13.8.2014
La jueza Wilma López ordenó ayer, la detención e indagatoria de los dos oficiales jefes de los grupos de combate de la policía Metropolitana que dispararon con balas de plomo contra periodistas de la Red Nacional de Medios Alternativos durante el operativo de represión contra la Sala Alberdi el 12 de marzo de 2013. Están imputados por triple homicidio en grado de tentativa. Los dos comunicadores se constituyeron como querellantes, promoviendo la acción penal contra funcionarios del GCBA y la policía Metropolitana y Federal, con patrocinio de María del Carmen Verdú, de CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional).
Con el expediente en riguroso secreto de sumario, tras recibir una ampliación de la declaración testimonial Germán Darío de los Santos, uno de los querellantes, la titular del Juzgado de Instrucción nº 38 ordenó la detención de los oficiales mayores Gabriel Pereira de la Rosa y Miguel Antonio Ledesma, de la DOEM (División de Operaciones Especiales Metropolitanas), que, en la tarde y noche del 12 de marzo de 2013, dirigieron los grupos de combate de los que salieron los disparos con proyectiles de plomo que hirieron a Germán De Los Santos (DTL!) y Esteban Ruffa (AnRed), comunicadores de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) que cubrían el operativo que intentó desalojar a la Asamblea de la Sala Alberdi en el centro Cultural General San Martín. También hubo un tercer herido, integrante de una biblioteca popular.
Los dos comunicadores se constituyeron como querellantes, promoviendo la acción penal contra funcionarios del GCBA y la policía Metropolitana y Federal, con patrocinio de María del Carmen Verdú, de CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional).
Tanto ellos, desde la querella, como la fiscalía, reclamaban hace meses la indagatoria de los oficiales mayores Gabriel Pereira de la Rosa y Miguel Antonio Ledesma; de su subordinado el oficial Nelson Maximiliano Acosta, todos de la Metropolitana , por el delito de tentativa de homicidio agravado (tres hechos); del comisario Pedro Carnero, titular de la comisaría 3ª y del comisario inspector Guillermo Calviño, jefe de la Dirección General de Conducción Operativa de la PFA , como partícipes necesarios del mismo delito en el caso de la querella, y por incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión funcional en el de la fiscalía.
La jueza Wilma López había intentado desligarse de la causa, remitiéndola a otro juzgado, con el argumento de que el ataque criminal, con munición de plomo, contra los trabajadores de prensa y otro manifestante, debía ser investigado de conjunto con los restantes incidentes de la jornada.
Poco antes de la feria judicial, la Cámara Criminal , con voto de los jueces Gustavo Alfredo Bruzzone, Mirta López González y María Laura Garrigós de Rébori, dieron la razón a los querellantes y la fiscalía, y ordenaron a la jueza de instrucción continuar con la investigación.
En las próximas 24 horas, la jueza deberá resolver las excarcelaciones ya planteadas por la defensa de los uniformados, que en uno de los casos (el oficial Ledesma) es ejercida por una letrada del estudio García Labat Musso Righi, hoy dirigido por el hijo y la esposa del ex Procurador General Esteban Righi y María José Labat, esposa del ministro de seguridad porteño Guillermo Montenegro. Es el mismo estudio al que José Pedraza convocó para defender a su sicario Favale después del crimen de Mariano Ferreyra, y que ha tenido como clientes a De Vido y su mujer; al matrimonio Kichner; al jefe del SMATA José Rodríguez y al propio Montenegro.
La detención e indagatoria de los oficiales jefes de la Metropolitana (uno de ellos también investigado por la represión con tres muertos en el Parque Indoamericano en diciembre de 2010) es apenas el primer paso en esta causa, que debe continuar con el resto de la tropa de la misma fuerza, los oficiales jefes de la PFA y los funcionarios del GCBA.
