Comunicadores del Sur

13.11.2013

A partir de la cesión del servicio del subterráneo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con el aumento de la tarifa que el Gobierno de la Ciudad efectuó, se generó un desequilibrio cuyo resultado fue que una porción importante de pasajeros, más precisamente el 24%, emigre del subte hacia otros modos de transporte.

El aumento por encima del valor de la tarifa del servicio de transporte automotor genera una pérdida de pasajeros que recae sobre los sectores de menores ingresos y reduce los de los sectores de ingresos medios a favor de la empresa transportista. En tal sentido, en términos de pasajeros transportados, se produce un retroceso a niveles de hace 8 años.

A partir del aumento del 127% dispuesto por la ciudad de Buenos Aires el 5 de enero de 2012, que llevó la tarifa del subte de $1,10 a $2,50, se produce la expulsión de un 24% de los usuarios generando un desequilibrio significativo en el sistema de transporte metropolitano.

Adicionalmente el Gobierno de la Ciudad aumentó el valor del viaje en subte de $2,50 a $3,50 a fin de reducir la brecha entre el costo real y el pago por parte de los pasajeros. Sostienen que cada pasaje le cuesta a la ciudad $7,47. Esto implica que la recaudación no alcanzaría al 50% del valor total por lo cual se deberían subsidiar los $4,00 restantes.

Este nivel tarifario apunta a reducir las inversiones en el sistema subterráneo y mantener una ecuación económica positiva solamente a través del aumento de la tarifa que debería ser sostenida por los sectores de mayores ingresos, contrariando la definición básica del subterráneo que es la de ser un sistema de transporte masivo.

El total de pasajeros trasladados en 2011 fue de 310 millones. Durante 2012 esa cifra cayó a 236 millones, una cantidad similar a la de 2004. El análisis del año calendario completo nos permite neutralizar la variabilidad que se puede producir a lo largo del mismo. Sin embargo hay que destacar que en agosto de 2012 hubo un paro de 11 días seguidos y este hecho también repercutió, aunque en menor medida, en la cifra total de pasajeros trasportados.

La consecuencia inmediata del aumento fue que el subte perdió diariamente unos 300.000 pasajeros pagos, cifra que se corresponde a los días hábiles de la semana y que son los días que nos interesa analizar. Si tomamos en cuenta todos los días del año equiparando días hábiles, fines de semanas, feriados, meses vacacionales, etc. nuestros cálculos nos arrojan una perdida diaria de 204.000 pasajeros diarios durante todo el 2012. La situación antes detallada sólo puede agravarse con el aumento del 40% de hoy.

El ejecutivo de la ciudad propone una tarifa social de $2,50 para las personas que perciben algún tipo de plan social. En tal situación, y como sucedía hasta ayer, el sector de menores recursos seguirá estando sometido a una situación de exclusión social.

Para poder establecer una primera aproximación a una propuesta a fin de intentar reincorporar a este segmento poblacional excluido, podríamos definir como arranque el desacoplamiento de la demanda real del subte respecto de la brecha tarifaria entre este servicio y el colectivo. La idea es que la persona que necesite viajar en subte y no lo hace por el costo de éste, pueda acceder al mismo precio que el colectivo en el marco de un sistema personalizado de pago.

Este subsidio está orientado a sectores de bajos ingresos que necesitan usar este transporte. Respecto de docentes, estudiantes, jubilados, etc., Metrovías contempla un esquema de abonos. Con el esquema proponemos subsidiar la diferencia entre lo que cuesta el boleto mínimo de colectivo y el pasaje de subte. Por ejemplo, por cada $1 que la Ciudad subsidia, recibe $1,5 del propio beneficiario. Si tomamos como escenario los 74 millones de viajes perdidos en 2012 y subsidiamos $1 por cada uno, estamos recuperando $111 millones de los mismos beneficiarios logrando un saldo positivo de $37 millones.

Al aplicarse la tarifa de $3,5, en nuestro esquema el subsidio por pasaje sería de $2. Suponiendo que perdemos 100 millones de pasajeros en vez de 74 millones como en el ejemplo anterior (porque se está profundizando la brecha tarifaria entre el subte y el colectivo), tendríamos un saldo negativo de $50 millones, que es un monto pequeño para absorber teniendo en cuenta los costos totales del subte.

Grupo de Transporte – Unidos para la Victoria

12.11.2013

Nos solidarizamos con la mujer que con un aborto en curso fue denunciada por la médica Rosana Elizabeth Buffa, del área de Obstetricia del hospital de la ciudad; y encerrada por la policía durante diez horas, aún con pérdidas.

Frente a la violencia de los médicos reafirmamos la necesidad de una Ley que garantice el derecho al aborto Legal, Seguro y Gratuito

A pocos días de cumplirse dos años del cajoneo del proyecto de Ley impulsado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, sale a la luz un nuevo caso de violencia contra las mujeres: una joven con un aborto en curso acude a la guardia del Hospital Fernández; es maltratada por el personal al escuchar que le será aplicada menor cantidad de medicación para el dolor "para que "sienta lo que hizo", acción que finalmente no se realizó. Luego, al cambio de guardia, la médica Buffa denuncia a la joven y es trasladada a la comisaría, donde fue retenida durante diez horas, aún con pérdidas.

Ante esta situación exigimos a la ministra de Salud de la Ciudad, Graciela Reybaud, respete y garantice los derechos de las mujeres, el acceso a la salud y a ser tratadas sin violencia.

Este tipo de casos, y los que no son dados a conocer mediaticamente -pero que conocemos suceden día a día en nuestros barrios-, son la prueba irrefutable de la necesidad urgente del tratamiento de una Ley Nacional que contemple los derechos de las mujeres, dueñas de sus cuerpos y de sus decisiones. En Argentina se calcula que entre 460 mil y 600 mil mujeres recurren cada año al aborto clandestino. Son 3000 las mujeres muertas por abortos clandestinos inseguros desde que estamos en democracia.

Por todas las mujeres muertas, las maltratadas, las abusadas por la violencia institucional, reafirmamos y exigimos

EDUCACIÓN SEXUAL PARA DECIDIR
en todas las escuelas, en todos los hospitales

RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS HUMANAS
en todos los ámbitos

ANTICONCEPTIVOS PARA NO ABORTAR
gratis y confiables en todos los hospitales públicos, salitas y centros de salud.

ABORTO LEGAL PARA NO MORIR
para que dejemos de ser las mujeres pobres las que morimos.

12.11.2013

En la primera semana de octubre, el Consejo Consultivo de la Comuna 13 les envió una carta a todos los Legisladores de la Ciudad de Buenos Aires advirtiéndoles que al momento de votar la aprobación de las Leyes de Presupuesto de los años 2012 y 2013, no les habían dado a las Comunas el carácter de Jurisdicción Presupuestaria diferenciada, tal como lo establece el Art. 6 de la Ley 70.

Ese incumplimiento fue suplido por el manejo discrecional de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana – a cargo del Dr. Eduardo Macchiavelli – según su criterio, en oposición a lo establecido por la Ley de Comunas Nº 1777 en su art. 16, que dispone que “…La transferencia de los fondos del tesoro de la ciudad a las Comunas se ejecuta en forma automática y se rige por las disposiciones vigentes comunes a toda la administración.”

En esta ocasión, el Consejo Consultivo 13, les solicita a los legisladores que a la hora de votar el Presupuesto 2014 den cumplimiento a las leyes vigentes y la Constitución de la CABA y, consecuentemente, las Comunas tengan el carácter de jurisdicción presupuestaria y se estipule la ejecución automática de las partidas correspondientes tal como se le asigna a las restantes jurisdicciones.

En idéntico sentido y con fecha 4 de noviembre la Junta Comunal de la Comuna 9, con la firma de cinco de los siete juntistas que la integran, aprobó una nota de similares características  reiterando y ratificando lo votado por la mayoría de sus miembros el día 15 de noviembre de 2012, como figura en folio 175 del libro de Actas del mencionado año, donde expresaban su rechazo a un presupuesto no expedido desde la propia Junta, además del no cumplimiento de las normas mencionadas.

Por su parte, el Espacio CIUDADANOS x COMUNAS resolvió en su plenario realizado el sábado 9 de noviembre enviar también sendas notas a la Presidenta de la Legislatura y Vice-jefa de Gobierno, Sra. María E. Vidal, al Vicepresidente 1° de la Legislatura, Cristian Ritondo, al Presidente de la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria, Rogelio Frigerio y a todos los legisladores.

En esas notas les hace saber que el Proyecto de Ley de Presupuesto 2014, en lo referente a las Comunas, es contrario al ordenamiento legal vigente ya que no contempla lo normado por las leyes 70 y 1.777, y la Constitución de la CABA, exhortándolos a que consideren esos planteamientos “…para NO acompañar con su voto una norma manifiestamente contraria al ordenamiento legal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.”

Finalmente, la Comisión de Control y Seguimiento Comunal de la Comuna 5, presentará en el próximo Plenario del Consejo Consultivo del 13 de noviembre, el pedido de aprobación de un texto semejante para que en nombre del CCC se le envíe a los legisladores, y otro a los integrantes de la Junta Comunal, instándolos a requerir al Poder Legislativo el cumplimiento de las Leyes mencionadas.

También solicita a la JC que informe la matriz presupuestaria que debería haberse elaborado en el ámbito del Consejo de Coordinación Intercomunal, de acuerdo con las previsiones establecidas en el art. 17 de la Ley 1777.

Buenos Aires, noviembre 11 de 2013

11.11.2013

Es porque el dueño de Lanci Impresiones SRL apeló la quiebra que había sido dictada a mediados de octubre. Este mediodía, los asociados en la Cooperativa Mom se reunieron frente al Juzgado Comercial N° 5 y pidieron la continuidad en sus manos, de acuerdo al artículo 190 de la Ley de Concursos. Contaron con el apoyo del sindicato, abogados y organizaciones sectoriales.

"Le pedimos al juez que nos dé la guarda judicial a nosotros hasta que la Cámara resuelva la quiebra, que por ahora no está firme", dijo este mediodía uno de los ex trabajadores de Lanci y presidente de la Cooperativa Mom, Telésforo Gallardo.

Frente al Juzgado Comercial N° 5 de la Ciudad de Buenos Aires, se reunieron los 16 trabajadores de la gráfica recuperada, junto al sindicato, abogados y organizaciones sectoriales, para pedirle al juez Fernando Durao la continuidad de la explotación del taller en los términos del artículo 190 de la Ley de Concursos y Quiebras.

"Pero el empresario presentó una apelación de la declaración de quiebra por lo tanto el juez dice que está imposibilitado de avanzar en el reclamo de continuidad", puntualizó a Ansol el secretario adjunto de la Federación Gráfica Bonaerense, Héctor Amichetti, quien junto a Gallardo y al abogado patrocinante de la cooperativa, Pablo Godoy, se reunió con Durao.

Días atrás, el magistrado a cargo del Juzgado Nº5 decretó la quiebra de Lanci Impresiones SRL por falta de pago en el concurso de acreedores. "Cuando pasó, pedimos la continuidad conformes a lo que dice la Ley de Concursos y Quiebras; también presentamos un plan de viabilidad, entre otras cuestiones."

De acuerdo con lo informado por Godoy a esta agencia, "luego se le corrió traslado al síndico pero éste aconsejó que no haya continuación de la explotación porque dice que cuando fue a hacer la constatación y la clausura de la gráfica no había explotación para continuar".

Los trabajadores gráficos de Lanci sumaron unos cuatro años de incumplimientos por parte de la patronal y por eso, en mayo de 2012, decidieron armar la cooperativa y permanecer en la planta en reguardo de la maquinaria. Un año después fueron desalojados de la planta del barrio de Pompeya, por la Gendarmería y la Policía Metropolitana, tras una decisión de la jueza Claudia Alvaro.

Entretanto, "hay unas 20 cooperativas que respaldan el pedido de continuidad porque demuestran su sustentabilidad", afirmó Amichetti.

11.11.2013

El control de la edificación en la superpoblada Villa 31 de Retiro, eje de fuertes cruces entre el Gobierno nacional y la administración porteña, resurgió ahora luego de que un grupo de vecinos pidiera a la Justicia que se haga cumplir una orden que establece un control en la construcción.

Una edificación al lado de la otra y cada vez más altas, que superan los pisos más de lo previsto, y una asociación vecinal recurre a la Justicia para que se controle la urbanización: si bien se denuncia el incumplimiento del Gobierno de la Ciudad, también se pide que tome intervención el Gobierno nacional.

Es un conflicto largo y aún sin solución, pese a que en reiteradas oportunidades la Justicia intentó resolverlo: cuando se encargó el control de los cinco puntos de ingreso a la Villa a la Policía Federal, en conjunto con los inspectores del Gobierno porteño.

Norma Gutiérrez, representante legal de la Asociación Civil "Unión de Vecinos de Villa 31", se presentó esta semana en la Justicia y pidió al juez Pablo Cayssial, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal 6 donde tramita el caso, que haga cumplir la orden judicial.

Esa orden instaba a "la intervención de los funcionarios del GCBA a los fines de efectuar el control de los materiales que pretendan introducir los habitantes del predio en cuestión".

El grupo de vecinos denuncia, a través del abogado Alfredo Martello, que el descontrol en la edificación pone cada vez más en riesgo el lugar, ante posibles derrumbes de las viviendas.

Pero no sólo le pide al juez que haga cumplir al Gobierno porteño la intervención, sino que además reclama que convoque a una audiencia a los vecinos junto al Gobierno porteño y la Nación para "plantear ventajas y desventajas de la metodología de control adoptada y en virtud de ello, considerar entre todos los involucrados, una metodología de trabajo alternativa ante el incumplimiento".

En 2008 el juez había encargado tanto a inspectores de la Ciudad como a la Policía Federal el control de los puntos de acceso a la Villa, pero años más tarde y ante una presentación del Ministerio de Justicia de la Nación se puso en cabeza del primero el control de un único acceso por donde se canalizó el ingreso de materiales para las obras.