Comunicadores del Sur

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No queremos migajas. Por $11 mil de inicial y $7 mil de básico

18.2.2015

La paritaria docente a nivel nacional es una pauta testigo no sólo para los trabajadores de la educación sino para todos los trabajadores. De allí que tanto el gobierno como la burocracia sindical representada por las cinco confederaciones que participan de la paritaria, en especial la CTERA, pongan tanto énfasis en cerrar por debajo de la canasta básica (que según datos oficiales del GCBA para una familia tipo que paga alquiler es de $12.282) y sin cláusulas que permitan una inmediata suba salarial ante la escalada inflacionaria que en 2014 fue de un 40%.  Es decir, la crisis y el ajuste lo seguimos bancando los trabajadores, no quienes la generan, no los que ganan fortunas.

 

En este 2015, en el marco de una crisis política nacional en ebullición a partir de la muerte del fiscal, de un escenario no menos crítico en lo económico y con la consabida agenda electoral por delante, los representantes del gobierno nacional ya auspiciaron un aumento del salario inicial que no supera los $6100 en total para todo el país. Como sostuvimos desde un principio, ese “mínimo” es un techo que aplasta todos los genuinos reclamos de recomposición y aumento salarial a lo largo y a lo ancho del territorio. Las burocracias apoltronadas en los sillones del Palacio Pizzurno, sonríen para las cámaras y se sienten a gusto con la oferta. Ni ellos, ni los ministros viven de las dobles jornadas de trabajo que la mayoría de los docentes encaramos mes a mes, ni ponen un pie en las escuelas derruidas de nuestros barrios populares, ni viven del salario mínimo que pactan a espaldas de las bases en las escuelas. La discusión como es costumbre se da en ámbito cerrado, sin asambleas para que los docentes decidamos cuánto es justo ganar y cuáles son las transformaciones necesarias para que el trabajo de enseñar y la tarea de aprender sean dignos.

 

Dejando en claro que la prioridad no es garantizar los derechos básicos de la población, en los presupuestos 2015 votados tanto a nivel nacional como en la ciudad de Buenos Aires, se aumentaron las partidas para “seguridad”, deuda externa, publicidad, en desmedro de los presupuestos educativos, de salud, de vivienda y cultura. 

En la CABA, el ministro Bullrich adelantó hasta el momento dos cuotas de un 10% a cuenta del aumento 2015, -lo que fue planteado por el Ministerio en diciembre sin ponerlo en discusión en la mesa y sólo informando de la medida unilateral o negociada fuera del ámbito de la mesa. Desde Ademys rechazamos esa imposición que no contempla la necesaria recomposición salarial, ni la desigualdad generada en las paritarias anteriores, que produjo una discriminación salarial a la baja dejando a miles de docentes por debajo de la garantía mínima y produciendo una desvalorización de la hora cátedra. La actual propuesta, aún sin números, pero de igual aumento para todos los docentes, cristaliza la diferenciación a la baja para un sector importante de la docencia.

 

En enero, hemos presentado desde Ademys un pliego de reivindicaciones que abarca los reclamos de todas las áreas y que resalta fundamentalmente, además de la necesidad de un mínimo de $11.000 y un básico de $7.000, la construcción de escuelas en la Zona Sur, la suspensión de la aplicación de la NES, la eliminación del impuesto al salario (Impuesto a la Ganancias) o en su defecto que ese aporte quede a cargo de nuestra patronal y no de los trabajadores; la restitución de las Juntas de Clasificación y el reconocimiento de los delegados electos de Ademys en 2014 como así también su legítima representación en las comisiones permanentes de Salario y Estatuto.

Los docentes no queremos el reparto de las migajas y los problemas de la educación no son de una u otra jurisdicción. Por eso necesitamos unir nuestras voces y acciones con la docencia de todo el país, para intervenir de conjunto en estas paritarias, y poder generar un movimiento nacional que intervenga con fuerza, defendiendo nuestros derechos como trabajadores y los derechos de los niños y jóvenes a la educación, tanto frente al gobierno nacional como frente a la oposición patronal. En este sentido, Ademys convoca y participará del Encuentro Opositor Docente que se desarrollará el 23/2, en unidad con todas la provincias, seccionales y conducciones que no se subordinan ni al gobierno ni a la burocracia.

 

Organicémonos para intervenir en la paritaria

En la Ciudad, es imperioso organizarse por escuela, haciendo asambleas, discutiendo entre compañeros, deliberando en las jornadas institucionales sobre nuestras condiciones de trabajo y nuestro salario, sacar mandatos elaborados en las escuelas. Desde Ademys, hemos puesto a disposición nuestro pliego para su discusión con el conjunto de la docencia. Entendemos que debemos ser los trabajadores en asamblea quienes definamos si aceptamos o no las propuestas del gobierno. Por ello, convocamos a participar de la asamblea abierta que realizaremos el día 25/02 a las 18hs en Solís 823 para definir colectivamente nuestros reclamos y decidir qué acciones realizamos para lograrlos.

 

– Salario mínimo (garantía) igual a la canasta familiar: $ 11.000 para el salario inicial, sin antigüedad y $7.000 de salario básico.

– Ningún cargo docente por debajo de la garantía mínima. No a la desvalorización de la hora cátedra.

– Blanqueo de las cifras en negro y su incorporación al salario básico.

– La eliminación del impuesto al salario (Impuesto a la Ganancias).

– Suspensión de la aplicación de la NES

– Restitución de las Juntas de Clasificación

– Por vacantes para todos: Construcción de Escuelas y resolución de problemas de Infraestructura

– Reconocimiento de los delegados electos de Ademys en 2014

– Legítima representación de Ademys en las comisiones permanentes de Salario y Estatuto.

 

    Ademys – CTA

Dictamen judicial obliga a la reincorporación de un trabajador despedido


12.2.2015

Según Dictamen Judicial, uno de los trabajadores que habían sido despedidos por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, deberá ser reincorporado en su puesto de trabajo en iguales condiciones que se encontraba antes.
Una vez más, la Justicia se ha pronunciado en contra de las medidas arbitrarias que violan los derechos de los trabajadores a las que nos tienen acostumbrados el PRO y sus funcionarios.Reproducimos comunicado de prensa ATE Capital

http://www.anred.org/NAVPICS/rien.gif

 

 

Esta buena noticia nos dice que vamos por buen camino en la pelea por la reincorporación de los trabajadores precarizados de Estadística de la Ciudad y despedidos por el recaudador porteño Carlos Walter y Néstor Grindetti por su actividad sindical en el organismo.

Desde la ATE Capital venimos denunciando la persecución que sufre nuestra organización y, en este caso particular, la Junta Interna de Estadísticas y Censos desde hace años por su actividad gremial. Han sido víctimas de amenazas, abusos de poder, maltratos, despidos, denuncias penales a trabajadores por parte de los jefes y patrocinados por abogados del organismo, el envío de la policía a una asamblea, traslados y despidos de delegados, entre otros apremios. Todas estas medidas las hemos enfrentado, denunciado públicamente y revertido, como en este nuevo fallo.

Reincorporación ya de los compañeros despedidos de Estadísticas y Censos
Reincorporación del delegado de la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires

ASOCIACIÓN TRABAJADORES DEL ESTADO

CONSEJO DIRECTIVO CAPITAL FEDERAL

Asbesto: lo que la represión del Borda nos dejó….

12.2.2015

Félix Cariboni

Hace dos años, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires demolió de manera ilegal un edificio (Taller Protegido N° 19), ubicado dentro de Hospital Borda en el barrio de Barracas, con la finalidad de comenzar a construir un sector del nuevo centro cívico de la Ciudad. Por este hecho, tanto el Jefe y como la Vicejefa de Gobierno y otros funcionarios fueron imputados y recientemente sobreseídos[1]. No obstante, a dos años de este hecho y sin desconocer ni subestimar la brutal represión en ese nosocomio se abordará otro elemento que fue soslayado: la exposición de personas a materiales cancerígenos, como el asbesto.

 

El Gobierno de la Ciudad no adoptó las acciones adecuadas para remover de forma segura las placas del Taller Protegido que contenían asbesto al momento de su demolición. Por el contrario, se incrementó la peligrosidad con la demolición y la transformación del material en polvo, que es justamente en esta condición donde produce mayor riesgo a la salud.

 

El sobreseimiento de funcionarios de Ciudad de Buenos Aires en la represión del Borda no quita que los mismos funcionarios puedan ser imputados o encontrados responsables por la Justicia en el futuro, si alguno de los participantes directos o indirectos de este episodio presentasen enfermedades asociadas al asbesto.

 

 

INFORME

 

a) Represión en el Borda

 

En la madrugada del viernes 26 de Abril del 2013 una cuadrilla de operarios de una empresa contratista, acompañados por fuerte presencia de la policía Metropolitana ingresó al hospital psiquiátrico José T. Borda y demolieron el Taller Protegido Nº 19.

 

Con vestimenta de asalto, más de 400 policías de esa fuerza de seguridad ingresaron a un hospital psiquiátrico “a-puertas-abiertas” en pleno funcionamiento y realizaron una brutal represión cuyo saldo fue de 30 heridos y decenas de detenidos, entre trabajadores de la salud, dirigentes gremiales, pacientes psiquiátricos y periodistas. También fueron heridos legisladores de la Ciudad.

 

Este edificio, empleado por los pacientes para realizar tareas de carpintería y herrería, contaba con dos medidas cautelares vigentes que impedían su demolición. Aún así, el Gobierno de la Ciudad avanzó en la demolición del Taller Protegido con la intención de construir el nuevo Centro Cívico de la Ciudad.

 

La Justicia porteña ratificó que el procedimiento en el Borda fue ilegal y estaba vigente la medida cautelar que protegía ese bien. También multó al Jefe de Gobierno, Mauricio Macri;  al Ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chain y al Procurador de la Ciudad por desconocer el fallo. La multa ascendió a $ 20.000 por cabeza.

 

Según el informe[2] del Observatorio de Derechos Humanos (ODH), a pesar de la violenta represión la única autoridad que estuvo procesada en la causa es el Jefe de la Policía Metropolitana, Horacio Giménez, por lesiones y abuso de autoridad en 32 casos y un policía de menor rango. Sin embargo, tras la apelación de esta semana se ratificó el sobreseimiento de todos los imputados, inclusive de Giménez[3].

 

Distinto fue la suerte de los dirigentes del gremio ATE que elevaron sus casos a juicio oral por “atentado y resistencia a la autoridad”.

 

 

b) El asbesto en el taller protegido

 

Las placas del techo del taller estaban construidas con asbesto. El asbesto es una sustancia altamente cancerígena con graves consecuencias para la salud. Estas afecciones pueden controlarse o llegar a ser muy graves y algunas pueden causar la muerte[4]. La característica fibrosa del asbesto es la que lo hace tan peligroso ya que penetra fácilmente por las vías respiratorias. Por lo tanto, cualquier acción para remover estructuras que contienen este material debe evitar la propagación del polvo para impedir la exposición al mismo. Acción que una demolición, como en este caso, no evitó en absoluto sino que por el contrario la potenció.

 

Una vez que las fibras de este material ingresan al sistema respiratorio, persisten en los tejidos y allí pueden permanecer por muchos años hasta que sus efectos comienzan a sentirse. No existe método conocido para retirar las fibras de asbesto de los pulmones una vez que han sido inhaladas. La mayoría de las personas no muestran signos o síntomas de enfermedades relacionadas con el asbesto hasta muchos años después de ocurrida la exposición.

 

En diez, veinte o treinta años, los operarios de la empresa contratista, los trabajadores del hospital, pacientes, periodistas y porque no, también policías que estuvieron involucrados en el episodio de la demolición del taller protegido pueden presentar los síntomas asociados a la inhalación de fibras de asbesto. 

 

 

c) Retirando el asbesto

 

Los pocos o nulos cuidados que tuvo el Gobierno de la Ciudad para “remover” las placas de fibrocemento de asbesto del taller protegido, no los tuvo para retirar y disponer de forma segura esos residuos peligrosos.

 

Con fecha del 30 de Abril de ese año, es decir, cuatro días después, el contratista realizó tareas para evaluar si era necesario medidas para descontaminar el sitio. 15 días después, con los escombros a cielo abierto, se decidió contratar a la consultora CIH environmental solutions para que realice un informe ambiental para evaluar la contaminación del sitio[5]. El informe de esta consultora, con fecha del 5 de Julio (cuatro meses después) evaluó que no había presencia de asbesto en el área circundante a los escombros[6]. Cabe preguntar qué hubiera pasado si efectivamente hubieran encontrado presencia, más teniendo en cuenta que los mismos se encontraban a cielo abierto, y con pacientes y trabajadores constantemente deambulando por las instalaciones.

 

El informe permitió el retiro de los escombros por la empresa Teximco SA, empresa que se encuentra en el registro de generadores, operadores y transportistas de residuos peligrosos y cuyo personal contaba con las medidas de seguridad necesarias. Se certificó que los escombros fueron a disposición final en un relleno de seguridad de la empresa TAYM S.A[7].

 

En síntesis, el Gobierno de la Ciudad realizó acciones para la evaluación de la contaminación del predio, el retiro seguro de escombros y su disposición final de este material peligroso, pero no realizó las mismas acciones para remover de forma segura las placas del taller. Por el contrario, se incrementó la peligrosidad con la demolición y la transformación del material en polvo, que es justamente en esta condición donde produce mayor exposición y riesgo a la salud.

 

El informe del Observatorio de Derechos Humanos, ya citado, hace referencia a este tema en la figura del Ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chain. Según el mismo, el ministro en su calidad de arquitecto no podía desconocer la peligrosidad del material. Por nuestra parte y según el Expediente de la obra nº  32.722 del año 2012, titulado “construcción de los edificios del Nuevo Distrito Gubernamental”, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tampoco

 

El sobreseimiento de funcionarios de Ciudad de Buenos Aires en la represión del Borda no quita que los mismos funcionarios puedan ser imputados o encontrados responsables por la Justicia en el futuro, si alguno de los participantes directos o indirectos de este episodio presentasen enfermedades asociadas al asbesto.

 


[1]http://www.clarin.com/politica/Confirman-sobreseimiento-Macri-represion-Borda_0_1301270062.html

[2]https://odhbsas.files.wordpress.com/2014/12/informe-odh-represion-borda.pdf

[3]http://www.telam.com.ar/notas/201502/94617-macri-represion-hospital-borda.html

"La Cámara solicitó que Chain continúe investigado en relación al trámite administrativo por el cual el funcionario ordenó demoler el Taller Protegido Nº 19 del neuropsiquiátrico a pesar de que existía una medida cautelar"

[4]Los tres efectos sobre la salud más conocidos son

asbestosis: que es una enfermedad de los pulmones, grave, progresiva y a largo plazo provocada por la inhalación de fibras de asbestos que irritan los tejidos pulmonares y produce la cicatrización del mismo. Estas lesiones dificultan el intercambio gaseoso con la sangre. Los síntomas de asbestosis pueden ser la falta de aliento o los sonidos inusuales al inhalar.

Cáncer de pulmón: causa el mayor número de muertes relacionadas al asbesto. Trabajadores de las minas, las fábricas y aquellas actividades relacionadas con asbestos están más propensas a desarrollar este tipo de cáncer que la población en general. El síntoma más común es la tos y los cambios en la respiración. Además, la falta de aliento, dolores en el pecho persistentes, ronquera y anemia.

Mesotelioma: es un tipo raro de cáncer en el cual se encuentran células malignas (cancerosas) en la capa delgada que recubre los pulmones o pleura. También pueden aparecer en el peritoneo. La enfermedad puede permanecer latente por muchos años.

[5]Respuesta de la Unidad de Proyectos Especiales Distrito Gubernamental IF-2014-14681949.

[6]Ibídem

[7]Ibídem

SENTENCIA ARBITRARIA SOBRESEE A LOS RESPONSABLES DE LA BRUTAL REPRESIÓN EN EL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO J. T. BORDA

12.2.2015 

Desde la querella encabezada por el Secretario Gremial de ATE Capital, Luciano Fernandéz, repudiamos la decisión arbitraria del Tribunal y se hace saber que se recurrirá a la Cámara Federal de Casación Penal para exigir el procesamiento de los autores materiales e intelectuales de la represión salvaje a nuestros/as compañeros/as para poder exigir una investigación profunda e imparcial sobre los hechos denunciados, así como el apartamiento y sanción de las máximas autoridades de la Policía Metropolitana y responsables políticos de la represión llevada a cabo en el Hospital Borda.   

 

El 5 den febrero los Dres. Alberto Seijas y Carlos Alberto González de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, a pesar de las pruebas ofrecidas y producidas por esta querella, decidieron arbitrariamente dictar el sobreseimiento de los responsables de la brutal represión producida en el Hospital Borda el 26 de abril de 2013.

 

De los elementos probatorios aportados, se constatan los apremios y las lesiones sufridas por trabajadores, médicos, pacientes, legisladores y trabajadores de prensa, reprimidos brutalmente por la Policía Metropolitana el 26/04/2013 en el Hospital Borda, conducida y dirigida en el lugar del hecho por el Jefe de la Policía Metropolitana, Horacio Giménez y el Subjefe Ricardo Pedace siguiendo instrucciones directas del Ministro de Seguridad y Justicia, Guillermo Montenegro.

 

Sin embargo, el tribunal no tomo en cuenta los testimonios, filmaciones, material fotográfico y documental, que demuestran de forma contundente como operó dicha cadena de mando, realizando un análisis parcial, que termina justificando el accionar desmedido, hartamente probado, de quienes estuvieron a cargo del violento megaoperativo represivo para garantizar la demolición ilegal del Taller Nº 19.

 

En palabras del Secretario Gremial de ATE Capital Luciano Fernández “nos quieren hacer creer que una decisión intempestiva del GCBA que viola una medida cautelar dictada por un Juzgado, en donde se encuentran involucrados cuatro Ministerios además de la Jefatura de Gobierno, que requirió más de 200 efectivos de la Policía Metropolitana fuertemente armados (incluidos cuatro grupos operativos especiales DOEM, BRI, entre otros), que ingresaron de noche con el apoyo de 10 ambulancias de SAME y el Jefe y SubJefe de la Policía Metropolitana en el lugar para cumplir con dicha orden, sin contar con las más de 6 horas de represión a trabajadores, pacientes, periodistas y legisladores, careció de premeditación y fue la decisión de unos pocos policías descontrolados… pretenden tapar el sol con las manos…”

 

En ese sentido, resulta profundamente alarmante el dictamen de los Jueces Carlos A. Gonzaléz y Alberto Seijas de cuya sentencia se desprende que quienes fueron a evitar que se viole la cautelar que regía sobre el Taller Nº 19, que fueron a defender sus puestos de trabajo, la salud pública y la integridad de los pacientes, y como respuesta a su manifestación pacífica, solo recibieron amenazas, agravios y el avance prepotente de la policía, en ausencia de instancias de dialogo por parte de los funcionarios del macrismo, fueran los culpables de haber sido baleados, golpeados y gaseados y que ni el Jefe y el Subjefe de la Metropolitana hayan tenido ninguna responsabilidad sobre dichos hechos, así como tampoco el Ministro de Seguridad porteño, que estuvieron permanentemente comunicados desde la noche anterior, todo ello hartamente probado en la causa.

 

Luego de 30 años de ininterrumpida democracia, a partir de los cuales hemos ido avanzado como sociedad en la profundización y concientización de los derechos humanos y ciudadanos, alcanzando durante estos últimos años niveles record en debates legislativos, vemos con creciente preocupación que el Poder Judicial, incurra en ciertas prácticas impropias de un Estado democrático, para el cual entendemos cada vez con más certeza la necesidad urgente de una profunda y real democratización de la justicia.                                    

 

Por la Asociación Trabajadores del Estado

Consejo Directivo Capital Federal

Macri sobreseído por la represión en el hospital Borda

10.2.2015

 

La Sala IV del Tribunal, determinó que Mauricio Macri fuera sobreseído por la brutal represión de abril de 2013 en el hospital neuropsiquiátrico Borda, junto con la vicejefa de Gobierno, Eugenia Vidal, el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, los ministros Montenegro y Reybaud y el jefe de la Metropolitana Horacio Giménez.

También ratificaron los sobreseimientos de los ministros de Seguridad y Justicia, Guillermo Montenegro, y de Salud, Graciela Reybaud.

 

El legislador de la Ciudad de Buenos Aires pór el PTS – Frente de Izquierda, Patricio del Corro, declaró que “el sobreseimiento de Mauricio Macri y sus funcionarios es un verdadero escándalo. Con este fallo, los responsables políticos de la violenta represión y el desalojo del Taller Protegido 19 en el Borda quedan libres de cargo mientras cinco de los trabajadores que fueron bestialmente reprimidos continúan procesados”.

Del Corro denunció que “la represión y la posterior demolición del Taller Protegido 19 parecen no tener responsables, al menos para la Justicia. El desalojo, que no contaba con orden judicial, se dio en el marco de un operativo que estuvo lleno de irregularidades y que dejó un saldo de ocho detenidos y más de 60 heridos”.

"La actuación del PRO y la Metropolitana en el Borda es un claro ejemplo del modelo privatista que pretende expulsar a los sectores más castigados de la ciudad. No es la primera vez que el PRO impone sus planes con represión. Éste no ha sido un incidente aislado sino que la misma actitud vimos en los desalojos del barrio Papa Francisco, el Indoamericano o la Sala Alberdi”, concluyó Del Corro.

Por su parte, otro legislador de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Bodart (MST-Nueva Izquierda) -quien ese día recibió palos y gases- afirmó: "Es una pésima señal de esta justicia, que siempre deja impunes a los gobernantes y para colmo mantiene procesados a 5 trabajadores. Según este sobreseimiento ridículo, decenas de médicos, enfermeros, pacientes psiquiátricos, periodistas y diputados fuimos reprimidos en forma violenta por orden del Gran Bonete."

Bodart agregó: "Además de brutal, el operativo policial fue totalmente ilegal: la obra estaba suspendida por una cautelar, no se dio aviso previo al director del Borda y se incumplieron los protocolos de demolición esparciendo asbesto cancerígeno. Con mi equipo de abogados estoy preparando una presentación ante el fallo, porque Macri y sus funcionarios atropellaron todos los derechos."

Permanecen procesados el comisionado de la Policía Metropolitana Martín Roth por el delito de "lesiones leves" y cinco empleados del Borda por "atentado y resistencia a la autoridad". El ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chain, continuará siendo investigado en relación al trámite administrativo por el cual el funcionario ordenó demoler el Taller Protegido Nº 19 del neuropsiquiátrico a pesar de que existía una medida cautelar que impedía tirar abajo esa instalación.

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