Comunicadores del Sur

17.04.2026

Los consorcios de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires atraviesan un momento de alta tensión financiera. La morosidad en el pago de las expensas ya alcanza al 17% de los departamentos, según el más reciente relevamiento de la plataforma Consorcio Abierto, que analiza la situación de 13.000 edificios. Esto implica que, en ambos distritos, casi uno de cada cinco propietarios o inquilinos no está al día con sus obligaciones mensuales, una cifra que, lejos de reducirse, se ha mantenido inalterable a lo largo de todo 2025, revelando la profundidad de un problema que muchos administradores ya califican como de carácter estructural.

La fotografía actual, sin embargo, podría ser incluso más preocupante si se consideran los números de meses anteriores. Durante febrero, diversos medios reportaron un salto en el índice de incumplimiento, que pasó del 17% al 19% en apenas treinta días, consolidando una tendencia creciente impulsada por la pérdida de poder adquisitivo y el aumento sostenido de los costos de mantenimiento. “No hay un salto significativo, pero sí una persistencia que empieza a ser estructural”, advirtió Albano Laiuppa, director de ConsorcioAbierto, al analizar los datos. El especialista graficó la situación señalando que, cuando la mora crece, el consorcio deja de ser una simple administración de gastos para convertirse en un sistema de financiamiento forzado: quienes pagan a término terminan sosteniendo el funcionamiento del edificio mientras los deudores regularizan su situación.

El peso de la deuda recae de manera desigual sobre los hombros de los propietarios, y se agrava por la diferencia en las tasas de interés que cobran los consorcios por los pagos fuera de término. Mientras que en la Ciudad de Buenos Aires los intereses por mora promedian el 4,8% mensual, en la provincia de Buenos Aires el porcentaje se eleva al 6,1%, un castigo adicional que refleja las distintas realidades económicas de ambos territorios pero que, en todos los casos, suma presión a quienes ya enfrentan dificultades para llegar a fin de mes.

Las expensas, por su parte, no dan tregua. En marzo, el valor promedio en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó los $326.183, lo que representa un incremento interanual del 36%. En la provincia de Buenos Aires, la suba fue aún más pronunciada, con un alza del 44,3% que dejó el promedio en $160.921. Laiuppa explicó que, aunque los aumentos mensuales empiezan a moderarse, los niveles siguen siendo altos y la dinámica ha cambiado: “Esto es relevante porque le da mayor previsibilidad a la gestión, aunque no resuelve el problema de fondo: el costo de mantener un consorcio sigue siendo alto”. El directivo aclaró además que las expensas no se mueven en línea recta con la inflación —que en marzo fue del 3,4%—, ya que su comportamiento está más vinculado a la estructura interna de cada edificio y a sus propios calendarios de ajustes, como los aumentos salariales de los encargados o la renovación de contratos de servicios.

El desglose de los gastos revela por qué los consorcios tienen tan poco margen de maniobra. En la Ciudad de Buenos Aires, el pago de personal y sueldos representa el 33% del total de las expensas, un porcentaje que se eleva al 35% en los edificios pequeños y se reduce al 16% en las grandes torres, donde las economías de escala alivian la carga. Los gastos operativos y de mantenimiento ocupan el segundo lugar, con un 28% del presupuesto, aunque en los edificios de gran porte este rubro puede escalar hasta el 53% debido a la contratación de servicios como limpieza, seguridad y mantenimiento intensivo. Los servicios públicos se mantienen estables, con una incidencia que oscila entre el 13% y el 15%, mientras que los gastos administrativos, bancarios e impositivos absorben otro 14% del total, un porcentaje que se diluye al 8% en los consorcios más grandes gracias a la distribución de costos fijos como honorarios y seguros.

La persistencia de la mora en niveles elevados y la falta de señales de mejora significativa en los distintos distritos encienden una alerta que va más allá de lo económico. Como advirtió el director de ConsorcioAbierto, la morosidad no es solo un problema de pago individual. Cuando se sostiene en el tiempo, el consorcio se ve obligado a financiarse internamente entre vecinos, generando más presión sobre quienes están al día y poniendo en riesgo la convivencia y el mantenimiento básico de los edificios.

16.04.2026

La tranquilidad de la jornada escolar se vio interrumpida esta semana tras el descubrimiento de mensajes amenazantes en instituciones educativas de la Ciudad de Buenos Aires. El primer foco de conflicto se detectó en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, donde un grafiti en una de las paredes vaticinaba un ataque armado para el jueves 16 de abril. El texto, que mencionaba explícitamente la intención de generar un tiroteo, fue fotografiado y difundido rápidamente a través de grupos de mensajería de padres y estudiantes, provocando un clima de incertidumbre institucional. Ante la gravedad del hecho, la dirección del colegio, dependiente de la Universidad de Buenos Aires, emitió un comunicado oficial manifestando su más firme repudio a cualquier expresión que fomente la violencia o la discriminación, buscando llevar calma a las familias.

Simultáneamente, una situación de similares características tuvo lugar en el barrio de Liniers. En el Instituto Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield, perteneciente al club homónimo, aparecieron inscripciones en el sector de los baños que advertían sobre una presunta masacre programada para el jueves 16 de abril. Los mensajes no solo hacían referencia a un posible tiroteo, sino que incluían acusaciones directas contra la institución por supuestos casos de acoso escolar, advirtiendo de forma lúgubre que el establecimiento se transformaría en una morgue. Las autoridades del club y del colegio procedieron a identificar a los responsables a través del sistema de cámaras de seguridad, logrando detectar a los jóvenes involucrados, quienes fueron citados junto a sus tutores legales para abordar la situación.

Estos episodios no se limitan únicamente al ámbito porteño. Recientemente, se han registrado situaciones análogas en la Escuela 4-143 El Algarrobal en la provincia de Mendoza, donde la aparición de textos intimidatorios en los sanitarios obligó a la intervención de la Policía Científica y la activación de protocolos de emergencia. La recurrencia de estas amenazas bajo una estética similar, mensajes escritos en espacios comunes de difícil vigilancia, ha puesto en alerta a las fuerzas de seguridad y a los ministerios de educación, que trabajan en distinguir entre actos de vandalismo adolescente y riesgos reales de seguridad pública.

De cara al futuro inmediato, las instituciones afectadas enfrentan el desafío de reforzar sus mecanismos de prevención y contención psicológica para evitar el efecto contagio. Mientras el Carlos Pellegrini y el Instituto Vélez Sarsfield intentan normalizar sus actividades académicas, las autoridades judiciales continúan analizando las pruebas recolectadas para determinar si existe una coordinación detrás de estas intimidaciones o si se trata de incidentes aislados potenciados por la exposición en redes sociales. La comunidad educativa permanece expectante ante el cumplimiento de las fechas mencionadas en los mensajes, con la mirada puesta en garantizar la integridad física de los alumnos y el personal.

15.04.2026

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comenzó a aplicar una reducción significativa en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos que ya impacta en miles de trabajadores independientes no profesionales y que, en su alcance total, beneficiará a unos 140 mil contribuyentes.

La medida fue impulsada por el jefe de Gobierno Jorge Macri y aprobada por la Legislatura porteña. A partir de su implementación por parte de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, quienes tributan bajo el Régimen Simplificado y prestan servicios de manera independiente acceden a bonificaciones según su categoría.

En concreto, los contribuyentes de las categorías más bajas (A, B y C) dejan de pagar completamente el impuesto, mientras que quienes se ubican entre las categorías D y H reciben una reducción del 75%. Entre los alcanzados se encuentran oficios como peluquería, mecánica, fotografía, entrenamiento físico, estética y edición, entre otros.

Actualmente, unas 47 mil personas ya acceden al beneficio: 35 mil quedaron exentas del tributo, mientras que otras 12 mil abonan solo una parte. Para el resto del universo previsto, estimado en más de 90 mil contribuyentes, será necesario regularizar su situación fiscal para poder incorporarse al esquema.

Desde la administración porteña indicaron que la bonificación se aplica de manera automática, siempre que el contribuyente no registre deudas y su actividad esté comprendida dentro de las prestaciones de servicios. En caso contrario, podrán adherir a la moratoria vigente —con plazo hasta el 30 de abril— que permite saldar obligaciones en cuotas y con descuentos.

La iniciativa se enmarca en un paquete más amplio de reformas orientadas a aliviar la carga tributaria y simplificar trámites. Entre ellas se destacan la devolución acelerada de saldos a favor —con reintegros en pocos días—, la exención total del ABL para jubilados y pensionados, la posibilidad de compensar impuestos entre sí y la unificación del régimen local con el monotributo nacional para facilitar gestiones.

Según destacaron desde el Ejecutivo porteño, el objetivo es reducir la presión impositiva sobre quienes trabajan de manera independiente y fomentar la actividad económica en la Ciudad.

14.04.2026

El decreto de “Prioridad porteña” firmado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, abrió un fuerte cruce con la provincia de Buenos Aires, que salió a cuestionar la medida por considerar que discrimina a los bonaerenses.

La iniciativa, oficializada a través del Decreto 142/26 como había adelantado Pura Ciudad, establece que los residentes de la Ciudad tendrán prioridad al momento de acceder a turnos, vacantes y otros servicios en dependencias públicas porteñas. Según el Ejecutivo local, se trata de una ampliación de un criterio que ya regía en el sistema de salud.

Desde el Gobierno porteño sostuvieron que la medida “no suprime ni restringe el acceso a los servicios”, sino que “establece un orden de atención en el marco de la gestión administrativa, con criterios de razonabilidad y proporcionalidad”, priorizando a quienes viven y tributan en la Ciudad. Además, aclararon que no se aplicará en casos de urgencias sanitarias, donde la atención seguirá siendo inmediata y sin distinción.

Al defender la decisión, Macri afirmó: “Firmé un decreto para darle fuerza legal a una política que ya aplicamos en salud: prioridad para los porteños. Desde ahora, cada área y cada servicio del Gobierno de la Ciudad va a funcionar con ese criterio”.

La respuesta desde la provincia no tardó en llegar. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, cuestionó con dureza la medida y la calificó como “fascista, demagoga y de fortaleza con los débiles”.

En esa línea, el funcionario de la gestión de Axel Kicillof advirtió sobre la interdependencia entre ambas jurisdicciones y puso como ejemplo la disposición final de residuos: “Tendrá que buscar adónde disponer sus residuos”, lanzó.

Bianco recordó que desde 1977 la Ciudad no realiza la disposición final de sus desechos en su propio territorio y que estos son tratados en predios ubicados en la provincia, como el complejo Norte III del CEAMSE, en el partido de San Martín. “No se le cobra un pasivo ambiental a la Ciudad y eso amerita una valorización”, planteó, al tiempo que se preguntó cuánto dejó de percibir la provincia por ese rol.

El ministro también cuestionó el impacto territorial de esa dinámica: “Gran parte de esos residuos han impedido que terrenos productivos puedan ser utilizados para otros fines”, sostuvo, y contrastó que esa situación permitió la valorización de tierras en la Ciudad.

Mientras tanto, desde el Gobierno porteño remarcaron que la medida apunta a “ordenar y cuidar” los recursos públicos, en un contexto en el que, según datos oficiales, solo en 2025 el sistema de salud realizó más de 30 millones de prestaciones.

El decreto también establece que la Jefatura de Gabinete coordinará su implementación en todas las áreas del Gobierno, con el objetivo de aplicar de manera uniforme el criterio de prioridad para residentes en los distintos servicios estatales.

13.04.2026

Todo parece ser una carrera por ver quién se queda con un electorado en disputa entre el PRO y La Libertad Avanza sobre el que –hay que decir- viene ganando LLA. Jorge Macri anunció que se terminan los planes sociales en la Ciudad y que serán reemplazados por un programa de capacitación. Se trata de un anuncio similar al que hizo un tiempo antes Sandra Pettovello, la ministra de Desarrollo Humano nacional que terminó con uno de los grandes programas que quedaban (y que tenía un monto congelado y desactualizadísimo), para reemplazarlo por jornadas de capacitación de McDonalds o en pintar paredes. Ahora Jorge Macri busca copiar el mismo libreto, lo cual dio lugar a burlas por parte de LLA.

Fue el caso de Pilar Ramirez, que apenas vio el tuit de Jorge Macri, lo gastó: “No nos equivocamos cuando decimos que Milei es el presidente que más hizo por los porteños. Sino, miren a Jorge Macri: aplica las políticas del Gobierno nacional y hasta escribe como libertario. Ojalá también acompañe la Ley Bases, la adhesión al RIGI y al RIMI en la Ciudad. PD: Siempre tenemos lista la ficha de afiliación.” La lugarteniente de Karina Milei en la Ciudad opera sobre la base de que entre el original y la copia, los votantes se van a quedar con el original, como ocurrió en mayo del año pasado.

¿Qué había escrito Jorge Macri, que “hasta escribe como libertario”?: “Se terminó el negocio de los gerentes de la pobreza. Chau intermediarios. Chau planes manejados por organizaciones. En la Ciudad ahora la ayuda es directa, temporal y con una condición indispensable: capacitarse y trabajar. La única salida es el trabajo”. Ese fue el planteo, siempre en el mismo tono de sospecha sobre los pobres

¿Cómo es el programa que anunciaron? Lo presentaron como un nuevo programa de empleo basado en la capacitación obligatoria y la inserción laboral. La medida, formalizada mediante un decreto, alcanzará a aproximadamente 5.000 personas desempleadas.

Ese nuevo esquema establece un período de transición de hasta 12 meses durante el cual los beneficiarios deberán participar en programas de formación y vinculación con el mercado laboral. Lo que se busca es la “autonomía económica” de las personas, lo cual es un norte en el que todos podemos coincidir, pero claro, ahí empiezan los problemas: para que puedan trabajar primero tiene que haber trabajo, y lo que está ocurriendo es que están cerrando empresas y se están destruyendo puestos de trabajo. ¿En serio creen –tanto Nación como Ciudad- que este es el momento para destruir también cualquier tipo de asistencia social?
Como diría la Bersuit, se viene el estallido.

“La medida busca dejar atrás 20 años de políticas asistencialistas que no mejoraban la vida cotidiana y no llegaba en todos los casos a quienes realmente lo necesitan, y representa el fin de los intermediarios y del negocio de los gerentes de la pobreza”, anunció el Gobierno porteño en una comunicación a la que le faltan detalles como se capacitarán, donde, y cual
será la salida laboral que les darán.

La única pista que dan es que habrá una “articulación con el sector privado para brindar prácticas formativas y facilitar la inserción laboral: se suman empresas de servicios, salud, hotelería y mantenimiento como Hilton, Limpiolux, Farmacity y Trasa, además de cámaras empresariales y universidades”. Esas empresas, ¿luego les darán trabajo? ¿O es como en el caso de Pettovello una capacitación que luego les permite deducir impuestos y las personas siguen luego desempleadas?

Se trata, por el momento, de una medida orientada a disputarle la agenda a LLA pero cuya efectividad, por ahora, me resulta dudosa.