Comunicadores del Sur

29.8.2014

La semana que pasó se aprobó en la Legislatura porteña el proyecto que crea un ente descentralizado para evaluación docente. Por 38 votos a favor del PRO, UNEN y Confianza Pública, y 21 en contra, la propuesta del ejecutivo se convirtió en ley, luego de alrededor de un año de su ingreso al cuerpo legislativo. La Unidad depende del Ministerio de Educación. Para conocer una opinión de docentes de la Ciudad, el Programa La Revancha entrevistó a Jorge Adaro, secretario general de Ademys. 

(La Revancha) Ciudad de Buenos Aires- Frente a la nueva ley, Adaro sostiene que el planteo del ministerio busca imponer un concepto de competencia que desconoce las realidades particulares. “Parecería ser que el proceso educativo es algo aislado que no está atravesado por las relaciones sociales, que no está atravesado por conflictos y que está todo dispuesto como para poder hacer una comparación con los mejores” señaló Adaro, sobre la concepción de educación del macrismo.
Además, agregó que trae “la competencia entre escuelas a través de evaluaciones y esa lógica de competencia se traduce en premios y castigos”. De forma rotunda afirmó que “no vemos absolutamente nada positivo en la creación de este instituto. Un instituto descentralizado que, en principio se aleja de la responsabilidad central que debe tener el Estado y el Ministerio de Educación en regular las políticas, inclusive la de evaluación. Un ente descentralizado que en un primer momento tenía un planteo claro de poder absorber dineros externos fuera del presupuesto educativo. Esto generó muchos ruidos pero finalmente se deja la puerta abierta a poder recibir donaciones”.
Originalmente el proyecto que ingresó el PRO autorizaba a la nueva unidad a recibir financiamiento externo. Luego de idas y vueltas con el UNEN, a cambio de sus votos, se eliminó esa posibilidad pero se dejó la puerta abierta para que sea receptor de donaciones. “Los aportes que pueda haber seguramente serán de empresas, por ejemplo, que tienen algún interés en su intervención  y que finalmente con las donaciones van a poner un poco las pautas de cómo evaluar, qué y para qué evaluar. Es decir que el Estado pierde la centralidad y el control de gran parte de los resultados y del sistema educativo en general. Es algo muy grave, es una acción que va en consonancia con una política colonialista en el plano educativo. Esto no es un invento, no es producto de la creatividad del gobierno. Sino que son imposiciones que vienen de los organismos internacionales”.
Esta modalidad se aplica en EE. UU pero va en camino a dejar de emplearse. Le consultamos el por qué y Adaro manifestó: “EE.UU es un caso muy interesante porque esto empezó a ser aplicado en la época de Bush y diez años después la Ministra de Educación de ese momento hace un pedido de disculpas públicamente a la población norteamericana por los efectos que había tenido esta política”. Adaro indica que uno de los efectos advertidos  “es la fragmentación absoluta del sistema educativo y por supuesto con graves consecuencias para los sectores más postergados de la sociedad”. En el caso de Argentina recuerda que “nosotros ya tenemos un sistema educativo absolutamente fragmentado y esto va a profundizarlo”.
Sobre cómo se hará la evaluación de la calidad educativa, Adaro explica por qué este sistema no es conveniente y cómo distorsiona la diversidad de escenarios. La metodología implica “una evaluación externa, censal, tipo múltiple choice que se aplica para que la hagan niños de cualquier escuela de la ciudad sin tener en cuenta el contexto en el que se desarrolla la actividad educativa, como si no hubiera elementos que influyen en ese contexto”
Jorge Adaro cuenta que trabaja en una escuela de Bajo Flores. La jornada general es de 8 a 12.15 hs. Sin embargo, una hora se va entre desayuno y almuerzo de los alumnos. Por otro lado, por ejemplo, rescata que en la última semana  “no hubo clases por una serie de conflictos en el barrio por diputas con ciertos negocios y  nuestra escuela estuvo vacía”. En este sentido, reitera que “estos elementos no son tenidos en cuenta a la hora de plantear este tipo de evaluaciones. Lo único que se hace es poner una hoja en blanco para poner crucecitas a un niño de una escuela de Bajo Flores como a un niño de una escuela privada de Belgrano.
La otra punta del palo es la formación docente. “Hay una contradicción entre lo que dicen y lo que hacen con los recursos para lograr una mejor educación”, según Adaro. Sobre este punto, explica en diálogo con La Revancha que “el CePA es la escuela de capacitación que hemos tenido los docentes de la Ciudad de Buenos Aires donde podíamos hacer perfeccionamiento y capacitación fuera del horarios”. Además, una conquista que resalta sobre la Escuela es que “se encargaba de hacer el perfeccionamiento en horario de funciones con relevo de tareas”. Sin embargo, la otra moneda del discurso sobre la calidad educativa queda al descubierto. Adaro advierte que el espacio “sistemáticamente desde el 2008 a esta parte viene siendo totalmente vaciado”. De esta forma se quedan sin “la única herramienta de la que podíamos disponer para hacer capacitación, perfeccionamiento y formación. Es la única posibilidad que tenemos de manera gratuita”. En este camino que profundiza el Gobierno de la Ciudad, Jorge Adaro destaca que “la tendencia es hacia la privatización incluso de la capacitación docente. Esto es un paso muy importante en la privatización del sistema educativo de la ciudad de Buenos Aires”.

29.8.2014

Comunicado del ENECA Capital ante la situación de clausuras

Hace casi 10 años nuestra cultura viene siendo avasallada y perseguida a través de clausuras, desalojos y judicializaciones; desde entonces venimos denunciando, luchando y generando espacios de resistencia. Hoy ante la profundización de políticas necias y autoritarias del gobierno de Macri, su Agencia Gubernamental de Control y su Ministro de Cultura Lombardi, se hace urgente encontrarnos desde los diversos sectores culturales para dar una respuesta colectiva y contundente a esta situación, que ya ha llegado a su límite con las masivas clausuras de los últimos meses.

En este contexto algunos centros culturales se han arrojado al armado de una ley que no ha sido consultada ni representa al conjunto de los espacios culturales afectados. La misma, presentada inicialmente como Iniciativa Popular, no ha tenido aún lugar en el recinto legislativo, y desde distintos bloques partidarios están presentando una nueva ley de la que muy pocos espacios tienen conocimiento.
Las leyes en discusión versan sobre la situación de habilitaciones de los centros culturales, sociales y artísticos, sin garantizar cómo alcanzar dicha habilitación, ya que dejan de lado la promoción y el fomento a la cultura. Esto repercutirá en que muchos espacios (tanto los artísticos como los que orientan sus actividades a la construcción protagónica, social y comunitaria), quedarán más expuestos que antes, acuerden o no con la necesidad de una ley.

Lo que pretende ser una solución para una diversidad muy grande de emprendimientos culturales y organizaciones sociales, puede ser un arma de doble filo, es decir, que beneficie sólo a unos pocos bares, clubes o centros culturales que se favorecen de los artistas que pasan por sus locales y/o que reciben subsidios que les permiten garantizar –de mínima- su habilitación.

Y ésta no es la situación general de los centros sociales y comunitarios o los proyectos de arte independiente.

Desde el ENECA entendemos la necesidad de ciertos espacios de tener una ley habilitatoria que los ampare, siempre y cuando esa ley no vaya en detrimento del conjunto de los espacios existentes y por venir.

Es por ello que proponemos seguir movilizándonos e interpelar tanto al Gobierno de Macri como a la Legislatura Porteña para que suspendan las clausuras a nuestros espacios, al tiempo de construir colectivamente herramientas (sean leyes, programas, plan de lucha, etc.) que le den a cada sector cultural lo que realmente necesite para seguir funcionando, sin correr el riesgo de desaparecer por falta de dinero, persecuciones con fines políticos o entrar en laberintos burocráticos.
Herramientas que promuevan la apertura de más espacios culturales en los barrios y no que los limiten; que permitan seguir garantizando, como lo hemos hecho hasta ahora, la calidad y seguridad de las personas que los transitan, porque nuestros proyectos apuntan a la construcción de una sociedad más justa, nobles objetivos, que se encuentran en la vereda opuesta a los de funcionarios y empresarios inescrupulosos capaces de especular con la vida misma por poder y dinero, como sucedió en Cromagnon, y como sucede en obras de construcción o en talleres clandestinos donde se esclavizan personas que nadie inspecciona.

Vamos caminando hacia el 5º ENECA (Encuentro Nacional de Espacios Culturales Autónomos) representado por colectivos culturales, organizaciones sociales y políticas de nuestros país, que en nuestra militancia cultural incluimos la expresión artística o el trabajo cooperativo, y que al mismo tiempo lo excedemos. Desde los colectivos construimos e impulsamos experiencias de Educación Popular, debates y formación política; bibliotecas comunitarias, editoriales e imprentas independientes; comunicación popular y comunitaria a partir de revistas, radios y producciones audiovisuales; experiencias de arte comunitario y autogestivo como festivales y muestras, grupos de teatro comunitario, de los/as oprimidos/as, de danzas, ensambles de música, murgas, comparsas de candombe, talleres y escuelas de formación y producción artística o de oficios, salas de cine y teatro; grupos de mujeres que luchan contra la violencia y la opresión de género; experiencias de salud comunitaria; ferias autogestivas de productores/as y artesanos/as de comercio justo; experiencias de lucha por la vivienda digna; trabajos con niños, niñas adolescentes, madres y familias que abordan diversas problemáticas.

Nuestras prácticas culturales no tienen como fin último el lucro económico, sino el trabajo comunitario y barrial.

Por eso necesitamos una herramienta que nos proteja, que nos reconozca por lo que somos y lo que hacemos verdaderamente, que nos apoye para seguir construyendo cultura popular; y desde nuestra perspectiva esa herramienta no puede ser una ley de habilitación comercial.

¡LA CULTURA ES DE LOS PUEBLOS, NO DE LOS GOBIERNOS!
¡NUESTRA CULTURA NO ES DELITO!
¡LA CULTURA POPULAR NO SE CLAUSURA!

28.8.2014

26.8.2014

La magistrada a cargo del desalojo describió como "mínimo y ulterior incidente" las agresiones que sufrieron legisladores porteños por parte de la Metropolitana. Además agregó que su tarea "fue ingrata".

Por Santiago Gómez

A través de un comunicado oficial, debido a “las comprensibles demandas de información”, la titular del Juzgado Nº14 en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, María Gabriela López Iñíguez, se manifestó en relación a los hechos sucedidos el sábado pasado, durante el desalojo del asentamiento Papa Francisco, ubicado en el barrio de Villa Lugano.

La jueza se refirió a la represión que padecieron distintos legisladores porteños, entre los que se encontraban José Campagnoli, de Encuentro por la Democracia y la Equidad; y Pablo Ferreyra, de Seamos Libres, como “mínimo y ulterior incidente (…), definitivamente de envergadura menor frente a la enorme tarea realizada”. Destacó que no hubo pérdidas humanas “ni heridos de consideración”.

En un comunicado en el que claramente la magistrada optó por restarle importancia a la participación del Secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, a quien no se refirió en ningún momento, sino que agradeció a la Ministra de Seguridad, Cecilia Rodríguez, por el trabajo realizado y a los diferentes funcionarios de la Ciudad. López Iñíguez consideró que el desalojo “fue exitoso en tanto la actuación coordinada y profesional de la Policía Metropolitana y de la Gendarmería Nacional lograron que a las 8.45 horas del sábado el 98% del terreno se encontrara desocupado de moradores”. Ante las distintas versiones sobre de quién fue la responsabilidad del mismo, la magistrada no dejó lugar a dudas, el desalojo fue “bajo la coordinación de la suscripta”.

Tarea ardua e ingrata

Esa fue la terminología que utilizó la jueza para referirse al desalojo que ordenó, a pedido del Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires. “A partir de las 9.15 horas comenzó la tarea ardua e ingrata de vaciar el predio de objetos y pertenencias varias, con el objetivo de preservar en toda la medida posible las cosas muebles de los habitantes, priorizándose la ropa de abrigo, los colchones y los útiles escolares ante todo. El objetivo primordial fue el de evitar, para los habitantes de ese lugar, pérdidas materiales que hubieran podido agravar sensiblemente su situación, por evidentes y ostensibles razones de humanidad”. Cabe preguntarse si el objetivo de la mandataria fue el mismo, por qué no le exigió al gobierno de Macri que presentara un plan de relocalización de las familias y los recursos necesarios para que las mismas pudieran volver a comprar lo perdido.

La jueza optó por nombrar los distintos organismos de la Ciudad que participaron del operativo, “el SAME, el BAP, la Secretaría de Acción Social, la de Hábitat, el consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, la Dirección de Minorías, etc., juntamente con la Policía Metropolitana, el Equipo Fiscal designado en esta causa, y bajo la coordinación de la suscripta”. Cada uno de esos organismos cuenta con una cantidad considerable de denuncias por no cumplir con las tareas que le corresponden. Recordemos el juicio al SAME por no entrar a una villa, la falta de vivienda y las condiciones de los paradores de la Cuidad, que dependen de la Secretaría de Acción Social, cartera en la cual la vice intendenta, Eugenia Vidal, ha hecho un trabajo desastroso, sin el más mínimo cuidado por cumplir con las obligaciones que la Constitución de la ciudad determina.

La jueza venía monitoreando

La mandataria expresó estar al tanto de las “construcciones clandestinas que se habían erigido en el predio” y que “todo pudo realizarse en breve lapso ya que, salvo contadas excepciones, se trataba de casillas hechas con maderas, chapas y cartones, tal cual como lo venía monitoreando este tribunal”. No informa la misma cuánto hacía que el tribunal venía monitoreando la situación del asentamiento Papa Francisco y de ser así, por qué no le exigió al gobierno de la ciudad que garantizara el derecho a la vivienda de esas familias, antes que quitarles el techo con el que contaban, considerando el mísero trabajo que realiza el gobierno macrista, caracterizado por la gestión de Vidal, en lo que refiere a la población que vive en la calle. Este cronista, infelizmente conoce el abandono de la gestión porteña, ya que fue echado de un parador conveniado con la Ciudad no Autónoma después de denunciar la paliza que la Metropolitana le dio a los niños que asistían al mismo. Parece que la jueza optó por no preguntarle a los moradores de Papa Francisco qué respuesta habían tenido hasta el momento de Vidal y su equipo.

Fuimos todos

La jueza optó por mencionar también en su comunicado al Dr. Alejandro Amor, Titular de la Defensoría del Pueblo, a la Dra. Mónica Reina y a su equipo de colaboradores “cada vez que esta Magistrada requirió su intervención funcional”. Según la mandataria informó, el Defensor del Pueblo “estuvo presente en el lugar de los hechos a efectos de llevar a cabo la veeduría del procedimiento que le fuera judicialmente impuesta. Su informe verbal, al término del desalojo de personas, dio cuenta de que el mismo se desarrolló sin incidentes”. “En tal sentido, pues, no puedo más que afirmar que se ha dado cabal cumplimiento a los términos de la orden que yo dictara en este legajo, lo que así declaro formalmente”, afirmó López Iñíguez.

“Sin perjuicio de algún mínimo y ulterior incidente que haya podido registrarse con el curso de las horas, definitivamente de envergadura menor frente a la enorme tarea realizada, corresponde declarar oficialmente que estos hechos deberán ser abordados y resueltos por las autoridades del Poder Ejecutivo porteño en uso de sus legítimas facultades, y de la autoridad con que las leyes los invisten en razón del elevado cargo que ostentan. En cuanto a este juzgado respecta, la tarea de desalojo, liberación y devolución del predio de la calle Fernández de la Cruz, entre Pola y Escalada, ha sido concluida con éxito, razón por la cual ninguna otra disposición debe adoptarse desde esta judicatura penal.” Ante estas afirmaciones dan ganas de entrevistar a la jueza y preguntarle por qué no comenzó al revés. Si la responsabilidad de la resolución del conflicto le corresponde al Ejecutivo porteño, por qué no le exigió solucionar el conflicto de vivienda de esa población, para después ordenar la liberación del predio.

Según informa el comunicado, el proceso contencioso administrativo cuyo objetivo es el saneamiento del predio, corresponde a la Dra. Elena Liberatori, con quien López Iñíguez estuvo reunida para informarle que “que a partir de las 19.00 horas del sábado 23 de agosto de 2014 el Gobierno de la Ciudad se encuentra nuevamente en plena y libre posesión del predio cuya restitución venían reclamando judicialmente las autoridades del Poder Ejecutivo local. (…) Dejar el predio nuevamente abandonado, con una custodia policial que no podrá ser mantenida eternamente, expone al lote, dada su ubicación, al riesgo cierto y grave de ser nuevamente intrusado lo que, de ocurrir, será exclusiva responsabilidad del Poder Ejecutivo local, y podría dar lugar, incluso, a responsabilidades penales a su respecto. Las autoridades locales, en sus diversos roles, hemos dado cumplimiento a nuestro deber”, expresó quien coordinó el desalojo.

Para terminar, agradeció a los funcionarios del gobierno nacional, especialmente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que “sin estar comprendido en las órdenes dictadas por mí, haciendo gala de gran compromiso funcional y por razones humanitarias prestaron el domingo 24, con frío, en medio de la lluvia y con caída de granizo, un apoyo eficaz que permitió acoger habitacionalmente a medio centenar de personas que originariamente persistía en no abandonar el lugar”. Si la mandataria reconoce las razones humanitarias, no se explica por qué por esas mismas razones no tuvo en consideración que las mismas no caracterizan a la gestión macrista, y que hasta el momento no ha dado solución a los problemas de vivienda que atraviesan las más de 400.000 personas de la CABA.