Comunicadores del Sur

20.9.2013

“EL MINISTRO BULLRICH ATENTA DESDE HACE AÑOS CONTRA LA ESCUELA PUBLICA Y AHORA LE ECHA LA CULPA A LOS ESTUDIANTES”

La Asociación docente Ademys comunica que nuevamente el ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich descalifica a los estudiantes por la toma de escuelas de nivel secundario, repudiando su forma de peticionar. En realidad  lo que hace es condenar el derecho de los estudiantes a participar en las decisiones sobre la política educativa, en este caso la reforma de las escuelas medias.

Reforma que fue rechazada también por los docentes, ya que representa una caída del nivel educativo. Resistencia docente y estudiantil que obligó al ministro a suspender la reforma hasta el 2015. Y que, a pesar de esta suspensión, Bullrich habilitó la aplicación de pruebas piloto en diversas escuelas, una decisión improvisada, irresponsable y provocativa.

Las verdaderas razones de las tomas de los colegios tienen que ver con el autoritarismo del ministro, la falta de dialogo con los estudiantes y docentes, y una sorprendente irresponsabilidad en su rol como funcionario.

Cabe recordarle al ministro que es el máximo responsable  del sistema educativo de la Ciudad,  en donde se recibe la mitad  de los alumnos que comienza el ciclo secundario, y que la mitad de los que se reciben que “no comprenden textos” (como lo ha declarado) son el producto de su gestión ineficaz que lleva ya siete años.

También es responsable de la falta de maestros y profesores, de las suplencias y horas cátedras que no se cubren debido a los bajos salarios y a la precarización de las condiciones laborales,  de la crisis edilicia que casi provoca la muerte de una docente en la escuela 3 distrito 7, al desprenderse ramas de árboles no podados en tiempo y forma, razón por la cual los padres y docentes de la escuela exigen la renuncia del subsecretario de Gestión Económica Carlos Regazzoni.

Es su gestión como ministro y las políticas del Gobierno que representa, las que están vaciando la escuela pública, no las demandas de los estudiantes. La violencia se sustenta en la falta de reconocimiento del otro, mucho más violento cuando se trata de jóvenes ignorados por los adultos y la autoridad. Sólo un ministro ignorante, como lo es Bullrich, se puede burlar de las banderas políticas de los jóvenes.

 El ministro Bullrich atenta desde hace años contra la escuela pública y ahora le echa la culpa a los estudiantes, fórmula que su Gobierno viene utilizando ante cualquier reclamo social, como el caso de los metrodelegados a los que hace responsable del mal funcionamiento de los subtes. Parece que han descubierto una nueva forma de defender lo privado

19.9.2013

Distintas organizaciones sociales, MTD Aníbal Verón, MRP, MST y la Agrupación clasista LUCHA Y TRABAJAO, junto con organizaciones territoriales de la CTA capital, se encontran en toma, acampe y permanencia pacífica del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de La Ciudad de Buenos Aires exigiendo puestos de trabajo.

Durante el reclamo denunciamos  a la sociedad en general que hemos sido agredidos por civiles no identificados que nos atacaron con palos.

Llegamos a esta instancia después de innumerables intentos de diálogo y movilizaciones, en las que el gobierno a través del ministro Francisco Cabrera, constantemente, empantanó las negociaciones sin dar respuestas claras y concretas a nuestros reclamos.

“Estamos dispuestos y preparados para permanecer el tiempo necesario para que nos escuchen, abran una mesa de diálogo y tengamos respuestas concretas ante nuestra necesidad y exigencia de puestos de trabajo”, declararon.

Contra la Nueva Escuela Secundaria (NES)

La diputada Claudia Neira del Frente Para la Victoria se manifestó al respecto de la implementación de la Nueva Escuela Secundaria y sobre el conflicto que se ha desatado en numerosas escuelas Medias de la Ciudad.

Neira expresó que "nuevamente el macrismo dice una cosa y hace otra. Mientras que públicamente, y luego del conflicto por la NES del año pasado, resolvió formalmente la prórroga; el 30 de Julio, la Directora General de Planeamiento Educativo Mercedes Miguel envía una comunicación a las escuelas habilitando la implementación de la NES con el simple acuerdo con los directivos de cada escuela. Es decir borran con el codo lo que escribieron con la mano"

"Mientras el macrismo dice abrirle la puerta al gran debate sobre las especializaciones, mete por la ventana una resolución para la aplicación unilateral e inconsulta de la NES, acordando de manera particular con las autoridades de algunas escuelas. Casualmente, muchas de estas escuelas son las que sufren grandes problemas de infraestructura. 

La diputada del FPV manifestó que "El PRO habla de 'Debate' pero hace política del hecho consumado".

Neira expresó que "a jóvenes que desde hace un año vienen estudiando y discutiendo las reformas curriculares para la Educación Secundaria, decirles que ahora se están ´tomando unas vacaciones' es totalmente contraproducente si se quiere resolver el conflicto." y agregó que: "Bullrich dice en la radio que 'le cuesta dialogar con lo jóvenes' pero no se da cuenta que arranca subestimando y denigrando."

Neira refirió: "creo que todos los referentes políticos, padres, estudiantes y ciudadanos coincidimos en la necesidad de que se resuelva el conflicto lo antes posible, para que los chicos vuelvan a dormir en sus camas y retomen el ciclo lectivo. No es una tarea difícil, solo requiere una voluntad política que hoy el macrismo parece no tener" y solicitó al Ministro Bullrich "que adopte un diálogo conducente que incluya respeto y entendimiento."

18.9.2013

Una organización no gubernamental denunció por estafa a dos empresas privadas que operan en la Capital Federal con licencia vencida y que acarrean unos 1000 vehículos por día por mal estacionamiento, lo que les genera una ganancia millonaria.

Según la denuncia, por día son llevados unos 1.000 autos, con una recaudación promedio de 350 mil pesos y que mensualmente supera los 10 millones de pesos.

De ese monto, apenas el 1 por ciento llega a la Ciudad para el pago de salarios u obras públicas Años atrás, la Defensoría del Pueblo porteña emitió un dictamen durísimo sobre el denominado acarreo de vehículos de la vía pública por mal estacionamiento, alertando que se realiza transgrediendo las normas y violando el derecho de propiedad de los ciudadanos.

Pero además señaló que el dinero recaudado no ingresa a las arcas del fisco de la Ciudad de Buenos Aires, ya que la remoción callejera forma parte de un sistema ejecutado con licencia vencida hace más de una década por dos empresas privadas que actualmente cobran 350 pesos por devolver a los infractores cada rodado "levantado".

Según informa hoy el Diario Popular, las empresas a cargo del servicio son Dakota SA y BRD SAICFI, que se dividen las tareas en el micro y macrocentro a partir de la calle Viamonte.

En la página oficial del Gobierno de la Ciudad se puede leer que ambas tienen la "licitación vencida" desde 2001, pero reciben polémicas y cuestionadas prórrogas para seguir operando.

La privatización del sistema comenzó en 1990, cuando Carlos Grosso era el intendente.
Según la organización no gubernamental Defendamos Buenos Aires, unos 1.000 autos son levantados por día, estas dos empresas logran recaudar mensualmente unos 10,5 millones de pesos.

El abogado Javier Miglino, titular de la ONG, dijo que "de toda esa plata, que es mucha, las empresas en teoría le abonan a la ciudad, es decir a todos los porteños, nada más que 100 mil pesos por el alquiler de las dos playas donde estacionan los coches hasta que los dueños los retiran. Por lo tanto, ganan 10.4 millones por mes estafando a los ciudadanos".

Consultada por el mismo matutino, la diputada María José Lubertino, miembro de la Comisión de Tránsito y Transporte de la legislatura, expresó que "se trata de un gran negocio de empresarios que lucran con el dinero de la gente, y que se remonta a la época del intendente Grosso, sostenido y ampliado por el gobierno de Mauricio Macri".

"Desde hace años, los legisladores venimos dando pelea para desmontar este fraude y que realmente se lleve adelante un sistema de control público que sirva para mejorar el tránsito y nuestra calidad de vida", agregó.

En ese punto, se debe indicar que la tasa de "acarreo" -los citados 350 pesos- es lo que abonan los propietarios de los vehículos sólo para poder retirarlos de las playas, mientras que luego llega a los domicilios la multa por mal estacionamiento, cuyo costo depende del nivel de infracción.

"El fin del acarreo privado no es disuadir y concientizar al conductor, sino que es recaudatorio, pero ni siquiera para beneficios de los porteños, sino para el bolsillo de dos empresas.
 

La prueba está en que no se reduce la cantidad de acarreos, sino que cada vez aumenta más. Sencillamente porque es un negocio", señaló Lubertino.

En el dictamen de la Defensoría del Pueblo se explica en detalle que la normativa vigente en torno a la remoción de los vehículos es transgredida por las empresas a cargo del acarreo. Es que los vehículos sólo pueden ser removidos por grúas si resultan "peligrosos o constituyen un obstáculo para la circulación", requisitos que exige el Código de Tránsito y Transporte.

"Ello sin dejar de mencionar que estos valores no ingresan a las arcas del fisco, sino que son ingresos netos que reciben las concesionarias, con lo cual no forman parte del presupuesto ni son destinados al bien público", agregó el texto.

Actualmente, la persona que a criterio de las dos empresas privadas de grúas deje su auto mal estacionado está obligado a pagar 350 pesos para retirarlo de los playones de estacionamiento.

16.09.2013

C o m u n i c a d o  d e  P r e n s a

En nombre y representación de la Asociación Trabajadores del Estado, Consejo Directivo Capital Federal, nos dirigimos a los medios de prensa y a la comunidad en general a fines de comunicar lo siguiente:

En virtud de un amparo presentado por  ATE Capital, el Juzgado Nº2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Turno, en fecha 13 de setiembre del corriente año, ordenó como medida precautoria “hacer lugar a la medida cautelar peticionada ordenando al GCBA que se abstenga de obligar, bajo cualquier modalidad o procedimiento, al personal paramédico que desempeña laborales en hospitales públicos, y que si la vez cumple funciones en otra u otras instituciones sanitarias, sean estas públicas o privadas, a optar por uno sólo de esos cargos, y a formalizar la renuncia en el otro”.

En efecto, el pasado 6 de setiembre,  la Dirección General de Administración y Recursos Humanos del Ministerio de Salud, se dispuso ordenar a los Directores de los hospitales a obligar a los trabajadores auxiliares y colaboradores de la medicina y los profesionales del arte de curar que supuestamente se encontraban bajo alguna incompatibilidad, a optar por alguno de los trabajos bajo apercibimiento de
cesantearlos.

Muchos de nuestros compañeros fueron convocados por las oficinas de personal de cada nosocomio y sin mostrarles nada, se vieron obligados –muchos de ellos incluso mediante prácticas intimidatorias- a declarar una supuesta incompatibilidad que no existía y con motivo de esa confesión, hacerles firmar una opción y en su caso la renuncia al cargo en el plazo de 72 hs., todo ello bajo apercibimiento
de cesarlos.

La actitud adoptada por el Ministerio de Salud, es contraria a  los derechos inalienables de la estabilidad del empleo público, el derecho a la defensa en juicio, debido proceso adjetivo y sustantivo, motivo por el cual esta Organización presentó la Medida Cautelar ante el juzgado arriba mencionado.

En efecto, la Justicia destaca la que “la conducta de la accionada, manifestada en las vías de hecho denunciada por la amparista, resulta manifiestamente ilegal, ilegítima y arbitraria. Esa ilegitimidad se manifiesta en forma palmaria en la nota emanada de la propia autoridad administrativa…” y consecuente suspende sus efectos de las vías de hecho hasta tanto exista una sentencia definitiva en el marco de mayor debate.

15.9.2013

De acuerdo a lo decidido en el plenario de delegados realizado el día  jueves 29 de agosto, ATE Ciudad moviliza el próximo 17 de septiembre a las puertas de tribunales para exigir el sobreseimiento definitivo de los 8 compañeros que el día 26 de abril fueron detenidos durante la brutal represión desatada por el Gobierno macrista en el Hospital Borda cuando los trabajadores, pacientes y legisladores, intentaron frenar la demolición del Taller Protegido Nº 19.  

En la reunión organizativa realizada el pasado 11 de septiembre se decidió concentrar en Diagonal Norte y Lavalle desde las 10 hs. para culminar en un gran acto de repudio a los responsables y acompañamiento a los 8 detenidos en las puertas de puertas de Tribunales.