10.6.2015

En la madrugada del miércoles 10, la Policía Federal desocupó el local en donde funcionaba el restaurante cooperativo. El procedimiento deja a sus 21 asociados en la calle. Ya adelantaron que lucharán por la continuidad laboral en un nuevo espacio.

“Sabíamos que era difícil evitar el desalojo por lo que al menos pedíamos tiempo para alquilar otro local. Nuestra empresa funciona, tenemos ahorros, solo necesitábamos tiempo pero la Justicia no atiende esas cuestiones. Ahora no nos podemos quedar parados esperando que todo pase. Tenemos que continuar con nuestro proyecto”, detalló a esta agencia Claudio Oviedo, presidente del Bar La Robla, la cooperativa que desde agosto de 2014 administra el local gastronómico de Viamonte y Pasaje del Carmen, en la Ciudad de Buenos Aires, tras el desalojo.

Luego del operativo, que comenzó a las 5.30 de la madrugada con 50 efectivos de la Policía Federal, los 21 trabajadores confirmaron que presentarán una denuncia por “violación del protocolo de desalojos”, tal como informó a Télam la representante legal de la cooperativa, Ornella Nociti.

“Es difícil levantar el ánimo de los compañeros. Nuestro trabajo es nuestra casa, es duro encontrar los muebles en la calle y no saber qué va a pasar mañana con tu lugar y el proyecto”, afirmó Oviedo.

El proceso

Semanas atrás, los asociados de la cooperativa que gestiona el tradicional emprendimiento de cocina española advirtieron que sobre ellos pesaba una orden judicial de desalojo ante la denuncia de la dueña del local por una deuda que dejó el anterior titular de la empresa, Alex Gordon.

En ese marco, en mayo pasado varios legisladores porteños presentaron un proyecto de ley para declarar al bar como sitio histórico del patrimonio de la Ciudad y otra iniciativa para declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación al inmueble.

“Tratamos de evitar el desalojo por todos los caminos pero no pudimos, sentimos que por ese lado perdimos la batalla. Pero no nos podemos quedar parados esperando que todo pase. Tenemos que continuar con nuestro proyecto de cooperativa. Ya estamos viendo dónde ubicarnos. En este momento solo pensamos en encontrar un lugar y reabrir el bar porque este proyecto funciona”, concluyó Oviedo.

9.6.2015

A cuatro años del incendio que provocó la muerte de dos detenidos en el psiquiátrico penitenciario federal, la Procuración Penitenciaria reclamó el inicio del juicio a los funcionarios responsables. Como se recordará, en la madrugada del 31 de mayo de 2011 se produjo el incendio del sector de aislamiento de la ex Unidad Nº 20, siniestro que concluyó con el fallecimiento de dos jóvenes de 19 y 23 años. La Unidad Nº 20 se encontraba emplazada dentro del Hospital José T. Borda, en un sector cedido cuatro décadas antes al Servicio Penitenciario Federal, que era el responsable de su administración y gestión, así como de la guarda y custodia de las personas allí alojadas.

El incendio del recubrimiento de poliuretano de una de las tres celdas que integraban el sector de aislamiento produjo la muerte de su ocupante, y del joven español de 19 años encerrado en la celda contigua.

La tragedia desnudó una serie de prácticas y falencias estructurales en la unidad, presentes también durante la tragedia, que incluyen negligencias del personal penitenciario previas, concomitantes y posteriores al incendio. Entre ellas, no es posible obviar las condiciones materiales y de seguridad del sector de aislamiento, la deficiente requisa previa de los pacientes psiquiátricos alojados allí, y las irregularidades en la toma de decisión de su derivación. Tampoco la ausencia de custodia y supervisión directa ni el control de las filmaciones del sector, las ineficaces maniobras de rescate y el probado intento de borrado intencional de las grabaciones que registraron todas estas imprudencias.

Cuatro funcionarios penitenciarios, entre ellos el Director del establecimiento al momento de los hechos, se encuentran procesados por el delito de homicidio culposo. La causa, donde la Procuración Penitenciaria de la Nación y el Ministerio Público de la Defensa en representación de familiares de una de las víctimas son partes querellantes, ha quedado radicada en el Tribunal Oral en lo Criminal N 4 de Capital Federal. Al encontrarse cumplidos la totalidad de los requisitos, la Procuración Penitenciaria ha requerido recientemente, a cuatro años de la tragedia, su inminente citación a juicio y se aguarda por su posterior fijación de fechas para el debate.

6.6.2015
 

Este sábado 6 de junio, familiares de Nehuen Rodríguez (18) se congregaron junto a vecinos y familiares de otras víctimas de la violencia institucional. Pintaron un mural en la intersección de las calles California y Vespucio en el barrio de la Boca.

Por Santiago Asorey

El 15 de diciembre del 2014, Nehuen Rodríguez fue atropellado por una camioneta Ford Ranger de la Policía Metropolitana en Brandsen y Carrillo. Nehuen había terminado el secundario una semana antes y pensaba estudiar Seguridad e Higiene. Vivía en la Boca y había jugado al futbol en las inferiores de Huracán.
Sin embargo, el accionar policial terminó con su vida y dejó a una familia destrozada. La causa lleva su curso en el Juzgado Criminal de Instrucción N° 4 de la Ciudad y la Fiscalía de Instrucción en lo Criminal N° 23.

La organización social “La Boca resiste y propone” emitió un comunicado denunciando que “el patrullero de la Policía Metropolitana venía a 100 km/h y que no traía sirenas ni luces”. La querella presentó testigos que contradijeron la declaración del acompañante del vehículo, el subinspector José Daniel Barba. El agente habría intentando desligar responsabilidades declarando que “tenían las balizas y las sirenas encendidas”. Sin embargo, el único testigo presencial desmintió haber escuchado sirenas, ni visto balizas.

El móvil que atropelló a Nehuén era manejaba por el oficial Daniel Germán Castagnasso. El oficial se encuentra libre pero fuera de servicio según confirmó la policía metropolitana al Diario “el Sur Capitalino”.

Roxana Cainzos, la madre de Nehuen, denunció también la dificultad para conseguir testimonios que declaren por el miedo de los vecinos a la policía Metropolitana. El caso de Nehuen Rodríguez se suma al asesinato de Bruno German Pappa (26), en septiembre del 2011. Pappa fue asesinado por un agente de la Metropolitana que se encontraba vestido de civil. El joven fue fusilado por el agente Enzo Fabián Álvarez, cuando estaba en el piso en estado de indefensión. Álvarez fue condenado a cadena perpetua por “homicidio agravado” en esa misma causa. Su caso fue el primer caso de gatillo fácil de la fuerza porteña que llegó a un juicio oral y público.

Según un informe realizado por el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), entre los años 2011 y 2014 se registraron 20 muertes a manos de la Metropolitana. Doce de esos casos fueron a manos de agentes que estaban fuera de servicio en el momento del hecho.

7.6.2015

En el día viernes 5 de junio, personal de la Policía Federal realizó sucesivos aprietes e intimidaciones a los alumnos y alumnas de la Escuela de Danzas Mastrazzi, que se encuentran tomando el edificio en defensa de la educación pública artística, contra el deterioro de la educación que implica la implementación de la NES y contra las deplorables condiciones edilicias en que se encuentra la institución. Durante todo el día se apostó un agente en la puerta del colegio intentando sacarle datos a cada alumno que ingresaba al edificio. En horas del mediodía, en una situación sumamente confusa, el mismo agente ingresó a la escuela un bolso a través de una alumna menor de edad a quien pidió "que se lo cuide". Inmediatamente los alumnos que se encontraban en la entrada retiraron el bolso devolviéndoselo al agente. Vemos esto como una clara provocación de la policía, que intenta medir a los alumnos generando miedo y confusión.
Posteriormente a este hecho la Policía Federal continuó durante toda la tarde y la noche pidiendo insistentemente datos a los alumnos que ingresaban o se retiraban del establecimiento, intentando en reiteradas ocasiones ingresar al edificio con cualquier excusa o ver qué pasaba adentro.

A su vez, en la escuela Rogelio Yrurtia, durante la primera jornada de toma, los alumnos también recibieron la “visita” de la Policía Federal, que en tono intimidatorio los increpó puerta mediante.
Estas provocaciones se enmarcan en el habitual accionar de estas  fuerzas represivas, que hostigan sistemáticamente a los jóvenes de los sectores populares, pero también en las presiones que viene realizando el Ministerio de Educación a través de la dirección y la supervisión de Artística para que los docentes no ingresen al edificio a apoyar la medida, amenazando con endilgarles la responsabilidad si algo le ocurre a los alumnos en presencia de los docentes y advirtiendo que se recuperarán los días de clase perdidos en la toma durante el receso escolar de invierno.
Desde Ademys hacemos responsable al Gobierno de la Ciudad de Buenos por la integridad física de los alumnos y alumnas de la escuela Mastrazzi y de todas las escuelas tomadas.

4.6.2015

Representantes de Ademys nos reunimos el pasado martes 2 de junio con Marcelo Cugliandolo, Director General de Educación Superior del GCBA

En la reunión, planteamos las diferentes problemáticas vinculadas al área artística y superior en general.

Con respecto a la situación de los docentes de Terciarios de los ISFAs que están trabajando bajo la figura de planta transitoria, manifestamos nuestra preocupación por la gravísima situación de precarización laboral que atraviesan estos docentes, insistiendo en la necesidad de resolución inmediata de este problema, haciendo entrega del pliego de reivindicaciones de la docencia de terciarios. El Director afirmó que saldrían a la brevedad las resoluciones firmadas para que se concrete la creación de la POF y su paso a situación de revista interinos.

Frente a la situación de titularización general de los docentes de Terciarios, sostuvo:

– Que se está en la fase 2. Que en esta fase hubo un problema en el aplicativo pero que lo están modificando y resolviendo. Que se está terminando la fase 2, pero que se requiere que las escuelas manden la base de “titularizables” a cargar, que esto debe hacerlo cada escuela. Que crearon una comisión para que estén todos los papeles que piden y cada escuela tiene que armarlo.

Frente a la situación de infraestructura y de construcción del edificio nuevo para la escuela de Danzas N°2 Jorge Donn, sostuvo que es decisión de la Dirección Superior no mudar la escuela, salvo que se lo ordene el juez. Que se ha realizado la licitación para la construcción del edificio nuevo y que su implementación depende de Infraestructura escolar.

Desde Ademys, planteamos todos los reclamos y demandas de las escuelas artísticas en conflicto: problemas edilicios; vigencia del reglamento de las escuelas artísticas; validez nacional a los títulos de artística; cursada de algunas horas semi-presenciales por los problemas que implica la extensión horaria a partir de la implementación de la NES; problemas edilicios vinculados a la implementación de la NES, falta de aulas, recursos, etc. y la imposibilidad de continuar con la aplicación de la NES en estas condiciones.

Continuaremos exigiendo soluciones a todos los problemas planteados y organizándonos en las escuelas junto a los docentes, estudiantes y comunidad educativa.