Comunicadores del Sur

22.5.2013

Fue en el marco de una audiencia de conciliación por el conflicto por 5.187 hectáreas de tierra en las que vive la comunidad indígena La Primavera. El gobernador no participó.

Ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se llevó a cabo una audiencia de conciliación entre el gobierno de Formosa y representantes de la comunidad aborigen Qom. Es en el marco del conflicto por 5.187 hectáreas donde vive el grupo indígena, 609 de las cuales quiere la provincia norteña para construir una universidad y otras 300 que ha reivindicado Parques Nacionales.

El gobierno de Formosa, la dirección de Parques Nacionales y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) se comprometieron a acelerar los tiempos para los estudios técnicos para delimitar los territorios sobre los que los Qom reclaman sus derechos ancestrales y sobre los cuales se discutirán los derechos. Debería haberse a fines del año pasado, lo que trabó el proceso judicial.

Durante la audiencia de conciliación realizada en el despacho del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, Félix Díaz, cacique de la comunidad qom La Primavera, pidió a la presidente Cristina Kirchner que "aporte también su grano de arena para destrabar este conflicto”.

La semana pasada, el máximo tribunal había convocado a ambas partes a la reunión, en la que se esperaba la participación del gobernador Gildo Insfrán. Sin embargo, el mandatario no asistió al encuentro.

Los tres ministros de la Corte presentes en la audiencia, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, además de Lorenzetti, tomaron nota de la ausencia y si bien no lo expresaron durante la audiencia, coincidieron en que se trató de una "muestra de claro desinterés".

La primera parte de la reunión se centró en las denuncias de episodios violentos contra la comunidad La Primavera, que para el Estado formoseño es culpa de la “mediatización”, lo que fue rechazado por los magistrados. De hecho, la Corte recordó que ya tiene estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que mereció la preocupación de organismos de derechos humanos.

Sin la presencia de Insfrán, se realizó audiencia por conflicto Qom
 

Funcionarios del gobierno de la provincia de Formosa e integrantes de la comunidad qom "Potae Napocna Nabogoh-La Primavera" acordaron acelerar la elaboración de "informes técnicos" que permitan ir avanzando en el marco del conflicto que mantienen por los reclamos de tierras ancestrales.

Así lo resolvieron durante una audiencia de conciliación que mantuvieron en virtud de una orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que interviene en el conflicto como una suerte de "árbitro" o "mediador" ya que aún no se declaró la competencia del tribunal que deberá analizar las posiciones de ambas partes.

Fuentes que participaron de la audiencia aludieron a la "situación social muy complicada" por lo que instaron a "bajar la intensidad de los conflictos y acelerar los trámites de conciliación", al tiempo que calificaron como "positivo" el encuentro.

El cacique de la comunidad qom Félix Díaz, presidente de la comunidad La Primavera, su esposa Amanda Asijak, el vicepresidente Laureano Sanagachi; Rafael Justo, Integrante de la Comisión de Ancianos de la Comunidad Qom y Cristino Sanabria, titular de la "Asociación Civil Comunidad Aborigen La Primavera", estuvieron de parte de los reclamantes.

Por su parte el gobierno formoseño estuvo representado por el ministro de gobierno, justicia, seguridad y trabajo, Jorge Abel González; la fiscal de Estado Estella Maris Zabala de Copes; Rodrigo Vera, ministro secretario general del Poder Ejecutivo, Laura Granada, directora del Instituto Provincial de la Vivienda y Juan Esteban Ferrando. No asistió el gobernador, Gildo Insfrán.

También participaron de la audiencia Daniel Fernández, presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Antonio Dell`Elce de la Dirección de Tierras y Registro Nacional de Comunidades Indígenas, miembros de la Administración de Parques Nacionales y representantes de la Universidad Nacional de Formosa.

Esta audiencia fue la segunda convocada por la Corte ya que, en marzo de 2012 se realizó un encuentro entre las partes, casi un año y medio después del agravamiento del conflicto tras los episodios de violencia entre la policía provincial e integrantes de la comunidad Navogoh el 23 de diciembre de 2010, cuando murieron el indígena Roberto López y el agente policial Heber Falcón.

El reclamo de la comunidad apunta a lograr que el gobierno provincial se abstenga de llevar a cabo desmontes en la colonia La Primavera y que se retire de un predio de 609 hectáreas que pretenden ser destinadas a la instalación de un instituto universitario.

20. 05. 2013

COMUNICADO DE PRENSA

CONFERENCIA DE PRENSA

EN LA LEGISLATURA PORTEÑA

MIERCOLES 22 DE MAYO 12 HS.

En nombre y representación de la  Junta Interna de la Dirección General de Estadística y Censos (DGEyC) de la ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO (ATE),  comunicamos a los medios de prensa y a la comunidad en general lo siguiente:

Ante el despido de nuestra delegada general Tamara Lescano, convocamos a todos los medios de comunicación, legisladores, diputados, organismos de DDHH y organizaciones políticas y sociales, a la conferencia de prensa que realizaremos en la legislatura porteña el día 22 de mayo a las 12 hs. para denunciar la persecución sindical hacia los trabajadores que lleva adelante el macrismo.

El Ministerio de Modernización del GCBA, creado en noviembre de 2011, realizó 22 pedidos de impugnación a juntas internas y delegados del sindicato ATE. El macrismo desconoce a los delegados electos la tutela sindical, violando la ley 23.551 de asociaciones sindicales, persiguiendo, sancionando, descontando salarios y hasta despidiendo delegados.

El Lic. José María Donati, director de la DGEyC, deja sin trabajo, sin fuente de ingresos a nuestra compañera y delegada Tamara Lescano, con el argumento de cumplirse un año desde que ingresó por concurso público y abierto, en base a una evaluación mentirosa e ilegítima, sin derecho a réplica y descargo ni veeduría de ningún tipo, que realiza la Subdirectora de este organismo Mg. Nora Zuloaga.

Claramente las autoridades no quieren que en Estadística y Censos sigan trabajando compañeros que, como Tamara, no se conforman con obtener mejoras en las condiciones laborales solo para algunos, sino que libres de egoísmos deciden organizarse y luchar para que ningún compañero de la Dirección continúe desarrollando sus tareas en condiciones de precarización laboral. 

Desde la Junta Interna de ATE repudiamos enérgicamente este hecho, que no es sino una escalada más en el plan de persecución sindical sistemática del que hemos sido objeto por parte de la actual gestión a cargo principalmente del Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, pero llevada adelante también por el Ministro de Hacienda Nestor Grindetti, y Carlos Walter Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos, donde pertenece la DGEyC. José María Donati es el responsable local de llevar esta política en Estadística, como hemos denunciado reiteradas veces. 

Sabemos que este ataque no es contra una persona particular, sino que claramente es un ataque al conjunto de los trabajadores, en tanto trabajadores organizados y con VOZ.  Pretenden que dejemos de exigir el PASE A PLANTA PERMANENTE de todos los compañeros contratados. Pretenden que dejemos de difundir los números del presupuesto, en donde demostramos que la DGEyC tiene un volumen presupuestado muy importante, mientras siguen manteniendo, al día de hoy, trabajadores que tienen que vivir con sueldos netos de $2100. Pretenden que no digamos que en esta Dirección se contratan encuestadores que trabajan a destajo, que no se les pagan las capacitaciones, ni los viáticos, ni los días de lluvias, ni de enfermedad. Pretenden que no analicemos los sueldos que cobramos y que no nos fijemos en su relación con la Canasta que la propia Dirección difunde.

Esto no solo lo sufrimos en la Dirección Gral. de Estadística y Censos, sino que también lo vemos cuando desplazan de su lugar de trabajo a toda la junta interna del BAP, en el Ministerio de Desarrollo Social, como en el juicio de desafuero con el posterior despido de un delegado del Teatro Colon. Con el reciente despido de Hugo Reyner, trabajador precarizado y delegado de la Subsecretaría de Protección al Trabajo del GCBA, con quienes y junto al sindicato,  movilizaremos el próximo 23 de Mayo desde el Ministerio de Modernización al Ministerio de Trabajo de la Nación para repudiar las impugnaciones y los despidos.

Queremos dejar en claro que no vamos a parar hasta reincorporar en su puesto de trabajo a nuestra delegada y compañera Tamara Lescano, como tampoco vamos a dejar de defender nuestros derechos y los derechos de todos los trabajadores de la DGEyC.

·  ¡REINCORPORACIÓN DE NUESTRA DELEGADA GENERAL TAMARA LESCANO YA!

·  ¡LIBERTAD Y PLURALIDAD SINDICAL!

·  ¡PASE A PLANTA PERMANENTE DE TODOS LOS CONTRATADOS SIN CONCURSO!

·  ¡SALARIO MINIMO IGUAL A LA CANASTA FAMILIAR DE $ 7000!

20. 05. 2013

Comunicado de prensa

Mañana martes, 8 horas, en Piedras 1065

La Central de Trabajadores de la Argentina convoca a una conferencia de prensa para mañana martes 21 de mayo, a las 8 horas, en su sede nacional, sita en la calle Piedras 1065. Allí, el secretario general de la Junta Interna de Talleres Protegidos -y a la vez Secretario Adjunto de la CTA- Marcelo “Nono” Frondizi informará acerca del sumario que el macrismo le inició a siete trabajadores del Hospital Borda.

Luego de la represión por parte de la Policía Metropolitana, la Dirección de Sumarios de la ciudad de Buenos Aires citó a siete trabajadores, entre ellos Marcelo Frondizi. Esta acción, sumada al descuento de haberes a los trabajadores por parte del gobierno porteño, inicia el camino hacia dejarlos cesantes.

En la conferencia de prensa estará además de Frondizi, el secretario general de la CTA, Hugo Yasky, trabajadores del Borda y otros miembros de la conducción nacional de la CTA.

Secretaría de Comunicación y Difusión
Central de los Trabajadores de la Argentina

por Claudia Neira

19.5.2013

Cuando Juan Perón se entrevistó en 1945 con Spruille Braden, embajador de los Estados Unidos, este último le solicitó que entregara las empresas alemanas nacionalizadas a capitales norteamericanos. A cambio, le prometió la gracia de las redacciones periodísticas de la Argentina y del mundo occidental. Perón le respondió con una frase que se ha eternizado en la conciencia del pueblo Argentino y latinoamericano “A ese precio, prefiero ser el más oscuro y desconocido de los argentinos. Porque no quiero – y disculpen la expresión – llegar a ser popular en otra parte por haber sido un hijo de puta en mi país.” Hoy observamos con preocupación cómo muchos referentes políticos invierten esta ecuación y sucumben a los favores de los grupos concentrados con el deseo de alguna efímera relevancia en los medios monopólicos de comunicación.

Esta semana, el Jefe de Gobierno Mauricio Macri dictó un Decreto de Necesidad de Urgencia donde establece una serie de medidas para proteger la libertad de empresa del Grupo Clarín. El DNU plantea una virtual intangibilidad de las licencias y beneficios para los grupos mediáticos, contradiciendo el principio de “interés público” de los medios de comunicación garantizado en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA). Esto se traduce en la ultraprivatización del espectro, otorgándole a las empresas licenciatarias la potestad para disponer de las mismas a discreción y la garantía de que estas licencias sólo podrán ser transferidas “con la aprobación voluntaria y expresa de sus propietarios”. 

Imaginemos por un momento que esta misma normativa se aplicara a otros servicios, como el transporte, la provisión de luz, gas o agua. Esto significaría para el Estado la pérdida de cualquier potestad para rescindir una concesión sin el consentimiento de la empresa concesionaria. Una aberración que regala soberanía y pondría un acuerdo contractual a la altura de un derecho.

El ingeniero Macri le está entregando al lobo la llave del gallinero. Autogobierno absoluto de los grupos concentrados de medios. Libertad de empresa en vez de libertad de prensa.  Este decreto es una patente de corso para el Grupo Clarín, a quien se le está terminando el plazo para adecuarse a la ley vigente y necesita de una última salida para su salvaguarda.

El DNU 2/2013, de carácter secesionista, pretende poner a la Ciudad de Buenos Aires por fuera del ordenamiento general, negando la aplicación de una Ley Nacional y contradiciendo  el artículo 31 de la Constitución Nacional.

Por otro lado, no se explica ni se sustenta en ninguna tradición del Derecho la creación de un fuero ad-hoc para una actividad profesional específica como se pretende en esta normativa. La creación de una Corte VIP para intervenir en materia de actividades periodística no puede ser otra cosa que el lugar donde se atenderán con prioridad y privilegio los reclamos del Grupo Clarín.

A la hora de proteger los intereses de grupos concentrados el Jefe de Gobierno no se detiene en tibiezas. Con el pretexto de una autoproclamada “urgencia” legisla de manera unilateral y fuerza una votación a libro cerrado en la Legislatura. Sorprende ver a muchos referentes de la oposición al kirchnerismo, que se rasgan las vestiduras democráticas ante cualquier ejercicio de facultades del Ejecutivo Nacional, ir al pie de esta iniciativa del PRO sin matices ni consideración por la investidura de la República ni la independencia de poderes.

Queda claro, entonces, que con este decreto no se está defendiendo ni la autonomía ni la libertad de expresión, sino la subordinación del poder político al poder económico. De esta manera, el PRO confecciona un manto de protección jurídica hecho a la medida de las necesidades del Grupo Clarín.

18.5.2013

“Pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial, es una incógnita, es un desaparecido, no tiene entidad, no está… ni muerto ni vivo, está desaparecido”, esto decía en conferencia de prensa el dictador Jorge Rafael Videla en 1979.  El otrora hombre fuerte de la dictadura genocida que asaltó el poder el 24 de marzo de 1976, dando comienzo a la noche más oscura y sangrienta de la historia argentina, definía así a 30 mil compañeras y compañeros desaparecidos.

En la madrugada de hoy, a los 87 años, preso en una cárcel común, le llego la muerte. Estaba siendo juzgado desde el 5 de febrero por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de la Capital Federal, por crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de la Operación Cóndor.

Presidió de facto el Poder Ejecutivo hasta 1981. Tras la recuperación del Estado de Derecho, en 1985 fue juzgado y condenado a prisión perpetua y destitución del grado militar en el histórico juicio a las Juntas, durante el gobierno de Raúl Alfonsín.

Cumplió sólo cinco años de prisión efectiva ya que en 1990 fue indultado, por Carlos Menem. Comienzan los años de impunidad. En 1998 estuvo detenido apenas unos días en la cárcel de Caseros por el robo de bebés hasta que, por su edad, se le concedió el derecho al arresto domiciliario.

Ante la decisión del Gobierno Nacional en 2003 de promover los juicios por delitos de lesa humanidad y derogadas las leyes de impunidad, fue trasladado a la cárcel de Campo de Mayo. En 2010 fue juzgado en la provincia de Córdoba y el 22 de diciembre se lo sentenció a prisión perpetua a cumplir en una cárcel común.

El 5 de julio de 2012, en otro histórico juicio, lo condenan a cincuenta años de prisión luego de que el Tribunal que lo juzgó lo encontrara culpable del plan sistemático de apropiación de bebés, perpetrado durante la última dictadura cívico militar.

La cara más visible de un plan de exterminio premeditado murió silenciando sus crímenes y sin el más mínimo arrepentimiento. Tendrá un sepulcro, derecho que le negó a 30 mil compañeros y compañeras.

Murió reo, condenado por  la Justicia por algunos de sus innumerables crímenes, resultado de la lucha inclaudicable de los Organismos de Derechos Humanos y de la decisión política de los tres poderes del Estado de hacer realidad las banderas de Memoria, Verdad y Justicia. 

Será responsabilidad de todos nosotros y de las generaciones por  venir que su nombre, se grave para siempre en la memoria colectiva como sinónimo de genocidio, tortura, asesinato, desaparición, apropiación, arrasamiento y muerte.

¡30 mil Compañeros Detenidos-Desaparecidos! ¡Presentes!