó a Angélica que la policía estaba implicada en la desaparición de su hijo. El 7 de julio, Kiki y Ezequiel estaban juntos cuando se acercó a ellos el Indio Chávez. El policía iba de civil junto a un uniformado. Cuando los vio, se acercó y le dijo a Kiki: “De ahora en más, yo voy a ser tu sombra”. Como si fuera poco, su compañero le tomó una foto. Angélica tardó en enterarse de esto. Sergio, uno de sus sobrinos, había sido testigo de la situación. Se lo contó un mes después.

Apenas lo supo, corrió a la Comisaría a denunciarlo. La policía estaba preparada para contraatacar: la llevaron detenida y le abrieron una causa por robo de autos. Angélica no sabe manejar.

-Negra de mierda -le dijo un oficial de la 52-, te vamos a enseñar a no denunciar.
La golpearon y la tuvieron detenida durante 13 horas. “Cuando me tenían en el calabozo, vino el mismo policía que me había tomado la denuncia de Kiki a decirme que quería darme el pésame. ‘Esta mugre y estas ratas que pasan por acá, a mí no me asustan –le dije–. Por mí, me puedo morir acá adentro. Pero, ¿sabés lo que me asusta, cada día y cada noche? Que no veo a mi hijo y que sé que no va a volver, porque ustedes lo mataron’. ‘Fíjese bien quién lo mató; usted a nosotros no nos va a romper el culo’, fue su respuesta”.

 

La casita de Kiki

 

Esa noche, Angélica no estuvo sola. Su familia, sus vecinos, su abogado (Juan Manuel Combi) y algunos militantes se instalaron en el hall de la comisaría para que la liberaran. Es que cuando a Kiki lo mataron, un grupo de jóvenes que trabajaba en Villa 20 se acercó a ella para acompañarla en su lucha.

De esa unión nació La Casita de Kiki, un espacio ubicado en Cooperativa Semana de Mayo, a metros de la entrada a la villa, en donde hoy funcionan talleres, clases de apoyo escolar y hasta una cooperativa de alimentos.

Las puertas de su casa están abiertas. “Más allá de ser un homenaje, la Casita es tener a Kiki vivo todo el tiempo, en todo momento. Mi hijo está conmigo, y si bien su figura física no está, está presente en cada oración, en cada chico que se acerca a este lugar, en cada logro y en cada fracaso también”, afirma.

La Casita abrió sus puertas a principios del 2010 gracias al esfuerzo de Angélica y de los chicos. Ellos mismos levantaron las paredes del lugar y cavaron un pozo de siete metros de profundidad para colocar la base. El espacio fue construido en un terreno que le pertenecía a Angélica, y cada miembro aporta una cuota mensual. “Todo esto lo financiamos con nuestros sueldos, haciendo fiestas y kermeses –cuenta Federico De Vico, uno de los militantes del proyecto–. Y por lo que le pasó a Kiki, el trabajo que hacemos se vinculó mucho con la violencia institucional. Acá en el barrio, la policía ficha a los pibes y los caga a palos adelante de todos. Algunos son mandados a robar; y los que dicen que no, son bastante bastardeados. Vienen varios chicos a denunciar esto”, explica.

La muerte de Kiki no es un hecho aislado. La policía responde a una decisión política que no tiene intenciones de incluir a todos. Y esto ocurre con el aval de la Justicia. “Acá en el barrio había un policía al que le dicen `el Percha´. Estuvo dando vueltas hace poco, pero ahora se volvió a ir. Cada vez que caga a palos a un pibe o mata a alguno, pone una percha para que se den cuenta de que el autor del delito es él”, dice Federico. El Percha es impune, al igual que muchos otros.

 

Una práctica común

 

Según la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), hay un promedio de 300 casos de gatillo fácil por año. Las víctimas, en su mayoría, son jóvenes pobres. “Hay un nido base de la clase política que utiliza a la policía para aplicar políticas de control popular. Entonces, a cambio de ese control social y popular, entregan la calle”, explica Pablo Pimentel, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Matanza. Sin embargo, por el grado de masividad del delito, parte de la sociedad sigue pidiendo más policías en la calle y se niega a ver una realidad más profunda. “Tu seguridad es la que le voló la cabeza a mi hijo; es la que mata a todos los pibes de barrios humildes”, sentencia la madre de Kiki.

A Kiki Lezcano lo mató la policía y lo desapareció el Estado, pero las pruebas fueron borradas. Según la Justicia, su ropa y el arma que portaba se perdieron en inundaciones. A fines de 2012, la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal revocó el sobreseimiento de Santiago Veyga y removió al Juez Cubas de la causa. Juan Ramón Padilla, perteneciente al Juzgado de Instrucción 24, fue quien la elevó a juicio oral. Este 6 de junio, Angélica, por primera vez, va a mirar a los ojos al asesino de su hijo.

“Durante el juicio yo no puedo hablar, porque puedo entorpecer todo. Tengo que guardar silencio. Yo soy querellante, pero no hago las preguntas. El otro día, mi hijo de 28 años me decía: ‘Mamá, sea cual sea el resultado, decime que no te vas a poner mal’. ‘No te voy a mentir. Si el resultado es negativo, me voy a poner mal; pero no me voy a morir. Si no me morí cuando me faltó tu hermano, no me voy a morir ahora’, le dije. Igualmente, yo tengo mucha fe en que Veyga se va a quebrar y va a decir toda la verdad. Yo sé que se va a quebrar cuando me vea a mí”, asegura Angélica.

Julieta Fernández, otra joven militante de La Casita de Kiki, también va a estar presente el día del juicio. “Si algo nos ha demostrado la Justicia en todos estos años, es que sólo moviéndose, con organización y lucha, logramos avanzar; y es por eso que hoy llegamos a esta instancia, pese a todo panorama adverso. El próximo martes los esperamos a todos a las 9 en Lavalle y Libertad para que nos acompañen en el comienzo”, afirma.
Angélica lo recuerda a Kiki y sus ojos se llenan de lágrimas. “Él me enseñó mucho con su partida. Cuando se fue, aprendí que tenía que luchar, por más de que la gente pensara: ‘¿A un negro de mierda quién lo va a buscar?’. Hay que salir adelante”, dice convencida.

A Kiki le arrebataron la vida; y a Angélica, la posibilidad de verlo crecer. La villa todavía lo llora, pero la madre del dolor sigue en pie: “Por Nunca Más”.

"Otra represión sufrida tras otra masiva movilización de las mujeres".

“Más de un cuarto de la población de la CABA vive en situación de emergencia habitacional”

6.6.2017

Entrevista a Corina Rojas, del Movimiento Proyecto Popular y miembro del colectivo que impulsa la Ley de Alquileres Colectivos presentada por el Legislador porteño Pablo Ferreyra (FPV)

Por Juan Manuel Ciucci

 

APU: ¿Cómo surge este proyecto de alquileres colectivos?

Corina Rojas: La iniciativa de alquileres colectivos surge de la organización de familias atravesadas por la problemática de la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. Familias que venían viviendo en alquileres informales en inquilinatos u hoteles, que en muchos casos habían pasado por desalojos. Como organización venimos acompañando a familias con esta problemática en los barrios del sur de la Ciudad hace años, y en este proceso identificamos la importancia de soluciones transitorias como lo son los alquileres colectivos, que brindan estabilidad aportando a la calidad de vida de las familias así como a mantener a las familias cohesionadas permite que se fortalezcan procesos de organización por la vivienda definitiva. El proyecto de ley es la expresión de una experiencia que ya viene funcionando desde agosto del 2015, donde tras 2 intentos previos se logró concretar una locación colectiva en la Av San Juan 1266 en el barrio de Constitución, la misma implicó meses de conformación del grupo, búsqueda de un inmueble apto para un grupo de las características que se venía conformando y reuniones con inmobiliarias y propietarios donde compartimos de que se trataba el proyecto para hacerlos parte desde su lugar. Fueron parte de este proceso también, integrantes de la comisión de justicia y paz de la iglesia de Constitución, quienes como institución avalaron el proceso que venían desarrollando los vecinos.

 

APU: ¿Qué papel cumpliría el Estado de la Ciudad?

CR: La vivienda transitoria aparece como un elemento fundamental y necesario de una política integral de vivienda. En el proceso de organización por el derecho a la vivienda digna nos encontramos con experiencias diversas, familias que se organizan para resistir la expulsión de la Ciudad a la que nos viene acostumbrando el PRO, familias que se organizan en cooperativas de vivienda para acceder a créditos sin intereses para la construcción de la vivienda definitiva, familias todas que podrían acceder a mejores condiciones de vida si experiencias como la de alquileres colectivos fueran impulsadas y apoyadas desde el Estado. En la actualidad existe un programa que debería estar cumpliendo este rol pero no lo hace. El Programa de Vivienda transitoria con funcionamiento en la sede de atención inmediata del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. El mismo está dirigido a cooperativas de vivienda pero plantea como requisito a la cooperativa contar con terreno, elemento que tiene que ver con las respuestas que (no) da el Instituto de Vivienda de la Ciudad.  Es por esto que aun no contamos con el apoyo del Estado. De esta forma, el proyecto de ley de alquileres colectivos que estamos impulsando propone un rol presente del Estado en relación a allanar los impedimentos que impone el mercado inmobiliario para acceder a una locación estable y en condiciones dignas.

 

APU: ¿Cuáles serían las principales características de la Ley?

CR: La ley apunta a facilitar la locación de inmuebles en el mercado formal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a familias agrupadas en Cooperativas de Vivienda, como una solución transitoria y parte de una política habitacional integral. Estipula por un lado el acceso a una garantía gratuita a través del Banco Ciudad (u otras entidades bancarias con los que el gcba genere convenios), otorga un subsidio para los gastos de depósito de alquiler, y subsidia el costo del alquiler mensual, para que las familias cooperativizadas puedan comenzar a dirigir sus ingresos a la vivienda definitiva. Establece que  la autoridad de aplicación sea el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC). Es de resaltarse también que en relación al acceso a la vivienda definitiva el proyecto de ley fija un plazo máximo de 3 años para que el IVC incluya a las familias cooperativizadas en el presupuesto del programa de acceso a la vivienda definitiva en el marco de la Ley 341 colectiva.

Asimismo, la ley propuesta busca incentivar que los particulares destinen su inmueble a una locación colectiva, y lo hace otorgando un subsidio a los propietarios para ser destinado a mejoras edilicias del inmueble, por un monto correspondiente al 10% del valor del contrato, a cobrarse en 3 cuotas, una por año de contrato. De forma que los propietarios encuentren un beneficio al destinar su propiedad a un fin social como el aquí planteado.

 

APU: ¿Cómo impacta esta propuesta en las familias que puedan acceder a este tipo de alquiler?

CR: La materialización de experiencias como estas dota de estabilidad a las familias, y esto redunda en mejor calidad de vida, tanto en lo que hace a la salud física como mental, permite que se viva en mejores condiciones, sin hacinamiento, con espacios de uso común que aporten a que se desarrollen las distintas necesidades de cada integrante de cada familia, con normas de convivencia establecidas por los grupos familiares, aportando a dar continuidad a los vínculos de apoyo y solidaridad que las familias generan y constituyen parte fundamental de su vida y necesidades cotidianas. Así mismo, brinda una estabilidad que permite poder avanzar en la organización y gestiones para caminar hacia el objetivo de la vivienda definitiva. Elementos importantes si tenemos en cuenta que hoy en día más de un cuarto de la población de la CABA vive en situación de emergencia habitacional, sin poder siquiera acceder al mercado formal de alquileres, viviendo en asentamientos, hoteles y pensiones precarios.  

 

APU: En ese sentido, ¿cuál es la situación del alquiler en la Ciudad?

CR: Más de medio millón de personas, 650.000 de los casi 3.000.000 que viven en la Ciudad, sufren la problemática habitacional. Uno de cada seis habitantes  viven en villas, asentamientos, hoteles, pensiones precarias y/o directamente en la calle, sobreviviendo cotidianamente sin el pilar fundamental en torno al cual se despliegan el resto de las necesidades vitales: trabajo, educación, salud, recreación, etc. En los últimos 20 años, las y los afectados por esta problemática aumentaron en un 77,6%. Por otro lado, la posibilidad de la casa propia está cada vez más lejana: un trabajador o trabajadora con sueldo básico, tardaría 67 años de ahorro en poder comprarse una vivienda.  Buenos Aires es la Ciudad más cara de Sudamérica.

A su vez, sumado a quienes viven en condiciones precarias, el 33% de los habitantes de la Ciudad alquila en el mercado formal, con requisitos cada vez más restrictivos (2 meses de comisión, 1 de depósito, 1 de adelanto, aumentos semestrales, garantías familiares y de Capital). Un inquilino/a debe destinar el 36% de su sueldo para alquilar un dos ambientes en Buenos Aires, mientras que en el resto del mundo debe destinar un 18%. En definitiva, la compra de un inmueble en la Ciudad se torna imposible para un alto porcentaje de los habitantes y, sumado a eso, las restricciones para acceder a un alquiler formal son tantas que los ciudadanos deben recurrir a alquileres informales aumentando cada vez más la brecha para obtener una vivienda propia.

 

APU: ¿Cuál es la situación de estos alquileres informales?
CR: Entre 2001 y 2010, mientras que la población de la CABA no se vio incrementada, la población en las villas creció en un 52%, siendo hoy 275.000 habitantes. Actualmente, 20.000 familias viven en hoteles, pensiones e inquilinatos. El 67,5% de estos hogares se concentra en cuatro comunas de la Ciudad (1, 3, 4 y 5) ubicadas en la zona sudeste. Una vez insertos en el mercado de alquileres informales, los y las vecinas padecen del derecho de admisión y permanencia ejercido de forma arbitraria por los dueños; regenteadores y/o encargados que imponen normas abusivas y ausencia de contrato; inestabilidad en la continuidad del hospedaje; discriminación a familias con hijos e hijas, entre tantas cosas.

Este tipo de lugares encubren en muchos casos locaciones estables bajo la figura de “hospedajes transitorios”. No cumplen con los requisitos de un hotel de pasajeros ni de un contrato de alquiler. Quienes habitan en esos lugares pierden el reconocimiento de inquilinos y todos los derechos y garantías que legítimamente les corresponden como tales. La gran mayoría de quienes  acceden a las piezas de inquilinatos, hoteles familiares  o pensiones  lo hacen a través del pago de un alquiler, lo que supone que no es ese el problema, sino que los requisitos impuestos por el mercado formal excluyen a un sector de la sociedad que no puede cumplir con las exigencias del mismo.

A su vez, 5000 familias son desalojadas por año en la Ciudad. En los últimos 6 años han sido desalojadas alrededor de 30.000 familias, lo que significa más o menos 120.000 personas. Quienes han sido desalojados, en la gran mayoría de los casos además de ir a engrosar las villas, ya no pudieron reinsertarse en la Ciudad, debiendo trasladarse al Gran Buenos Aires.

 

APU: ¿Con qué apoyos cuenta el proyecto?

CR: Aportaron en su elaboración integrantes de cooperativas de vivienda, vecinos y vecinas en situación de desalojo, organizaciones sociales y asociaciones civiles. Movimiento Proyecto Popular, la Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires, La Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Centro de Estudios Regionales y Urbanos, el CeSac 10, ACIJ, Cooperativa de arquitectos TAVA y en su difusión el colectivo de comunicación Emergentes y también ustedes, la Agencia Paco Urondo.

Esta página ha sido visitada
1086527 veces