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Condenaron a 4 años de prisión al dirigente social Luis D’Elía y absolvieron a Lito Borello y Luis Bordón

6.11.2017

Por la “toma” de la comisaría en La Boca en 2004, luego del asesinato del militante social Martín “Oso” Cisneros.

El Tribunal Oral Federal 6 condenó a cuatro años de prisión al ex funcionario y titular del partido Miles Luis D’Elía por la protesta en la comisaría de La Boca en 2004 para denunciar la complicidad policial con el asesino del dirigente barrial Martín “El Oso” Cisneros. Seguirá en libertad hasta que quede firme la sentencia.

Los jueces Julio Panelo, José Martínez Sobrino y Fernando Canero condenaron al ex subsecretario de Tierras para el Hábitat Social Luis D’Elía por “privación ilegal de la libertad, atentado a la autoridad agravado en forma reiterada, lesiones, instigación a cometer delitos, daño agravado, usurpación e intimidación pública”. Recibió una pena de cuatro años de prisión, que no se hará efectiva hasta que la sentencia quede firme y una inhabilitación de 8 años para el ejercicio de las funciones públicas.

Minutos antes de que se leyera la sentencia, el titular del partido MILES denunció que estaba siendo juzgado “a expreso pedido” del presidente Mauricio Macri y advirtió que, si tenía que ir preso, lo haría “con orgullo y dignidad”, “Si tengo que ir a la cárcel 4 años y 8 meses por esto, a los 60 años y después de 40 de militancia, lo hago con orgullo y dignidad y mirando a la cara”, añadió en sus últimas palabras ante el tribunal.

Al ex funcionario y dirigente social se lo juzga por la toma de la comisaría 24, a raíz de una pueblada que pedía justicia por el asesinato de Martín “El Oso” Cisneros, un militante barrial cercano a D’Elía. El artífice del crimen fue el narcotraficante Juan Carlos Duarte, quien había sido denunciado en varias oportunidades y que según los referentes barriales actuó luego de que la policía liberara la zona.

La fiscal del juicio, Gabriela Baigún, había pedido una pena de cuatro años y ocho meses de prisión, mientras que el defensor de D’Elía, Adrián Albor, planteó que todos los delitos están prescriptos y no corresponde ningún tipo de pena. El tribunal rechazó todos estos planteos, aunque los argumentos serán leídos recién el 5 de diciembre.

D’Elía, por su parte, argumentó que junto a militantes de la Federación Tierra y Vivienda no tomaron la comisaría, sino que los policías abandonaron el edificio ante la protesta vecinal. Hoy, al hablar ante el Tribunal, el ex funcionario destacó que volvería a hacer lo mismo si “narcopolicías” cometieran un crimen igual. “Se busca castigar la protesta social, soy un símbolo de la resistencia de los 90 y este juicio está hecho a expreso pedido de Macri, al sólo efecto de ponerme preso a mí”, dijo a los jueces en sus últimas palabras.

Subte: un paso más cerca de la privatización

2.11.2017

Por Lucía Ferreri Ochoa

Los diputados porteños dieron luz verde a la licitación que dejará el control del subte en manos de privados. El plazo previsto para la concesión es de 12 años, con la posibilidad de prorrogarlo por otros tres.

Con 32 votos a favor, 23 en contra, y una abstención, la Legislatura de la Ciudad aprobó el proyecto que autoriza al Poder Ejecutivo, a través de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE), a ceder la concesión del servicio a una firma privada. Además, la norma establece una prórroga de un año del contrato con Metrovías.

La normativa impulsada por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta prevé “otorgar bajo el régimen jurídico de concesión de servicio público la operación y mantenimiento del Sistema de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (SUBTE)” y recibió fuertes críticas de los bloques de la oposición.

Asimismo, el texto plantea la “elección de un concesionario a través del proceso de Licitación Pública Nacional e Internacional”, el cual tendrá el control del servicio público y las líneas nuevas o expansiones de las líneas existentes que se construyan en el futuro. El plazo previsto para la concesión es de 12 años, con la posibilidad de prorrogarlo por otros tres.

Al decidir tratar el llamado a licitación del subte como servicio público, el oficialismo gambeteó el artículo 82 de la Constitución de la Ciudad, que estipula la necesidad de contar con dos tercios de los votos para aprobar “toda concesión, permiso de uso o constitución de cualquier derecho sobre inmuebles del dominio público de la Ciudad, por más de cinco años”. De esta forma, la discusión pasó a requerir 31 votos, número más amigable para el macrismo, que hoy en día cuenta con 28 legisladores propios, sin contar a sus cuatro aliados de la Coalición Cívica y Confianza Pública. Al mismo tiempo se omitió el art. 89 inciso 5 de la carta magna porteña que establece que tienen el procedimiento de doble lectura "toda concesión, permiso de uso o constitución de cualquier derecho sobre el dominio público de la Ciudad".

Por otra parte la pulseada sobre la cantidad de votos necesarios para aprobar la medida la ganó el oficialismo, por lo que se requerirán 31 votos debido a que se trata de la concesión de un servicio público.

Los opositores habían presentado diversos proyectos que coincidían en la necesidad de reestatizar el servicio. La iniciativa redactada por el Frente para la Victoria planteaba dar por finalizado el modelo de gestión privado administrado por Metrovías S.A. desde 1994 y reemplazarlo por uno estatal.

En los fundamentos de la norma, los legisladores denunciaban que "la gestión privada no logró aportar calidad de servicio y tarifas adecuadas que puedan ser consideradas suficientes para garantizar la accesibilidad de los usuarios".

En ese sentido, señalaban que "la deficiente calidad del servicio brindado a los pasajeros no se condice con el resto de las experiencias internacionales, incluso si se consideran los servicios equivalentes en otras ciudades latinoamericanas como Santiago de Chile, San Pablo, Río de Janeiro y Ciudad de México".

"Asimismo, no se encuentra acreditada una inversión real de la empresa concesionaria, más aún si se tiene en cuenta que actualmente el sostenimiento económico-financiero de la gestión privada en la prestación del servicio se cubre con subsidios y la tarifa que abona directamente el pasajero (que incluye un monto destinado a cubrir la rentabilidad empresaria que podría ser omitido en caso de una gestión estatal del servicio)", afirmaba el pliego.

El legislador del FpV, Javier Andrade, destacó el caso de ciudades como París, Nueva York, San Pablo o Santiago de Chile, donde el servicio de subterráneos está administrado por el Estado y agregó: “Nosotros proponemos un esquema mixto, con un directorio compuesto por el Estado, los trabajadores y los usuarios”.

En esa línea, cabe destacar que las dos empresas impulsadas como candidatas por el ministro de Desarrollo Urbano y Transporte, Franco Moccia, son estatales: Keolis (subsidiaria de la empresa ferroviaria nacional francesa) y la RATP (Empresa Autónoma de los Transportes Parisinos).

La iniciativa privatista del Ejecutivo de la Ciudad se basa en la necesidad de optimizar el uso de recursos y recortar el gasto público. Sin embargo, pese a estar el servicio en manos privadas, el Presupuesto 2017 contempló una inversión de 6281 millones de pesos en los subterráneos porteños, los que representa un 3,5% por ciento del total de fondos del Estado distrital.

En concordancia con el proyecto kirchnerista, el socialista Adrián Camps resaltaba que "resulta imprescindible que el Estado asuma la potestad de administrar el servicio, implemente un plan a corto plazo de mejoras de la infraestructura existente y adopte un programa a largo plazo para ampliar el servicio. Todos estos objetivos serán posibles a través de la gestión estatal, pues de esa manera no mediarán intereses económicos y lucrativos por parte de las empresas privadas".

Bregman y Dellecarbonara rechazaron la concesión del subte a una empresa privada

2.11.2017

La diputada electa de la ciudad por el Frente de Izquierda y el dirigente de la oposición clasista en el Secretariado Ejecutivo de AGTSyP rechazaron un nuevo negociado que perjudica a trabajadores y usuarios e insistieron con la necesidad de la estatización bajo control obrero.

La legisladora electa por el Frente de Izquierda, Myriam Bregman, manifestó su rechazo a la aprobación del Despacho de mayoría N° 586/17. “El PRO, la Coalición Cívica de Elisa Carrió y el bloque de Confianza Pública de Graciela Ocaña le dieron el visto bueno a una nueva entrega. A partir de ahora el Poder Ejecutivo está autorizado -¡por un plazo de 15 años!- a otorgar en concesión a una empresa privada la operación y mantenimiento del Subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires. No hay que aceptarlo. A estos políticos solo les importa levantar la mano a favor de las ganancias de los empresarios”, declaró la legisladora.

Bregman se refería en sus declaraciones a la votación que autorizó al Poder Ejecutivo, a través de Subterráneos de Buenos Aires (Sbase), a prorrogar hasta el 31 de diciembre del 2018 la concesión a Metrovías y llamar a una licitación pública nacional e internacional para otra concesión del servicio por un período de 12 años, con la opción de tres más.

La diputada denunció a su vez que “la votación se ha hecho en medio de una grave ilegalidad por parte de la Legislatura, ya que ni siquiera respetaron el procedimiento de discusión y las mayorías necesarias exigidas por la Constitución de la Ciudad” .

Por su parte, Claudio Dellecarbonara, miembro del Secretariado Ejecutivo de la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y Premetro, manifestó: “Lo único que recibieron los usuarios y trabajadores con la privatización ha sido la baja calidad del servicio, falta de mantenimiento, obreros muertos por las pésimas condiciones de trabajo y tarifazos impagables. Es una estafa, la empresa se lleva 1500 millones al año y las inversiones nunca aparecieron. Nunca investigaron nada porque son cómplices. Ahora quieren seguir con este procedimiento con una nueva empresa".

Bregman concluyó: “El Subte es un servicio público, no tiene por qué dar ganancia, no tiene por qué ser fuente de negociados. Por eso desde el Frente de Izquierda hemos presentado un proyecto que propone que sea reestatizado pero, a diferencia de otros proyectos presentados por la oposición, queremos que sea bajo control de los trabajadores y los usuarios, porque son ellos quienes vienen denunciando el deterioro y los negociados en el subte, los únicos verdaderamente interesados en un buen servicio eficiente y de calidad”.

La Legislatura aprobó llamar a licitación y prorrogó un año a Metrovías

2.11.2017

El oficialismo en la Legislatura porteña habilitó al Gobierno de la Ciudad a llamar a licitación nacional e internacional para concesionar por 12 años, con opción a tres más, la red de subterráneos. También se prorrogó por un año a la actual operadora, Metrovías. La oposición rechazó la iniciativa y propuso que el Estado brinde el servicio. Durante la sesión hubo un “sardinazo” de protesta por las pésimas condiciones en las que se viaja.

Con 32 votos del bloque del oficialista Vamos Juntos, la Legislatura aprobó habilitar al Gobierno porteño a que llame a una nueva licitación para mantener la concesión privada del subte durante al menos 12 años, con la posibilidad de extenderla por 3 años más. Mientras se hace el llamado, se prorrogó por un año la concesión a Metrovías.

En la sesión hubo 23 sufragios negativos y una abstención de fuerzas de la oposición que mantuvieron la postura de estatizar el servicio como la mejor opción. Eso que quedó plasmado en al menos seis proyectos con distintos matices presentados en los últimos meses.

Además, estuvieron presentes los integrantes del grupo “Sardinazo”, que denuncian las pésimas condiciones del servicio del subte que obliga a los pasajeros a viajar como “sardinas enlatadas”. Se trata estudiantes de la diplomatura en Producción Cultural de la Facultad de Filosofía de la UBA que disfrazados de sardinas protestaron en las gradas de la Legislatura contra la prórroga a la concesión otorgada a Metrovías.

La norma aprobada establece que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta podrá llamar a licitación pública nacional e internacional para concesionar el servicio por 12 años, con opción a tres más, y estipula que los oferentes “deberán acreditar experiencia específica no menor a 15 años en la operación de subterráneos o metros y haber transportado en los últimos tres años no menos de 150 millones de pasajeros”. También obliga al concesionario a constituir una sociedad anónima cuyo único y exclusivo objeto sea operar la red de subterráneos y fija que la retribución “por la operación y mantenimiento del servicio será establecida a través de un canon mensual” con criterio basado en la relación “pasajero-kilómetro”.

La prórroga hasta diciembre del 2018 para Metrovías responde a la suposición de que la empresa que resulte ganadora de la licitación no tendrá tiempo para “hacer efectiva posesión del servicio” antes de esa fecha.

“El llamado a una nueva licitación es una muestra de que el balance que hace el Gobierno porteño sobre la gestión privada es positivo, un balance que no coincide con el de los miles de usuarios que padecen un servicio lento, inseguro, incómodo y que incumple la Ley de expansión de la red desde hace casi una década”, afirmaron desde el bloque del FPV, que presentó un proyecto para que el Estado, a través de SBASE, sea el encargado de la administración.

El diputado Javier Andrade, miembro del FPV en la comisión de Obras y Servicios Públicos, señaló: “En la línea E viajamos como sardinas, hay que dejar pasar dos o tres formaciones para poder subirse y es peor aún para las mujeres. El ruido es tan invasivo que no se puede ni mantener una conversación”. Por su parte, la legisladora Paula Penacca, sostuvo que “el gobierno de Rodríguez Larreta  insiste con la reprivatización del subte a pesar de los pésimos resultados en términos de calidad del servicio que se obtuvieron hasta ahora bajo el manejo de Metrovías.”

Para la presidenta del bloque Suma+, Inés Gorbea, en el recinto hubo “hubo poca discusión” previa al tratamiento del futuro manejo del subte. Consideró que “un servicio de gestión estatal es la mejor opción para mejorar, sin embargo, lo que se hizo con la nueva concesión es mantener el status quo”. En tanto, el Legislador Marcelo Ramal, del Partido Obrero, destacó que la decisión tomada hoy “prolonga un modelo parasitario de manejo del subte” porque, según detalló, el Estado es quien aporta los subsidios al concesionario, tanto para las formaciones como la infraestructura, mientras que “el concesionario opera a beneficio puro”.

“Este fallo no hace más que legitimar una clara política estatal de criminalizar la movilización social”

1.11.2017

Por Juan Manuel Ciucci

Entrevista a Alejandra Iriarte, abogada, feminista y miembro de la Asociación Contra la Violencia Institucional, quien representa a 2 de las/os 22 procesadas/os luego de la represión a la marcha del primero de septiembre pasado, que reclamaba la aparición con vida de Santiago Maldonado.

APU: ¿Cuál es la situación de los detenidos tras la represión del 1/9 en la marcha que reclamaba la aparición de Santiago Maldonado?

Alejandra Iriarte: A casi dos meses de la masiva movilización en reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado, el Juez Martínez de Giorgi dispuso el procesamiento de 22 personas por la supuesta comisión de los delitos de intimidación pública y resistencia a la autoridad. Además, se dispuso un embargo totalmente desmedido por una cifra que oscila entre el millón y los cinco millones de pesos.  Para otras 7 personas se decretó  la falta de mérito y otras dos fueron sobreseídos/as. Esta imputación genérica encuentra sustento en los relatos de los efectivos policiales y reproduce, sistemáticamente, el discurso oficial que busca deslegitimar la protesta social.

Según se desprende de la resolución judicial, un conjunto de personas organizadas ocasionaron destrozos con el único fin de generar conmoción y desorden público. Esta lógica argumental esgrimida por el Juez no encuentra sustento alguno en las pruebas aportadas, tal como dejamos asentado desde las respectivas defensas. Lejos de tratarse de un plan organizado y como quedó demostrado en diversos videos que circularon, se trataba de personas que se encontraban desmovilizando luego de participar en la marcha, de otras que estaban en la zona de los hechos, y de periodistas que estaban haciendo su trabajo. Sin embargo, el Juez omite todo estos datos y toma como prueba las declaraciones policiales, videos sin audio y fotos que se nos entregó a las defensas solo un día antes de vencer el plazo para apelar. Además, entre otras pruebas desopilantes, se acredita el "plan organizado" a través de  un cuaderno que encontraron en la zona, que no se sabe a quién pertenece y que contenía supuestas leyendas anarquistas y un croquis de cómo saltar el vallado policial.

De este modo a través de su resolución el juez responsabiliza a todos/as por la comisión de los mismos hechos sin basarse en fundamentos fácticos. A lo largo de su resolución el juez busca construir una lógica argumental que se sustenta a sí misma, a través de la cual se afirma que existió un accionar conjunto de un grupo de personas organizadas que buscaron generar desorden público y que de común acuerdo atentaron contra la policía y los edificios públicos. Sin embargo, curiosamente, no hay procesamientos por el delito de daño ni de lesiones.

 

APU: ¿A quién defiende, y cuál es su situación?

AI: Junto a mis compañeros/as de Nuevo Encuentro asumimos la defensa de dos de los/as detenidos/as. Sobre una de ellas se declaró la falta de mérito aunque el Juez dispuso que sea peritado su celular para ver si ese día se comunicó con algunas de las restantes personas imputadas en la causa,  a quienes no conocía hasta el momento de las detenciones. Por lo que "la falta de mérito" es un engranaje más de la crueldad judicial que busca extender procesos como éste sin fundamento alguno.

La otra persona que defendemos se encuentra procesada  junto a las restantes 21. Esta mañana presentamos un escrito pidiendo la nulidad de la indagatoria y el procesamiento por estar plagado de irregularidades desde el inicio de la causa. Además, pedimos que se declare incompetente la justicia federal en tanto los delitos imputados son de competencia ordinaria. En subsidio apelamos el procesamiento. Ahora quedamos a la espera de la resolución judicial que se haga eco del pedido de la defensas.

 

APU: ¿Qué medidas pueden tomarse ahora?

AI: Por ahora quedamos a la espera de que se resuelvan los recursos presentados y que se declare la nulidad de la indagatoria y el procesamiento, ya que de lo contrario se estaría legitimando un proceso totalmente arbitrario e ilegal que desconoce los principios básicos de la defensa en juicio y el debido proceso. La declaración de la nulidad es fundamental para poner un freno desde el Poder Judicial al accionar policial que realiza detenciones  a mansalva en el marco de las movilizaciones sociales. El Poder Judicial no puede seguir siendo cómplice de esta práctica política represiva.

 

APU: ¿Cómo analiza esta persecución judicial en el marco de una creciente criminalización de la protesta social?

AI: Este fallo no hace más que legitimar una clara política estatal que tiene como fin criminalizar la movilización social. No nos llama la atención que la resolución judicial  llegue unos días antes de la masiva movilización convocada por organismos de Derechos Humanos y familiares exigiendo justicia por Santiago Maldonado. Sin dudas, es un elemento clave para crear el escenario propicio para avalar la deslegitimación de los reclamos populares.

A lo largo del año fueron reiteradas las movilizaciones que culminaron de manera violenta y que dejaron como saldo detenciones irregulares. En casi todas se repitió el mismo patrón: movilizaciones pacificas donde "sospechosamente" al momento de la desconcentración aparecen pequeños grupos de encapuchados violentos que generan disturbios y destrozos. Casualmente, ninguna de estas personas resulta identificada ni detenida. Casualmente, en la movilización del 1° de septiembre se detuvo a 31 personas que no se conocían entre sí. Casualmente, en movilizaciones posteriores (1° de octubre, movilización por Julio López y movilización exigiendo justicia por Santiago Maldonado del 21 de octubre) los mismos manifestantes fueron quienes expulsaron a estos pequeños grupos de violentos. El contexto es claro, sin embargo, este fallo deja al descubierto una intención política: desmovilizarnos.

 

APU: ¿Existe alguna causa contra las fuerzas de seguridad que participaron de la represión del 1/9?

AI: En la actualidad existe una investigación preparatoria impulsada por la PROCUVIN a raíz de las denuncias efectuadas por varios de los/as detenidos/as que fueron víctimas de la violencia policial. En este mismo sentido, el Bloque del Frente para la Victoria impulsó un pedido de informes en la Legislatura Porteña con el fin de obtener información sobre el operativo irregular que llevó adelante la Policía de la Ciudad. Sin embargo, aún no hubo respuesta alguna del Ejecutivo.

La falta de predisposición que muestra el Gobierno de la Ciudad en aclarar las irregularidades detectadas encuentra su correlato en la ausencia de una investigación al interior de la propia policía. La flamante Oficina de Transparencia y Control Externo creada a partir de la Ley N° 5.688 no ha iniciado ningún procedimiento administrativo sobre las faltas cometidas por el personal policial, al arribar a la conclusión de que no se cometió ningún delito por parte de los miembros de la fuerza. Una vez más queda en evidencia como leyes de carácter "progresista" aplicadas por gobiernos de derecha son letra muerta. Además, se iniciaron querellas particulares por los hechos de violencia policial que se encuentran tramitando en la Justicia ordinaria.

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