Comunicadores del Sur

12.1.2016

“Con la transferencia de la policía Federal, la Ciudad asume intacta una estructura largamente sospechada por sus cajas paralelas y sus vínculos con el delito organizado.  Una prueba de ello es que la transferencia mantiene inalterado el régimen de los adicionales. A través de ellos, se privatiza la función de seguridad y se establece un mecanismo de manipulación de los jefes policiales sobre sus subordinados”. Esto señaló Marcelo Ramal, legislador porteño por el Frente de Izquierda, después de la reunión del Ministro de Seguridad Martín Ocampo con los presidentes de los bloques legislativos.   “Le dijimos al ministro que, si se asume intacta esta estructura corrupta, es por una sola razón: necesitan de ella para reforzar un orden represivo en la Ciudad, de cara a los brutales antagonismos sociales que se manifiestan cotidianamente”. Ramal anticipó su oposición al proyecto oficial de traspaso, que “además, reeditará en la Ciudad una crisis política similar a la que vivimos en Buenos Aires en estos días”.

11.1.2016

Comunicado de prensa

Desde el Espacio de Niñez Y el área Derechos Humanos de ATE CAPITAL, en conjunto con la campaña contra la violencia institucional, manifestamos nuestra preocupación y más enérgico repudio ante el reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad que permite a la policía pedir documentos en la vía pública y demorar a las y los ciudadanos/as por averiguación de identidad, violando Derechos y Garantías constitucionales.

Por medio de este fallo, el poder judicial habilita las detenciones arbitrarias, el hostigamiento y la discrecionalidad en el accionar policial, omitiendo los principios rectores de la normativa nacional e internacional de Derechos Humanos y en un alarmante retroceso en la historia de nuestro país con respecto a la lucha contra el accionar policial y la violencia institucional.

No vemos como casualidad el momento de esta decisión judicial con un gobierno de derecha recientemente asumido y caracterizado por la represión y la violación de derechos fundamentales. También entendemos que esta situación es aún más compleja con el reciente traspaso de la policía a la órbita de la Ciudad.

Expresamos especialmente nuestra profunda preocupación por la situación de los jóvenes de sectores más vulnerables quienes son las principales víctimas de la estrategia de control social que discrecionalmente los persigue, castiga y encierra, y que encuentra en este fallo libertad de acción policial. Y advertimos con preocupación que esta medida no sea la antesala para la baja de la edad de imputabilidad.

Por último, convocamos a trabajadoras/es, Organismos de Derechos Humanos y a la sociedad en su conjunto a repudiar estas prácticas represivas y salir a defender los Derechos de los jóvenes y nuestra Constitución Nacional.

Asociación Trabajadores del Estado

Consejo Directivo Capital Federal 

11.1.2016

Causó mucho revuelo el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la CABA, que ratificó la “legalidad” de las facultades policiales para detener personas arbitrariamente. Aunque no sea una novedad, ya que se cuentan por decenas las sentencias similares de otros tribunales de todo el país, incluso de la Corte Suprema de la Nación, no es cuestión menor que, precisamente cuando se consolida en la Ciudad de Buenos Aires una mega fuerza policial, la justicia local brinde semejante espaldarazo a la más fabulosa herramienta de control social con que cuentan los gobiernos, a través de sus policías.

La experiencia cotidiana en la militancia antirrepresiva confirma que más de dos tercios del total de personas detenidas por la policía, en todo el país, son víctimas de esa facultad policial de detener personas “para identificar” o “averiguar antecedentes”.
Las policías -y desde que participan del patrullaje urbano, también la prefectura y la gendarmería- tienen la posibilidad de detener personas “sospechosas” por lapsos variables, según la jurisdicción. En todos los casos, está regulada como una “facultad”, es decir, una potestad dependiente sólo del “atinado criterio del funcionario”, que es una forma elegante de decir “olfato policial”.
En el acta policial se suele leer: “Encontrándose los oficiales X e Y recorriendo la jurisdicción en prevención de delitos y contravenciones, advirtieron la presencia de un sujeto masculino, el cual, al avistarlos, incurrió en una actitud sospechosa”. Ejemplos  concretos de esa “actitud sospechosa”: “ponerse de pie cuando arribó el móvil”, “acelerar el paso en dirección opuesta a los suscriptos”, “desviar la mirada buscando pasar inadvertido” o “adoptar una actitud de  intranquilidad y nerviosismo”.
No hay mucho más que explicar: en nuestro país, cualquier policía puede detener en cualquier momento a cualquiera.
Que tenga o no sus documentos de identidad es anecdótico, aun cuando muchas de las leyes que regulan esta facultad requieran que concurra la falta de identificación.
Que las víctimas de las detenciones arbitrarias nunca sean rubios adolescentes de colegios privados ni ejecutivos en autos de alta gama, confirma el carácter de clase del sistema.
Que la Corte IDH, en el Caso Bulacio, ordenara hace casi 13 años al Estado Argentino derogar éstas y otras normas que habilitan detenciones arbitrarias, demuestra que ningún gobierno está dispuesto a perder tan poderosa herramienta para el control social.
Que los jueces, mucho más a menudo de lo que trasciende, avalen estas prácticas represivas, como lo hizo ahora el TSJ de la CABA, confirma que no es un policía… es una política de estado.

11.1.2016

El jueves 30 de diciembre, a la madrugada, cuatro personas ingresaron por la fuerza al edificio donde funciona la radio de Asociación Madres de Plaza de Mayo, golpearon al operador de guardia y tiraron huevos al frente. Cuando la Asociación denunció el ataque, señaló que el hecho se sumó a una seguidilla de llamadas telefónicas con amenazas de muerte recibidas por Hebe P. de Bonafini.
El episodio debe verse en el contexto que inauguró el diario La Nación, cuando, a 24 horas del triunfo electoral de Mauricio Macri, editorializó reclamando el cierre de los juicios contra los crímenes de la dictadura y definió a los represores como “presos políticos”. La rápida y lúcida respuesta de los trabajadores de La Nación, que repudiaron el editorial del 23 de noviembre de 2015, recuerda el precedente de 1987, cuando los gremios gráficos intentaron evitar, con un recurso de amparo, que se publicara una solicitada de apoyo a Jorge Rafael Videla, y confirma que el reclamo de justicia y castigo a los genocidas es fruto de décadas de lucha y movilización en las calles, y fue ganando un consenso cada vez más mayor en amplios sectores de la población.
El operativo de aparición, luego desmentida, de Clara Anahí, la nieta de Chicha Mariani, se inscribe en la misma línea, al abrir terreno para cuestionar el trabajo realizado respecto de los nietos recuperados, mientras confirma la validez del reclamo de que se abran los archivos secretos, tanto del Estado como de la Iglesia.
Quienes compartimos la lucha contra la impunidad del genocidio debemos estar alerta, repudiar y movilizarnos ante estos ataques de la derecha, más allá de las diferencias o simpatías con el blanco elegido, porque no es una cuestión de solidaridad solamente, sino de defensa propia.

6.1.2016

A propósito del paro de todas las líneas del Subte convocado por la Asociación de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) para mañana miércoles desde las 5 a las 7 a. m., el miembro del Secretariado Ejecutivo de dicha organización, Claudio Dellecarbonara, expresó: “El paro de mañana es el inicio de un plan de lucha que va a seguir con nuevas medidas que sean votadas en asambleas. El Gobierno de Cambiemos beneficia a los grandes empresarios con la devaluación y la quita de retenciones, pero también con despidos y suspensiones. En el Subte venimos denunciando la existencia de un plan para eliminar conquistas relacionadas con condiciones de trabajo y categorías, además del despido de trabajadores tercerizados de vigilancia en el Subte”.

En este sentido, Dellecarbonara precisó: “Se trata de los sectores más vulnerables entre los trabajadores. Primero les negaban su reclamo de horas adeudadas y después vinieron los despidos discriminatorios, que ya cuentan con fallos judiciales de reinstalación”.

El dirigente del Subte agregó: “En este marco de inflación y con la devaluación de casi el 40 %, los trabajadores del Subte hemos votado en asambleas reclamar un bono de fin de año para tratar de recomponer nuestro poder adquisitivo. Lamentablemente tanto Metrovias como Sbase, que administra el servicio, se han negado a plantear algún tipo de propuesta a nuestro pedido después de esperar tres reuniones”.

Para finalizar, Dellecarbonara señaló que “queremos dejar en claro que la responsabilidad de estas medidas es de Metrovías y SBASE, que se niegan a dar respuesta al justo reclamo de los trabajadores. Y repudiamos todo intento de responsabilizarnos por el mal servicio, ya que venimos denunciando que esto tiene que ver con la falta de mantenimiento, de inversión y de interés por parte de aquellos que deberían controlar, antes con el Gobierno nacional y ahora con el de la Ciudad, en complicidad con la empresa Metrovías”.

Comunicado de la Agrupación Bordó del Subte

Por un BONO que compense lo perdido y la unidad de los que luchan

El día 15/12 el cuerpo de delegados de la AGTSyP con mandato de base resolvió comenzar una pelea por un bono de 10.000$ que recomponga nuestros salario frente a la pérdida del poder adquisitivo que significaron los aumentos de precios que se registraron a lo largo de todo el 2015 y la devaluación de casi el 40% en el último mes. Además se exigió que dicha suma no sea tenida en cuenta en futuras paritarias, que sea no remunerativa y por única vez.

Luego de realizarse tres frustradas reuniones entre el Gobierno de la Ciudad, Metrovías y parte del Secretariado Ejecutivo de la AGTSyP, el cuerpo de delegados resolvió realizar medidas de fuerza a partir del día Jueves 7 de 5 a 7 am paralizando el servicio en todas las líneas del Subte y el Premetro. Este reclamo es más que justo dado el deterioro que sufre nuestro salario a causa de la inflación, y no tiene que ver con un aumento salarial como lo quieren hacer ver algunos medios oficialistas.

El macrismo al contrario del “Cambio” que muchos esperaban, se apresura a beneficiar mediante decretazos, eliminando retenciones e impuestos a los grandes empresarios garantizándoles así ganancias siderales, mientras por el otro lado, vemos como no tiene ningún apuro en terminar con el robo que significa el impuesto al salario (mal llamado impuesto a las ganancias) que siguen sufriendo muchos trabajadores en el Subte o de mandar a reprimir a los trabajadores de Cresta Roja -al igual que lo hiciera el Gobierno de los Kirchner con los trabajadores de LEAR- para no terminar brindando ninguna solución a las familias que están en la calle, sumando además miles de despidos en distintos organismos estatales.

Este desprecio por los más elementales derechos de los trabajadores lo vemos también con los trabajadores de vigilancia del Subte que vienen peleando contra los despidos y la precarización laboral a la que son sometidos diariamente.

Por eso, además de discutir y decidir en asambleas por sectores y línea como seguimos la pelea por nuestro reclamo después de la acción de este jueves, es también necesario e imprescindible que pongamos nuestra organización en pie de lucha junto al resto de los trabajadores de la Ciudad para enfrentar en las calles y desde ahora las políticas antiobreras y neoliberales que el macrismo viene aplicando. Se necesita de la más amplia unidad de todos los trabajadores, sindicatos, organizaciones sociales que estén dispuestos a luchar para frenar estos atropellos contra los trabajadores y sectores populares.

AGRUPACIÓN BORDO del Subte"