2.11.2015
Por Redacción Marcha
Layla Sainz Fernández tiene 13 años, está desaparecida y no es la única de la zona de la villa 1- 11- 14 en el bajo Flores que recibió amenazas y hostigamientos de al menos un varón violento. Su familia realizó la denuncia acompañada de vecinos y vecinas del barrio, docentes y organizaciones del feminismo popular en la fiscalía de Pompeya y Parque Patricios. Denuncian la inacción, el machismo y la violencia institucional.
Crece la convocatorias en derredor a la Villa 1-11-14, en la CABA, con el objetivo de visibilizar y romper con la naturalización social de la violencia machista y la desaparición de niñas y mujeres en nuestros territorios. Layla Sainz Fernández falta en su casa y con su familia desde hace más de una semana.
“Mi hija el día jueves (22) salió de la escuela, vino con unas compañeritas que la acompañaron a un ´ciber´, y de ahí ya no tenemos más noticias”, relató Neyva Fernández, madre de Layla, de tan solo 13 años, estudiante de la escuela Normal 4 de Caballito. Su madre y su padre, quienes están encabezando la búsqueda, no tienen “la más mínima sospecha sobre lo que pudo haber pasado”, y por eso instan a la fiscalía interviniente en la investigación a movilizarse con los recursos del Estado y “con cada dato que tienen” y que fuera aportado por ellos mismos. Informan que la última persona que la vio fue una de sus amigas, por eso, sostuvieron que el poder judicial se “tiene que hacer cargo”.
Layla tiene el cabello largo, oscuro, y “estaba vestida ese día con un suéter violeta, remera blanca, pantalón desmanchado azul, unas zapatillas negras con franjas blancas y mochila negra con franjas fucsia”, detalló su madre.
Y ante las preguntas sobre si Layla pudo haberse ido de su hogar de forma voluntaria, su padre, Sergio Sainz, agregó de forma contundente, “no quiero que la gente esté especulando, quiero que se maneje la información y no dejar de buscar. El sacar especulaciones sin bases solo afecta a la familia”.
La escuela en acción contra las violencias machistas
De entre quienes activaron agrupados en rol de acompañamiento a la familia de Layla, desaparecida el pasado jueves 22 de octubre, fueron las y los docentes de las escuelas de la zona que enseguida comenzaron a entrecruzar los testimonios de sus estudiantes y salieron a denunciar los hostigamientos y amenazas de parte de algún o algunos varones violentos a través de las redes sociales.
“Estamos seguros que la desaparición de Layla está relacionada con varias chicas que vienen siendo acosadas por Facebook, que reciben amenazas. Las chicas están muy asustadas y además notamos que la justicia no está tomándose el caso con la seriedad que corresponde”, sostuvo Fernando González, docente de una de las escuelas. “Las chicas son todas de la villa 1- 11- 14, muchas de ellas de la comunidad boliviana, y es una lucha que se las tome en serio”, argumentó.
Las y los docentes denuncian que varias adolescentes de la zona, aunque de diferentes escuelas –y no solo de secundarias sino también de primarias- están siendo hostigadas, acosadas y violentadas desde las mismas cuentas de redes sociales que la denunciada por la familia de Layla, la joven desaparecida. Es por esto que ven la necesidad de salir a reclamar y realizar acciones los abrazos simbólicos a la escuela Normal 4, como forma de visibilizar que la de Layla no es una situación aislada sino que puede ser parte de varias más y por lo tanto, de una entramado social de violencias y desigualdades que oprimen fundamentalmente a las niñas y las mujeres.
Nuevas hipótesis
El viernes pasado, el juez Eduardo Adrián Daffis Niklison, a cargo de la aparición de Layla Sainz Fernández recibió a su madre y padre acompañados por el legislador porteño Gustavo Vera, reunión en la que se presentaron un listado de medidas urgentes para contribuir a la aparición de la joven.
“Se sospecha que (Layla) puede ser víctima de una red de pedofilia que opera en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, sostuvo Vera. “La pista más fuerte es que Layla desapareció en el marco de una red de hombres con perfiles falsos de Facebook, que a través de esa red social les piden (a niñas y mujeres) fotos y videos. En caso de negarse o no ceder, las amenazan de muerte o las extorsionan”, ampliaron.
En la Fiscalía de Instrucción N° 3 hay además, otro expediente abierto en el que se investigarían tres casos similares en el bajo Flores, por lo que Layla sería la cuarta adolescente de la zona que desaparece.
Una fiscalía reconocida
La denuncia por la ausencia de Layla Sainz Fernández fue radicada el mismo jueves en la comisaría 34 de la Policía Federal y la investigación está a cargo de la fiscalía de Pompeya y Parque Patricios. Esta fiscalía ya ha sido sede de reclamos populares. Con competencia en instrucción, correccional y justicia de menores, es recordada por haber sido la que intervino en la (no) investigación del femicidio de Lizbeth Muñoz, asesinada hace tres años en el bajo Flores.
Se encuentra a cargo de Adrián Giménez, de quien las organizaciones que acompañan a la familia de Layla señalaron que ante denuncias anteriores respondió con un “así son las pibas, se van con sus noviecitos”, y que además habría dicho, “yo de estos casitos tengo dos o tres por día”.
Esta fiscalía es parte del proceso de descentralización del poder judicial encarado por el gobierno porteño. Su apertura se realizó en 2003 en promesa, paradójicamente de otra víctima de la violencia institucional, Ezequiel Demonty, fue asesinado por efectivos policiales en setiembre de 2002.
“La justicia nos violenta todos los días como mujeres, porque la violencia institucional también es violencia machista, también nos degrada, humilla, golpea, desaparece y mata”, dicen desde las organizaciones. “Estas estructuras que construyen y reproducen la violencia patriarcal son aquellas con las que vamos a acabar además de recuperar a las pibas que desaparecen”, dicen directas y desafiantes.
La organización del feminismo popular
El conocimiento de los territorios, el activar para contrarrestar las desigualdades sociales y sobrellevar de forma colectiva los peligros que conlleva el machismo para las niñas y las mujeres de la zona, hizo que enseguida activistas y organizaciones políticas y del feminismo popular tomaran intervención en la ausencia de Layla.
Integrantes de Mujeres en Lucha – Confluencia MPLD-MTK, de la Agrupación de Educadorxs Ni Calco Ni Copia, de Ademys y del Frente Popular Darío Santillán, entre otras, redactaron un comunicado para exigir la inmediata investigación para la aparición de la joven y denunciar sin eufemismos a quienes tienen la obligación de no ser cómplices de las violencias de quienes “persiguen, amenazan y desaparecen a nuestras pibas”.
Sostienen, al igual que las agrupaciones docentes movilizadas, que son varios los hechos denunciados en la justicia penal en relación a la persecución y las amenazas que sufren las jóvenes del barrio, y que se espera una respuesta institucional que garantice su seguridad. Alertan además diciendo que “las víctimas son mujeres, jóvenes y pobres”.
“Denunciamos al fiscal Giménez porque no es la primera vez que tenemos que aguantar, frente a la desaparición de una adolescente, su omnipotencia de señor patriarcal”, ante las situaciones “donde pibas adolescentes de los barrios que sufren la violencia machista, son desaparecidas, como Karen y Thalia, o asesinadas como Lizbeth”, concluyen.
Por la aparición de Layla
¡Basta de acosos, persecuciones y secuestros!
Desmantelamiento de las redes de trata y castigo a los culpables
A diez días de la desaparición de Layla Nayeli Sainz Fernández, joven de 13 años alumna del Normal Nº 4, estudiantes, docentes, organizaciones sociales y políticas, y la Asociación Docente Ademys convocamos a un abrazo al colegio y corte de calle en Av. Rivadavia y Acoyte, este lunes 2/11 desde las 12:30 horas por su aparición.
El jueves 22 de octubre a la salida de la escuela, desapareció Layla. Desde ese día, su familia, amigos y vecinos, con el acompañamiento de varias organizaciones, no paran de buscarla y reclamar en todas las instancias por su búsqueda y aparición.
Recién el viernes 30, la mamá y el papá de Layla pudieron constituirse en querellantes en la causa por la desaparición de su propia hija y comenzar a tener acceso al expediente.
La familia había radicado la denuncia en la comisaría 34 y recayó en la fiscalía de Pompeya y Parque Patricios, a cargo del fiscal Adrián Giménez.
Tanto la comisaría de la Policía Federal como esta fiscalía son permanentemente denunciadas por la connivencia con el delito organizado y por maltratar a las familias que denuncian. El modus operandi de la 34 (como otras comisarías de la Ciudad) es retrasar por 48 horas la toma de la denuncia, y tratar las desapariciones como simples fugas de hogar. Eso da lugar a que las nenas y jóvenes víctimas de redes de trata sean sometidas al arbitrio pleno de sus captores durante días.
Una red de acoso y captación de menores con fines de pornografía o explotación sexual
Diferentes denuncias provenientes de los barrios de Soldati, Bajo Flores, Lugano y la Villa 1-11-14, dan cuenta de una red de acosadores vía Facebook, que captan menores con maniobras de seducción y la mayoría de las veces con amenazas, extorsiones y violencia, para que las víctimas envíen fotos, videos y hasta tengan contactos con desconocidos.
Varias de estas jóvenes de distintas escuelas de la zona sur de la Ciudad contaron a sus docentes que estaban siendo amenazadas a través de redes sociales y, gracias a que se animaron a hablar, se pudieron hacer las denuncias correspondientes para que esas situaciones se investiguen.
Hoy, ante la desaparición de Layla, creemos que no se trata de casos aislados y tenemos fuertes indicios de que muchas de las víctimas están relacionadas a la misma causa.
En este caso, como en muchos otros, la comisaría y la fiscalía garantizan la impunidad del delito organizado y la continuidad de la reproducción de la violencia y opresión hacia las mujeres con la que el Estado y los proxenetas hacen "buenos negocios" en los que nuestras pibas y miles de mujeres se convierten en mercancía para el consumo.
Una expresión de la descomposición del conjunto del régimen político, social y económico
La Ciudad de Buenos Aires es un centro de explotación laboral y sexual, origen, tránsito y destino de víctimas de trata. Hace dos años, distintas organizaciones presentaron denuncias y mapas de más de 600 prostíbulos en la Ciudad, la inmensa mayoría de los cuales cuentan con protección de sectores de la justicia y la policía; y se calcula en más de 3000 los talleres clandestinos de trabajo esclavo.
En esta complicidad con la base operatoria misma de estas organizaciones de delitos complejos que supone coordinaciones incluso a nivel internacional, hay evidentes responsabilidades del Estado. Las propias fiscalías son nombradas por el Poder Ejecutivo. Y en la Ciudad de Buenos Aires –y particularmente en estos barrios- funcionan cuatro fuerzas de “seguridad” que dependen del gobierno porteño y del gobierno nacional: la Policía Metropolitana, la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura. El entrelazamiento de estos elementos con las redes de trata para la explotación sexual y laboral, el narcotráfico y el delito organizado, están a la luz del día.
El propio jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, fue denunciado por sus vínculos con reconocidos proxenetas y traficantes de mujeres y drogas, Raúl Martins y Carlos Conde, quienes habrían financiado parte de su campaña electoral a jefe de gobierno; y la esposa de Macri, Juliana Awada, denunciada por sus vínculos con la esclavitud laboral en talleres textiles.
La Ciudad es una plataforma para la impunidad. Según un informe de la PROTEX, de 2009 a 2014 se llevaron a cabo 106 juicios condenatorios por trata. Sólo 2 casos pertenecen a la Ciudad de Buenos Aires.
La trata –junto con el narcotráfico y la venta de armas- es uno de los principales negocios a nivel mundial. El dinero sucio de los abusos, vejaciones, violaciones, pornografía infantil, etc., es lavado a través del juego y las operaciones financieras que cuentan con el pleno aval de la justicia y los gobiernos nacional, de la Ciudad y de todas las provincias.
La comunidad educativa, movilizada; el Ministerio de Educación, ausente
En todo este tiempo, ni un solo representante del Ministerio de Educación de la Ciudad se hizo presente en la escuela de Layla, ni en ninguna de las otras escuelas cuyas alumnas sufrieron amenazas. Ningún funcionario ha llamado siquiera a la familia de Layla ni a los docentes y directivos de las escuelas afectadas.
El Ministro Esteban Bullrich debe asumir las responsabilidades que le tocan ante la desaparición de Layla y de la situación de las decenas de nenas y adolescentes víctimas del cyber acoso. Son, en todos los casos relevados, alumnas de la escuela pública; y en muchos casos, son víctimas de estos acosos a través del uso de las computadoras que entregó el propio Ministerio de Educación.
El Ministerio de Educación y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deben poner en forma inmediata todos los recursos a disposición de la búsqueda de Layla, así como brindar el ámbito adecuado para que aquellos/as niños/as –o familias- que están siendo víctimas de ese tipo de situación, se animen a expresarlo y reciban la atención que merecen.
De cara al impacto de esta situación en las escuelas, reclamamos un plan de capacitación y jornadas de reflexión de docentes, estudiantes y familias, a fin de poder relevar, analizar y dimensionar este flagelo social que atraviesa todos los barrios de la Ciudad y el Conurbano, y poder elaborar una red de intervención conjunta de la comunidad educativa y sus organizaciones, y precisar un pliego de reclamos hacia el Estado, cuyo accionar hasta el momento objetivamente garantiza la impunidad para las redes de acoso y explotación sexual.
Además, exigimos que al Gobierno que implemente combis para el traslado de las adolescentes que asisten a los secundarios y que viven en la 1 11 14, responsabilizándose del cuidado de la integridad física de nuestras alumnas.
A DIEZ DÍAS DE LA DESAPARICIÓN DE LAYLA, INVITAMOS A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y ORGANIZACIONES SINDICALES, SOCIALES Y POLÍTICAS A MOVILIZARNOS CONJUNTAMENTE POR SU APARICIÓN Y EL DESMANTELAMIENTO DE LAS REDES DE TRATA Y PEDOFILIA QUE OPERAN EN LA CIUDAD.
LUNES 2/11, DESDE LAS 12:30 HS. EN LAS PUERTAS DEL NORMAL Nº 4, AV. RIVADAVIA 4950.
NI UNA MENOS, QUE LAYLA APAREZCA YA!
