Comunicadores del Sur

15.9.2014

Quieren meter presos a referentes sociales 

sólo por poner la cara ante las necesidades de sus vecinos

No a la criminalización de la protesta: repudiamos la elevación a juicio de Diosnel Pérez y el Tano Nardulli por la toma del Indoamericano

Sin pruebas, la justicia macrista acusa a dos dirigentes sociales respetados y reconocidos de haber "instigado" una toma, cuando lo único que hicieron fue establecer un canal de diálogo con autoridades porteñas y nacionales concurriendo a una reunión en Casa Rosada donde plantearon las necesidades habitacionales de los habitantes de Soldati y Lugano. Cuatro años después sigue sin cumplirse la ley 1770 de Urbanización de la villa 20. Y la única respuesta que encontraron las familias sin techo fueron los palos y las topadoras.

En diciembre del año pasado, la jueza María Gabriela López Iñiguez, dio lugar al pedido de sobreseimiento de los dos militantes (siendo el segundo sobreseimiento recibido). 

Sin embargo, los jueces Marcelo Vázquez, Juan Sáez Capel y Elizabeth Marum de la Sala I de la Cámara Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad revocaron esta decisión, con el fundamento de que es un caso "atípico" y debe resolverse en un juicio oral y público.

Con esta definición la Jueza Contravencional porteña Cristina Lara, dió lugar al pedido de los fiscales porteños Claudia Barcia y Luis Cevasco, quienes continúan impulsando una persecución jurídica a los compañeros Diosnel  Pérez Ojeda, (integrante de la junta vecinal de  la Villa 20 y militante del Frente Popular Darío Santillán, y Luciano “el Tano” Nardulli, de la Corriente Clasista y Combativa, acusándolos de ser los instigadores de una toma que no tuvo más impulso que el reclamo de una vivienda digna.

Cevasco es el mismo fiscal que en 1998 se opuso al juicio contra el dictador Rafael Videla y consideró que el robo de niños no formó parte del plan de exterminio y hoy se desempeña como fiscal general adjunto de la Ciudad de Buenos Aires, estrella de los fiscales PRO. 

Vale recordar que, tres años y medio después de la toma del Parque Indoamericano, donde las fuerzas de seguridad reprimieron salvajemente y asesinaron a tres de las miles de personas que reclamaban por el derecho a una vivienda digna, la Cámara del Crimen absolvió y en otros casos dictó falta de mérito a los miembros de la Policía Metropolitana y de la Policía Federal acusados. 

La toma del Parque Indoamericano

El 6 de diciembre de 2010, mil quinientas familias fueron desalojadas con una brutal represión de la Policía Federal y la Metropolitana en conjunto, dejando como saldo la muerte de Bernardo Salgueiro, Rosemary Churapuña y días más tarde a Emilio Canaviri Álvarez, en lo que fue la toma de tierras más grande que se ha realizado en los últimos años en reclamo de vivienda digna.

La toma del Parque Indoamericano desnudó la crisis habitacional que afecta a los sectores más postergados de de la Ciudad de Buenos Aires y nuestro país. Tras la represión el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad sacaron a las familias de Parque con promesas de viviendas e inversión. Prometieron “un peso por cada peso que ponga el otro” para solucionar la problemática habitacional de las familias, pero nunca cumplieron. Berni, el mismo que avaló el desalojo violento en el barrio Papa Francisco, fue el que se comprometió a dar respuesta a las familias. 

La única acción del Estado fue iniciarle una causa penal a nuestros compañeros Diosnel Pérez y el Tano Nardulli a través del Ministerio Público Fiscal, demostrando una vez más que la política del gobierno es perseguir y criminalizar a los que luchan.

Desde el Frente Popular Darío Santillán manifestamos nuestra preocupación sobre el hecho y alertamos de una escalada del gobierno macrista contra los luchadores y luchadoras sociales. Denunciamos además el avance en la criminalización de referentes sociales, como es el caso de los trabajadores del Hospital Borda, así como la elevación a juicio de Mariano Skliar, delegado de la Junta Interna de ATE y militante del Frente Popular Darío Santillán, también procesado  por ser referente de una protesta realizada en el 2013, en el marco del conflicto salarial.

DESPROCESAMIENTO YA DE DIOSNEL PEREZ, LUCIANO NARDULLI Y TODOS LOS

LUCHADORES POPULARES

BASTA DE IMPUNIDAD Y COMPLICIDAD POLÍTICA Y JUDICIAL: REPUDIAMOS LA ABSOLUCIÓN DE LOS POLICÍAS QUE REPRIMIERON EN EL PARQUE INDOAMERICANO

JUSTICIA POR LOS ASESINATOS DE EMILIO CANAVIRI ÁLAVAREZ, BERNARDO

SALGUEIRO y ROSEMARY CHURAPUÑA

BASTA DE REPRIMIR Y CASTIGAR A LOS LUCHADORES SOCIALES

¡POR TIERRA Y VIVIENDA YA!

¡QUE NACIÓN Y CIUDAD CUMPLAN SUS PROMESAS!

15.9.2014

Un grupo de vecinos de la Comuna 15 se presentaron en la mesa de entradas de la repartición pública para solicitar una reunión con algún funcionario del área de salud para poder plantear que se cumpla la Ley Nº 3011en referencia al edificio de la ex Liga Israelita, ubicado en el barrio de La Paternal. Mientras algunos repartían y pegaban algunos volantes, otra vecina hablaba por un megáfono para hacer pública esta problemática, fundamentada en el uso que el Gobierno de la Ciudad le pretende dar a ese predio.

Un reclamo pacífico de porteños que tuvo como reacción el cierre de absolutamente todas las puertas de acceso al edificio y la aparición de numerosos agentes de la Policía Metropolitana para “custodiar” dichos accesos ante la “amenaza” de un grupo no mayor a las 50 personas. Este operativo causó dolores de cabeza a vecinos que precisaban ingresar para hacer trámites, mensajeros y carteros que debían dejar correspondencia, trabajadores del lugar y público en general. Una señora que precisaba hacer un trámite con cierta urgencia, reclamó ante los guardias y los agentes pero, como es habitual en estos casos, ninguno atendió su reclamo. Y esto se multiplicó por decenas durante unas cuantas horas. Nadie entendió el motivo de semejante determinación, así como tampoco la de no recibir al pequeño grupo que pudo ingresar antes del cierre de las puertas.

Carlos Méndez, comunero de UP 15, explicó que “estamos acá para decirle a la jefatura de Gobierno que cumpla la promesa del año pasado de la Vicejefa de Gobierno y de la ministra de Salud, que era construir el Centro de Salud en concordancia con los vecinos y las organizaciones barriales. No han hecho nada de eso, se cortaron solos, quieren poner el centro de salud en el sótano y usar las otras dos plantas para intereses que no tienen nada que ver con la ley votada. Queremos hablar con el funcionarios y no nos quieren recibir y nos han cerrado las puertas, algo digno del temor y del no dar la cara. Si tuvieran convicciones firmes, nos darían explicaciones que no quieren brindarnos”. Aclaró además que “nos vamos a quedar acá hasta que nos reciban y que nos den su palabra de que van a cumplir con la ley”.
Isabel Lew, Sec. Gral. CTA Centro, acompañó este pedido legítimo de los vecinos de La Paternal y alrededores expresó que “hace 7 años que estamos luchando para que se haga este Cesac (Centro de Salud), porque en el barrio no tenemos ninguno. Pedimos que se cumpla la ley y que, además, se pueda cubrir las necesidades del barrio, como un lugar donde los chicos que practican deportes en los numerosos clubes que hay en la zona, puedan hacerse una revisación médica, fundamental para evitar muertes y accidentes, así como también tratamiento de las adicciones. Esto, si bien no correspondería a lo que es un Cesac, el texto de la ley dice que estos centros tienen que estar de acuerdo a las necesidades del barrio. Y éstas son las nuestras. Antes nos atendían y hasta iban al barrio, ahora nos cierran las puertas y nos dejan adentro cuando sólo pedimos una entrevista. Y no es la primera vez que nos pasa. Como vecinos, tenemos derecho a saber que está pasando con nuestro centro de salud”.
Dentro de este marco, el FPV intentó actuar como es su costumbre. Según los testimonios de Julio Macera, presidente de UP CABA y miembro de la mesa de la CTA Capital,“en un momento aparece y pide entrar, la legisladora Nadeo. El cana no le da bola y le dice que cumple órdenes de su jefe, que tienen que hablar con él. Yo me enojo y le propongo a Nadeo y a la comunera de La Cámpora: ¿Voy y le digo al policía que le avise a su jefe que si no te deja entrar y reciben al resto de los vecinos, en 15 minutos cortamos la calle?…cri…cri…cri… Bueno… Vemos… esperemos… si querés…, dice ella. No es si quiero o no, le contesto, si se lo digo y no nos dan bola en 15 minutos tenemos que cortar la calle, no podemos boludear.
…cri…cri…cri… ¿No vieron al legislador fulano?, se quiso escapar Nadeo. Entonces la comunera agarró el megáfono y empezó a gritar: Queremos que nos reciban y de paso tapaba el reportaje que le estaban haciendo al comunero de UP”.
“Estas son tan burócratas y están tan acostumbradas a transar que ni contra Macri pelean”, sentenció Macera.
Al final, cuenta Mendez,“luego de un intercambio de palabras con la secretaria de Macri y de haber dejado afuera a 20 vecinos, se quedó en una reunión con decisores del Ministerio de Salud en la sede de la Comuna 15 para este viernes, para definir el tema”, demostrando de esa manera que sólo con la fuerza de las organizaciones y la unidad popular se pueden efectivizar los reclamos.
La ex Liga Israelita funcionó casi 100 años en La Paternal cumpliendo una labor encomiable en la prevención y promoción en salud. Quebró, y los vecinos, organizaciones políticas y sociales estuvieron reclamando una ley para que el Gobierno de la Ciudad comprara el edificio antes de que se lo rematara y poner ahí un centro de salud. Hace dos años efectivamente se compró el edificio, pero de las 3 plantas que tiene el inmueble, la Ciudad planea usar para dicho centro el sótano, que se inunda por la subida de las napas, y poner una oficina administrativa de transplantes y otra destinada al tratamiento de la obesidad gestionada por el doctor Alberto Cormillot, contradiciendo lo que plantea la Ley 3011.
El proyecto presentado por los vecinos y votado por la Legislatura prevé, en cambio, que en dicho inmueble –ubicado en Fragata Sarmiento 2152- funcione el Centro de Salud Municipal Nº3, de carácter resolutivo, pensado para contar con atención primaria, aparatología y en el que los vecinos podrán sacarse placas, ecografías, entregar muestras de sangre, y tener entre 11 y 18 consultorios de distintas especialidades. De esta forma, se descomprimiría la atención del hospital Durand y otros de la zona que comprende la Comuna 15 y sus alrededores, con el consiguiente beneficio para todos los habitantes de esta populosa zona de la Ciudad

11.9.2014

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires manifestó hoy su más enérgico repudio ante los daños perpetrados en las baldosas por la Memoria colocadas la semana pasada en el edificio que perteneciera al Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, en Callao y Viamonte.
 
Las baldosas fueron colocadas el jueves pasado con el objeto de visibilizar el edificio en el cual funcionó uno de los íconos del terrorismo de Estado, y desde el cual se planificó la desaparición de miles de personas.
 
El legislador José Cruz Campagnoli, de Nuevo Encuentro–FPV, sostuvo: “Hay que rechazar con mucha fuerza las agresiones contra ese importante símbolo como son las baldosas por la memoria. La búsqueda de Memoria,  Verdad y Justicia son los valores sobre los cuales queremos construir nuestra democracia”.
 
Por su parte, María Rachid, diputada del FPV, declaró: "Nos preocupa que estas acciones se repitan, y con el fin de continuar  profundizando nuestro compromiso con la memoria, presentamos junto al Diputado Edgardo Form  y organizaciones de Derechos Humanos, un proyecto para expropiar el edificio de Callao y Viamonte, otro para catalogarlo como bien integrante del Patrimonio Cultural a los efectos de detener las obras de reforma y demolición que lleva adelante la Universidad del Salvador, y un tercero de señalización para mantenerlo vivo en nuestra memoria".
 
En tanto, Edgardo Form, de Nuevo Encuentro, opinó: "Este acto de intolerancia y barbarie indica que hay sectores nostálgicos del terrorismo de Estado. Por eso hay que continuar con los juicios de la verdad y el castigo a los represores y cómplices de la dictadura cívico militar genocida".

10.9.2014

Este jueves 11 de Septiembre los trabajadores de Felfort vuelven a cortar, a las 13.30 horas, Avenida Díaz Vélez y Gascón, ante el desconocimiento de la empresa de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo .

En el marco del conflicto iniciado por el despido de 12 trabajadores de esa planta, los compañeros vuelven a manifestarse en la calle, lo hacen ante el incumplimiento por parte de la empresa de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo que le exigía  reinstalar a los despedidos y abonarles su salario mientras se llevaba adelante la negociación.

La comisión de delegados, ante esta actitud de la patronal, convocó a una asamblea que resolvió hacer pública la situación para luego marchar al Ministerio a una nueva audiencia.

La CTA Capital, que apoya el conflicto desde su inicio, resolvió su participación activa en esta actividad exigiendo que sean protegidos los derechos de las y los trabajadores de Felfort.

8.9.2014

La población de las villas porteñasaumenta día tras día. Aunque las cifras del Censo 2010 hablan de 163.000 habitantes, según estimaciones oficiales ya había 275.000 personas en asentamientos en la ciudad de Buenos Aires el año pasado. Ese crecimiento, cercano al 70% en cuatro años y del 156% acumulado desde 2001, no se condice con la velocidad de las obras de urbanizaciónnecesarias para incluirlas en el tejido urbano y social.

Hoy, en la Capital hay 14 villas, 24 asentamientos y dos núcleos habitacionales transitorios, según la Dirección General de Estadística y Censos local. En la última década, no se ha urbanizado ninguna; sólo se mudó la incendiada villa Cartón, que existía bajo la autopista Cámpora, luego de un traslado provisorio detrás del parque Roca. El propio gobierno porteño reconoce que la regularización dominial demandará, por lo menos, diez años.

Las obras de infraestructura y las asistencias ante emergencias no alcanzan para transformar en barrios las villas ni para mudar a los habitantes de los asentamientos. No hay atención sanitaria las 24 horas, ni presencia policial permanente ni escuelas. Sólo en la villa más antigua de la Capital, la 31, funciona un establecimiento escolar.

"El Estado no entra en la villa cuando no la urbaniza. Si se hiciera la apertura de calles y la posterior construcción de edificios nuevos para evitar el crecimiento en altura, se rompería la espacialidad intrincada de las villas, que hoy es utilizada por los narcos. Si el Estado no controla el territorio, es controlado por alguna organización. Los que más pierden son los mismos pobladores, que terminan siendo víctimas de la explotación", opinó Javier Gentilini (Proyecto Sur-UNEN), presidente de la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña.

Es precisamente en la Legislatura donde se aprobaron leyes de urbanización que nunca se cumplieron: la ley 403, para la villa 1-11-14; la 1770, para la villa 20 (incluido el terreno donde estaba el asentamiento Papa Francisco); la 3343, para la villa 31-31 bis; la 148, para todas las villas, y la ordenanza 44.873, para la mayoría de los asentamientos.

La oposición critica la política del gobierno porteño por dos aspectos: los constantes cambios en las dependencias con responsabilidad en cuestiones de vivienda y las asignaciones presupuestarias.

"Pro envía a la Legislatura proyectos de zonificación y no proyectos de urbanización; buscan permitir regularizar el dominio, pero mantienen la precariedad: villa 19 [barrio INTA], Ciudad Oculta [villa 15] y barrio Cildáñez [ex villa 6]", indicó la ex legisladora Rocío Sánchez Andía, integrante de la mesa de urbanización de las villas 31 y 31 bis.

Ayer, en el deslinde de esas villas con la autopista Illia, la empresa estatal AUSA realizaba el recambio del alambrado que separa las casillas de la vía rápida a lo largo de 550 metros. El tejido era colocado sobre muretes de cemento de unos 65 centímetros de alto. De igual modo, se refirió a la política habitacional Gentilini: "El gobierno porteño está haciendo una intervención de carácter minimalista, no está urbanizando en serio".

Respecto de la asignación presupuestaria, la Asociación Civil para la Igualdad y la Justicia (ACIJ) elaboró un informe que da cuenta de que las partidas destinadas a viviendas vienen disminuyendo sistemáticamente desde 2005, al pasar de 3,8% del presupuesto en 2008 a 2,1% en 2013. Agrega que, si se enfoca la mirada en los recursos destinados específicamente a políticas públicas en villas, pasaron del 2,5% del presupuesto en 2005 al 0,7% este año.

Esto significa que, aunque aumente el número de la asignación, la porción que se destina a ese fin es cada vez menor. El presupuesto total de gastos para este año en el distrito es de 60.000 millones de pesos; la Secretaría de Hábitat e Inclusión (Sechi) cuenta con $ 150 millones.

"La Sechi es la que supuestamente coordina hoy por hoy, pero lo que más hacen es un maquillaje. No hay un plan concreto", indicó Jimena Navatta, de ACIJ.

La Sechi fue creada hace dos años. A sus fondos deben sumarse los asignados al Instituto de la Vivienda. Anteriormente, era la Corporación del Sur la que también atendía las necesidades habitacionales. Ese cambio de jurisdicciones también ralentizó el proceso.

Marina Klemensiewicz, al frente de la Sechi, se defendió: "En el gobierno de [Mauricio] Macri se avanzó como nunca y los planes de urbanización están en marcha en todas las villas de la ciudad. Hemos concretado 244 obras durante 2012 y 2013, y actualmente tenemos 84 obras en ejecución". Entre ellas, se destacan tendidos cloacales y pluviales en 3000 metros lineales, más otras 19 en el espacio público, como plazas y áreas deportivas.

Según la funcionaria, la regularización dominial llevaría una década. "Estamos diseñando los lineamientos adecuados para que, en un plazo máximo de diez años, todos puedan contar con su escritura. Es una tarea vital incluir en el marco institucional todos estos territorios, con los debidos derechos y responsabilidades. Hoy estamos trabajando en Los Piletones, el barrio INTA, la villa 20, Fátima y Cildáñez". El diputado Gustavo Vera (bloque Verde Alameda) dijo: "La última vez que el Estado pisó las villas fue en los 90. No hay control territorial".