Comunicadores del Sur

23.6.2015

La crisis educativa sigue agravándose: problemas de infraestructura, salarios insuficientes, precarización laboral, etc. En ese marco, los estudiantes decidieron decir basta y tomaron más de 12 colegios reclamando contra la aplicación de la NES y los problemas edilicios, entre otros reclamos.

Desde Ademys coincidimos en los reclamos ya que son también los nuestros: la NES se está aplicando con los problemas que ya habíamos anticipado: dejando docentes sin trabajo, devaluando los títulos, recortando contenidos y precarizando el trabajo docente.

Respetando las decisiones que autónomamente  tomaron los alumnos, queremos expresar claramente  que acordamos con los reclamos del estudiantado y que seguiremos participando en todas las acciones unificadas que podamos realizar.

El gobierno ha dado como única respuesta al conflicto, llamar a las familias de los alumnos de las escuelas tomadas ofreciéndoles en muchos casos vacantes en otros establecimientos (utilizando los datos suministrados por los padres en la inscripción on line), siendo este el ejemplo más claro de cómo quienes detentan el gobierno de la educación son los que toman la iniciativa de vaciar la matrícula de las escuelas públicas en conflicto. Han desestimado la comunicación con las familias, los estudiantes y los docentes por las vías institucionales para operar subterráneamente contra la educación pública. Han desarrollado un diálogo falaz con algunas comunidades educativas desligándose de su responsabilidad como Ministerio frente a los problemas educativos que no se resuelven con parches particulares en tal o cual escuela, sino con un cambio de política educativa que contemple todos los elementos que desde las escuelas se vienen demandando, por ejemplo frente a la NES, desde hace más de dos años.

Hemos denunciado también la presencia intimidatoria de la policía en las puertas de los establecimientos y en algunos caso incluso, han llegado a entrar a los mismos levantando actas contravencionales a los estudiantes A esto se suman los llamativos cortes de luz y agua en las escuelas tomadas y la amenaza de extender las clases en el período de vacaciones de invierno, con el único objetivo de enfrentar a docentes y estudiantes.

Exigimos que el ministro Bullrich actúe como ministro y convoque urgentemente a los estudiantes y comunidades educativas de conjunto para que puedan plantear de manera directa todos los problemas que vienen planteando en relación a la reforma educativa, los problemas edilicios y la precariedad docente.

Desde Ademys apoyamos la lucha de los estudiantes y su libertad para decidir cómo se plasman los reclamos ante un gobierno que viene interviniendo para garantizar el vaciamiento de la escuela pública. Llamamos a todos los sindicatos, docentes y comunidad educativa a apoyar y sumarse a la lucha de los estudiantes.

 Suspensión de la NES

Plan de refacciones reformas y ampliaciones edilicias

Mayor presupuesto educativo

Ningún docente sin cobrar

Basta de aprietes y amenazas

Ademys 

23.6.2015

Jueves 25 de Junio 
10 hs. en Talcahuano 612

El 25 de junio se realizará una nueva audiencia por la querella de la causa por la represión en el Borda,  en la Sala 3 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, a cargo de los Dres. Horacio Días, Pablo Jantus y Carlos Alberto Mahiques.

Allí plantearemos nuestro pedido de revocatoria de los sobreseimientos a los responsables materiales e intelectuales de la represión, para poder avanzar, de una vez por todas, en sus procesamientos.

En ese sentido, nuestra querella ha presentado gran cantidad de pruebas contundentes, que dan cuenta de dicha responsabilidad con testimonios, registros de llamadas telefónicas, material gráfico y audiovisual, declaraciones de prensa, etc.

A partir de aquello, el Juez de primera instancia, Jorge López, procesó al Jefe de la Policía Metropolitana Alberto Giménez, pero luego los Dres. Alberto Seijas y Carlos Alberto González de la Cámara de Apelaciones, lo sobreseyeron con argumentos infundados y que incluso contradecían muchas de las pruebas objetivas de la causa.

Es por ello que presentamos un recurso de queja, que la Cámara Nacional de Casación a cargo de los jueces Ma. Laura Garrigós de Rébori, Luis Fernando Niño y Mario Magariños dio curso, siendo finalmente convocados a esta nueva instancia.  

En esta audiencia volveremos a reiterar, una vez más, las pruebas que demuestran la responsabilidad que tuvieron de la brutal represión en el Hospital Borda, el Jefe y Subjefe de la Policía Metropolitana, Alberto Giménez y Ricardo Pedace, el Ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, el Ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín y la Vicejefa de Gobierno, María Eugenia Vidal.

Por otra parte, el Juez López ha enviado a Comodoro Py una causa por "posible delito ambiental", debido a la demolición ilegal e irresponsable de los techos con asbesto del Taller 19, procesó y envió a juicio oral a Martín Roth, Jefe de la DOEM (División de Operaciones Especiales de la Metropolitana).

Este jueves 25, se abre una instancia real y posible de poder acercarnos a algún principio de justicia, si se toman en cuenta todas las pruebas de la causa, y se procesa al Jefe de la Metropolitana, Alberto Giménez y el Ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chain y se llama a indagatoria a los Ministros porteños Guillermo Montenegro y María Eugenia Vidal, sobre quienes recae la inminente responsabilidad política de los daños materiales, físicos y psicológicos que produjo la represión a trabajadores, médicos, pacientes, reporteros de prensa y diputados, aquel oscuro 26 de abril de 2013.

AREA DERECHOS HUMANOS

ATE CAPITAL

22.6.2015

El Secretariado Ejecutivo de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, AGTSyP, repudia la actitud antiobrera de un minúsculo grupo de personas dirigidas por alguien ajeno al subterráneo.

Recordando sus viejas épocas, cuando eran parte de la patota de UTA, volvieron a aparecer, amedrentando a los trabajadores de Tráfico de la Línea C para que no salgan a prestar servicio. Como no lo podían garantizar, se arrojaron a las vías enarbolando reivindicaciones confusas y disímiles.

Pero su accionar esconde otros intereses: pretenden recuperar los privilegios individuales que tuvieron durante años a costa de traicionar los reclamos de los compañeros. Los verdaderos trabajadores del Subte repudiamos esta acción burocrática, llevada adelante por personas que no se manifiestan en nombre de los trabajadores, ni representan sus intereses.

SECRETARIADO EJECUTIVO

ASOCIACION GREMIAL DE TRABAJADORES DEL SUBTE Y PREMETRO

18.6.2015

Desde hace algunos años, una serie de políticas gubernamentales promueven la inclusión de niños con discapacidad en escuelas comunes. Los gobiernos justifican estas políticas en el reconocimiento de derechos de niños y familias a la inclusión educativa, priorizando la inserción en escuelas comunes y cuestionando de manera dogmática el sistema de educación especial en su función específica como parte del sistema educativo.

Sin embargo, las políticas concretas de los mismos gobiernos que pregonan "inclusión" dejan ver que, con tales discursos, sólo se pretende legitimar el vaciamiento y precarización de la escuela pública, y una creciente des-responsabilización estatal en el sostenimiento del derecho a la educación.

La inclusión de niños con discapacidad en la escuela común padece esas políticas de manera particularmente perversa, al no crearse, por los canales institucionales propios del sistema educativo, los apoyos que estos niños necesitan en la escuela. En las provincias donde existe el cargo, los nombramientos son escasos – porque el Estado no crea los mismos, en ocasiones, porque hay docentes en número insuficiente – y, casi siempre, se sobrecarga de trabajo a las integradoras, con muchos niños a cargo de una misma docente lo que implica tiempo escaso y fragmentado de apoyo a cada uno.

En este marco se crearon los cargos de profesionales integradores (APND y AE), como respuesta a las comprensibles demandas de familias de niños con discapacidad incluidos en escuelas comunes. Al amparo de la Ley de Discapacidad 24.901, el Estado instrumenta normas para que las familias canalicen sus demandas a través de sus obras sociales, para que sus hijos cuenten con los apoyos que necesitan. Así, una responsabilidad estatal se transfiere a privados, creando un nicho de negocios y tercerizando la cobertura de necesidades concretas de niños y sus familias.

La función de los APND/AE nace así como respuesta a esas necesidades, caracterizada por la tercerización y la consiguiente precarización laboral y de las condiciones de la enseñanza. Trabajan en la escuela con las mismas obligaciones que cualquier otro trabajador en relación de dependencia en cuanto a lugar de trabajo, tareas y horarios; se les exige responder ante varios actores (la escuela, la obra social, las familias del niño y el centro de integración), pero ninguno de ellos tiene responsabilidades laborales y pedagógicas con los profesionales, fraudulentamente contratados mediante "locaciones". Es decir: tienen todas las obligaciones de los trabajadores en relación de dependencia y ninguno de sus derechos, lo cual tiene su base material en la vía tercerizada de cobertura de los cargos.

Los profesionales integradores cumplen un rol docente, asistiendo técnica y profesionalmente a la educación, claramente en los términos definidos por el Artículo 1º del Estatuto del Docente de la CABA (Ordenanza 40.593). En la práctica cotidiana acompañan a niños pero, también, a docentes de la educación común, frente a algo que a menudo les resulta nuevo y desconocido: el mundo de la discapacidad.

Las banderas de la inclusión escolar y del derecho de los niños con discapacidad a la inclusión en las escuelas comunes requieren un profundo debate político y pedagógico en el seno de la comunidad educativa; debate que no puede darse sin las escuelas comunes y las de educación especial, sus experiencias y saberes históricamente construidos. Pero los gobiernos han obturado ideológicamente este necesario debate, y avanzan creando mecanismos con los que pretenden legalizar la ausencia de garantía estatal de los recursos necesarios para atender las necesidades propias de la educación de estos niños, a través de formas brutales de ajuste como tercerización y precarización laboral y educativa.

Estas políticas llevan a perversidades que, en sí mismas, invalidan de conjunto todo el palabrerío propagandístico con que los gobiernos envuelven sus iniciativas de inclusión educativa. Lo evidencia la falta absoluta de apoyos que padecen los niños cuyas familias carecen de cobertura de obra social, mostrando que las tercerizaciones impulsadas por el Estado no pueden producir sino precarización laboral y educativa junto con la institucionalización de lógicas discriminatorias y segmentadoras al interior de la educación pública y, más aún, de una misma institución. Pero además el Estado extiende la tercerización mucho más allá, habilitando que se cubran por esta vía diversas funciones docentes, incluyendo algunas existentes en el Estatuto. Queda así expuesto el carácter reaccionario de una política que dice tener la inclusión educativa como principio rector.

Lo mismo que en los más diversos ámbitos, la lucha contra la tercerización implica el reconocimiento de los tercerizados como trabajadores de pleno derecho, incluidos en el marco normativo correspondiente a la actividad, a la que se restituye a la vez su integridad suprimiendo tercerización y precarización de empleo y condiciones de trabajo. Creemos que superar la actual situación de los trabajadores APND/AE implica sostener el mismo principio, insertando la función específica en el marco laboral, y a los trabajadores en la dependencia funcional y pedagógica correspondiente a su actividad docente específica. Así estos cargos, existentes en la práctica, podrán reconocerse como tales y dejarán de ser un "parche" al vaciamiento de la escuela, y material de negocio y explotación por parte de quienes lucran con la discapacidad de unos y la necesidad de trabajar de otros. Todo lo anterior requiere desmontar la táctica de la patronal estatal que, a partir de la tercerización que ella misma promueve, pretende fracturar el colectivo de trabajadores presentando a los tercerizados como "competidores" de los docentes incorporados al sistema, ocultando la responsabilidad gubernamental en el recorte y vaciamiento de la escuela pública.

Invitamos a los trabajadores APND/AE a sumarse al debate sobre las cuestiones aquí planteadas, que afectan a trabajadores, escuelas y comunidad educativa en general. También, a organizarse para luchar contra vaciamiento, tercerización y precarización laboral y educativa, y por regularizar su situación como trabajadores de la educación. Por una verdadera inclusión, de los niños y de los trabajadores, en un sistema educativo público garantizado por el Estado.

Comisión de Área Socioeducativa y Precarizados – Ademys

17.6.2015

Un cuadro de la crisis se expuso en la Comisión de Educación de Legislatura

Ademys acompañó los reclamos de la comunidad educativa

El martes 16 sesionó la Comisión de Educación de la Legislatura porteña. Se hicieron presentes delegaciones de estudiantes de escuelas tomadas, de los colegios pre-universitarios, docentes y familias de varias escuelas, y el acompañamiento de Ademys con la presencia del Secretario General, Jorge Adaro, y el Secretario Adjunto, Gabriel Lubo.

Los estudiantes expusieron ante los legisladores de los distintos bloques las razones que los llevaron a impulsar las tomas. Voceros y delegaciones del Mariano Moreno, Julio Cortázar, Mariano Acosta, Aída Mastrazzi, Rogelio Yrurtia, Carlos Pellegrini y Nacional Buenos Aires, entre otros, graficaron los graves problemas edilicios de sus escuelas, el reclamo de un plan de refacción y extensión integral de los edificios escolares, el cumplimiento de los compromisos de construcción de nuevos edificio en el caso de las escuelas artísticas Yrurtia y Jorge Donn, el agravamiento de la falta de espacios tras la aplicación de la NESC y la extensión de la cursada, el rechazo a los cierres de cursos y la derogación del Decreto 1990, entre otros puntos.

Un aspecto destacado en las intervenciones de los jóvenes fue la denuncia de los aprietes que sufrieron por parte de la policía federal, la metropolitana y la gendarmería, según los casos, en las escuelas tomadas, con la grave situación en el Mariano Acosta que a pedido de la Rectora del colegio, Raquel Pappalardo, ingresó la policía armada a la escuela con la intención de labrar un acta de contravención a un estudiante. También exigieron la derogación del 0800 creado por el gobierno macrista para "denunciar" actividades políticas en las escuelas.

El Secretario General de Ademys -único sindicato docente presente- manifestó el apoyo del sindicato a la lucha de los estudiantes y reclamó que el Ministerio de Educación dé una solución urgente a los reclamos. En ese sentido, Jorge Adaro exigió que el Ministro Esteban Bullrich reciba a los estudiantes, docentes y familias de las escuelas en lucha para avanzar en la atención de los problemas. Repudió el accionar represivo de la policía y las presiones del Ministerio de Educación contra los estudiantes.

La NESC y la crisis edilicia, como temas de fondo

Estudiantes, docentes y familias presentes coincidieron en sus intervenciones en señalar como los principales problemas de la educación la extendida y gravísima crisis edilicia en decenas de escuelas públicas de la Ciudad y la aplicación  de la llamada Nueva Escuela Secundaria de Calidad.

Una vez más, las familias de la Escuela Nº 3 DE 11º reclamaron por la urgente construcción de un nuevo comedor ya que actualmente los chicos y docentes utilizan un comedor en el 3er piso de escuela, al cual conecta una escalera de un metro de ancho, sin salida de emergencia poniendo en riesgo a toda la comunidad. También volvieron a expresar sus reclamos las familias de la Escuela Nº 20 DE 2, donde se está llevando a cabo una obra de refacción profunda en la terraza de la escuela sin el aislamiento físico y auditivo necesario para que puedan llevarse adelante las clases normalmente, así como el cumplimiento de los plazos de obra y la necesidad de un control por parte de las familias, docentes y directivos.

A instancias de la Diputada Virginia González Gass se aprobó un pedido de informes por la grave situación de la Escuela Nº 19 DE 17 que tiene un compromiso de obra desde hace años y persiste en una situación de riesgo, entre otros problemas, con una permanente inundación en el sótano debajo mismo de la biblioteca que es un verdadero foco infeccioso.

Tanto estudiantes como docentes y familias de las escuelas artísticas manifestaron la preocupación por la aplicación de la reforma en Media, que genera un deterioro de la educación con recortes de orientaciones, materias y contenidos. Estudiantes del Yrurtia manifestaron lo infructuoso de las reuniones con distintos funcionarios del Ministerio de Educación, tanto por el compromiso no cumplido de construcción de un nuevo edificio, como por los problemas en la aplicación de la NESC que degrada su formación y sus títulos.

El Diputado Marcelo Ramal destacó el estado de crisis de la educación en la ciudad, e insistió en la necesidad de darle tratamiento a dos proyectos de ley vinculados con los problemas que fueron planteados y que recoge los reclamos de distintos sectores de la comunidad educativa y el sindicato Ademys. Uno, para declarar la emergencia edilicia en los establecimientos educativos de la ciudad, aprobar una partida presupuestaria extraordinaria, la creación de comisiones de relevamiento y control de obras por distritos con docentes, directivos y estudiantes, y la re-centralización de las obras con la creación de un Taller Central de Infraestructura para terminar con las tercerizaciones. El otro proyecto establece la suspensión de la aplicación de la NESC por dos años, y la creación de una comisión con participación de representantes de la comunidad educativa para elaborar la reforma que se considere necesaria colectivamente.

El PRO no dio respuestas a ninguno de los problemas planteados, y ratificaron la política del gobierno de la ciudad contrario a dialogar con los estudiantes, docentes y familias, ya que no hubo siquiera un compromiso de reunión con el Ministro Bullrich. El resto de los bloques legislativos apenas si atisbaron a alguna frase de ocasión, pero tampoco presentaron propuestas concretas que avancen en una solución a los temas planteados.

Ademys acompaña y apoya la lucha y los reclamos de la comunidad educativa y llamamos a articular todos los reclamos en una movilización conjunta de todos los sectores afectados por las políticas de ajuste, vaciamiento y privatización que lleva adelante el macrismo y el gobierno nacional.