Comunicadores del Sur

5.1.2015

REVISTA EL ABASTO – NOSDIGITAL – INDYMEDIA

Fue aprobada en la Legislatura Porteña la llamada "Ley de Centros Culturales". Los partidos políticos Frente Para la Victoria y el PRO votaron por unanimidad. La noticia salió con bombos y platillos en Pagina 12, Clarín y La Nación.

Con este anterior párrafo está todo dicho y podríamos concluir esta editorial, pero bueh…

Todo legal, todo será medido

El 29 de Diciembre quedó promulgada esta ley que fue promovida por el espacio MECA (Movimiento de Espacios Culturales Autónomos) y otros grupos afines. El MECA en un principio intentó llevar al poder legislativo porteño este proyecto de ley como una iniciativa popular, mas luego el FPV tomó la posta.

Para que entre a regir, falta el visto bueno o la vetación del poder ejecutivo.

No está en discusión la motivación del MECA en estas notas urgentes. Fueron meses, luego del desalojo de la Sala Alberdi (marzo 2013), de hostigamiento hacia casi todos los espacios culturales autónomos de la ciudad, hubo allanamientos, hubo robos que ejecutaron uniformados de la Policía Metropolitana, hubo clausuras y hasta desalojos en varios espacios de la ciudad. Tampoco, por supuesto, está en discusión la necesidad de la existencia de esos espacios. La única duda planteada es si la solución a tanto atropello es una ley.

La ley, cualquier ley, dice muchas cosas que no se cumplen, la ley protege derechos que el mismo ente que debería resguardarlos los vulnera.

Al entrar en rigor esta nueva ley, todo espacio cultural que hasta ahora era autónomo y autogestionado queda encasillado en las gafas del estado. Los centros culturales serán catalogados, clasificados, e inspeccionados más aún.

Habrá una clasificación por metro cuadrado, la ley ordena establecer categorías, a las que rotula con letras.

La ley no clausura las clausuras, las refuerza con normativas, y para colmo establece requisitos que son excluyentes para quienes andamos de a pie. Para habilitar un espacio auditorio se deberá contar con una suma importante de dinero para contratar a la empresa que hace el estudio

Avanzan los negocios y la exclusión

La cultura es un negocio y la cultura la manejo yo – así piensan los funcionarios del estado, así lo demostraron con el caso de la Sala Alberdi. Sólo quienes allí pasaron un rato o unos ratos saben que todo el fenómeno de la toma de la sala de teatro y el acampe de principios del 2013 fue un hecho cultural profundo para quienes allí andaban resistiendo. ¿Y qué resistían esas personas? Justamente, que la cultura no sea un negocio, que no se privatice la cultura.

Claro que a lxs funcionarios de gobierno esto de la resistencia no les gustó e hicieron todo tipo de canalladas porque no querían resolver el conflicto, querían continuar con sus planes de privatización y elitización, tan resueltxs estaban que no dudaron en ordenar una represión descomunal hacia artistas, periodistas y solidarixs, represión que dejó un saldo de 3 compañerxs heridos de bala de plomo, uno de ellos, todavía tiene el plomo en la pierna, al día de hoy.

La cuestión base que motiva a lxs funcionarios es entender a la ciudad de Buenos Aires como una empresa, no como una ciudad, es una empresa de turismo que debe ser rentable, (y lo es), atractiva para el turista medio o alto, pulcra al punto de parecerse a cualquier otro punto turístico urbano del planeta. La cuestión es el negocio y a la cultura no pueden verla como otro cosa que una parte del negocio.

Otrora gobiernos militares atrayeron al turismo e intentaron ocultar sus crímenes con megaeventos como la copa de futbol mundial, para lograrlo deseaban ocultar lo "feo", como una villa de emergencia, así fue que ocultaron un barrio al que se conoce como Ciudad Oculta.

Los gobiernos actuales y recientes sobre ese concepto de ciudad atractiva para turistas vienen sacando a palos a la gente en situación de calle, y también a la gente que se la rebusca vendiendo sus artesanías o cosas usadas o cosas compradas en la calle, en la vereda.

En San telmo, otrora barrio obrero de rebosante cultura popular, policía de diferentes uniformes no permiten que se expresen los músicos callejeros.

Corre el 2009 y Macri – en plena campaña electoral – no titubea en ordenar el desalojo de una huerta, sí, una huerta comunitaria, llamada Huerta Orgázmika. Con cínicas excusas golpearon al perro y al compañero que cuidaban esa noche el lugar y no conformes con ello una topadora arrasó con todas las plantas (verduras, hortalizas, hierbas de uso medicinal), desgarrándolas de la tierra y arrojándolas a basureros.

Todo el hostigamiento a los espacios culturales alternativos ejecutados por el gobierno, ¿de donde surgen? de la necesidad del estado de controlarlo todo y eliminar o alejar aquello que no le favorece.

Hecha la ley, hecha la trampa

Pero nosotrxs no somos quienes podremos hacer trampa, porque está todo medido y premeditado en la nueva ley, la trampa la hará el gobierno, que por más ley o derecho que tengas a tu favor, lo que rige la acción del gobierno es el negocio y el poder, no custodiar tu desarrollo como individux curiosx, no, el negocio es el negocio y rige el mercado en el mundillo capitalista-patriarcal que todavía atravesamos.

El modus operandi del gobierno es siempre el mismo, no cambia aunque cambie el funcionario. Ayer entraba sin permiso a inspeccionar un centro cultural y lo clausuraba porque la gente bailaba un tango y la habilitación era para despacho de bebidas, (caso El Café de los Patriotas), mañana actuará igual con el beneplácito de una ley que vos mismo pediste.

No existía hasta este momento una ley que reconozca a los centros culturales, y esto les daba autonomía, porque si de cultura hablamos, y más específicamente de contracultura, es decir, una alternativa al mercado de la cultura o la cultura establecida, estas alternativas deberán resistir en el mundillo de las habilitaciones del estado, y eso, no está bueno, no está bueno Buenos Aires.

2.1.2015

"Macri ha recibido el 2015 con otro tarifazo confiscatorio". Así caracterizó Marcelo Ramal, legislador del FIT, al aumento del 29% dispuesto para las empresas de grúas en la Ciudad. "Esta medida beneficiará a dos empresas que se hicieron de este negocio en los tiempos de Grosso, y que trabajan hoy con su licitación vencida", continuó Ramal. "No existe en la Ciudad concesión más parasitaria que la de la grúa: paga un canon fijo, pero sus ingresos crecen al compás de un acarreo de vehículos cada vez más despótico y arbitrario".

"Los privatizadores de la grúa no sólo se benefician con el aumento de tarifas. Además, el Estado porteño acaba de cederles  el 20% de las nuevas cocheras que se construyen junto a la facultad de Derecho, y subsidios especiales para el alquiler de camiones"

Ramal agregó que "La penalización creciente en el uso del vehículo particular no va a incentivar el uso del transporte público, por la sencilla razón de que éste se encuentra colapsado y en estado ruinoso. Así lo han documentado en reiteradas oportunidades los trabajadores del subte".   

"El tarifazo se completa con un aumento del 33% en la ficha del parquímetro, que está acompañado de un plan oficial para privatizar el estacionamiento en más de la mitad de las calles de la Ciudad".

"Con esta exacción a los vecinos, que se suma a los aumentos de ABL y Patentes, el macrismo quiere bancar un presupuesto cargado de obras sobrefacturadas y deudas en dólares. Los beneficiarios del aumentazo no serán los maestros o enfermeros porteños, sino los acreedores financieros de la Ciudad y sus contratistas privados". 

Ramal concluyó reclamando "la anulación del tarifazo y la apertura de los contratos y concesiones con privados a la consideración popular, lo que pondrá de manifiesto los múltiples vínculos del gobierno PRO con la patria contratista".

29.12.2014

LA RETAGUARDIA

En enero de 2014 el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió cerrar su programa de asistencia a víctimas de delitos sexuales, que funcionaba desde 2008. A un año de aquella decisión, Cristina Varela y Luis Angió, en su programa Oíd Mortales, que se emite por Radio La Retaguardia, dialogaron con María Elena Leuzzi, que coordinaba aquella área y actualmente preside A.Vi.Vi. (Ayuda de Víctimas de Violación), sobre cómo fue el primer año sin este programa de asistencia.

“Al quedarnos sin un lugar físico y sin los sueldos del gobierno de la Ciudad que eran muy pequeños pero que ayudaban a sostener lo que era la actividad de A.Vi.Vi, seguimos trabajando pero desde mi casa. Logramos tener un espacio. Los días martes atiende el abogado, y los viernes la psicóloga, es reducido pero está bastante armadito, así que estamos trabajando desde ahí, a los ponchazos porque obviamente no tenemos un sueldo, ni ayuda de nadie”, describió María Elena Leuzzi, dando cuenta de cómo se modificó la forma de llevar adelante las actividades de la organización que preside, luego del cierre del programa que dependía de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Claudio Avruj, desde 2008.

Lo paradójico es que a pesar de esta decisión gubernamental, A.Vi.Vi. responde permanentemente a consultas de organismos estatales: “tenemos derivaciones desde los diferentes ministerios de Nación y de Provincia de Buenos Aires donde nos derivan a las víctimas con un escrito desde diferentes fiscalías; también el 911 nos está derivando a las víctimas. Existimos para los organismos pero no para un gobierno de la Ciudad, ni para un gobierno provincial ni nacional. Las víctimas no se van sin atención, sin asesoramiento”, afirmó Leuzzi en diálogo con el programa Oíd Mortales, que conducen Cristina Varela y Luis Angió.

En este marco, la presidenta de A.Vi.Vi. remarcó la asistencia que reciben quienes se acercan a la Asociación a pesar de la falta de “ayuda oficial”: “las chicas por parte de lo que es salud mental están todas bien asistidas, bien contendidas; pero como estamos desbordados, Julieta Petite, que es nuestra profesional, empezó a armar grupos de autoayuda como para ganar más espacio. El balance que hacemos es que fue un año muy duro a nivel laboral, profesional y a nivel vida de María Elena Leuzzi y su familia, pero que como siempre hemos podido sortear con ayuda de Dios, por sobre todas las cosas, y estoy bastante armada, de todo lo malo que siempre me ha sucedido en la vida, he podido salir y hacer una resiliencia”.

En este punto, Leuzzi fue crítica con la situación en la provincia de Buenos Aires en particular, y de todo el país en general: “desgraciadamente hoy existe una alfombra de sangre, la inseguridad está muy instalada, no se está haciendo nada respecto a eso, solo son proyectos, habladurías de que un jefe de la bonaerense dice que hemos agregado 200 patrulleros, pero no dicen pusimos 200 patrulleros en la calle y tuvimos sacar para que conduzcan ese patrullero a personal de adentro de las comisarías. Nos dan a los ojos una visión de que parezca que hay patrulleros nuevos pero si vamos a hacer una denuncia antes esperábamos dos horas y hoy esperamos seis, quien está a cargo de la comisaría en el momento que ingresamos te pone cinco millones de trabas como para que no vuelvas o no hagas la denuncia. Nunca ellos van a dar puntada sin hilo, como decía mi abuela. Y a nosotros se nos complica, pero somos insistidores y si no nos toman la denuncia volvemos a la comisaría, acompañamos a la familia o a la víctima y exigimos, porque es un derecho que tiene cada individuo que se le tome una denuncia formal y que se inicie una acción penal si así lo requiere la denuncia”.

De cara a 2015

“Sé que es mucho esperar un año para sentir que realmente va a haber un cambio, que realmente los argentinos necesitamos estar contenidos, estar protegidos, sentir que estamos seguros dentro de este país que amamos, apostamos y en el que hemos tenido hijos. La mitad de los argentinos somos hijos de extranjeros, como en mi caso que soy hija de calabreses, pero mis viejos apostaron, y mis abuelos cuando vinieron a la Argentina en el año ’28 apostaron a este país, y nos enseñaron que ante cualquier dificultad no hay que parar y ponerse a llorar, sino que hay que secarse los ojos y pensar qué se puede hacer. A esto los profesionales le llaman ‘resiliencia’, yo digo que a esto le llamo que si tuve un tropezón me tengo que saber levantar con altura y pensar qué puedo hacer para que no me vuelva a pasar, que me enseñaron a amar a mi prójimo, que me educaron para ser una persona solidaria, es mi trabajo, es lo que heredé de esos calabreses que vinieron a la Argentina, y estoy orgullosa de poder ayudar y decir que hoy toda aquella víctima que llegó a A.Vi.Vi. si bien no se le solucionó el problema en un 100%, su causa y su estabilidad psicológica están en un 75% asistida, contenida”, expresó María Elena Leuzzi.

La presidenta de A.Vi.Vi. remarcó que para 2015 tienen previsto la realización de tres juicios por causas impulsadas desde la Asociación: “tenemos ya tres juicios muy grandes sorteados, que van a ser orales y públicos. Sabemos que una sentencia no va a curar a la víctima pero sí va a aliviar, porque sentirá que se va a hacer justicia por aquello que le ha pasado”.

Los procesos se llevarán adelante en Morón, Lomas de Zamora y San Isidro: “nosotros trabajamos a nivel nacional y tenemos nuestro querido doctor (Omar) Ledesma que ha sido perito en una de las autopsias de la chica promotora, Dilma Pérez González, que fue ahorcada (en noviembre de 2013). El equipo de A.Vi.Vi. va a estar ahí con el doctor Ledesma, el doctor (Andrés) Bonicalzi. En el diálogo interno de A.Vi.Vi., a Morón le decimos ‘Tribunales de Morondanga’; en el caso de Lomas, ‘Lo más miércoles que te puede tocar’, a todos le hemos puesto un mote porque realmente sabemos dónde nos metemos. Los juicios no van a cambiar para nada lo que les pasó a los jóvenes, la vida de Dilma no va a resucitar, pero por lo menos la familia va a sentir que de toda la aberración que hicieron con su hija algo se va a pagar; y en el caso de Duca en San Isidro, ella venía de trabajar y la abordaron en la vía pública y la violaron y la maltrataron, esa persona que le hizo eso va a pagar. No estamos pidiendo pena de muerte sino simplemente que esta persona pague por el daño que causó”.

A pesar de que ha sido un año difícil para esta Asociación, integrada por personas que han tenido vidas difíciles, las expectativas por delante son muy grandes: “tenemos muchísimas ganas de que arranque 2015 y poder completar muchas cosas como esta sentencia que vamos a esperar ansiosos, y poder decir que pudimos votar en paz, pudimos llegar sin que la presidenta se vaya anticipadamente como nos ha pasado en otras oportunidades, pero que se nos respete la decisión de poder elegir a alguien que creamos que puede conducir nuestro país y llevarnos a un buen puerto”, afirmó María Elena Leuzzi en el tramo final de la entrevista con el programa Oíd Mortales, que se emite por Radio La Retaguardia.

27.12.2014

La diputada del FPV Claudia Neira exigió explicaciones del Gobierno de la Ciudad por el flagrante incumplimiento del millonario contrato de recolección de residuos de la Ciudad que dejó a  Buenos Aires colapsada de basura después de estos días feriados.

Neira explicó que "si bien supuestamente la recolección estos días feriados iba a llevarse adelante de modo normal, con excepción del día 24, que se llevaría a cabo un horario más temprano, hemos observado que directamente no hubo recolección hasta el día de hoy". Y agregó: "resulta inadmisible que un contrato millonario, el más oneroso de la Ciudad, no garantice las mínimas condiciones de higiene a los porteños".

La diputada del FPV explicó que "además de los más de cinco mil millones de pesos que se abona por la recolección de residuos, el Gobierno de la Ciudad decidió licitar y pasar a manos privadas el control de dicho contrato, por un monto de 472 millones. Y se preguntó "¿a dónde va el dinero de los porteños que se pagan fortunas y tenemos que pasar estos días feriados en medio de la basura?".

Neira informó asimismo que pedirá la intervención del Ente Unico Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad para que intervenga frente a esta situación.

22.12.2014

Históricamente, las Juntas de Clasificación docente han sido producto de una de las más importantes conquistas de los trabajadores de la educación que fue plasmada en nuestro Estatuto: que los trabajadores tengamos una representación que garantice la transparencia tanto en la clasificación docente como en la elaboración de listados, concursos y actos públicos, certificando la no discriminación política o ideológica, evitando las designaciones a dedo, las prebendas y arbitrariedades.
Las funciones de las Juntas de Clasificación incluían, básicamente, la clasificación del personal docente, la formulación del orden de mérito y la disposición del destino de las vacantes.
Con la ley 4109/2011 (Ley “Abrevaya”), estas funciones pasan a ser de la COREAP (Comisión de Registro y Evaluación de Antecedentes Profesionales) que estará compuesta por 3 miembros designados por el Ministerio de Educación. Incluso en los jurados a cargo de los concursos de oposición, históricamente las Juntas de Clasificación tenían a cargo la designación de uno de sus miembros. Ahora, las juntas sólo “propondrán” y la designación quedará a cargo del Ministerio de Educación. Lo mismo sucede con la propuesta de nuevos destinos laborales a los docentes en disponibilidad y otras funciones.
El falaz argumento del gobierno es que los retrasos en los listados de orden de mérito en varias Juntas (sobre todo, las de nivel medio), las irregularidades y las consecuentes interrupciones de los concursos de ingreso (titularización), van a ser superados por la “eficiencia” de la COREAP, la informatización y el legajo único docente.
En primer lugar, ni la informatización ni el legajo único docente eran imposibles de implementar manteniendo las funciones históricas de las Juntas de Clasificación. 
En este sentido, alertamos que no puede deslindarse la informatización de los objetivos políticos de quien la realiza. Los resultados de la inscripción on line para las vacantes de los niños y jóvenes en las escuelas (realizada por empresas privadas a las que se le pagaron 15 millones de pesos), nos da una pauta de la intencional ineficacia a la que nos somete el Ministerio de Educación cuyo objetivo es vaciar la escuela pública, generando la desescolarización de miles de chicos en la zona sur de la ciudad.
En el caso de la eliminación de las Juntas de Clasificación la intención fue clara desde el comienzo y así lo denunciamos desde el 2011: la destrucción del sistema público de clasificación y el manejo arbitrario de listados y concursos. Esta cuestión fue tomada por la docencia que  protagonizó entonces las medidas de fuerza y movilizaciones más masivas de los últimos años en defensa de la transparencia de los concursos públicos.
En segundo lugar, según la nueva ley, se establece una “fusión” de las gigantescas juntas de media y adultos en una sola junta; primaria y primaria adultos; especial y servicios profesionales; artística y normales. Y al mismo tiempo, se reduce la cantidad de miembros de cada una de las juntas: de 9 miembros pasan a ser 5 (con la excepción de las juntas de primaria y media que pasan a ser 8).
En tercer lugar, en las Juntas de Clasificación no sólo trabajan los vocales electos sino también los colaboradores que cada organización sindical solicita al Ministerio y éste debe nombrar. Paradójicamente, los miembros de Juntas que el Ministerio cuestiona por no realizar en tiempo y forma la clasificación y formulación del orden de mérito cuentan con numerosos colaboradores, al tiempo que Ademys -sindicato atacado por el macrismo, pero al mismo tiempo “respetado” por el propio Ministerio por su trabajo en las Juntas y votado ampliamente por la docencia en las últimas elecciones de Junta- no cuenta con ningún colaborador. Si bien los colaboradores no pueden clasificar, como sí lo hace el vocal, la falta de los mismos constituye una sobrecarga de tareas para los vocales que deben garantizar la tarea de la clasificación con 5 miembros en lugar de 9 -siendo esta la principal causa del retraso en los listados- o realizar otras tareas como entregar memos con incumbencia de títulos por horas no cubiertas en actos públicos.
Mientras intenta desmontar las actuales Juntas, que en varios casos siguen sosteniendo los concursos pese a estar diezmadas, el gobierno no logra cumplir ni siquiera los plazos que ellos mismos habían impuesto para el “Nuevo sistema de clasificación”. Por ello, la Legislatura ha votado recientemente la prórroga de sus miembros hasta el 2016.
Según lo estableció la Ley Abrevaya, las funciones de las Juntas de Clasificación en adelante se reducen, básicamente, a “participar” para la conformidad del puntaje definitivo; “fiscalizar” los listados de aspirantes confeccionados por la COREAP y proponerlos a consideración del Ministro; “informar” al Ministro de Educación anualmente de los procesos desarrollados y cada vez que se presente alguna irregularidad. Es decir, se reduce la participación de los vocales a meros empleados administrativos que validan la documentación presentada por los docentes. Una desnaturalización de una de las grandes conquistas del gremio docente: evitar la discrecionalidad de los gobiernos en la designación de los trabajadores de la educación.
Pero además, según se nos comunicó en reuniones informativas a las que se nos ha convocado, en el esquema que propone el gobierno, 40.000 docentes serán “atendidos y clasificados” por 41 miembros de la COREAP, y que los vocales se reducirán a ser meros “validadores” de documentación, tarea compartida por los colaboradores. Además, el nuevo sistema estandarizará al extremo la valoración de los antecedentes culturales y pedagógicos.
A esto se suma que la informatización la llevarán a cabo empresas privadas.

Desde Ademys, continuamos sosteniendo la demanda de restitución de las Juntas de Clasificación para poder garantizar listados y concursos transparentes y para fortalecer la escuela pública.
Exigimos la inmediata convocatoria a elecciones de vocales de Junta, con todas las funciones y atribuciones que tenían hasta la sanción de la Ley Abrevaya y rechazamos la prórroga establecida por la Legislatura.

Convocamos a la docencia a organizarnos y pelear por la Restitución de las Juntas, en defensa de nuestros derechos como trabajadores, y en defensa de la Escuela Pública.