Comunicadores del Sur

www.comunicadoresdelsur.com.ar

 

Megaestadio en Villa Crespo: Una trama de irregularidades, ilícitos y corrupción

16.3.2019

Por Silvio Schachter

“Buenos Aires, como todas las grandes ciudades del mundo, necesita un nuevo estadio, ya que el turismo de espectáculos es un producto que toda gran ciudad debe ofrecer a sus visitantes, para posicionarse competitivamente en el mundo.” Este mensaje, que resalta la necesidad de producir emprendimientos ligados al mundo del espectáculo, es reiterado por funcionarios de gobierno y empresarios, pasando así a formar parte de las narrativas legitimadoras, que justifican una operación económica, basada en la búsqueda de ganancias y la apropiación de las plusvalías urbanas, como una prioridad para el desarrollo de la Ciudad.

En una  operación creada  con la  mecánica propia del marketing, el Entertainment es la  cosmología que nos permitirá acceder a un lugar en el mundo en la disputa dentro de la red de ciudades subalternas a los centros urbanos hegemónicos, desde donde se genera el canon cultural que debemos consumir y digerir.

La promoción de la idea del megaestadio, caracterizado como imprescindible, es acompañada por la localización del supuesto vacío espacial que ofrece la oportunidad para materializar el proyecto. Se repite un rasgo que ha signado la política de este gobierno: considerar los espacios públicos y todo lo que no es económicamente rentable como un vacío, un espacio residual que se debe rellenar con negocios privados.

Después de varios intentos frustrados en distintas zonas de la ciudad, al nuevo  megaestadio le encontraron un lugar en el barrio de Villa Crespo, donde los perjuicios y daños emergentes que generará su emplazamiento, tanto para el barrio como para el tejido de la urbe, son presentados maniqueamente como beneficiosos para sus vecinos, basándose en los  parámetros de la excluyente lógica de la puesta en valor. Esta  apropiación privada de los bienes comunes es parte de las actuales formas de capitalización del excedente financiero, para lo cual se necesita la política “emprendedora” del gobierno que facilita con normativas especiales la acción de las empresas y grandes operadores inmobiliarios, que son quienes realmente producen la ciudad. En el caso del estadio en Villa Crespo, a esta operatoria, que se ha transformado en sistémica, se le suma una historia  repleta de irregularidades, vicios administrativos, complicidades y actos de corrupción que, tejidos por  miembros del gobierno de la ciudad, empresarios y dirigentes deportivos, constituyen una trama digna de una novela de no ficción, cuyo final aún se está escribiendo.   

 

De la quiebra del Club Atlanta al cadáver de hormigón

 

La historia sobre el nuevo destino de los terrenos que tienen 50.736 m2 sobre la calle Humboldt, a metros de la Avenida Corrientes y de la Avenida Juan B. Justo, en el barrio de Villa Crespo, se remonta a 1991, cuando el Club Atlanta quebró. El club, fundado en 1904, tuvo que vender su sede social a un Supermercado en 1994, que jamás construyó nada y dejó el predio abandonado. En ese momento Atlanta sólo pudo conservar su cancha de fútbol. La quiebra le hizo perder al club mucho más que sus activos materiales: mientras que en los '80  el club tenía 16.000 socios, desde ese momento, en pocos años descendió a sólo 3.000 socios.

El devenir de la institución bohemia no difiere de lo ocurrido a la mayoría de los clubes de fútbol llamados “chicos”, que incapacitados de competir con los grandes equipos que cotizan a valores euro, fueron descendiendo por un tobogán deportivo y económico, cuadro agudizado por la mala praxis de muchos de sus dirigentes, que endeudaron sin retorno al club y lo vaciaron del rol social que cumplían en la barriada. 

Luego de diversos intentos por recuperar la sede, el 4 de diciembre de 2003 se aprobó la  expropiación presentada en la Legislatura porteña. En 2006, luego del pago correspondiente a los dueños del predio, la Ciudad tomó posesión del bien y en 2008 se firmó un comodato a través del cual Atlanta podía hacer uso de ese espacio durante 10 años, renovables de forma indefinida.

En  esa ley ya se estipulaba la construcción de una escuela pública en parte del predio, pero como dicha edificación no comenzaba, el auditor porteño Facundo Del Gaiso presentó un recurso de amparo reclamando al gobierno porteño por la escuela. El juez Pablo Mántaras intimó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) a presentar planos y plazos de construcción, pero el tema se diluyó y no hubo respuesta alguna a la intimación.

En octubre de 2012 la Legislatura de la Ciudad aprueba una nueva ley, la Nº 4270, en cuyo  anexo se señala: “el presente convenio tiene el objeto de instrumentar el comodato del inmueble que corresponde al dominio privado de la Ciudad de Buenos Aires, sito en la calle Humboldt 486/540 de esta ciudad, a favor del club Atlanta […] El bien que se entrega en comodato debe ser destinado a la ampliación de la sede social e instalaciones deportivas del Club Atlético Atlanta. El GCBA se reserva el derecho de rescindir unilateralmente el presente contrato antes del vencimiento del mismo, si se le otorgara al predio, total o parcialmente, un uso o destino diferente al pactado, pudiendo exigir la restitución inmediata e iniciar las acciones judiciales correspondientes por los daños y perjuicios ocasionados”. En el mismo anexo se amplía el comodato a 20 años.

Poco después de sancionada la normativa aparece en escena el empresario y ex presidente del club Obras Sanitarias Miguel Mancini, que en tiempo record constituyó la sociedad Lugones Center y concretó un contrato con Atlanta para la construcción y explotación de un estadio cubierto por el término de 20 años a cambio de un canon mensual. La empresa Lugones Center tenía como  director suplente a Osmar Rubén Alza, quien venía de desempeñarse como director en la Agencia Gubernamental de Control (AGC) porteña y de Planeamiento y Relaciones Institucionales del Teatro Colón. El proyecto fue impulsado por la legisladora macrista Lidia Saya, actual subsecretaria de la Sedronar, esposa de Carlos Walter, dirigente de Atlanta, ex titular de la agencia de recaudación de la Ciudad y actual titular del Registro Automotor.

Las originales instalaciones deportivas y la ampliación de la sede social fijadas en la ley, se transformaron, sin objeciones por parte del GCBA, en el  proyecto de un estadio cubierto de  23 metros de altura, 17.000 m2 cubiertos y con capacidad para 8.000 espectadores

Esto ocurrió sin ningún llamado a licitación para recibir otras propuestas, ni verificar antecedentes de la empresa Lugones Center. El 7 de noviembre de 2012, a través de la cuenta oficial de twitter del club, se anunció que dos días antes se había firmado una carta de intención con Lugones Center para la construcción de un moderno estadio cubierto en parte del predio de la sede social. Una semana después la asamblea de representantes de Atlanta aprobó el contrato de 20 años de duración: Atlanta cobraría US$ 1.375.000 en 4 pagos durante el período de obra, y luego de su finalización la suma sería de US$ 114.583 por mes, correspondientes a 100 eventos anuales.

Se encargó de garantizar la iniciativa el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, quien en 2103  le otorgó a Lugones Center un primer préstamo por la suma de $ 100.000.000, con destino a la financiación de un proyecto de inversión destinado a la construcción de un estadio para desarrollar actividades culturales, sociales y deportivas.

Luego, como parte de una maniobra financiera, en 2014 se constituyó un fideicomiso al que se le cedieron los derechos y obligaciones del contrato anterior. Este fideicomiso consiguió una ampliación del crédito del Banco Ciudad, que fue firmado por Alejandro Korz, presidente del club, y Guillermo Alé, un hombre del PRO, secretario general del club. Toda la operatoria fue avalada por el entonces presidente del Banco Ciudad, Federico Sturzenegger, que luego pasó a la presidencia del Banco Central, dejando en su cargo en la Ciudad a Rogelio Frigerio, actual ministro del Interior y de Obras Públicas y Vivienda. El vice de Frigerio era Juan Curuchet, actual presidente del Banco Provincia, y en su directorio también se encontraba Andrea Pietrobuono, en ese momento militante de la agrupación la Cámpora que, en un traspaso laboral y político, ahora presta servicios al gobierno de Cambiemos como asesora de Curuchet en el Banco Provincia, con un sueldo en 2018 de $ 130.000  mensuales.

El proyecto original del estadio, realizado por el estudio  de Enzo Capone y Asociados, contemplaba la construcción de 3 pisos de cocheras subterráneas, pero la mole de cemento fue levantada haciendo caso omiso de la imprescindible área para estacionamiento, porque según se argumentó: ”no se podían realizar por la presencia de napas de agua a poca profundidad”  lo cual, de ser cierto, demuestra lo improvisado del emprendimiento, ya que ese dato debería haber surgido del estudio de suelos, necesariamente previo a la presentación de cualquier proyecto.

Enzo Capone era amigo de Federico Sturm, miembro de la Comisión Directiva de Atlanta y designado como encargado de supervisar las obras. Pero ocurrió un imprevisto previsible, el oxímoron se produjo en mayo de 2015, cuando se desplomó la estructura del techo de la obra en construcción que había sido colocada solo un mes antes. Por motivos nunca explicados Atlanta no realizó ningún peritaje ni demandó por daños y perjuicios a la empresa, ni al responsable de la instalación del techo. "Lo que se cayó es una estructura que iba a sostener el techo y el daño fue solo material sin heridos", dijo Alejandro Kornz, quien luego declaró que la obra continuaría su curso. No hubo continuación pues la obra fue clausurada el 15 de junio por la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. La grave falla técnica puso al descubierto toda la mecánica que utilizó al club para una serie de actos de corrupción que lo dejó al borde de una nueva quiebra y al barrio con un presente indeseable, un abandonado cadáver de hormigón, sin escuela ni espacio verde.

Lugones Center SA dejó de pagarle el canon acordado al club y tampoco pagó la devolución del préstamo fiduciario. El acto puso en evidencia que el Banco Ciudad le prestó $ 180 millones de pesos, más de 20 millones de dólares de ese momento, sin ninguna  garantía, a una empresa fantasma, sin antecedentes ni capacidad económica para semejante emprendimiento, en un predio cedido en comodato, que es de propiedad pública.

Sospechosamente Atlanta no inició acciones legales contra Lugones Center y el Banco Ciudad, tampoco lo hizo,  ni  contra la empresa, ni contra Atlanta garante del crédito. Cuán diferente es la respuesta jurídica cuando el tomador es una persona física, que pide un crédito para comprarse una vivienda familiar hipotecada por el Banco.

Una combinación ilícita, plena de complicidades, que se supuso blindada e infalible, entre el poder ejecutivo y legislativo, el Banco oficial, la Comisión Directiva del club ligada a estos poderes y una empresa con vínculos en todas estas instancias, fue puesta al desnudo por un hecho fortuito, que generó como efecto imperioso la necesidad de encontrar una tapadera a tanto desmadre.

 

 La Nación- AEG, la beneficiaria de una privatización encubierta

 

La cobertura del ilícito apareció un año y medio después. A mediados de 2017 irrumpió en escena una sociedad formada por la multimedia La Nación SA y Arena AEG Woldwide, quienes armaron un nueva propuesta para un megaestadio que amplía el proyecto anterior.

AEG es una multinacional que gerencia más de 120 estadios similares en todo el mundo. El Arena Buenos Aires, que se presenta como ya  realizado en  su web[1], le permitiría a todos los involucrados cubrir la trama de irregularidades de una operatoria fraudulenta. Entre esas irregularidades está nuevamente la de no haber dado paso alguno para la construcción de la escuela para el barrio, que estaba prevista en la ley pero que nadie piensa materializar.  

El 28 de septiembre de 2017 la Legislatura porteña aprobó la ley N° 5.874, 46 legisladores, de un total de 57 -incluyendo a representantes del PRO, Frente para la Victoria (FPV), Bloque Peronista, Confianza Pública, Bien Común, Corriente Nacional de la Militancia, Frente Renovador, Sindical Peronista y Frente Socialista Auténtico-  aprobaron que el predio de la Ciudad sea nuevamente entregada en comodato  a Atlanta, a pesar que no cumplió con lo pactado en la ley anterior, para que a su vez se lo ceda, en una privatización encubierta, al  grupo inversor La Nación + AEG Woldwide. Los inversores impusieron  sus condiciones para hacerse cargo y exigieron que les prorrogaran  el comodato por el plazo de 40 años, el doble del plazo otorgado en la ley anterior.

En un acto que ilustra cabalmente el modo de concebir el patrimonio colectivo de la ciudad, el GCBA, con el aval de la Legislatura y utilizando como mediador al club, transfiere un bien público a una empresa que tiene como único objetivo lucrar con espectáculos durante 40 años. El acto es aún más grave que otras de las muchas privatizaciones efectuadas en su gestión, ya que por esta cesión la ciudad no recibe ninguna remuneración, ni otra  contraprestación que beneficie a los habitantes del barrio y  la ciudad. Cumpliendo además con una nueva exigencia de la empresa aprobaron, en un acto carente de toda equidad e igualdad ante la ley, que el  emprendimiento esté exento del pago del impuesto inmobiliario y de la tasa de alumbrado, barrido y limpieza por 40 años, todo el periodo que abarca el comodato. Insólita dispensa que se le otorga a una empresa que facturará millones de dólares, un beneficio del que carece cualquier pequeño comerciante o morador de la ciudad.

¿Por qué habiendo una norma anterior que permitía la realización de un microestadio deportivo cultural, aprobaron una nueva?, ¿por qué si el club no cumplió los compromisos de la ley anterior, el GCBA y la legislatura le duplican el plazo del comodato, amplían las características del emprendimiento y lo eximen de pagar impuestos? Solo se explica por la sumisión a las condiciones de la empresa que consigue una ley a su medida, ejerciendo la más descarada  metodología del lobbismo corporativo.

Algunos legisladores no oficialistas adujeron, para justificar su voto positivo, que desconocían la envergadura del proyecto. En el mejor de los casos podemos atribuirles una alta dosis de ingenuidad o de absoluta desidia frente un tema que involucra un bien público y los derechos de los ciudadanos. En cualquier caso el resultado nos habla de cómo actúan quienes supuestamente deberían protegerlos.

Aprovechando un marco de indefinición, rápidamente el  “Miniestadio”  que figura en la cláusula primera del anexo de la ley se transformó en un “Megaestadio” de 28.715 m2, 11.357,50 m2 adicionales a los del primer proyecto, significando nada más y nada menos que una ampliación del 60 %, ahora con un capacidad para 16.000 personas, cerca del doble que lo previsto en el anterior. En realidad se trata de una ampliación de la ampliación, ya que el proyecto aprobado para Lugones Center también fue presentado como una modificación de un proyecto anterior menor, una metodología que permite un atajo para eludir requisitos normativos y disminuye los tiempos de resolución.

A nadie se le  puede ocurrir llamar al Luna Park un miniestadio, entonces como se puede considerar como tal al Nación Arena, que duplica la capacidad del icónico estadio de Corrientes y Bouchard.

Otra de las novedades de la nueva ley es que la actividad cultural y deportiva fue ampliada  con usos para shows y espectáculos. La definición de actividad cultural es asimilada al mainstream del espectáculo, a la industria del entretenimiento, que replica en escenarios clonados los show internacionales para una élite dispuesta a pagar cientos de dólares para   tomarse una selfie durante la performance del artista de moda.

A pesar de que hubo otra oferta, la misma sospechosamente nunca fue puesta a consideración de los socios del club. Alejandro Korz, sin pudor alguno, al presentar el proyecto a los socios, justificó los cambios sustanciales del contrato de concesión en razón de que la reducción significativa del canon era una imposición del GCBA para que pudiera hacerse la obra y para que el Banco Ciudad recuperase el dinero prestado a Lugones Center y agregó que el contrato es una “gracia” o “subsidio” para que el club pueda ser financieramente viable, por lo que consideró innecesario hacer una evaluación económica financiera.

La ecuación que no quiso hacer dice que en el Arena se proponen hacer 100 eventos al año y ya vendieron entradas para el primero, que se hará el 7 de diciembre de 2019. Las localidades para este show van desde  $ 5.800 hasta $ 60.000 las más caras. Los números suponen una recaudación anual superior a los 200 millones de dólares, sin contar con derechos de televisación y publicidad, mientras que  el club percibirá US$ 50.000 mensuales, un canon de 600 mil dólares anuales, es decir  solo el 0,3 % de la facturación de la empresa.

El aval dado por ley a un proyecto sin regulación alguna, lo que en la práctica permitió aumentar sin límites su dimensión en metros cuadrados y ocupar el suelo sin parámetro alguno, es claramente una injustificada excepción con respecto a la mayoría de las obras que se realizan en la ciudad, que no cuentan con ese beneficio.

A la ya mencionada diferencia de escala se suma, como  el aspecto más polémico, la no aplicación estricta de la ley 123/98 sobre Impacto Ambiental. Es notorio el incumplimiento de la norma que, conforme a la clasificación de la actividad, exige evaluar la localización del emprendimiento y la dimensión del establecimiento, para determinar el riesgo y daño  potencial que genera en el entorno. Debe tenerse en cuenta la calidad y cantidad de los efluentes y residuos que serán producidos, evaluando la capacidad de la red desagües cloacales y pluviales disponible, así como la infraestructura de servicios públicos de la ciudad que serán utilizados, como la  energía eléctrica, el gas y la provisión de agua. La ley establece también que debe evaluarse la polución del aire, la contaminación sonora, el flujo vehicular y peatonal y las potenciales alteraciones urbanas y ambientales que el emprendimiento generará. Entre otras variables que deben incorporarse están las factibilidades aprobadas por las empresas de servicios EDENOR, METROGAS y AYSA.

El espacio de estacionamiento es un aspecto esencial para poder habilitar un estadio deportivo con la realización de shows, así lo determina el Código de Planeamiento Urbano vigente en esa fecha, en su capítulo 5.2.1

En el plan original de 2012, el proyecto del estadio para 8.000 espectadores tenía, para cumplir con esa norma, tres subsuelos de cocheras. Durante la obra las mismas desaparecieron y se siguió construyendo sin modificar los planos. En los planos del Arena La Nación no figura espacio de estacionamiento. Hay una mención en el informe presentado por la empresa según el cual se destinará un terreno aledaño para 300 cocheras, es decir para menos del 10% de los asistentes. Según la estimación técnica haría falta como mínimo un espacio para 900 cocheras que es la cantidad proporcional que fija el CPU para este tipo de emprendimientos. Su ausencia supone agregar al shock que generaría el tránsito vehicular intenso y concentrado en una zona de baja densidad, el caos producido por la ocupación de las calles de la zona tres veces por semana, sumado a la irrupción del movimiento de miles de personas en las tranquilas calles del barrio.

La Agencia de Protección Ambiental (APA) del GCBA debe analizar la categoría del proyecto y decidir si se aprueba, sobre la base de dar cumpliendo a determinadas exigencias o si se rechaza. Existen tres categorías definidas para clasificar el Impacto Ambiental: No Relevante, Medianamente Relevante o Muy Relevante. No existe ningún parámetro que permita considerar un emprendimiento de esta magnitud, teniendo en cuenta toda la sinergia de variables que involucra su realización y funcionamiento, para que la APA lo haya definido como de Impacto Ambiental No Relevante. Esa resolución  contradice toda la teoría y la práctica acumuladas en temas relacionados con el medio  ambiente, incluido el Plan Urbano Ambiental aprobado en el año 2008.

Una de las evidentes razones para ese despacho fue que solo encuadrado en la categoría de impacto ambiental No Relevante se puede eludir la realización de una Audiencia Pública y el consiguiente tratamiento en la Legislatura porteña  del proyecto concreto, no el ambiguo que aprobó en 2017. Las otras causas hay que buscarlas en los vicios de origen que tiene el proyecto y que la APA y las otras dependencias del GCBA buscaron ocultar o minimizar.

El derecho consagrado en la Constitución de la Ciudad que establece que sus habitantes  deben ser consultados y participar en las decisiones que afectan su hábitat y su calidad de vida ha sido flagrantemente vulnerado una vez más.

 

Autoconvocados en acción

 

En 2014, los vecinos del barrio de Balvanera impidieron que se levantara un estadio similar en la llamada Manzana 66 y lograron la construcción en ese predio de una plaza y una escuela. Micrisol SA, perteneciente a la familia Miguens, era la dueña de la manzana. Luciano Miguens, ex presidente de la Sociedad Rural y asesor del PRO en la Fundación Pensar, es uno de los vicepresidentes de Micrisol.

En mayo de 2014, el titular de Ake Music, Aquiles Sojo, acordó con el gobierno porteño la construcción de un estadio techado en ese espacio. Se presentaron los avales de la productora en el Banco Ciudad, que acordó un crédito por 120 millones de pesos que jamás se efectivizó. Sojo comenzó a difundir la noticia y la reacción no tardó en llegar. Los vecinos se movilizaron y lograron que su queja llegara rápidamente a la Legislatura, donde se debía votar una rezonificación que le permitiera a Ake Music construir un gigante para 18 mil espectadores. Finalmente, el Ejecutivo dio marcha atrás y abandonó el proyecto.

Para afrontar la expropiación, el Ejecutivo resolvió incorporar un artículo compensatorio en beneficio de la empresa. A cambio de la expropiación, Micrisol recibió un terreno ubicado en la avenida San Isidro Labrador al 4800, en el barrio de Saavedra, donde funcionaba la terminal de la línea 151 de colectivos. Allí podrían construir una torre de hasta 100 metros de altura.

Más recientemente, la posibilidad de construir un estadio en el Club Comunicaciones y la apertura de la calle Zamudio en el predio de la Facultad de Agronomía, generó el pronunciamiento crítico de la FAUBA y el reclamo de los vecinos del Barrio Rawson, conocido también como Barrio Cortázar, que linda con los terrenos de la facultad.

La Agronomía es el tercer pulmón verde la Ciudad, una zona de protección histórica y de gran diversidad de flora y fauna. Además de la facultad y el Barrio Cortázar, en esa zona  se encuentran los hospitales Roffo, Alvear y Tornú, el hogar San Martín, el hogar Garrigós y el instituto Lanari.

El interés en la construcción de estadios no era nuevo. En 2010 el empresario de medios Daniel Hadad propuso la cancelación total de la deuda del Club Comunicaciones si se le permitía construir en el 35% de la superficie que le pertenece un estadio con capacidad para 15.000 personas. La  propuesta fue rechazada por los socios del club en audiencia pública.

Ante la presión, el GCBA desistió de habilitar la posibilidad del estadio, pero dejó abierta la opción a futuro de abrir la calle. Para acomodarse al reclamo, el ministro de Planeamiento y Desarrollo Urbano, el economista Franco Moccia declaró: “los estadios en las ciudades generan lío y esta ciudad tiene demasiados estadios”. Salvo que el ministro considere que Villa Crespo no es parte de la ciudad, resulta incomprensible por qué lo que no es aceptable para quienes viven en Balvanera o Agronomía tiene otro significado cuando se trata de quienes deberán compartir su hábitat con el estadio Arena- La Nación.

En esa dirección los habitantes de zonas más exclusivas, como los que viven próximos al  estadio de  River, en Núñez, lograron que no se realicen más recitales en el Monumental y  recientemente los de Palermo consiguieron la clausura del Campo de Polo para esos fines, por los ruidos y el caos de tránsito que los recitales generaban en el entorno.

Pero a los vecinos de Villa Crespo nadie les avisó de lo que estaba por pasar en su barrio, el  23 de marzo de 2018 se enteraron del proyecto por un artículo publicado en el diario la Nación: “El Luna Park ya no estará solo: Buenos Aires tendrá un nuevo estadio techado en Villa Crespo.... Un Arena como los que se levantan en las grandes ciudades del mundo. ...Se prevé que el estadio albergue más de un centenar de shows por año y la inauguración será en el segundo trimestre del año próximo. El arena tendrá una capacidad para 12.000 espectadores sentados, con la posibilidad de expandirse para alojar a 16.000.” [2]

Entre el estupor y la bronca los vecinos iniciaron el reclamo, la respuesta de aval al proyecto llegó en la voz del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, quien lo justificó haciendo   un paralelismo entre el futuro estadio y los de otras grandes ciudades del mundo, como Londres, Berlín y Nueva Orleans. Justamente esos ejemplos aportan uno de los argumentos que invalidan su emplazamiento. Los mega- estadios cubiertos en las grandes ciudades no se localizan próximos a áreas residenciales, ni sobre calles angostas ni encajonados entre otros edificios, están rodeados de amplios  espacios abiertos,  tienen generosa  capacidad de estacionamiento y su funcionamiento no genera conflictos de flujos vehiculares y peatonales. La excepción es el Madison Square Garden, cuya construcción en su momento generó muchísimas críticas y  será demolido en 2023, para recuperar espacio público con la ampliación de la terminal ferroviaria Penn Station.

El Antel Arena es un referente cercano que fue inaugurado en 2018 en Montevideo. Antel es una empresa estatal y el proyecto fue muy estudiado cumpliendo con explícitos requisitos de impacto ambiental, y el diseño final se aprobó en base a un concurso público al que se  presentaron casi 120 estudios. Está  construido donde estuvo durante décadas el emblemático Cilindro y se halla emplazado en un terreno de 9 hectáreas con estacionamiento para 900 autos. 

La experiencia del funcionamiento del Luna Park es también  referencial, está enclavado en un distrito administrativo y financiero, no residencial, por tanto su actividad  nocturna y especialmente en fines de semana no interfiere con los usos del área y además se halla localizado sobre  avenidas, al igual que los otros espacios para  recitales de la ciudad, con mucha menor capacidad  como son el de Obras, el Opera o el Grand Rex. Todo lo contrario de lo que ocurrirá con el Arena- La Nación cuya actividad afectará directamente a los residentes  de Villa Crespo, y cuyo punto de acceso y egreso se encuentra sobre  la calle Humboldt, una vía secundaria. Solo 17 metros separan al megaestadio de las viviendas de situadas en la vereda de enfrente.

Como muchas obras en la ciudad que pueden generar rechazo, el método fue avanzar sigilosamente con  hechos consumados, para evitar que  la reacción de los vecinos y organizaciones sociales pudieran  impedirlas, como ocurrió en Balvanera, Agronomía o en los casos de la Plaza Clemente y  el sonado caso del Shopping de IRSA en Caballito. 

La actividad de denuncia de los autoconvocados del barrio tuvo repercusión en varios medios que expusieron las irregularidades del proyecto, generando  la presión necesaria para que la Justicia diera curso al  amparo presentado por la Fundación Ciudad, solicitando la nulidad de los permisos ambientales otorgados.

El conflicto supera el justo reclamo  de los vecinos, pone de relieve los métodos que utilizan quienes, en un maridaje de funcionarios de gobierno, políticos, empresarios y en este  caso dirigentes deportivos, conciben la ciudad como un territorio a su disposición para  apropiárselo sin escrúpulos, vulnerando los derechos de quienes la habitan.

El conjunto universal llamado vecinos, es obviamente variopinto, contiene una diversidad de opiniones y posturas, donde  la relación propiedad-mercancía en una sociedad de claro perfil patrimonialista, define intereses y condiciona las conductas. Pero en el ejercicio de resistencia al atropello, una parte de los habitantes de los barrios, como ocurre con los de Villa Crespo, avanza en la  construcción de formas organizativas propias, encuentra afinidades en la pluralidad, descubre el potencial de la acción colectiva para  producir ciudad fuera de lo institucional, desde abajo y desde  los bordes, logran superar el particularismo, para pensar lo urbano en otras escalas y descubren el valor simbólico de la  identidad barrial amenazada por la formas globalizadas que tienden a deshistorizar el tejido socio espacial de las metrópolis.   

Escuelas nocturnas: Inició el ciclo lectivo luego del intento de cierre

15.3.2019

Por Barricada TV

Luego del fuerte rechazo social, el gobierno de la ciudad derogó la resolución 4055 impulsada por la ministra de educación, Soledad Acuña, que determinaba el cierre de 14 escuelas nocturnas.

El ciclo lectivo inició pese a que el gobierno no promueve las inscripciones en las escuelas.

Carlos Francisco Bentancor, rector interino de la Escuela de Comercio nº 26, detalló: “Al día de hoy tenemos 200 matriculados, eso demuestra el interés que tiene la gente por nuestro título. Estos 200 matriculados fueron por el esfuerzo de toda la comunidad de nuestro colegio. hemos ido a buscar inscriptos a distintos lugares de la ciudad”. Así hizo referencia a la nula promoción desde el Ministerio de Educación del gobierno de la ciudad, pese a que este organismo cuenta con los recursos adecuados.

La matrícula se encuentra abierta. Para contactarse, pueden hacerlo a través de su teléfono 4807 2966, su email esccomercial26@gmail.com o de manera presencial en Juncal 2351 (Palermo).

La fábrica que visitó Macri y cerró a los dos meses, despidió a sus empleados porque contaron la situación

15.3.2019

Se trata de la firma Noroghi. El Presidente la mostraba como un caso de éxito, pero a los dos meses cerró y dejó a sus empleados sin cobrar. Ahora les envió telegramas de despido porque contaron la situación.

 

La firma Noroghi, una de las tantas empresas que Mauricio Macri visitó el año pasado y mostró como ejemplo de progreso, cerró sus puertas y dejó a todos sus empleados sin cobrar. Pero el escándalo se agravó ayer, es que mientras sus operarios hace meses que no perciben salarios, los despidió con causa por dar a conocer la situación.

El Presidente había visitado la fábrica de Nueva Pompeya en septiembre del año pasado. Fue una de las tantas visitas que Macri realiza en secreto y con carácter relámpago para después difundirlas por las redes sociales.

Según el gobierno, la firma se dedicaba a fabricar electrodomésticos. En 2018 habían realizado su primera venta al exterior y serían los primeros en vender productos de Industria Nacional a Estados Unidos. Todo un ejemplo de éxito y emprendedorismo.

El fundador de la empresa, Fabián Colussi, aseguraba que también exportarían a México y que aumentarían la dotación de empleados de 132 a 200.

Colussi es conocido por la publicidad que hace en el TC y su militancia opositora en Racing, donde siempre termina bajándose sobre el cierre de la elección. Además es socio de “El rey de la soja” Gustavo Grobocopatel en el club de fútbol ‘Agropecuario de Carlos Casares’. De hecho la firma Noroghi lucía en las camisetas del club del empresario sojero, hasta ahora que lo taparon.

De fluidos vínculos con el macrismo Colussi suele recibir “visitas” filmadas de funcionarios del PRO.

Fuentes del gobierno de Tierra del Fuego aseguraron que Noroghi es una importadora de marcas chinas y lo que visitó Macri el año pasado fue un galpón de almacenamiento. “Tienen un par de empleados registrados, un jefe de galpón que no sabemos lo que es. Hasta la pagina es trucha”, dijeron. “Son intermediarios que importan desde China y venden servicios a los negocios locales. En el video de Macri se ve claramente que no es una fábrica, es un depósito”, agregaron consultados por La Política Online.

Dos meses más tarde explotó la estafa. El dueño no pagó los sueldos de enero y febrero y se comprobó que la visita a la fábrica fue una puesta en escena. “Un montón de familias se quedaron en la calle y no tienen para comer. No tenemos ingresos y no tenemos respuestas”, explicó Agustina Pereyra Nuñez, trabajadora de la empresa en el piso de C5N días atrás.

Ayer, sin embargo, sí tuvieron novedades de Colussi. Les envió un telegrama por “hacer públicas manifestaciones con epítetos descalificativos hacia la empresa y sus autoridades en C5N”. Por ello los despide “con causa”.

Los aumentos en el Subte no frenan y en mayo el pasaje costará $ 21

15.3.2019

Trepará de $ 16,50 a $ 19 el mes próximo y en mayo subirá a 21 pesos. La suba acumulada desde agosto fue del 120 por ciento y cuando alcance los 21 pesos en abril la tarifa habrá escalado 180 % en un año.

La empresa Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) propuso este miércoles en la audiencia pública aumentar el pasaje de subte de 16,50 a 19 pesos a partir de abril y aplicar otra suba en mayo para llevarlo a 21 pesos. De este modo, la suba acumulada en un año será de 180 por ciento.

En el año 2012 las autoridades porteñas se hicieron cargo del servicio  del subterráneo en aquel tiempo, el valor del pasaje  representaba $1,10. La primera medida del entonces jefe de gobierno Mauricio Macri fue duplicar el precio para iniciar una disparada  de incrementos  en el boleto.

Viajar en el subte costaba $7,5 pesos a comienzos de 2018. La tarifa aumentó tres veces el año pasado. La primera escalada fue en agosto cuando llegó a 12,5 pesos. La pretensión inicial del gobierno porteño era primero subir los viajes a $11 pesos en mayo pero una medida cautelar frenó ese ajuste y, cuando la justicia porteña dejó sin efecto esa medida, el salto fue directo hasta el segundo tramo. Los siguientes aumentos de un peso cada uno tuvieron lugar en noviembre, diciembre, enero y febrero para escalar  los $16,5 su valor actual  Así la suba acumulada desde agosto fue del 120 por ciento y cuando alcance los 21 pesos en abril la tarifa habrá escalado 180 por ciento en un año.

La actualización responde a la variación de la tarifa técnica que refleja el costo de la explotación del servicio. En abril del año pasado se calculó en 15,50 y la última actualización la ubicó en 23 pesos.

El gobierno porteño sostiene que las subas son necesarias para “mantener la calidad del servicio y la infraestructura en función del incremento de costos”. Sin embargo, los sucesivos aumentos no solo no fueron acompañados por la prometida extensión del sistema, sino que tampoco redundaron en una mejora del servicio.

Mientras tanto, la empresa insiste en desconocer el fallo que habilita a los pasajeros reclamar el boleto cuando las escaleras mecánicas no funcionan, algo que se repite en toda la red.

Detenciones arbitrarias y políticas antimigratorias en CABA

15.3.2019

Mientras que las causas contra las 17 personas que fueron detenidas durante las protestas contra el presupuesto nacional 2019, fueron archivadas por falta de pruebas, se agrava la situación de las personas migrantes frente al accionar arbitrario de las autoridades policiales de la Ciudad de Buenos Aires.

El 24 de octubre de 2018, luego de una movilización al Congreso Nacional contra la sanción del presupuesto, la Policía de la Ciudad detuvo a 17 personas, cuatro de ellos eran migrantes.

Cuatro meses después, el 14 de febrero, el fiscal que intervino archivó todas las actuaciones que se habían iniciado contra los 17 detenidos. Luego de revisar toda la prueba que aportó la policía, la fiscalía concluyó que no hay evidencias de que los imputados hayan arrojado piedras y/o resistido a la autoridad. El fiscal desestimó las declaraciones de los policías porque las consideró vagas e imprecisas y ordenó que se investiguen sus posibles responsabilidades penales.
No es la primera vez que una resolución judicial visibiliza que las detenciones realizadas por la policía en las protestas sociales son en su mayor parte arbitrarias e injustificadas. Las 20 personas detenidas luego de la marcha de mujeres del 8 de marzo de 2017 fueron sobreseidas luego de un año de proceso. Luego de la movilización contra la reforma provisional del 18 de diciembre de 2017 fueron detenidas 68 personas, 56 de ellas fueron sobreseidas. En varias oportunidades los funcionarios judiciales han desestimado la inexplicable imputación de “intimidación pública” realizada por las fuerzas de seguridad a partir de las órdenes emanadas del gobierno nacional.
Luego de su detención en octubre pasado durante la movilización contra la sanción del presupuesto, Anil Baran, de nacionalidad turca, fue objeto de numerosas notas en los medios -incluidos los públicos- en las que se reproducía la amenaza de expulsarlo del país. Con el acompañamiento de la Correpi y el CELS, Baran exigió conocer qué información sobre él había sido acopiada por las autoridades y qué había ocurrido en su trámite migratorio. Hasta el día de hoy, el Estado se niega a informarlo.
En los últimos días, se agravó la situación de las personas migrantes frente al accionar arbitrario de las autoridades policiales de la Ciudad. El Fiscal General a cargo del Ministerio Público Fiscal, Luis Cevasco, dictó una Resolución que obliga a los fiscales a comunicar a la Dirección Nacional de Migraciones cuando una persona extranjera es citada a declarar como acusada de un delito, con el fin de que se la expulse del país. En esos casos, el o la migrante podrá “optar” entre aceptar la expulsión o seguir el proceso penal. Si esta Resolución hubiera estado vigente en octubre, los detenidos extranjeros hubieran estado frente a esa “opción”, aunque en ese momento no hubiera existido evidencia sobre su participación en supuestos hechos de violencia y aunque meses después la investigación se archivara.

Esta página ha sido visitada
veces