Comunicadores del Sur

27.5.2014

Por Camilo Carboneli y Enrique de la Calle

APU: ¿En qué consistirá la actividad de mañana (miércoles 28 de mayo)?

Federico Tonarelli: Vamos a hacer una manifestación pública, junto a artistas y compañeros de los movimientos sociales y políticos. Vamos a decir lo que venimos diciendo todos estos años: la cooperativa debe quedarse en el hotel de Callao 360. Para eso es necesaria la intervención del Estado Nacional. Los antiguos dueños del BAUEN, la familia Ircovich, tienen deudas millonarias, que fueron tomadas durante la dictadura militar, con un banco público (el BANADE, durante el Mundial del 78). Son préstamos del Estado que no se pagaron en 36 años. Todo esto está en litigio judicial.

APU: ¿En qué situación está la causa judicial, que ya tiene 10 años? ¿Hay una orden de desalojo?

FT: Claro, en medio de esta disputa hay una sentencia de desalojo para la cooperativa. Los plazos se vencieron la semana pasada. Nosotros estamos trabajando y no vamos a dejar las instalaciones. Somos garantía de que el Estado cobre sus deudas. Si el edificio pasa a la familia Iurcovich, el Estado no va a cobrar sus deudas, como no las cobró en estos 35 años. Si no pagaron en su momento por qué van a pagar ahora.

APU: ¿La única solución que queda es la salida política?

FT: Nosotros presentamos proyectos de expropiación que fueron tratados sin éxito en el Congreso Nacional. Somos optimistas en que se resuelva favorablemente. Tal vez, aparezca una figura que le permita al Estado hacerse con el inmueble. Nosotros pensamos en una ley pero tal vez no sea necesario, tal vez haya otro camino.

APU: ¿Cómo es el diálogo con el kirchnerismo?

FT: Tenemos diálogo con muchos sectores políticos, no sólo del oficialismo. En estos años nos han apoyado desde diferentes espacios. Incluso, tres ministerios nacionales suelen contratar servicios de la cooperativa. Hace poco, el Ministerio de Educación realizó una actividad en el hotel. Por eso somos optimistas. Creemos que se va a resolver favorablemente.

27.5.2014

Con la consigna “No al desalojo. Sí a la expropiación”, y con la participación de las bandas de rock Attaque 77, La Beriso, La perra que los parió y otros artistas invitados, los trabajadores de la cooperativa B.A.U.E.N. llevarán a cabo este miércoles 28 de mayo a partir de las 16 un Acto-Festival frente a las puertas del hotel ubicado en Callao 360.

Actualmente, los trabajadores enfrentan una situación crítica, ya que pesa sobre ellos una orden firme de desalojo vencida al 15 de mayo. La Jueza Paula Hualde del Juzgado Comercial 9 ya libró el mandamiento al oficial de justicia. Esta nueva orden de desalojo amenaza con dejar en la calle a los 130 trabajadores que mantienen en pie el hotel.

Ésta es la segunda amenaza de desalojo que enfrentan los trabajadores, ya en 2007 pasaron por una situación similar, que se revirtió gracias al acompañamiento popular. En esa oportunidad, más de 4.000 personas se movilizaron hasta las puertas del hotel y participaron de una acción para impedir el desalojo.

El Hotel B.A.U.E.N. se construyó con dinero público, otorgado por la dictadura cívico militar entre 1977 y 1978, que nunca fue devuelto al Estado Nacional por los empresarios que lo edificaron.

En diciembre de 2001, los mismos empresarios que recibieron esos fondos provocaron el cierre del hotel, dejando en la calle a más de 100 familias. En 2003 el B.A.U.E.N. fue recuperado y desde ese momento es una empresa gestionada por sus trabajadores.

Ahora, el grupo económico que construyó el hotel con fondos del Estado que nunca devolvió y que dejó sin trabajo a más de 100 personas quiere volver a adueñárselo.

“Que la Justicia no beneficie a quienes hicieron negocios con la dictadura, mantienen una deuda millonaria con el Estado nacional y participaron en el vaciamiento del país en el 2001”, expresaron los trabajadores.

Más información: http://www.expropiabauen.com.ar/

26.5.2014

Esta tarde, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires celebró el "Día de África", con un evento organizado por la diputada y Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, María Rachid, junto con la Mesa Nacional por la Igualdad y la Sociedad de Socorros Mutuos "Unión Caboverdiana".

En este marco, se entregaron reconocimientos a diferentes obras artísticas afro que fueron declaradas de Interés Social y Cultural para la Ciudad, mediante las cuales se busca reivindicar el rol fundamental que la cultura afro ha tenido siempre en la construcción de la identidad cultural argentina.

Entre las producciones distinguidas se encuentran el libro "Capoeira: Candomble y otros caminos hacia la libertad", de Cristina María Fazzito; el documental "Afroargentinos", de Jorge Forles y Diego Ceballos; la película "El Gran Río", de Rubén Plataneo y el disco "Sonidos Negros en Argentina".

Por otra parte, se proyectaron fragmentos de documentales declarados de interés por el Parlamento Porteño, y se conformó un panel integrado por María, Miriam Gómez, Presidenta de la Sociedad de Socorros Mutuos Unión Caboverdiana y Secretaria General del Frente de Afrodescendientes de la Mesa Nacional por la Igualdad, y Boubacar Traeré, senegalés residente en Argentina, y Lic. en Historia del Arte, que se refirió a las perspectivas y desafíos para el continente africano y su diáspora. La jornada cerró con la presentación del reconocido artista afroargentino de origen sudafricano, Emanuel Ntaka.

Al finalizar, María destacó la importancia de esta fecha y expresó que "iniciativas como éstas son fundamentales para honrar a la comunidad y a la cultura afro que tanto contribuyeron y contribuyen a nuestra identidad colectiva. Todas las iniciativas en este día son el logro de la militancia que venimos haciendo desde las organizaciones, pero no es suficiente. Es preciso seguir trabajando arduamente por más políticas públicas a favor de la comunidad afrodescendiente y africana de la Argentina, para evitar que este tipo de fechas se reduzca a algo meramente simbólico".

21.5.2014

Estudiantes y docentes nucleados en la Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha se movilizaron hasta el Ministerio de Educación porteño, para reclamar el reconocimiento de siete establecimientos populares que hasta hoy no pueden otorgar títulos oficiales ni recibir recursos ni salarios docentes por no tener aval oficial. Además, exigieron para los otros 15 bachilleratos que sí están reconocidos un financiamiento integral para infraestructura y materiales, ya que el gobierno macrista los incluye dentro de su oferta educativa oficial a la hora de brindar las estadísticas de sus logros, pero no les da igual trato que a otros colegios a la hora de solventar su funcionamiento.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cerró el año pasado el registro de bachilleratos populares en el que las instituciones se anotaban y luego obtenían el reconocimiento oficial. Pero hoy existen siete nuevos bachilleratos populares con estudiantes que cursan y docentes que dan clases todos los días, que no pueden otorgar títulos oficiales, como sí lo pueden hacer el resto de los bachilleratos de la ciudad. “El macrismo decidió cerrar unilateralmente y sin previo aviso el registro y no tuvimos más forma administrativa de introducir bachilleratos”, explicó Melina Ons, integrante de la coordinadora y docente del bachillerato popular Raymundo Gleyzer. “Lo que venimos a exigir es el reconocimiento de bachilleratos que ya existen, que ya dieron muestra de que pueden llevar adelante una educación para muchos y muchas.” “Así como el Gobierno de la Ciudad tiene muchas falencias en la educación inicial, también la tiene en la educación para adultos”, advirtió.

Norma tiene de 40 años y es estudiante del bachillerato popular Darío Santillán, ubicado en el barrio de Barracas. Asegura que participa en la movilización para que le paguen a sus docentes y afirma que “la experiencia de estudiar en el Santillán no es igual a ninguna otra: dejé el colegio hace muchos años y ahora puedo volver a intentar terminarlo”.

Los bachilleratos nacieron en su mayoría después de la crisis de 2001 para cubrir uno de los tantos espacios que el Estado dejaba vacíos. Jóvenes y adultos que no habían podido terminar la secundaria se anotaron para cursar en fábricas recuperadas o en centros sociales y culturales. Hoy son más de cuarenta en todo el país. Los gestionan militantes de organizaciones sociales y tienen una propuesta pedagógica alternativa al sistema educativo formal.

Casandra Castellano profesora del bachillerato popular El Arbolito, de la Unión Solidaria de los Trabajadores de Wilde, afirmó que “la diferencia con la escuela convencional es la forma de enseñar, en una se usa la ‘educación bancaria’, donde los alumnos se sientan y otros depositan información, mientras nosotros lo que hacemos es compartir y aprender entre todos”.

Según Ons, los estudiantes “no dejaron la escuela, sino que la escuela los dejó a ellos, por diversos motivos que tienen que ver con desigualdades preexistentes” al ingreso de la escuela. Alexis y Alan, que estudian en el Germán Abdala, de La Boca, comentan que “está muy bueno estudiar ahí porque los maestros te entienden, no es como una escuela convencional que muchas veces no te aceptan o por ahí no te entienden los problemas de trabajo o de familia”.

“Los bachilleratos populares no son una alternativa a la escuela pública, sino que acompaña la misma lucha de los docentes y estudiantes de la escuela pública, y en nuestro caso una escuela pública popular”, concluye Ons.

Informe:Laura Guarinoni