Comunicadores del Sur

6.12.2015

La Justicia Contencioso Administrativa y Tributaria de la Ciudad de Buenos Aires anuló el permiso de obra otorgado a la empresa TGLT S.A, para construir tres (3) torres de 21, 25 y 30 pisos respectivamente[1] en el barrio de Caballito.

La sentencia fue dictada por el Dr. Lisandro Fastman, Juez del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires N° 14  en los autos caratulados “Asociación Civil Basta de Demoler c/ GCBA s/ amparo (Art. 14 CCBA)” Expte. N° 43792/0, y en "Asociación Civil y Vecinal SOS Caballito c/GCBA s/ amparo". Expte. Nº 42.929/0.Las causasjudiciales fueron presentadas por las Asociaciones SOS Caballito, Basta de Demoler y el Observatorio del Derecho a la Ciudad.

Estas organizaciones denunciaron que una vez que se otorgó el permiso la obra estuvo PARALIZADA por más de seis (6) meses y que en ese transcurso de tiempo se modificó la zonificación de la zona con la sanción de la ley Nº 2.722. Esta ley dispuso el cambio de zonificación de R2aII a R2bI[2] con el objeto de limitar la capacidad constructiva y la altura.

El Código de Edificación establece una obligación concreta de respetar el derecho a una ambiente urbano sano y equilibrado y al hábitat adecuado a través de disponer que aquellos propietarios que paralizan los trabajos constructivos por una plazo mayor de seis (6) meses deben adecuar los planos de la obra a la nueva normativa vigente (arts. 2.1.5.2. y 2.1.5.3.). En este caso, el GCBA debió exigir a TGLT S.A. que adecue su proyecto a la nueva zonificación pero no lo hizo.

En la sentencia se expresó que "Nótese que la consecuencia prevista por la legislación para la paralización de las obras es la necesidad de que al reanudarse los trabajos deban adecuarse a la normativa vigente. De tal modo, si (…) se considerara que es meramente una facultad -y no un deber de la Administración -el declarar paralizadas las obras, habría que concluir que es facultativo del Poder Ejecutivo decidir si se cumplen o no las nuevas leyes en materia de edificación, planeamiento urbano o de medio ambiente, entre otras, porque dependería de su voluntad que las nuevas obras se ajustaran a las normas aprobadas por la Legislatura. (…)  (C)ompulsadas las constancias que obran en el expediente, no surge que la demandada GCBA y la empresa TGLT S.A. hayan demostrado que la obra tuvo ejecución en el período ventana al que refiere la cámara, el que abarca los años 2008 a 2011. (…) (L)a omisión del GCBA, al no paralizar la obra, devino un incumplimiento que impidió la aplicación de las normas de rezonificación".

Esta inacción del GCBA se refleja de manera reiterada en el Barrio de Caballito en general, donde se han verificado iguales circunstancias fácticas y jurídicas a las aquí mencionada para la obra sita en la calle Rojas. Así, podemos hacer mención a las obras sitas en la calle Pujol 1150/54, en la calle Vallese 1463, en la calle Fragata Sarmiento 1125 y en la calle Espinosa 1149.

Este caso constituye un ejemplo paradigmático en donde el GCBA al momento de elegir entre respetar la ley y garantizar derechos ambientales de los habitantes de la Ciudad, y proteger los intereses económicos de los desarrolladores inmobiliarios, elige éste último.

[1]La obra se encuentra sita en la calle Rojas 629/31/33/35/37/39/41/77, registro catastral Circ. 7 Secc. 45 Manz 35 Parcela 1L. El permiso de obra se otorgó en fecha 19 de junio de 208 en el Expte. Nº 89411/2007. El proyecto cuenta con 337 unidades funcionales equivalente a 57.191 mts² de superficie a construir.

[2]En la zonificación R2aII no se establece una altura máxima en cambio en la actual zonificación R2bI en general se dispone la altura máxima de construcción de 10,5 metros. Asimismo el FOT básico en la zonificación R2aII es de 2,5, en cambio en la zonificación R2bI el FOT máximo es de 1,6. Esto último implica una reducción significativa de la capacidad constructiva del lote.

3.12.2015

La Mesa Nacional por la Igualdad, junto con la Agrupación Agricultores Cannábicos Argentinos (AACA) y la Asociación Cultural Cannábica "El jardín del unicornio", presentaron en ambas cámaras del Congreso de la Nación un Proyecto de Ley para legalizar y regular toda la cadena de producción y distribución del cannabis. La norma, basada en el modelo de regulación de Uruguay —aunque adaptada a la realidad Argentina— busca eliminar los circuitos ilegales de producción y de tráfico de cannabis y que el Estado se apropie de las rentas extraordinarias que se generan, para aplicarlas a campañas de prevención de los consumos problemáticos y a políticas públicas de reducción de daños.

 
En la víspera de la 6° Marcha Nacional de la Marihuana -que tendrá lugar en distintas ciudades como Córdoba (a las 17 en Av. Colón y La Cañada), San Juan (a las 18 en Plaza 25 de Mayo), Mendoza (a las 15 en Parque Cívico), Ushuaia (a las 14 en Establecimiento Biblioteca Popular Sarmiento), Neuquén (a las 15 en Julio A. Roca 8300), Bariloche (a las 18 en Centro Cívico), Mar del Plata (a las 15 en Plaza San Martín), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (a las 18 en Plaza de Mayo)  y Rosario (a las 16 en Plaza San Martín)-, se presentó un Proyecto de Ley que propone, en consonancia con la consigna de la Marcha, la "Legalización y Regulación del Cannabis para todos sus usos".
 
El Proyecto de Ley, inspirado en el modelo de regulación implementado en la hermana República Oriental del Uruguay, propone el autocultivo y la organización en clubes sociales de cultivo como las principales vías de producción de cannabis para fines recreativos, terapéuticos, científicos e industriales, con la posible intervención del Estado para corregir excesos de demanda u otras circunstancias que pudieran favorecer la creación o persistencia de circuitos ilegales de producción y de comercio. Asimismo, prevé la posibilidad de que los propios clubes -a través de una licencia obtenida especialmente- puedan vender cannabis para sus diferentes usos a diferentes personas jurídicas y a las personas físicas mayores de 18 años, en los casos contemplados en la ley.
 
La Legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires María Rachid expresó: "Estamos convencidos/as de que el camino para terminar con el tráfico ilegal, y sobre todo con la grave afectación a la libertad física, al derecho a la salud integral e incluso a la vida de usuarios/as y cultivadores/as es la legalización con una fuerte regulación estatal. Hoy, más que nunca, cuando nos quieren volver a convencer de la panacea del mercado que se regula a sí mismo, apostamos a la política y a las instituciones de la democracia para empezar a desandar el camino de la prohibición y a respetar las decisiones autónomas de todas las personas, sin discriminación"

3.12.2015

Organismos de derechos humanos se presentaron ante la Corte Suprema en un expediente en el que se discute la decisión del Gobierno de la Ciudad de implementar el uso de las tristemente célebres pistolas Taser por parte de la Policía Metropolitana.

Matías Aufieri

En la mañana de ayer, Myriam Bregman, diputada nacional por el PTS y el Frente de Izquierda y los Trabajadores, , y Alejandrina Barry, ambas luchadoras contra el aparato represivo del Estado e integrantes del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, sumaron su pedido de ser consideradas como “amicus curiae” junto a otros organismos, en la causa que impulsa el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires, contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, que convalidó la decisión del gobierno porteño de Mauricio Macri que incorpora las pistolas eléctricas Taser X 26 al armamento de la Policía Metropolitana.

Tal decisión del gobierno de la Ciudad, que momentáneamente fue postergada por instancias inferiores de la Justicia no habiéndose concretado hasta la fecha, constituyó un alarmante avance represivo, que seguramente padecerán los sectores populares que luchan en las calles, como así también los pobres urbanos en situación de calle que ya conocen la brutalidad del gobierno del PRO en la Ciudad desde la conformación de la UCEP, aquel embrión parapolicial de la Metropolitana que perseguía a los habitantes sin techo de la Ciudad a fuerza de golpizas y desalojos.

El uso de estas armas, se encuentra prohibido en numerosos países del mundo, y severamente cuestionado en otros tantos, dada la cantidad de casos de asesinatos mediante su aplicación en las calles, como por ejemplo en los Estados Unidos de Norteamérica, donde se cuentan más de 500 muertes provocadas por esta arma verdaderamente letal, la cual, más allá de ser usada oficialmente para “neutralizar” delincuentes, claramente es contemplada en manos de las fuerzas represivas para reprimir manifestaciones e incluso como una verdadera picana para torturar, al amparo de la autorización legal de la que gozarían por ejemplo en Buenos Aires tras el recurrido fallo de su Tribunal Superior.

Basta con recordar que el propio fabricante de estas nefastas armas, que descargan fuerte voltaje hasta a once metros de distancia, plantea distintos límites y precauciones a la hora de su uso, que contempla a vastos sectores de cualquier población, que ante su aplicación podrían –y de hecho se cuentan de a millares los casos corroborados- sufrir la muerte o secuelas irreversibles en el organismo.

En la Corte Suprema de Justicia de la Nación, actualmente se debate sobre la posibilidad o prohibición de su uso, que es resistido por numerosos organismos de derechos humanos a nivel internacional (comenzando por Amnesty Internacional) y local, entre ellos el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, que se suma así a la lucha contra esta máquina de muerte y tortura que pretenden utilizar contra los sectores populares el PRO y sus aliados en la Ciudad, y en un futuro no muy distante a nivel nacional.

Los abogados y referentes de los derechos humanos que formamos parte del CeProDH y del PTS, nos hemos plantado firmemente contra esa posibilidad y daremos esta pelea hasta las últimas consecuencias contra las fuerzas represivas del Estado.

2.12.2015

Por Facundo Di Filippo y Jimena Navatta

Ante el nuevo escenario que se abre con el triunfo del PRO-Cambiemos en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y el Gobierno Nacional, nos preguntamos cómo será la política habitacional a implementar en dichas administraciones. Si tomamos como muestra lo que se hizo en la CABA, el futuro no parece auspicioso.

La propuesta del PRO para villas y asentamientos en la ciudad porteña se centró en una política de regularización dominial entregando los lotes en propiedad y a partir de ello centrando la acción en pequeños mejoramientos, tramos de cloacas y pequeñas áreas espacio público –muy mediatizables-, dejando que de la provisión de los servicios se encargue cada nuevo “propietario”, aunque vale aclarar, que los nuevos dueños son muy pocos, ya que hasta en esa política han fracasado.

Por otro lado y para otros sectores, se intentó fortalecer la línea de créditos del Banco Ciudad, con una cartera crediticia combinada con los créditos del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC). Los requisitos, montos y condiciones para poder adquirir estas nuevas viviendas fueron de aplicación casi imposible para los/as ciudadanos/as en la Ciudad de Buenos Aires.

Cabe mencionar que jamás se ha visto en la historia de esta ciudad tamaña intervención del mercado inmobiliario. Han sido los verdaderos planificadores del crecimiento de la misma, de las zonas que se ponderan, de las herramientas implementadas y de la gentrificación latente y creciente.

Hace un mes llegó a nuestras manos el documento titulado “Proyecto de Gobierno. Urbanización de villas y asentamientos” donde se detalla, sin mucho desarrollo y pobre contenido, la propuesta nacional del PRO para dichos territorios. La misma se realizó teniendo en cuenta solo los datos obtenidos de CABA (muy diferentes a los de otras áreas del país), y también con una visión recortada en la cual las villas y asentamientos son, a priori, lugares en donde se afincan extranjeros recién llegados y delincuentes asociados al narcotráfico, fenómeno que en esa combinación solo se da en algunos barrios de las grandes ciudades, pero particularmente en CABA. De esta forma vivir allí es parte de una antiquísima estigmatización, a la cual ahora le agregan la cuestión xenofóbica y la de seguridad, obviando que dentro estos barrios son zonas liberadas por parte del Estado.

De la elaboración de la propuesta participaron; la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), la Sociedad Central de Arquitectos (SCA) y otras expresiones de similar tinte corporativo. Uno de los motivos de tal interés radica en que con la regularización dominial estos barrios informales ingresan al mercado formal de tierras y por ende los ubicados en zonas mejor localizadas en cuanto a su accesibilidad pueden ser atractivos para los inversores, mucho más si se acompaña esto de una “flexibilización” de las normas de Planeamiento Urbano; pretenden aprobar en estos días una ley que dicte la supremacía del Plan Urbano Ambiental (PUA) sobre el Código de Planeamiento Urbano (CPU), con el objetivo oculto de poder dictar ciertas normas urbanísticas sin pasar por el poder legislativo.

Por otra parte los programas para villas y asentamientos son una buena excusa para buscar financiamiento externo, que ya fue anunciado anticipadamente, y que luego se dirija en su mayor parte a consultoras y constructoras asociadas. La gestión de la ciudad ha abusado en la contratación de consultoras, tercerizando incluso el control de obra, produciendo un ninguneo hacia los recursos humanos estatales.

En cuanto a problemas de competencias de jurisdicción, creemos que ha llegado el momento, sin excusas de ningún tipo, de avanzar en la regularización y posterior urbanización de villas y asentamientos que se encuentran sobre terrenos nacionales. El caso más emblemático, el de la villa 31 y 31 bis, desde al año 2009 espera ver materializado lo que dispone su ley de urbanización, la 3343, que ha quedado presa de peleas y disputas entre el gobierno nacional y el local.

En cuanto a la distribución presupuestaria planteada, no podemos más que observar que lo realizado en la ciudad, no es de lo más prometedor. Teniendo en cuenta además que la participación anual del área de vivienda en relación al presupuesto total de la ciudad en diez años paso de representar el 5.3% al 2.4%. Según tratados internacionales de DDHH, a los cuales la Argentina y la CABA adhirieron, las autoridades nacionales y locales  tienen la obligación de utilizar el máximo de recursos disponibles para garantizar el acceso al derecho a la vivienda, especialmente de las personas más vulnerables. Saquen sus conclusiones.

Todavía no sabemos en qué lugar del organigrama se ubicara la Secretaria de Hábitat, ni donde estarán ubicados los programas de vivienda, ya que el Ministerio de Planificación no formara parte de la estructura del nuevo gobierno. Pero sí sabemos que no hay intención de crear un Ministerio de Vivienda a nivel nacional, ya que al menos no ha sido anunciado como parte de la nueva estructura. En su propuesta, el PRO critica la gran cantidad de programas existentes y define que va a centralizarlo; difícil de creer ya que en la ciudad hicieron lo opuesto, desguazando el Instituto de Vivienda y creando cinco áreas que atienden la problemática del hábitat.

La gestión del presidente electo en la Ciudad de Buenos Aires en materia habitacional ha sido la más regresiva política social implementada por esta administración, a cargo de personas sin experiencia ni vocación en la problemática, para muestra un botón, Roberto Apelbaum, primer presidente del IVC, venía de un cargo ejecutivo en IRSA, ya mayor expresión del extractivismo urbano.

Los mismos que sostienen que han urbanizado los barrios Inta, Piletones y Cildañez, (vale remarcar que lo hecho es entrega de títulos y pequeñas obras de mejoramiento barrial, sin participación vecinal –salvo las cooperativas amigas de la gestión, que sobrefacturan todas las obras- y sin un plan de urbanización serio) en 8 años, ahora pretenden que creamos que van a urbanizar 100 villas al año. Ya lo decía Juan Domingo Perón, del único lugar de donde no se vuelve es del ridículo.

30.11.2015

El día jueves 26 de Noviembre de 2015 nuevamente fue retirado en recinto de la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto ley 2787-D-2015 para declarar “de utilidad pública sujeto a expropiación” al Cine Teatro Urquiza de Parque de los Patricios, en lo que fue la última sesión del año. Reproducimos comunicado de los y las vecinas del Cine Teatro Urquiza

Presentado por Carlos Raimundi y acompañado por Jorge Rivas y Mara Brawer del Frente para la Victoria, el proyecto fue impulsado por Gustavo López, Subsecretario de Relaciones con La Sociedad Civil de la Presidencia de la Nación, y que también Wado de Pedro, Secretario General de la Presidencia, en su momento manifestó a través de la diputada Diana Conti, el interés desde la presidencia de la Nación en que este proyecto se haga ley, en la reunión de Comisión de Asuntos Constitucionales el día 7 de Julio.
En contradicción a lo manifestado desde Nación, en el día de la fecha el proyecto fue nuevamente desplazado. En tanto, los vecinos de Parque Patricios queremos expresar nuestro descontento y rechazamos el accionar al que hemos sido sometidos hoy y el pasado 4 noviembre, en la que se repitió una situación similar.
Claramente los intereses políticos han quedado en evidencia, los cuales no deberían poner en riesgo ningún pedido genuino de la población, como en este caso aquel que defiende el patrimonio arquitectónico, cultural e identitario de una comunidad.
Entendemos que éstos como representantes del pueblo nunca deben perjudicar a ningún proyecto de ley que por ellos y por medio de la expresión popular han sabido atender.

Nuestra lucha continuará, hasta encontrar a aquellos que puedan llevar verdaderamente adelante la voluntad del pueblo.
Recordamos que el proyecto de expropiación presentado en Nación cuenta con dictamen favorable y sin disidencias de la Comisión de Asuntos Constitucionales (el 7 de Julio), en la Comisión de Legislación General (22 de Septiembre), también en la Comisión de Presupuesto y Hacienda (el 30 de Septiembre), para ser girado a Recinto, y desde entonces fue boicoteado sistemáticamente por una interna en el mismo bloque.
Lo que se intentaba con este proyecto era que se concrete la voluntad política para obtener sanción de la Honorable Cámara de Diputados y Senadores de la Nación, con la posterior promulgación antes de que la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner culmine su mandato el próximo 10 de Diciembre de 2015.