Comunicadores del Sur

18.05.2026

El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N.º 5 de la Ciudad de Buenos Aires convocó, mediante el Oficio Judicial N° 22646368/GCABA-PG/26, a ciudadanos, organizaciones y posibles interesados a presentarse en un amparo ambiental colectivo que cuestiona la construcción de un estacionamiento subterráneo en la Plaza Inmigrantes de Armenia, ubicada en el barrio de Palermo (Comuna 14).

Es en el marco de una licitación pública del Gobierno porteño para construir estacionamientos subterráneos en: Parque España, en Barracas (Comuna 4); un predio en la intersección de Lavardén y Los Patos, en Parque Patricios (Comuna 4); la Plaza Inmigrantes de Armenia, en Palermo (Comuna 14); el Parque de la Innovación, en Núñez (Comuna 13); y la Plaza Noruega, en Belgrano (Comuna 13).

La convocatoria fue publicada mediante un edicto judicial que otorga un plazo de diez días para que quienes tengan interés en el resultado del litigio se presenten en el expediente, constituyan domicilio y aporten argumentos propios. El proceso se encuentra en una etapa inicial.

La causa fue iniciada por la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, encabezada por Jonatan Emanuel Baldiviezo, junto con la Fundación Ciudad, representada por Andreina Ermelinda María Conso De Luca, contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En la demanda, las organizaciones solicitan que se declare la inconstitucionalidad de una parte de la normativa que habilitó el proyecto, así como la nulidad del proceso licitatorio y de distintos actos administrativos vinculados a la concesión para la construcción del estacionamiento.

Además, piden que se ordene la paralización de cualquier obra o excavación en el predio. En caso de que los trabajos ya hayan comenzado, reclaman la recomposición ambiental del espacio verde, con suelo absorbente y uso público.

El juzgado aclaró que solo se admitirán presentaciones que aporten fundamentos nuevos y relevantes para el caso, con el objetivo de contribuir al análisis judicial antes de que avance el proceso.

El proyecto de estacionamiento en Plaza Armenia ha generado debate en torno al uso del espacio público y el impacto ambiental de las obras en áreas verdes urbanas. La resolución del amparo podría definir el futuro de la iniciativa impulsada por el Ejecutivo porteño.

15.05.2026

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires oficializó la nueva reglamentación del régimen de boleto educativo mediante el Decreto 183/26, que actualiza las condiciones de acceso, uso y control del beneficio en línea con las modificaciones introducidas por la Ley 6.770. La medida designa al Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires como nueva autoridad de aplicación y deroga la normativa anterior vigente desde 2017.

El decreto, firmado por el jefe de Gobierno Jorge Macri, establece una nueva reglamentación de la Ley 5.656, que regula el acceso al beneficio para estudiantes del sistema educativo porteño y amplía el alcance del esquema de transporte subsidiado.

Según la normativa, el boleto educativo será válido en toda la red de subterráneos y Premetro, así como en las líneas de colectivos que circulan dentro del territorio de la Ciudad, tanto de carácter local como interjurisdiccional. El beneficio continúa destinado a estudiantes de nivel inicial, primario, secundario, educación especial y terminalidad educativa, con un tope máximo de 50 viajes mensuales y hasta 4 por día.

Uno de los cambios centrales es la incorporación de criterios socioeconómicos para determinados beneficiarios. En esos casos, los estudiantes deberán acreditar pertenecer a hogares en situación de pobreza, clase media vulnerable o frágil, de acuerdo a los indicadores elaborados por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires. Además, se exigirá la presentación de una declaración jurada con datos sobre ingresos, domicilio, establecimiento educativo y modalidad de cursada.

La reglamentación también establece que los estudiantes deberán acreditar su condición de alumno regular y tener domicilio en la Ciudad de Buenos Aires. Para los menores de 12 años, se prevé un boleto con descuento del 55% para un acompañante adulto, que deberá ser debidamente registrado.

El trámite para acceder al beneficio será a solicitud del interesado —o de sus responsables en caso de menores— y se realizará a través de plataformas digitales que determine la autoridad de aplicación, con posibilidad de instancias presenciales. Asimismo, se habilita el uso de sistemas interoperables, como tarjetas o billeteras virtuales, para la instrumentación del boleto.

El nuevo esquema incorpora mecanismos de control más estrictos. La autoridad podrá verificar la información declarada mediante cruces de datos con organismos públicos y privados, y los beneficiarios deberán informar cualquier cambio en su situación académica, domicilio o condición socioeconómica. El incumplimiento de estas obligaciones podrá derivar en la suspensión o baja del beneficio.

Entre las causales de pérdida del boleto se incluyen la falta de regularidad escolar, el cambio de domicilio fuera de la Ciudad, la mejora en la situación económica o el uso indebido del beneficio. En estos casos, el usuario podrá quedar inhabilitado para volver a solicitarlo durante un plazo de seis meses.

El decreto también tipifica como uso indebido la cesión, transferencia o utilización por terceros del beneficio, y habilita al Gobierno a iniciar acciones administrativas o judiciales en casos de fraude, en línea con lo previsto en el Código Penal.

Finalmente, la norma faculta al Ministerio de Movilidad e Infraestructura a dictar disposiciones complementarias para la implementación del sistema y establece que cualquier medida con impacto presupuestario deberá contar con la intervención previa del Ministerio de Hacienda y Finanzas.

14.05.2026

La Policía de la Ciudad llevó adelante este jueves por la tarde la Operación “Tormenta Negra”, un despliegue simultáneo de seguridad en 15 villas y barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires que involucra a más de 1.500 efectivos y distintas áreas del Gobierno porteño. Según información oficial preliminar, hasta las 21 horas se registraron 20 personas detenidas con pedidos de captura, casos de tenencia de drogas, armas y vehículos con requerimientos de secuestro.

El operativo comenzó alrededor de las 19 horas y se desarrolla en coordinación con la Justicia. Incluye controles de tránsito y de personas, inspecciones de comercios, remoción de vehículos abandonados, desmantelamiento de “ranchadas” y verificación de actividades en locales vinculados a la venta de celulares y servicios de salud, entre otros rubros.

Las acciones se desplegaron de manera simultánea en barrios como la villa 31 de Retiro (Comuna 1) 1-11-14 del Bajo Flores (Comuna 7), 21-24 y Zavaleta de Barracas (Comuna 4), Ciudad Oculta, Villa 20 (Comuna 8), Fraga, La Carbonilla (Comuna 15), Rodrigo Bueno (Comuna 1), Los Piletones, Fátima, Ramón Carrillo, INTA-Bermejo, Padre Mujica, Cildañez (Comuna 8) y Barrio Mitre de Saavedra (Comuna 12).

En el operativo intervinieron agentes de Orden Urbano, Pacificación Barrial, Seguridad Comunal e Investigaciones, brigadas antidrogas y de sustracción de automotores, además de unidades especiales como perros K9, drones, escuadrón antibombas y helicópteros. También participan áreas del Programa de Descontaminación, la Agencia Gubernamental de Control, Espacio Público, Agentes de Tránsito y equipos del SAME.

El Gobierno porteño enmarca el despliegue dentro de un plan de “ordenamiento del espacio público” que, según sostiene, busca garantizar reglas comunes en toda la Ciudad y reforzar la seguridad en barrios populares.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, supervisó el operativo desde el Centro de Monitoreo Urbano (CMU) del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) y luego se trasladó a la Villa 31. “Nunca antes hubo un operativo como este, coordinado como nunca antes. Tiene un solo objetivo: proteger el estilo de vida de la Ciudad de Buenos Aires”, afirmó.

En el mismo sentido, sostuvo que no se permitirá “la instalación de la inseguridad ni el narcomenudeo” y remarcó que el Gobierno continuará con acciones contra comercios ilegales, venta de celulares robados y ocupación del espacio público. En otro tramo, advirtió que quienes cometan delitos serán detenidos y, en el caso de extranjeros, se evaluará su expulsión del país.

Entre las acciones recientes vinculadas a este tipo de operativos, el Ejecutivo porteño informó la clausura de cuatro presuntos búnkers de drogas en villas Zavaleta, Fraga, Barrio 15 y la 31, donde se realizaron detenciones de ciudadanos extranjeros.

El despliegue también contempla tareas de limpieza urbana, retiro de autos abandonados y compactación de vehículos, además de inspecciones en chatarrerías y control de ocupaciones informales.

En paralelo, el Gobierno porteño destacó la continuidad de operativos contra manteros, trapitos y usurpaciones, así como la recuperación de propiedades y espacios públicos en distintos barrios de la Ciudad.

Sin embargo, la intervención generó críticas desde sectores de la oposición. La legisladora del Frente de Izquierda, Vanina Biasi, cuestionó el operativo al señalar que “con el discurso de perseguir narcos están arrasando con comercios, puestos y viviendas”, y calificó la acción como “un ataque de gravedad” que, según expresó, afecta a vendedores ambulantes y población migrante, entre otros sectores.

13.05.2026

El allanamiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada en la esquina de Bahía Blanca y Arregui, donde funcionaba un taller clandestino que ya había sido clausurado en el pasado. En el lugar se encontraron 11 adultos y 7 menores de edad, varios de ellos extranjeros, que vivían encerrados y trabajaban bajo la modalidad conocida como “cama caliente”, compartiendo camas en turnos y sin acceso a llaves para entrar o salir.

La medida fue ordenada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 11, a cargo del juez Ariel Lijo, y ejecutada por la División Trata de Personas de la Policía de la Ciudad. También participaron la Agencia Gubernamental de Control, Migraciones y equipos de asistencia a las víctimas. Según fuentes oficiales, el lugar operaba en condiciones insalubres y se investiga si se trataba de un caso de trata laboral.

Las personas rescatadas fueron trasladadas para recibir atención médica y acompañamiento social. Las autoridades buscan determinar las responsabilidades de quienes organizaban la explotación y garantizar que las víctimas puedan acceder a programas de protección.

Este operativo se suma a otros realizados en distintos barrios porteños, que han puesto en evidencia la magnitud del problema de los talleres clandestinos en la Ciudad de Buenos Aires. La situación reabre el debate sobre la necesidad de reforzar los controles y políticas públicas para erradicar estas prácticas que vulneran derechos fundamentales y persisten pese a las clausuras previas.

12.05.2026

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, confirmó este miércoles que su gestión avanzará con el proceso de licitación para el gerenciamiento operativo de los medios públicos porteños, en medio de cuestionamientos judiciales y objeciones del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

“Vamos a avanzar con la licitación del gerenciamiento operativo de la TV y Radio de la Ciudad. No es momento para financiar con los impuestos de los porteños algo que puede gestionar el sector privado sin costarle un peso a los vecinos”, expresó el mandatario en sus redes sociales.

La iniciativa impulsada por la administración porteña contempla la concesión por cinco años de Canal de la Ciudad, AM 1110 La Once Diez y FM 92.7 La 2×4, mediante un esquema de gestión privada a cambio de un canon millonario. El Gobierno sostiene que el objetivo es modernizar y profesionalizar el funcionamiento de los medios sin afectar su rol cultural y de servicio público.

Sin embargo, el proceso abrió un fuerte conflicto político y judicial. El Ente Nacional de Comunicaciones advirtió ante la Justicia que la concesión “colisiona” con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, particularmente con el principio de “indelegabilidad” de las licencias audiovisuales. Según el organismo, la explotación de las señales debe ser realizada directamente por su titular y no transferida a privados.

La presentación del ENACOM fue incorporada a una causa judicial que tramita en el fuero contencioso administrativo federal, donde trabajadores de los medios públicos reclaman una cautelar para frenar la licitación. Los sindicatos y empleados denuncian que la medida constituye una “privatización encubierta” y advierten sobre posibles riesgos para la continuidad laboral y el acceso público a contenidos culturales e informativos.