15.7.2014
Por Javier Borelli
Esteban Ruffa y Germán de los Santos fueron baleados en el violento desalojo del Centro Cultural San Martín, en marzo de 2013. Denuncian que la justicia traba la investigación contra los efectivos ya identificados de la Policía Metropolitana.
El miércoles 13 de marzo tenía apenas 20 minutos cuando Esteban Ruffa apuntó desde la vereda hacia el pelotón de agentes de la Policía Metropolitana parapetados en medio de la avenida Corrientes y sacó la que creía que iba a ser la última foto de la cobertura sobre la represión a los integrantes de la Asamblea de la Sala Alberdi –que hasta esa noche mantenían tomado ese sector del Centro Cultural General San Martín– para la Agencia de Noticias Redacción (ANRed).
Esteban se dio vuelta y comenzó a caminar hacia la esquina cuando escuchó un disparó y sintió un ardor en su pierna izquierda. Dio un par de pasos más y cayó al piso. A pocos metros de él estaba Germán Darío de los Santos, fotógrafo de DTL! Comunicación Popular, quien bajó su cámara y se dio vuelta cuando a través del visor vislumbró que un policía dirigía su rifle hacia él. La bala de plomo le entró por la cara externa del muslo y le salió por el otro lado. Probablemente siguió su recorrido hasta la tibia de Esteban, adonde continúa alojada.
Hoy los dos impulsan una querella por intento de homicidio contra las fuerzas de seguridad porteñas que actuaron esa noche, y denuncian una argucia judicial para tratar de exonerar a los perpetradores. La última foto que sacó Esteban esa madrugada fue tomada a las 0:26. Así lo prueba el archivo DSC_0062 de su cámara, en el que se puede ver la herida que le provocó la bala de plomo disparada por la Metropolitana. Seis minutos habían pasado de la toma en la que se veía a un agente de la fuerza porteña separado del pelotón y dirigiéndose hacia él. Entre las fotos que sacó Germán al pelotón policial con su cámara Sony Cybershot y la siguiente, en la que se ve su pierna atravesada por la bala, pasó mucho más tiempo.
"Yo no quería asumir que me habían disparado con plomo, sólo me había visto la herida de un lado y me fui en un taxi rápido para mi casa. Recién cuando me saqué el pantalón para ducharme vi los dos orificios", cuenta, parado en el lugar donde recibió el disparo, 16 meses después. Para Esteban, Germán es ahora "El Polaco", como lo llaman sus amigos. Pero antes de ese 13 de marzo no se conocían.
Apenas si recordaban haberse cruzado en alguna cobertura de un conflicto para sus respectivos medios alternativos. Su amistad comenzó a forjarse días después de la represión, cuando sus organizaciones, hermanadas por la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), decidieron juntarse para afrontar la instancia legal.
"Pedimos ayuda a un grupo de abogados que tienen historia y conocimiento en la lucha contra el gatillo fácil", explica El Polaco. Así se acercaron a la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), que desde entonces los representa judicialmente. Su querella refleja el compromiso de su actividad militante. Los hechos que denuncian están todos probados por las fotografías que tomaron tanto Esteban como Germán, así como también por imágenes y videos que aportaron otros periodistas y aficionados que se expusieron para registrar la represión y que respondieron a una convocatoria de la RNMA para sumar evidencia.
Uno de los videos, conseguido dos días antes de entregar el material a la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N°7, muestra a Esteban en primer plano en el momento exacto en que recibe el disparo, y a Germán pasando por el mismo lugar cinco segundos después, ya rengueando por el impacto.
Con la información recolectada en las cámaras, la querella logró reconstruir los hechos y probar que los disparos de balas de plomo que recibieron los periodistas de la RNMA fueron efectuados por las fuerzas de seguridad que actuaron en ese operativo. Por ese motivo, solicitaron la imputación de los oficiales de la Metropolitana que pudieran identificarse, así como también del jefe de la fuerza, Horacio Alberto Jiménez; del subjefe, Ricardo Pedace; del superintendente de Seguridad, Juan José Ríos; del ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Guillermo Montenegro; del ministro de Cultura, Hernán Lombardi; y del jefe de gobierno, Mauricio Macri.
Durante la instrucción, la Fiscalía imputó a tres de los efectivos de la Metropolitana que habrían disparado "postas de plomo procedentes de escopetas Mossberg calibre 12.70" , al comisario de la Policía Federal Pedro Carnero, titular de la seccional 3ª, y al comisario inspector Guillermo Calviño, a cargo de la Dirección General de Operaciones de esa fuerza, por el supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público en calidad de coautores, ya que "quedó demostrado que estaban al tanto de detonaciones de armas de fuego y que en consecuencia había heridos por su utilización; sin embargo no adoptaron ninguna medida al respecto".
A pesar de los avances que hubo en la investigación, la causa corre riesgo de naufragar, ya que el 9 de mayo último la jueza a cargo, Vilma López, decidió declararse incompetente y girar los autos al Juzgado Nacional de Menores Nº6, donde se investiga la culpabilidad de cuatro personas detenidas el 12 de marzo a las 23:45, acusadas de haber "dañado" el Centro Cultural General San Martín y una "garita de seguridad en Uruguay y Tucumán".
El motivo que adujo la magistrada es que se trataba de "un mismo hecho histórico" y que uno de los policías imputados por los disparos con balas de plomo es, a la vez, "damnificado" en la otra causa, por haber recibido una pedrada en la mano. "La jueza se declara incompetente y argumenta que una persona que probablemente haya sido víctima no puede ser considerada culpable, pero con este juego de palabras abre la puerta a que se considere que el intento de homicidio fue en pos de una legítima defensa", precisa De los Santos, que aprendió Derecho de tanto militar la causa.
"Son momentos distintos, lugares distintos y personas distintas", explica a Tiempo Argentino María del Carmen Verdú, abogada querellante e integrante de la CORREPI. "En las filmaciones se los ve a ambos sacando fotos y, después, tratando de guarecerse cuando se escuchan los disparos. Está clarísimo que fueron agredidos en un momento en el que no estaban generando ningún peligro para nadie."
Por todo esto, la Fiscalía decidió impugnar la resolución de la jueza, planteo que fue acompañado por la querella, que también solicitó que "se aparte del futuro trámite a la magistrada hoy interviniente" por sus antecedentes (ver aparte) y por considerar que realiza un "prejuzgamiento a favor de los imputados" al proveerles "una inexistente causal de justificación".
El próximo jueves, a las 12, la querella fue citada a la sala 5 de la Cámara del Crimen para ampliar los argumentos de su apelación. La RNMA, por su parte, acompañará a Germán y Esteban con una jornada cultural desde las 10:30 en la puerta del tribunal (Viamonte, entre Carlos Pellegrini y Libertad).
Estebanestuvo cuatro días sin salir de la casa y mirando por la ventana luego de recibir el disparo. Sin embargo, hoy asegura que esta situación lo comprometió más. Germán coincide. "Hace poco nos encontramos en una toma en Alejandro Korn y nadie quería hacer grupo de cobertura con nosotros, porque decían que atraemos las balas", bromea. "Ante lo que pasamos, yo creo que tenés dos opciones: o te gana el shock y te cerrás de por vida para seguir haciendo esa tarea; o salís potenciado a ponerle más energía, porque te das cuenta de que somos peligrosos para ellos", termina Esteban.
El tercer herido Mario Fumaroni, que participaba del "acampe cultural", también recibió una bala de plomo. Por motivos políticos, decidió no constituirse en querellante.
Cuestionamiento a la jueza López
La querella solicitó que la causa por la represión de la Policía Metropolitana en la Sala Alberdi, en marzo del año pasado, no siga siendo investigada por la magistrada Vilma López, no sólo porque consideran probado que muestra un prejuzgamiento a favor de los acusados, sino por sus cuestionados antecedentes. Según los abogados de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), que representa a las víctimas, durante la instrucción de la causa por el asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra, la jueza se negó a incorporar la acusación contra la Policía Federal por la zona liberada.
Un conflicto que duró siete años
Cuando comenzó la represión a los integrantes del Acampe Cultural, el conflicto por la Sala Alberdi ya llevaba siete años. Se inició en 2006, cuando Silvia Fajre, ministra de Cultura de Jorge Telerman, ordenó el traslado sin destino de las actividades del espacio. Los talleristas interpusieron un amparo.
Mientras la causa seguía su curso, la Dirección General de Enseñanza Artística dispuso en 2010, ya bajo el gobierno de Macri, el cierre de la sala y el traslado de las actividades a predios distintos. Un grupo de alumnos, ex alumnos y padres se organizó para defender el espacio promoviendo marchas, espectáculos gratuitos y hasta la toma pacífica de la sala.
En ese marco, y con el pretexto del cierre del edificio por el receso veraniego, cuatro jóvenes quedaron encerrados dentro de la Sala sin acceso a baños ni alimento desde enero de 2013 hasta marzo. En su apoyo se instituyó el Acampe Cultural en la Plaza de las Américas del Centro Cultural, que fue desalojado por la fuerza el 12 de marzo y que terminó con la salvaje represión que aquí se cuenta. En septiembre de 2013, el gobierno porteño reabrió la Sala Alberdi con una nueva programación.
4 policías de la Metropolitana que actuaron en el desalojo de la Sala Alberdi también estuvieron en el Indoamericano, en 2010.
