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Legislatura porteña aprobó blanqueo de rejas ilegales en Plaza de Mayo

7.6.2019

En la sesión del jueves 7 de junio, se sancionó con 33 votos afirmativos y 22 negativos, en segunda lectura, el Despacho Nº 0170/19 (N° Expte. 3695-J-2018) que autoriza la instalación de un cerco de seguridad (reja) emplazado de modo transversal desde Hipólito Irigoyen hasta Avenida Rivadavia por detrás de la Pirámide de Mayo, a la altura del eje de las calles Defensa y Reconquista. Esto se dio a pesar de que el Observatorio del Derecho a la Ciudad presentó una acción de amparo, a la que el Juez Otheguy hizo lugar el 28 de diciembre pasado.

 

Reproducimos comunicado del Observatorio:
 

Este blanqueo de la degradación de nuestro patrimonio cultural soslaya que la Comisión Nacional de Monumentos, Bienes y Lugares Históricos ha rechazado las rejas. Su postura es vinculante para todos los poderes de la ciudad. La Legislatura no debió avanzar con la aprobación de esta ley que tampoco logra subsanar integralmente la ilegalidad de la instalación de las rejas en la Plaza de Mayo.

Las rejas desde su instalación no sólo funcionan como medidas de seguridad frente a grandes concentraciones y protestas sino como una fragmentación permanente de un Monumento Histórico Nacional como es la Plaza de Mayo.

Además, las fuerzas de seguridad están actuando con absoluta discrecionalidad definiendo quiénes y que uso del espacio público puede realizar la ciudadanía en el sector de la plaza detrás de las rejas. Un espacio público a la merced de la voluntad represiva de la policía.

Es la primera excepción que la Legislatura vota al Código Urbanístico aprobado a fines del año pasado al modificar el Área de Protección Histórica N 1 (APH1).

La ética política del gobierno de la ciudad consiste en modificar las leyes cuando lo descubren actuando ilegalmente sin consideración de las razones que llevaron a la creación de la normativa violada.

Villa 31: conflicto en puerta por la mudanza forzosa de 1400 familias del bajo autopista

6.6.2019

La relocalización de las 1.400 familias que viven en el sector bajo autopista de la Villa 31 hacia el complejo de viviendas «YPF» estaba prevista para principios de este mes. Sin embargo, la falta de garantías sobre el valor real de las nuevas viviendas a adjudicarse motivó la presentación de un amparo para frenar el traslado y exigir el cumplimiento de la normativa vigente.

La Mesa de Urbanización Participativa y Rotativa del Barrio Carlos Mugica presentó ayer un recurso de amparo que busca suspender la mudanza forzosa de unas 1400 familias que viven debajo de la traza de la Autopista Illia “hasta tanto no se cumplimente con las instancias de consenso, decisión y participación de los vecinos del Barrio”, según reza el escrito que ya cursa en el despacho de la jueza en lo Contencioso Administrativo María Elena Liberatori. La medida busca resistir las intenciones de la Subsecretaría de Integración Social y Urbana (SECISYU), que conduce el ex CEO de Sushi Bar Restó, Diego Fernández, de comenzar durante los primeros días de junio la relocalización de esas familias hacia el complejo de viviendas estatales del barrio YPF.

Las familias y referentes que forman parte de la Mesa de participación rechazan la mudanza por considerarla “ilegítima”, en tanto el gobierno porteño no consiguió el consenso del Consejo de Gestión Participativa (CGP), que reúne la voz de consejeros electos del barrio y representantes de distintas instituciones de la Ciudad como la Defensoría del Pueblo, además del Ejecutivo.

Esta presentación judicial llega en un contexto de creciente desconfianza hacia la administración de Horacio Rodríguez Larreta, luego de que la tan promocionada urbanización de la Villa 31 y 31 bis no haya rendido sus frutos hasta el momento. Por el contrario, las sospechas de corrupción a partir de la cuantiosa deuda externa que el GCBA tomó en nombre del barrio -casi 200 millones de dólares del Banco Mundial- para realizar obras aún invisibles y la posibilidad de quedarse sin vivienda propia en el corto plazo resuenan en las diferentes asambleas como los principales motivos de un descontento que se ha acelerado a pasos agigantados entre finales de 2018 y los primeros meses de este año.

La Mesa cuenta con el apoyo de varios legisladores de la oposición, entre ellos Paula Penacca, Mariano Recalde, Gabriel Solano y Victoria Montenegro, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura. Un grupo de ellos visitó a fines de mayo la zona del bajo autopista para interiorizarse sobre las deficiencias que arrastra la urbanización del barrio.

Legisladores opositores -de izquierda a derecha están Santiago Roberto, Mariano Recalde, Victoria Montenegro y Gabriel Solano- se hicieron presentes en la zona del bajo autopista el pasado 31 de mayo.

La flamante denuncia, patrocinada por la ONG Nace un Derecho, plantea suspender en un plazo de 48 horas toda situación de traslado y respectiva adjudicación de inmuebles en el barrio YPF “hasta tanto no se cumplimente con las instancias de consenso, decisión y participación de los órganos competentes y de los vecinos del Barrio en cada uno de los actos y hechos que implican y/o conllevan el proceso de relocalización que se procura ilegítimamente implementar”. Dentro de las instancias participativas que están previstas en la ley 6129, se inscribe el Consejo de Gestión Participativa (CGP) del proceso de reurbanización del barrio Carlos Mugica. Sin embargo, estas mesas de trabajo -necesarias para garantizar el derecho a la información de los vecinos y las vecinas a reubicar- han brillado por su ausencia. Otra de las falencias que denuncia el escrito se relaciona con el costo y la forma de pago de las nuevas viviendas, puesto que el gobierno porteño “persiste en no informar el valor de cada uno de los inmuebles que habrán de adjudicarse a los eventuales beneficiarios”. Al mismo tiempo, si bien en el bajo autopista residen actualmente unas 1.400 familias, las viviendas a realizarse son 1044 y “el Gobierno tampoco ha informado cuáles son las familias beneficiarias”.

Héctor Guanco, quien aparece como denunciante y se desempeña como referente barrial de la Mesa Participativa y Rotativa, sostuvo que “esto no pasó por la CGP -donde se deben discutir relocalizaciones, infraestructura y apertura de calles- y, por lo tanto, no hay claridad ni garantías de nada. En esta relocalización que quiere hacer el Gobierno de la Ciudad, hay una violación de los derechos humanos. Por eso el bajo autopista no se relocaliza hasta que los vecinos no tengan bien en claro cuánto van a pagar”. Por su parte, una de las vecinas afectadas, Lesli Rojas, agregó que “muchos no quieren ir porque no les gusta la forma de construcción de las viviendas: toda la parte externa de las paredes es de chapa, el piso es alisado y no tiene cerámica y a los que vivimos en el bajo autopista no nos hacen una tasación de nuestras casas con todo lo que invertimos. Además nos están dando una escritura que no garantiza que vaya a ser para el vecino, dado que en caso de deber tres cuotas se entra en un registro de morosidad y ya te aumentan los planes de pago. A la vez, tenés el riesgo de que te rematen la casa, es decir, esto iría en contra de las leyes 6129 y 3343”.

“Muchos vecinos no quieren ir porque no les gusta la forma de construcción de las viviendas: toda la parte externa de las paredes es de chapa, el piso es alisado y no tiene cerámica”.

“Lo que hace esta escritura es prácticamente sacarte de tu casa”, alertó Lesli Rojas. Precisamente, en un documento titulado “La Secretaría te miente”, la Mesa de Urbanización Participativa y Rotativa asegura que la escritura entregada a los vecinos “en ninguna parte da garantías de que nadie puede sacarte tu vivienda. Le da poder absoluto a la Secretaría sobre tu vivienda (…) y está armada para beneficiar a futuros negocios inmobiliarios”. Por otra parte, la organización barrial exige que el metro cuadrado de las viviendas no supere el valor de $3037, dado que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) tasó a ese precio las tierras del barrio, pero “ahora la Secretaría quiere que paguemos 20 mil pesos por metro cuadrado”, según reveló Lesli.

“Si Larreta es feminista que garantice las vacantes que faltan en nivel inicial y jardín maternal»

6.6.2019

La reacción surgió tras la autodefinición del jefe de Gobierno porteño, quien dijo crípticamente: “Con el feminismo bien entendido, yo soy feminista”.

La dirigente del Movimiento Evita, Caro Brandariz, cuestionó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta: “Si es feminista que reconozca también el trabajo de las compañeras de comedores y merenderos”.

De esa manera salió al cruce de las declaraciones de Larreta, quien se autodenominó como “feminista” durante una entrevista televisiva.

“Si Larreta es feminista que garantice las más de 20 mil vacantes que faltan en nivel inicial y jardín maternal en la ciudad, y que obligan a miles de mujeres a elegir entre ‘cuidar o trabajar’ o que nos hacen ‘cambiar plata’ al tener que llevarlos a una institución privada”, cuestionó.

Para la docente y socióloga –que integra el frente Ampliar– “sería importante que si es feminista también reconozca salarialmente la labor de las compañeras que trabajan en comedores y merenderos de la ciudad, una tarea que actualmente no tiene reconocimiento por parte de su gestión y es llevada adelante en su gran mayoría por mujeres”.

Además, destacó que si de verdad se considera feminista “deje de desfinanciar la Dirección General de la Mujer y cumpla con garantizar un centro integral de la mujer por comuna, la única y escasa política pública que hoy se orienta a la protección integral de las mujeres”.

El malestar por las declaraciones surge después de que Rodríguez Larreta respondió ante una consulta periodística con la frase: “Con el feminismo bien entendido yo soy feminista. Cuando se transforma en fanatismo, no estoy de acuerdo” a lo que luego agregó que “Hay feministas que se pueden tornar en fanáticas”.

 

Lesbofobia: arranca el juicio contra Marian Gómez

5.6.2019

La mujer que fue detenida por besarse con su esposa en la Línea E en octubre del 2017, deberá presentarse hoy para afrontar un juicio en donde se la acusa de “resistencia a la autoridad” y de "lesiones graves". En repudio a la violencia institucional homofóbica, la Columna del Orgullo en Lucha convoca a una movilización a las 8:30 horas hacia la sede judicial ubicada en la calle Paraguay 1538 en el barrio de Recoleta.

Mariana Solange Gómez se besaba con su esposa Rocío Girat cuando fue golpeada y detenida por personal de la policía de la Ciudad en octubre del 2017. Gómez habría sido detenida por fumar un cigarrillo en un espacio público no autorizado de la estación Constitución de la Línea E, aunque son miles las personas que lo hacen todos los días sin inconveniente alguno. Marian no solo fue golpeada esa tarde frente a su pareja luego de que la trataran de “pibe”, sino que la obligaron a desnudarse frente a personal masculino que intervino en la detención. “Aunque no era la única persona que estaba fumando en ese lugar, apagué el cigarrillo y le aclaré que era mujer”, declaró Gómez a Página 12. Actualmente Marian deberá afrontar un juicio oral en donde se la acusada de “resistencia a la autoridad” y de “lesiones graves”.

Distintos colectivos feministas y organizaciones militantes del colectivo LGBT expresaron que este accionar de la violencia policial y del poder judicial lesbodiante se vincula con las decenas de agresiones que sufren las lesbianas y tortas en la Ciudad de Buenos Aires y del resto del país. 40 mujeres del colectivo fueron agredidas y detenidas en situaciones similares solo en CABA durante el año 2017. Además expresaron que por lo general estos casos de agresión se perpetúan más sobre cuerpos en donde su exterioridad se asocia más a la construcción de masculinidad entendida socialmente.
Marian Gómez fue procesada en un fallo que fue confirmado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal en marzo del 2018 en donde se la acusa por el delito de resistencia a la autoridad en concurso real con el de lesiones graves. Ahora irá al Tribunal Oral en lo Criminal y Correcional Nro 26 representada por la jueza Marta Aurora Yungano, donde enfrentará la acusación pública.

Desde la columna del orgullo en Lucha convocan a movilizar a las 8:30 horas a los tribunales de la calle Paraguay 1536 con el fin de acompañar a Marian Gómez y a su compañera Rocío, y así repudiar a las instituciones de un Estado homofóbico. 

 

Hotel Gondolín, la casa de las travestis y trans

5.6.2019

Por Estefanía Santoro

Las compañeras del Hotel Gondolín salieron a las calles para gritar Ni Una Menos, ni un travesticidio más. Hermanadas, como una gran familia, fuimos a visitarlas y marchamos con ellas de Congreso a Plaza de Mayo.

En Villa Crespo hay un hotel que se convirtió en la cuna de las travestis y trans, no es una construcción destinada a la explotación comercial. Es un espacio que actualmente hospeda a más de 40 travestis y trans que llegan de distintos puntos del país, obligadas a dejar sus ciudades natales para esquivar la violencia policial y expulsión social.

Fuimos a conocer sus historias, que son de lucha y resistencia pero también de mucho rechazo, muertes de amigas y dolor. Conocimos el lugar que las abraza y las hospeda, el territorio de abrigo y contención cada día. Las mariposas se acomodan, sacuden sus alas, multicolor, las más coquetas ya están listas hace rato. Bajan las escaleras riendo.

Despiden a su amiga Luz, ella no puede marchar, ni siquiera salir del hotel. Está bajo prisión domiciliaria acusada injustamente de un crimen que no cometió. La Justicia, esa institución que apesta por ser tan patriarcal, la condenó sin pruebas. Fuimos juntas en el 168 hasta Congreso. Juntas, cuidando una de la otra, soñando con una vida sin violencia machista. 

Zoe López García llegó al Gondolín hace 24 años, hoy es la referente del espacio y “la tía”. Así la llaman las chicas que se hospedan en el hotel, porque antes que nada la pensión es una familia. A Zoe la trajo una amiga con la que compartían el trabajo en la calle, cuando la policía las dejaba, bajo la condición que una parte de lo que recaudaban por noche se lo entregasen a los oficiales que rondaban la zona roja de Palermo. “Había otros hoteles pero yo no podía pagarlo, acá era más barato y al dueño le convenía que nos alojemos chicas trans en lugar de familias enteras, dormíamos varias en la misma pieza y así empezamos a traer a las chicas que nos encontrábamos en la comisaría.

Algunas venían del interior, donde no podían ejercer el trabajo sexual, acá arreglábamos con la policía, podíamos trabajar pero si no les pagábamos nos detenían. Una vez en los 90 terminé en el hospital Fiorito por una paliza que me dio un policía y cuando me dieron el alta a la salida estaba el patrullero esperándome”, narró Zoe, mientras recuerda como zafaban de la policía con su amiga, la peruana, que le abrió las puertas del Gondolín y con quien empezó a militar por sus derechos en los calabozos.

Desde hace casi 30 años este lugar brinda mucho más que una cama donde dormir. El Hotel Gondolín es un territorio de abrigo y contención. Para muchas chicas trans que pasaron por allí fue el envión para capacitarse, estudiar e insertarse en el mundo laboral y para que el trabajo sexual deje de ser la única opción. Una pensión de tres pisos y 20 habitaciones, de paredes de un azul cielo despejado, donde muchas encontraron el sol en medio de la tormenta de sus vidas atravesadas por la marginalidad. Totalmente autogestionado y administrado por travestis y trans desde hace 15 años.

La vereda del Gondolín se llena de divas de melenas infinitas, lacias, doradas, de rulos negros fornidos, boquitas sensuales, labios de rubí. En la parada del colectivo “la gente” mantiene distancia de las mariposas. ¿Acaso no les abruma su hermosura? Parafraseando a Lemebel, las caras de quienes las ven pasar parecen esbozar “son travestis pero son buena onda”. Ellas aceptan el mundo sin pedirle esa buena onda y ríen olvidando sus cicatrices.

Solange es la encargada de limpieza del Gondolin. Llegó de Salta a los 17 años, ejerció el trabajo sexual, fue empleada doméstica y tuvo otros puestos temporarios hasta que encontró el “Gondo” y se convirtió en su segunda casa. “Para mí las chicas de este lugar son mi familia”. Lo dice mientras se le dibuja una sonrisa en la cara. Prepara su mochila para la marcha, lleva una remera con el rostro de Cintia Moreyra, una joven trans tucumana de 25 años asesinada el año pasado. La justicia nunca investigó el caso. “Hoy marcho por mi amiga Cintia Moreyra, a quien consideraba como una hija. Salgo para pedir justicia por ella. A Cintia, la descuartizaron, la quemaron, y abandonaron su cuerpo en un descampado”, cuenta Solange y agrega: “Yo tuve una buena experiencia con mi familia porque fui aceptada, pero sé que no todas corren la misma suerte que yo. Por ejemplo en Salta, uno de los problemas más graves que sufren las chicas es la violencia con la policía, todavía es brutal el trato que tienen con ellas donde sigue vigente el artículo 114, las golpean, las detienen, por eso también marcho para visibilizar la violencia que ejercen hacia nosotras”.

Esa violencia que las travestis y trans sufrían después de la vuelta a la democracia está volviendo, Zoe dice: “Estos últimos años se retrocedió un montón, la policía vuelve a ejercer la misma violencia que en los 90. Por ejemplo, en Salta las chicas vienen escapándose de sus provincias por la persecución policial, porque no las dejan ni caminar, esto no puede volver a pasar, en las provincias se está retrocediendo, hay chicas que ni pueden acceder a un hospital”.

Macarena viene de esos pagos, tiene 32 años, es oriunda de Oran, Salta y peluquera de profesión. Viajó a Buenos Aires en busca de trabajo, que no encontró en su provincia natal. “Sufrí violencia en mi vida como algo cotidiano. Siempre hago esta comparación: a lo largo de su vida, la gente recibe más amor que odio. A nosotras nos brindan más odio que amor. La violencia y la discriminación en las ciudades de las provincias del Norte es una constante, es una realidad que las chicas siguen padeciendo, día a día y también el rechazo de parte la familia”, se lamenta.

Zoe sueña con un futuro mejor para sus compañeras travestis y trans, dice que se siente orgullosa del camino que está transitando, porque sabe que desde ese espacio están cambiando muchas realidades. “Hoy acá nosotras estamos empoderadas, nuestro principal objetivo es mejorar la calidad de vida de las chicas con educación y salud, todas las chicas son autónomas e independientes, la única garantía que pedimos para vivir acá es que estudien, que se formen para poder salir a trabajar y queremos que este lugar siga sobrevivido para otras generaciones de chicas trans”.

La calle las espera, ellas la conocen bien, a falta de otras oportunidades o por elección propia, la mayoría de las mariposas del Gondolin han tenido que trabajarla. Esta vez pisan suelo porteño para exclamar que al calabozo no vuelven más, sacan sus carteles de letras con el puño izquierdo en alto y forman la frase “Ni una trans menos”Marchan a paso audaz, dignas, orgullosas de exhibir sus alas, sus cuerpos, sus identidades, juntas.

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