Comunicadores del Sur

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Con garrotes y mamarrachos legislativos quieren exterminar el arte callejero

2.7.2018

Por Alejandro Cabrera Britos, presidente del Frente de Artistas Ambulantes Organizados

El jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, junto al Ministro de Justicia y Seguridad Martín Ocampo (mantericida, posible xenófobo y quizás empleado de algunas cámaras de comercio), la Ministra de “Desarollo Humano” y hábitat de la Ciudad Guadalupe Tagliaferri (responsable de la decisión política del Estado porteño de vaciar presupuestos en esa órbita y dejar congelar familias enteras en situación de calle, y Felipe Miguel, jefe de Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un funcionario escaso de dignidad, frente a la falta de respeto y respuestas en interpelaciones, al ser citado en la Legislatura Porteña; son los firmantes del Proyecto 1664-J-18, que tiene por objeto modificar el Código contravencional para poder arrestar artistas callejerxs, o en su defecto poder armarles causas, secuestrarle instrumentos y equipos, multarlos con cifras exorbitantes y que la industria de las falsas denuncias contra artistas sea un hecho (quieren hacer valer las denuncias anónimas). Nos vemos en la Legislatura porteña los días 3 y 10 de julio desde las 14:30. ¡El arte callejero es un derecho! ¡Viva la vida con arte callejero!

 

En forma express y silenciosa Horacio Rodríguez Larreta envió este mamarracho a la Comisión de Justicia a cargo de Daniel Presti (abogado de Cambiemos y aspirante a presidente del bloque o futuro Ministro de Justicia).
Están dispuestos a AMPUTAR el arte callejero de las calles de Buenos Aires, con leyes duras.
Sin embargo, la simpatía social por el arte callejero lo transformó en un atractivo de millones de personas que circulan por Buenos Aires, y a todxs esxs “espectadorxs ocasionales”, que se “tropiezan” con el arte callejero en calles, plazas, semáforos y medios de transporte, les pedimos que nos acompañen.
Según el artículo 32º de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un derecho, que el propio Estado debería fomentar y proteger, asimismo la Ley 2176 menciona derechos culturales, o la ley 4121 en su artículo 15º, que dice claramente que “No constituye contravención la actividad de lxs artístas callejerxs salvo contraprestación pecuniaria”.
¿Entonces? ¿Adónde quieren ir? ¿Es un cambio de favores? ¿Alguien está empujando esta reforma sobornando funcionarixs? ¿Lo pide el FMI? ¿Quiénes se benefician con esta violenta modificación? Todas estas preguntas tienen respuesta. No vamos a permitir que se efectúe la modificación del Código contravencional para criminalizarnos más aún. No vamos a quedarnos de brazos cruzados.
Nos vemos en la Legislatura porteña los días 3 y 10 de julio desde las 14:30
¡¡El arte callejero es un derecho!!
¡¡Viva la vida con arte callejero!!!

Chau Benetton de la UBA

1.7.2018

Por Darío Aranda

En una decisión inédita, impulsada por docentes y alumnos, la Facultad de Agronomía de la UBA rescindió el convenio con la multinacional italiana, dueña de la estancia Leleque (donde desapareció Santiago Maldonado) y denunciada por comunidades mapuches. 

No fue el gobierno de Chubut. No fue el gobierno nacional. Tampoco el Poder Judicial. Mucho menos los grandes medios de comunicación. Benetton, multinacional que es la mayor dueña de tierras de Argentina (un millón de hectáreas), recibió un cuestionamiento tan inesperado como simbólico: la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (Fauba) canceló el convenio de cooperación con la empresa.

 

La respuesta a una pregunta

 

La desaparición de Santiago Maldonado en terrenos de Benetton se dio en el marco de la represión a la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen. El caso repercutió en la agenda social, mediática y política. “¿Dónde está Santiago Maldonado?”, se transformó en campaña nacional. Organismos de derechos humanos y comunidad indígenas (entre otros actores) de un lado. El Gobierno Nacional, con la ministra Patricia Bullrich al frente, respaldaron a la Gendarmería y su represión.

La Fauba no estuvo ajena a la desaparición de Maldonado. Hubo charlas, manifestaciones, pedidos de justicia. En ese marco, la fuerza estudiantil Abriendo Caminos denunció que la Facultad mantenía un convenio de cooperación con la multinacional, que en Argentina opera con la figura legal de Compañía de Tierras del Sud Argentino (CTSA) y cuenta con siete estancias, 900 mil hectáreas distribuidas en cuatro provincias (Buenos Aires, Río Negro, Chubut y Santa Cruz). Benetton es el mayor propietario privado de la Argentina.

“Convenio específico de asistencia técnica entre Compañía de Tierras Sud Argentino S.A. y la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires”, es el título formal de expediente, de seis carillas, donde firman Diego Eduardo Perazzo (directivo de la empresa) y el decano Rodolfo Golluscio. La cláusula primera establece el objetivo del contrato: “Se planea llevar a cabo una evaluación sistemática de la disponibilidad de recursos forrajeros a los largo del año y proponer un plan de manejo de pastoreo de pastizales patagónicos (…) Se buscará mejorar la cantidad y la calidad de a producción ganadera”. Específica que “la evaluación de los recursos se basará en el procesamiento de imágenes digitales provistas por distintos tipos de satélites”.

Precisa que los productos finales serán tres informes con la descripción del “estado de los recursos y detalles del plan de manejo” que se entregarán luego de las tres visitas a los campos de Benetton (meses estimados de enero, abril y septiembre).

El segundo punto señala que la Facultad brindará capacitación a personal de la empresa y contempla la posibilidad de pasantías con estudiantes de grado y postgrado. La tercera cláusula señala que el responsable técnico del proyecto es el mismo decano de la Fauba, Rodolfo Golluscio, “quien deberá entregar un informe final de actividades y resultados”.

La empresa abonó 96.000 pesos en tres cuotas de 32.000. Autoridades de la Fauba argumentan que los montos bajos (96.000 pesos) serían prueba de que los convenios no condicionan a la Facultad. Pero otros sectores lo interpretan de forma opuesta: hasta por poca plata se dejan condicionar. El fondo del asunto es la universidad pública y su relación con el sector privado. Y un hecho objetivo: trabajar junto a una multinacional denunciada por violar derechos indígenas.

El contrato con Benetton fue muy cuestionado por la agrupación estudiantil Abriendo Caminos, también (aunque más diplomáticamente) por el Frente Amplio por una Nueva Agronomía (FANA).

 

Resistencias académicas

 

El Grupo de Estudio y Trabajo junto a comunidades Qom (GET-Qom) de la Fauba, conformado por docentes y estudiantes de la Facultad, solicitó formalmente en febrero la suspensión del convenio entre la Facultad y Benetton. El GET-Qom trabaja hace años junto a la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera) de Formosa.

En un carta dirigida al decano Rodolfo Golluscio cuestionaron que “los convenios entre la Fauba y la CTSA del grupo Benetton se desarrollan sin ningún tipo de cuestionamiento, histórico, social ni político, reproduciendo una formación acrítica de sus estudiantes de grado y posgrado sobre los alcances de las acciones, investigaciones y publicaciones que se generan, avalando de esta forma una historia de genocidio, despojo e injusticia que se mantiene en el tiempo”.

El pedido de rescisión se basó en fundamentos histórico-políticos respecto al despojo del territorio mapuche. Citan la investigación del historiador Ramón Minieri (libro “Ese ajeno sur”) donde aporta pruebas de la ilegitimidad del título original de esas tierras (adquirido en 1991 por Benetton).

También recuerdan la vigencia de legislación que debiera proteger a los pueblos indígenas. Desde la Constitución Nacional (artículo 75, inciso 17), hasta la Ley 26160 (freno a los desalojos) y el Convenio 169 de la OIT.

“Los convenios de Fauba-Benetton implican el desconocimiento de los antecedentes históricos y de la legislación existente, vulnerando de ese modo derechos de los pueblos indígenas en cuanto al acceso a los territorios ancestrales y a sus recursos naturales, así como el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado. De manera que se es partícipe voluntario o involuntario, de la disgregación de un pueblo originario, de la pérdida de sus territorios, de su cultura, de su lengua y de sus prácticas ancestrales dificultando la reproducción de su vida cotidiana”, resalta el escrito presentado ante las autoridades de la UBA.

Los integrantes de el GET-Qom afirmaron que la universidad pública tiene como misión y obligación que los frutos de su investigación y extensión estén, en primer lugar, al servicio de los sectores más vulnerables, excluidos, como lo son los pueblos indígenas y los pequeños campesinos, y no al servicio de las grandes compañías que vulneran los derechos de los sectores populares del campo.

Valorizaron que durante la gestión de Golluscio se apoyó el trabajo de docentes junto a comunidad indígenas y campesinas, y por ese mismo motivo consideraron coherente la necesidad de que la Fauba no trabaje junto a Benetton y otras empresas denunciadas por la violación de derechos indígenas.

El escrito, de cuatro páginas, finalizaba: “Solicitamos que se rescinda en forma inmediata el convenio con la CTSA (Benetton) y no se vuelvan a establecer nuevos convenios o vínculos en tanto se mantengan la causas que fundamentan la actual solicitud. Lo hacemos con el convencimiento de que esta acción será un aporte valioso en el camino de reparación de tantos años de injusticia, despojos e invisibilización de los pueblos indígenas”.

 

El debate

 

El Consejo Directivo emitió dos dictámenes. Uno de mayoría, presentado por los consejeros profesores de la gestión (encabezado por Golluscio) que proponía renovar el convenio. Otro, de minoría, presentado por consejeras representantes de graduados (de la lista llamada “Integración”) y que pidió la rescisión.

Sobre dieciséis integrantes, sólo tres votos se inclinaban por la cancelación del contrato (consejeros de graduados y estudiantil -por el FANA-).

Desde el GET-Qom ya consideraron un triunfo que la Fauba debata, por primera vez, el accionar de una empresa denunciada por pueblos indígenas. Y comenzaron a buscar apoyos extra universidad. De inmediato se sumaron entidades que trabajan junto a pueblos indígenas, investigadores y organismos de derechos humanos: Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), Grupo d Apoyo Jurídico al Acceso a la Tierra (Gajat), Grupo de Filosofía de la Biología (UBA) y el Instituto de Ciencias Antropológicas (Facultad de Filosofía y Letras de la UBA), entre otros.

El tratamiento del convenio en el Consejo Directivo de la Fauba comenzó a hacer cada vez más ruido. La sesiones son abiertas y las críticos prometían llenar la sala. Dos adhesiones terminaron por inclinar la balanza: el Premio Nobel de la Paz y titular del Serpaj, Adolfo Pérez Esquivel, envió una carta pidiendo la suspensión del convenio. Y, el último día, Verónica Heredia (abogada de la familia Maldonado) avisó que Sergio (hermano de Santiago) también apoyaba el pedido de cancelar el convenio.

El martes 5 de junio fue el día de sesiones. La flamante decana, Marcela Gally, informó la situación y, sobre tablas, presentó un tercer dictamen. Planteó una fundamentación pro empresaria: “El valor académico del convenio ha sido sumamente valioso desde el punto de vista de generación de conocimiento científico, así como en la formación de recursos humanos”. Defendió el trabajo junto a  Benetton.

El dictamen de la decana excusó a la Facultad en su accionar, pero también pidió la no renovación del contrato.

Fue votado por unanimidad (el Grupo GET-Qom rechazó la fundamentación).

 

Pro-Empresa

 

-El decano saliente y responsable técnico del convenio, Rodolfo Golluscio, reconoció que ya había avanzado en la renovación del contrato (aún sabiendo que se debía aprobar en el Consejo Directivo). Lamentó que se haya votado la cancelación y pidió que no se diera publicidad a la decisión.

-La consejera estudiantil por la agrupación Línea de Agronomía  Independiente (LAI, de derecha) cuestionó con enojo que la sociedad opine sobre el accionar de la Facultad y, más enojada aún, rechazó que la universidad pública tome decisiones según lo que sucede fuera de la isla universitaria.

-La vicedecana, Adriana Kantolic, se expresó en contra de la cancelación del convenio. Incluso acusó a los solicitantes de haber tergiversado información para obtener el apoyo de Pérez Esquivel y de organizaciones indígenas. Kantolic, defensora del modelo transgénico, es la responsable técnica de otros convenios con empresas, entre ellas la cuestionada Monsanto.

 

Pequeño gran triunfo

 

Monsanto, Syngenta, Bayer, Aapresid y la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) son algunas de las empresas del agronegocio que tienen convenios (y financiamiento) con la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (Fauba), tal cual se reveló en distintas notas en la revista MU. Las compañías impulsan un modelo con consecuencias ambientales, sociales y sanitarias. Desde la Ley de Educación Superior, sancionada durante el menemismo, la educación pública quedó permeable al sector privado.

La cancelación del convenio con Benetton es inédita en la Fauba. Es un triunfo de docentes, graduados y estudiantes, que también cuestionan los vínculos de la Facultad con compañías transgénicas, y le pusieron así un freno a autoridades y docentes pro-empresas.

FUBA: CUENTAS CLARAS

1.7.2018

A través de un comunicado oficial, que reproducimos a continuación, la Federación Universitaria de Buenos Aires explica su balance económico en respuesta a las denuncias difundidas por el diario Clarín y la llamada “FUBA paralela” que integran Franja Morada y el PJ.

Acerca del intento de tapar el fraude con denuncias de “negocios millonarios”

La recientemente creada “FUBA Viamonte” (por la dirección del rectorado de la UBA, Viamonte 444) y el multimedio Clarín lanzaron una serie de acusaciones contra la actual conducción de la Federación por realizar “negocios millonarios” con las fotocopiadoras. La denuncia tiene el objetivo obvio de desviar el eje del fraude escandaloso que cometieron las agrupaciones ligadas al gobierno de Macri y al rector Barbieri (Nuevo Espacio/Franja Morada, la UES y el MLI) para auto-proclamarse como conducción de una supuesta “nueva FUBA” mientras la policía y patotas a sueldo reprimían y encarcelaban a estudiantes.
Esta nueva acusación contra la conducción legítima de la FUBA carece de toda veracidad. La “caja millonaria” a la que la “FUBA Viamonte” hace mención solo existe en los planes de sus dirigentes corruptos, habituados a convertir en “cajas” a las organizaciones de lucha por los derechos de los estudiantes. Desde su recuperación en 2001, la FUBA eliminó toda clase de negocios lucrativos a los cuales la había asociado la Franja Morada (convenios con bancos, prepagas, empresas de turismo, etc.). Desde entonces, los recursos que la FUBA recauda a través de la venta de materiales en los CBC y otro tipo de actividades como fiestas y festivales se reinvierten para financiar las más de 2000 becas de apuntes que la federación brinda todos los años y las campañas gremiales y políticas que resuelven los centros de estudiantes.
Es necesario aclarar que la FUBA asume una tarea abandonada por el Estado y las autoridades de la UBA. En la última reforma del estatuto, las autoridades eliminaron la responsabilidad de la UBA de garantizar los materiales de estudio. Es gracias a este servicio que brinda la federación que miles de estudiantes pueden acceder a los mismos a precios baratos y a través de becas del 50 y del 100%, mientras que la UBA prácticamente NO da becas a los estudiantes del CBC.
Con evidente malicia, el gran diario-TV-internet-teléfono-celular argentino agrega a los delirios de la “FUBA Viamonte” otros de su propia calaña. Así, el hoy fusionado multimedio difunde que la FUBA contaría con el “monopolio” de la venta de materiales en el CBC. Esto no es así, en primer lugar porque hace años el rector Barbieri le viene cediendo a Nuevo Espacio/Franja Morada locales en los CBCs para vender los mismos apuntes, de forma completamente discrecional. En segundo lugar, porque las propias autoridades favorecieron la proliferación de negocios privados, muchas veces ligados a ellos mismos. La diferencia de todos ellos con la FUBA es que son más caros y no otorgan becas. Además, vale decir que con el desarrollo de las plataformas virtuales la gran mayoría de los apuntes pueden descargarse gratuitamente por la web.
A la hora de contabilizar el “negocio millonario” de la FUBA, Clarín realiza una increíble ecuación donde solo toma en cuenta como costo el sueldo de los becarios, olvidándose de los enormes y crecientes costos de impresión de los materiales. Como decíamos arriba, esta actividad perfectamente podría ser garantizada por la UBA, pero las autoridades prefieren desentenderse del problema. 

A pesar de que Clarín y la “FUBA Viamonte” digan lo contrario, la FUBA presenta balances públicos para que todos los estudiantes sepan en qué se utilizan sus recursos. Este año, además de la entrega irrestricta de becas a todos las y los estudiantes que las solicitan, la FUBA volcó sus recursos para acompañar distintas luchas y causas populares, como la organización de un plebiscito nacional donde más de 35 mil estudiantes se pronunciaron por el derecho al aborto o el aporte a la marcha por #NiUnaMenos; el viaje y la movilización a Córdoba para rechazar la Resolución 1254 y defender las carreras en el marco de la CRES; el aporte al festival por Justicia por Luciano Arruga; además de fondos de lucha para aportar a luchas como la de los trabajadores despedidos del INTI y del Hospital Posadas.
Este manejo transparente y responsable de los fondos de la FUBA contrasta con el que las autoridades hacen del presupuesto de la UBA. Si el objetivo es encontrar “negocios millonarios”, lo que se debe hacer es abrir las cuentas de los “recursos propios” generados en facultades como Ciencias Económicas con la venta de posgrados, convenios con el Banco Santander y otras empresas y toda clase de triangulaciones oscuras a costa de la universidad. Sin ir más lejos, el líder en las sombras de la “FUBA Viamonte” y vicedecano de esa facultad, Emiliano Yacobitti, sigue sin aclarar la estafa con los proveedores del Clínicas, cuyo lucro a costa del vaciamiento del hospital derivó en la renuncia del entonces decano Luis Giusti.
La Presidencia de la FUBA rechaza los ataques delirantes sobre “fondos millonarios” y denuncia que este operativo de desprestigio solo apunta a convalidar el fraude cometido el sábado pasado, replicando el modus operandi del macrismo para atropellar las organizaciones gremiales. Llamamos a todxslxs estudiantes a seguir defendiendo la federación que, desde su recuperación hace 17 años fue una garantía de lucha en defensa de la universidad pública y de los derechos de la juventud y de todos los trabajadores. Cuando el gobierno de Macri y el FMI pactan un violento ajuste contra el pueblo argentino, más que nunca lxs estudiantes necesitamos defender nuestra organización independiente. El fraude y la represión no pasarán. Si el presente es lucha, el futuro es nuestro.

Vecin@s del barrio Carlos Mugica (Villa 31) le exigen al gobierno de Larreta ser tenid@s en cuenta en la reurbanización

29.6.2018

Por Nicolás Romero

Hubo quema de gomas y bloqueo a la Terminal de Omnibus. L@s vecin@s exigen que el Gobierno pare las obras que afectan al barrio y sean tenidos en cuenta para su planificación.

Los errores de planificación del gobierno porteño en las obras que se están realizando en el barrio Carlos Mugica (Villa 31) a través de la Secretaria de Integración Social y Urbana (SISyU), sumada a una política que, en contra de la ley vigente, está dejando afuera de la discusión sobre la reurbanización del barrio a l@s vecin@s, produjo un combo de reclamos que ayer se expresaron, primero, con una quema de gomas para detener la maquinaria de construcción que estaba rajando algunas viviendas y, después, con un corte de calles frente a la Terminal de Omnibus de Retiro. En el bloqueo a la salida de los micros, que comenzó pasado el mediodía y se mantuvo hasta última hora de la tarde, l@s vecin@s en asamblea exigieron que el gobierno les dé participación efectiva en la elaboración del nuevo dictamen para urbanizar el asentamiento, que el oficialismo pretende votar en julio en la Legislatura. Hoy viernes 29 de junio, l@s vecinos se movilizarán a Venezuela 151, donde el gobierno discutirá a puertas cerradas con los Consejeros del barrio el proyecto.

Quienes viven en la 31 lo explican sin vueltas: el barrio está estallado por obras de infraestructura que el gobierno lleva adelante sin una planificación que tenga en cuenta la vida de sus habitantes. Por las obras, hay personas que se han lesionado por falta de seguridad, sectores de casas que quedaron encerradas y que no tienen por donde salir, y áreas cubiertas de barro. En definitiva, una vida cotidiana totalmente alterada, a la que se agrega el miedo a la política de desalojo forzoso que ya implementó el gobierno porteño –el 24 de febrero, una familia del barrio del sector Cristo Obrero fue desalojada y se les demolió la vivienda con la excusa de que estaba en riesgo la vivienda.

El malestar y las sospechas de l@s vecin@s se encendieron ayer a la mañana, en las manzanas 20 y 21, donde las obras estaban rajando las paredes de algunas viviendas. Con miedo, no solo al deterioro de sus hogares, sino a que las obras dejen en ruinas las casas para poder desalojarlas, las familias decidieron salir a la calle y quemaron gomas para que detener el avance de las maquinarias.

Al conflicto, se sumó el rumor, que corrió como reguero de pólvora, de que unas manzanas iban a ser desalojadas, que pusieron al barrio en estado de alerta y movilización. Pasado el mediodía, alrededor de 200 vecin@s se juntaron y cortaron la calle de salida de la Terminal.

Héctor Guanco, de la Mesa de Urbanización Participativa, explicó que “todo esto se da en medio de la discusión por la nueva ley que quieren implementar para reemplazar la 3.343, y en la que no nos dan participación. Nos cerraron las puertas y nunca nos tuvieron en cuenta. Recién en la última semana, y porque están apurados por votar la ley en julio, nos informaron que el miércoles (pasado) se hacía una reunión, otra mañana (por hoy 29 de junio) y una más el 7 de junio, porque el 10 la presentan en la Legislatura”.

“El dictamen que prepararon lo discutieron con técnicos el año pasado, este año con los Consejeros, pero sin el barrio. Y no estamos de acuerdo con que se presente esa ley porque hay muchas cosas que no se discutieron ni están aclaradas: hablan del costo de la tierra y nosotros hace 80 años que vivimos acá, por lo que creemos que no tenemos que pagar por ellas (hay otras urbanizaciones en marcha, como el barrio Rodrigo Bueno, donde no se les pretende cobrar las tierras a los vecinos). La forma de pago, la escrituración, el derecho a elevar la vivienda, el tema de los comercios, que no los reconocen, son parte de las cuestiones que no están saldadas. Como no presentaron ningún plano, tampoco sabemos cuáles van a ser los acceso para los transportes ni cómo será el trazado de las calles”, explicó.

El titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonathan Valdivieso, explicó que entre las cosas que plantea el oficialismo “está cobrar a los vecinos un prorrateo de lo que el gobierno está gastando en urbanizar el barrio. Esto, sumado a lo que le van a cobrar por el suelo, cuando en otros barrios no se va a cobrar, y el precio por la vivienda y los servicios van a hacer estallar las economías familiares de un barrio cuyo promedio de ingresos es de 8.000 pesos”.

“La experiencia de las familias del barrio Cristo Obrero que se relocalizaron en el nuevo sector de la Villa 31 Bis, denominado Containera, están angustiadas porque se les rompió la economía familiar, perdieron sus ingresos porque tenían pequeños comercios y se quedaron sin clientela. Y todas las familias del barrio tienen esa experiencia en mente”, cuando se habla del tema, detalló.

El arte callejero no es delito

28.6.2018

El Frente de Artistas Ambulantes Organizados difundió un comunicado contra un proyecto de ley del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que criminaliza la actividad de los artistas callejeros. En este marco, los martes 3 y 10 de julio, a las 14, se realizarán “Callejerazos” frente a la Legislatura  porteña, ubicada en Perú al 100 de la Ciudad de Buenos Aires.

 

Reproducimos comunicado del Frente:
 

Una vez más, esta gestión de gobierno expone su desprecio por la cultura independiente.
Los artistas callejeros estamos en ¡¡¡PELIGRO!!!
Si bien unos años atrás logramos paralizar el Proyecto de Ley 2538/15, el Macrismo vuelve a atacar a nuestro sector mediante un nuevo Proyecto de Ley mucho más dañino y perjudicial que el 2538/15.

ES NECESARIO QUE COMPRENDAMOS LA GRAVEDAD Y LA SERIEDAD DE ESTE NUEVO EMBATE.

El Proyecto de Ley 2538/15 no llegó a tratarse ni siquiera en comisión. Hicimos mucha fuerza en la calle y logramos frenarlo.
Este nuevo Proyecto de Ley (1664/J/18) YA ESTÁ SIENDO TRATADO EN LA COMISIÓN DE JUSTICIA y por otra parte, la idea es que ingrese al recinto para ser votado favorablemente lo antes posible.
Recordemos que el Macrismo es mayoría en la Legislatura, con lo cual pueden sacarlo rápidamente.
Algunos de los puntos más perjudiciales de este Proyecto de Ley:
– Arresto de 1 a 5 días.
– Multas de $ 400 a $ 2.000.
– Denuncias anónimas, lo que facilita las denuncias falsas ya que no hay forma de comprobarlas siendo anónimas.
– Incautación por parte de la policía de nuestras herramientas de trabajo, instrumentos musicales, juguetes de malabares, etc.

Los artífices de este nuevo ataque a la cultura popular e independiente son:
– Martin Ocampo, Ministro de Justicia y Seguridad.

– Guadalupe Tagliaferri, Ministro de Hábitat y Desarrollo Humano.

– Felipe Miguel, Jefe de Gabinete de Ministros.

– Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de Gobierno.

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