23.1.2016

Desde la agrupación Barrios x Memoria y Justicia Balvanera afirman que pese a los reclamos, esta semana abrió sus puertas una sucursal más del Banco Santander Rio en la ex sede de Inteligencia del Ejército Argentino, ubicado en la esquina de Callao y Viamonte de la Ciudad de Buenos Aires, sumándose a la universidad que ya funcionaba allí. “Se preservó su fachada, pero el edificio fue parcialmente demolido en su interior, siendo ocupado en los pisos superiores por la Universidad del Salvador y en planta baja y sótanos por el Banco Santander Rio. Nos presentamos ante la Secretaría de DDHH y el Banco Central de la R.A. reclamando por este despojo a la Memoria histórica. Nos informaron que se habían iniciado conversaciones con la Universidad del Salvador y el Banco Santander Rio.

Ahora con la asunción de las nuevas autoridades en los dos organismos del Estado y sin ninguna comunicación sobre los expedientes iniciados, se autorizó la apertura de la sucursal bancaria. Se ha intervenido sin contemplaciones de ningún tipo sobre el patrimonio histórico de ese edificio de diez pisos donde funcionó el ‘cerebro operativo’ del terrorismo de Estado con miles de agentes militares y civiles destinados a espiar, perseguir, torturar y desaparecer ciudadanos bajo sospecha. También albergó la dirección local del Plan Cóndor durante la última Dictadura cívico – militar. Seis décadas atrás tuvo un rol protagónico en las desapariciones que sufrió el cuerpo de Evita.
Enorme es el daño que se ha hecho al pueblo desde ese siniestro lugar y debe haber reparación social y urbana que lo devuelva a la historia y a la vida cotidiana.
Esta acción, como otras que han sido tomadas por el gobierno en estos días, referidas a la Memoria y los D.D.H.H., están alejadas de los valores y derechos conquistados en estos últimos treinta y dos años de democracia.
Insistiremos una y otra vez hasta se abra un Espacio de Memoria para que las nuevas generaciones puedan visitar el ex Batallón 601 y comprender lo que Nunca Más puede volver a ocurrir en nuestro país”, afirmaron desde Barrios x Memoria y Justicia Balvanera a través de un comunicado.

20.1.2016

Por Raúl Dellatorre

El beneficio para la Ciudad Autónoma por la modificación de la cuota de coparticipación ascendería a 16.800 millones de pesos, pero el costo de traspaso de la Policía Federal no pasaría de 9000 millones. Un decreto y muchas dudas.

En el doble laberinto que representa el régimen de coparticipación federal de impuestos –legal por un lado, por las múltiples modificaciones parciales que se le practicaron, y político por otro, por el tironeo entre las provincias, y entre éstas y la Nación, nunca resuelto–, ayer el gobierno de Mauricio Macri tiró una bomba de humo como para hacer menos visible la salida. Incrementó la cuota de la recaudación coparticipable que le corresponde a la Ciudad de Buenos Aires de 1,4 a 3,75 por ciento. En valores, significa que de los poco más de 10 mil millones de pesos que estaban presupuestados que recibiría por ese concepto la CABA este año, pasará a embolsar más de 26.800 millones: un incremento de 168 por ciento, por un simple golpe de decreto. No son pocos los que sospechan de que la transferencia de recursos excede las necesidades propias del traspaso de la Policía Federal al ámbito del Gobierno de la Ciudad, como los que imaginan que el salto en la cuota de esta última busca favorecer su posición relativa para cuando llegue el momento de discutir un nuevo reparto de la coparticipación.

El gobierno de Rodríguez Larreta se escudó en que los fondos no se detraen de lo que le corresponde a otras provincias, y por lo tanto habría que interpretar que “no modifica la coparticipación”. Es cierto que quien cede los recursos, en lo inmediato, es el gobierno nacional, al que le corresponde algo más del 40 por ciento de los impuestos coparticipables. Sin embargo, la protesta de otros distritos no se hizo esperar, y no les falta razón: elevar el coeficiente de participación de la CABA a 3,75 por ciento significa colocar a la jurisdicción porteña en un punto de partida ventajoso para el momento de una futura discusión del “reordenamiento” de partidas entre las provincias –que alguna vez llegará–, fijando y respetando algún criterio de distribución hoy prácticamente inexistente. Con la cuota alcanzada gracias al decreto, la CABA pasa a recibir el triple de Tierra del Fuego, y el doble de lo que corresponde a Chubut, La Pampa, Neuquén o Santa Cruz.

Hasta hace 48 horas, la Ciudad Autónoma ocupaba el décimo noveno lugar en el ranking de coparticipación. Ahora pasó al cuarto. Que la jurisdicción más rica del país ostente tal lugar de privilegio no se condice con el sentido “redistributivo igualitario” que, se supone, debe conducir el criterio de la coparticipación. Y en cambio, tiende a responder más a un criterio “devolutivo”, según el cual quien más recauda más recibe. Esto es lo que pone en alerta a las provincias “chicas”: que el gobierno macrista esté delineando un criterio de distribución que beneficiaría, justamente, a la CABA y a Buenos Aires, los dos gobernados por el PRO.

El argumento que motivó la reasignación de partidas fue la necesidad de compensarle a la Ciudad el costo por el traslado de la Policía Federal. Sin embargo, especialistas en temas presupuestarios –incluso con responsabilidad en la administración nacional– aseguran que los recursos que demandará la fuerza de seguridad transferida no pasa de los 9000 millones de pesos al año. “Si le están transfiriendo 16.800 millones extra con el aumento de la cuota de coparticipación, le están regalando casi 8000 millones de pesos”, estimó la mencionada fuente ante este diario.

“En aras de asegurar el desenvolvimiento fiscal y patrimonial que permita continuar consolidando la organización y funcionamiento institucional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –reza el decreto 194/2016 en sus considerandos– y proseguir asumiendo las competencias, servicios y funciones inherentes a su régimen autónomo, el Estado Nacional entiende que resulta necesario adecuar su coeficiente de financiamiento”. Se entiende que allí se alude al traspaso de las fuerzas de la Policía Federal a la órbita de la Ciudad, pero al no mencionarlas se evita que se haga la imputación directa y la comparación entre costos reales de dicha incorporación y la partida extra asignada.

Hace una semana, Macri derogaba el decreto de Cristina Fernández de Kirchner que disponía devolverle a todas las provincias el 15 por ciento de la coparticipación, que se les descontaba para engrosar la recaudación de Anses. Y ese decreto derogatorio de Macri, publicado en el Boletín Oficial el 13 de enero, se fundamentaba en que, con el anterior de Fernández de Kirchner, se vulneraba “la expresa limitación constitucional del artículo 99 inciso 3, en cuanto prohíbe dictar decretos de necesidad y urgencia en materia tributaria, por tratarse su objeto de la distribución intrafederal de recursos de naturaleza impositiva”. Es decir, los recursos de la coparticipación.

¿No vulnera el decreto que ayer se publicó en el Boletín Oficial, que modifica la cuota de coparticipación de la CABA, esa misma limitación constitucional del artículo 99 en su inciso 3? Voceros cercanos al macrismo aseguran que no, porque el de ayer no fue un decreto de necesidad y urgencia como el de Cristina. Los especialistas en el tema tienen una opinión diferente.

Si se revisa el mencionado inciso, resulta que en su primera parte, refiere que “el Poder Ejecutivo no podrá, en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”. Y lo que dice a continuación es que, en circunstancias excepcionales, el Ejecutivo podrá dictar decretos de necesidad y urgencia, siempre que “no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos”. Es decir, que el Ejecutivo no puede emitir disposiciones en materia tributaria, ni por decreto regular ni de necesidad y urgencia. La interpretación oficial de ayer omitió la primera parte del inciso, y saltó directamente a la segunda, que inhabilita incluso el uso de los DNU. Es otro costado débil del decreto de ayer que favorece la posición de la Ciudad Autónoma: legisla en materia tributaria, y por lo tanto sería susceptible de ser declarado de “nulidad absoluta e insanable”.

16.1.2016

El legislador porteño Pablo Ferreyra expuso un sumario de objeciones a la intentona del gobierno porteño por fusionar a la Policía Federal con la Metropolitana. Este asunto se tratará este lunes 18 en la Legislatura porteña.

AGENCIA PACO URONDO: ¿Qué opina del traspaso de la Policía Federal a la Metropolitana?

Pablo Ferreyra: El traspaso de la Policía Federal a la Ciudad salda una deuda histórica con los porteños y el sistema federal republicano. Sin embargo, esta expectativa no puede pasar por alto algunas irregularidades que surgen de la simple lectura del convenio, y menos aún, que se ignore la falta de discusiones serias para mejorar la seguridad en la Ciudad. El Gobierno de la Ciudad propone que la votación del convenio sea cerrada, es decir, que no se permita hacer modificaciones. Asimismo, el convenio sólo pasará por la Legislatura porteña, haciendo interpretación forzada de la Ley Cafiero. Esto evitaría el paso por el Congreso Nacional.

APU: ¿Cuáles son las objeciones puntuales al convenio de traspaso?

PF: Fundamentalmente que los gastos siguen siendo cubiertos por el gobierno nacional. Según el jefe de gobierno porteño, se produciría un traspaso de recursos, pero considerando que hay una partida presupuestaria nacional asignada a la Policía Federal, la administración de los fondos permanecería en el ámbito nacional. Además es un cheque en blanco para que los ejecutivos de Nación y Ciudad establezcan nuevos protocolos de actuación policiales sin acuerdos parlamentarios.

Por otro lado, la trasferencia de agentes no parece responder a un planeamiento estratégico ponderado a la luz de las necesidades de seguridad de la ciudad, sino que parece el producto de negociaciones aisladas entre miembros de la Policía Federal y el Gobierno. De hecho, no especifica si la intención es conformar una sola fuerza. Hay cuestiones extrañas como la “predisposición” que deben tener los agentes de la División Destacamento para estar al servicio del gobierno nacional en operativos de control de ingreso y egreso de la Ciudad.

Otro factor es la falta de claridad respecto a los sumarios y sanciones a agentes transferidos, iniciados en la órbita de Nación y que aplicará la Ciudad, y a las investigaciones iniciadas por una de las fuerzas y que deben trasladarse a la otra para continuarla. Esto último puede volverse perjudicial para las víctimas especialmente de violencia policial. El proyecto también presenta inconsistencias en el punto referido a la División Centro de Atención a Víctimas de Violencia Sexual, que deja en suspenso las proporciones en las que se transferirá.

Por último, el convenio establece que los agentes públicos transferidos conservarán el nivel escalafonario, la remuneración, antigüedad, derechos provisionales y de cobertura social que tuvieran al momento de la celebración de la transferencia o sus equivalentes. Esto, aunque legítimo, dificulta la convivencia entre las dos policías y, sobre todo, la unificación.

APU: ¿Es necesario este traspaso policial?

PF: La Policía Metropolitana tiene una estructura institucional que permitiría, si existiera la voluntad política, la construcción de una política de seguridad responsable y funcional, en diálogo permanente con la ciudadanía. Sin embargo, el PRO se ocupó de contaminar esas estructuras, fomentando prácticas represivas y encabezando sus cúpulas con ex jefes de la PFA, todos ellos cuestionados por violaciones a los derechos humanos.  El gobierno de la Ciudad nunca creó los Foros de Seguridad Ciudadana que por ley le correspondía crear.

Por todo esto, lo que verdaderamente queremos es que el traspaso se haga, pero de un modo en el que se abran canales institucionales de discusión en los que podamos participar y aportar, para poder pensar en serio en una policía de la ciudad que respete los derechos humanos y garantice seguridad a todos los porteños.

16.1.2016

El Ministerio de Educación porteño ha pautado para el día 4 de febrero a las 11hs. la primera Mesa de Condiciones Salariales y Laborales de 2016.

Desde Ademys, a la par que venimos impulsando reuniones convocando a la docencia para la elaboración colectiva de nuestro pliego reivindicativo, hemos planteado ante el Ministerio que dirige Soledad Acuña una serie de puntos que merecen respuesta urgente.

De cara a esta nueva convocatoria, reiteramos lo planteado en la reunión de presentación de las nuevas autoridades realizada el 21 de diciembre de 2015, donde nuestro sindicato sostuvo la necesidad de un bono de fin de año equivalente a un doble aguinaldo, y un aumento de emergencia y recomposición del básico a partir del 1° de enero: somos los trabajadores los principales afectados por la devaluación del 42% realizada hace un mes, la escalada inflacionaria que sólo en los últimos meses de 2015 superó el 10%, y los aumentos de tarifas que ya están en marcha, configuran un cuadro de fuerte confiscación del salario. Recordamos, asimismo, que en dicha reunión de diciembre la Ministra Acuña se comprometió a avanzar en un aumento de salario con una "suma puente" con sueldos de enero, y hasta la fecha no hemos tenido confirmación de la misma ni su monto.

Planteamos nuevamente nuestro pedido de creación de escuelas para poder resolver la falta de vacantes en zona sur, a la par que denunciamos la cantidad de familias que siguen teniendo severos problemas para acceder a la escuela pública en este 2016. Insistimos con nuestra exigencia por concursos transparentes en tiempo y forma, que pueden ser garantizados solo por Juntas de Clasificación democráticamente elegidas, por lo cual exigimos la restitución de dicho órgano y de la votación directa de sus miembros: ni docentes, ni vocales elegidos a dedo. 

A su vez, volvemos a exigir el fin del sumario a las compañeras Elsa y Alejandra, luego de que la Justicia haya resuelto la reinstalación a sus cargos. 

Remarcamos también la exigencia de que se ponga fin a la discriminación sindical que el gobierno porteño ejerce sobre Ademys por oponernos a sus políticas privatistas, discriminación que el gobierno lleva adelante tratando de desconocer a nuestro cuerpo de delegados, hecho que ha sido contestado con movilizaciones masivas y a su vez por la vía judicial desde nuestra entidad.

Los trabajadores no podemos ser, nuevamente, la variable de ajuste. Seguiremos organizándonos en las aulas y en las calles para evitarlo.

15.1.2016

COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN GREMIAL DE ABOGADAS Y ABOGADOS DE ARGENTINA SOBRE CARLOS AZNÁREZ Y RUBÉN SABOULARD

“Desde la Gremial como en nuestro ejercicio profesional de manera particular, intervenimos en procesos contravencionales y penales plagados de nulidades y arbitrariedades, en todas las jurisdicciones de la Argentina. Pero hemos observamos particularmente el proceso contravencional y penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como especialmente plagado de estas nulidades y arbitrariedades. Y no escapa a esta realidad el proceso donde se pretende enjuiciar a Carlos Aznárez a partir de su participación el 27 de agosto del 2014 en un acto de solidaridad con el Pueblo Palestino y de repudio a las masacres que el Estado de Israel llevo adelante contra población civil indefensa”.Así comienza comunicado de la entidad cuyo titular es el abogado del pueblo, Eduardo Soares, en defensa de los compañeros perseguidos. Más abajo resto del texto del pronunciamiento. Toda nuestra solidaridad con el periodista Carlos Aznárez y Rubén Saboulard, dirigente de Asambleas del Pueblo.

Carlos Aznárez, director de la muy conocida publicación RESUMEN LATINOAMERICANO y RUBEN SABOULARD, dirigente de ASAMBLEAS DEL PUEBLO, están acusados de haber sido parte de la larga lista de oradores en el acto ese día a quienes se les endilga “manifestaciones de tinte discriminatorio hacia la religión judía”. Ni Carlos ni su defensa técnica ejercida por esta GREMIAL DE ABOGADOS nos enteramos de la existencia de la causa por los canales que el debido proceso impone.

El Fiscal inició una investigación a partir de una denuncia de la DAIA que nunca notificó a Carlos a fin de que pueda defenderse. Pero además tampoco solicitó al juez competente que adoptara las medidas que impuso solo el Ministerio Público Fiscal y que afectaron derechos fundamentales de Carlos.

Entre esas medidas solicitó al servidor del mail de la publicación RESUMEN LATINOAMERICANO a fin de que se intervenga el mail del periódico y se le informe a la Fiscalía de todo el contenido de los correos entrantes y salientes. Medida que afectó, entre otros, el derecho humano de Carlos a la privacidad de su correspondencia y la libertad de expresión.

El servidor de la cuenta de mails de RESUMEN LATINOAMERICANO comunicó al Periódico que ‘un Fiscal argentino’ pretendía la invasión a los correos privados de la publicación ‘sin la orden de un Juez competente’. Recién de esta forma las personas investigadas tomaron conocimiento de la causa en su contra.
Todo esto llevado adelante sin Juez y sin Defensor. Solo el Fiscal. Tan así que ahora pretende ser él ante quien Carlos ejerza su primer acto de defensa material y técnico: preste declaración indagatoria.

Es por ello que la Gremial de Abogadas y Abogados se presentó ante el Juez natural de Carlos, denunció las violaciones a sus derechos y le solicitó que, en caso de así entender, sea él quien lo convoque a prestar declaración indagatoria. Adjuntamos los escritos donde planteamos la inconstitucionalidad de la norma que faculta a un Fiscal a interrogar a quien investiga. Sobre la norma del Código procesal de la Ciudad de Buenos Aires está la Constitución Argentina y los tratados internacionales de derechos humanos con rango constitucional que ordenan que en cualquier proceso en el que estén en juego derechos humanos, ya sea éste comercial, administrativo, penal, o de cualquier otra naturaleza, SIEMPRE deben existir tres partes: Acusador/demandante, Defensor/demandado y Juez imparcial e independiente.
De tal modo resulta inconstitucional y contra convencional que la misma persona que investiga, en este caso a Carlos, sea quien lo indague. El Fiscal no es imparcial, es el adversario procesal de la persona a quien investiga, en este caso de Carlos. Quien debe escuchar a Carlos es un Juez, competente e imparcial, sin interés concreto en el proceso penal como sí lo tiene el Fiscal.

Lejos resulta este planteo de raigambre constitucional y convencional ser parte de una estrategia a fin de ‘ganar tiempo’. El nuestro es un planteo ideológico, de debido proceso, una cuestión de principios: nunca un Fiscal puede arrogarse facultades de Juez.

Pero yendo al fondo de la cuestión, la acusación contra Carlos y Rubén carece de todo sustento fáctico y jurídico. Las manifestaciones de ambos lo fueron en el ámbito de un Acto, como los miles que se hicieron y se hacen en todas partes del mundo, en el que se manifestó la solidaridad con el Pueblo Palestino. En ningún momento, ni el acto ni las manifestaciones allí vertidas, tuvieron ribetes discriminatorios y no existen elementos que así lo indiquen. Por el contrario, lo han sido en el marco de las expresiones que libremente las personas tenemos derecho a pronunciar. En realidad bajo la excusa de investigar a Carlos Aznárez se pretende afectar el derecho a la Libertad de Expresión y a la Libertad de prensa.

A más, debemos decir que en dicho acto también estuvieron presentes muchos judíos así como es ahora interminable la lista de adhesiones a Carlos Aznárez efectuadas por importantes personalidades judías argentinas e internacionales.

Están aquí en juego derechos humanos tales como la libertad de expresión, de publicar, de difundir, de informarse; al debido proceso, al estado de inocencia, al juez imparcial, a la defensa; todos derechos humanos de Carlos y Rubén que están ahora violentados en este proceso pero que se proyectan a cada persona de nuestra Argentina.

Pedimos en primer lugar a los colegas de las distintas organizaciones, que conocen por padecer de estas arbitrariedades, que unifiquemos criterios en torno a este tema. A las organizaciones de DDHH y diferentes coordinadoras y estructuras antirrepresivas que acompañen este planteo. El proceso contra Carlos Aznárez y Rubén Saboulard muestra el intento de fortalecer y consolidar una forma de ejercer la (in)Justicia. Debemos impedirlo.

ASOCIACIÓN GREMIALDE ABOGADASY ABOGADOSDE LA REPUBLICAARGENTINA