Comunicadores del Sur

19.2.2016

Hace unas semanas denunciamos desde la Asamblea el abandono y la falta de mantenimiento a la que estaba siendo sometido el Parque Lezama, curiosamente, días más tarde comienzan a salir notas nuevamente sobre el vandalismo que sufre el Parque y los millones que debe gastar el GCBA cada año en espacio público por hechos vandálicos * y **. Por Asamblea Parque Lezama

Tan cerca tenemos enero del 2015 que inmediatamente visualizamos la misma maniobra mediática que utilizara hace un año Patricio Di Steffano (ex Sub Secretario Espacio Público) para intentar plantar las rejas en nuestro Parque. Son tan burdos señores de los medios como hace un año, son cómplices y títeres de campañas armadas en torno a hechos vandálicos previsibles y predecibles en un espacio público en el cual el primer responsable del abandono es el GCBA que no tomo los recaudados mínimos, y no los vecinxs que vienen proponiendo soluciones para poder mantenerlo en buenas condiciones, como por ejemplo cuida parques y placeros las 24 hs (cosa que no existen y el Min. Amb. y Esp. Público con Eduardo Macchiavelli en la nota afirma que si), cámaras instaladas que parecen no mirar nada y una intencionalidad clara de dejar caer en abandono nuevamente el Parque después de una inversión millonaria, sobre las cuales tenemos dudas que este todo lo que constaba en la licitación, ya sabemos del riego y los baños que no están, entre otras cosas.

Los vecinxs propusimos un Plan de Manejo Participativo para el parque, el cual evitaría este tipo de situaciones de abandono y falta de mantenimiento, el proyecto de ley (418-2015) cuenta con innumerables apoyo y partes que intervendrían en estas situaciones, vecinxs y usuarios autoconvocados, legisladores de diferentes colores y bloques apoyaron esta iniciativa, arquitectos, paisajistas, funcionarios dedicados al tema en órbitas nacionales y además integrantes de la Mesa de Trabajo del Parque Avellanea (sistema similar) han manifestaron su adhesión, así como también integrantes del Consejo Consultivo Comuna 1 y Comuna 4 además de centenares de vecinxs que utilizan el parque.

La discusión que quieren instalar nuevamente es rejas si o no, nosotros y nosotras (los vecinos, usuarios, los distintos espacios de los alrededores del parque, organizaciones, centros culturales, asociaciones, asambleas y demás actores de los barrios que circundan el parque) hace tiempo que superamos esa encrucijada en la que quieren obligarnos a pensar, y pensamos que la discusión sigue y seguirá siendo Parques cuidados y con mantenimiento (como el Manuela Bastidas de Puerto Madero por ej.) en contraposición a los parques abandonados y sin mantenimiento que pretende el GCBA para el Lezama.

No concebimos la palabra gasto para nuestros espacios públicos, pues se trata siempre de inversiones en pos de una mejor calidad de vida para quienes habitamos en la ciudad y necesitamos el parque para esparcirnos y recrearnos ya que es un derecho de todo ser humano.

Concebidos en esta lógica un espacio público está sometido a las inclemencias que lo originan, como tal, en ese sentido no podemos pensar en reducir costos pues se trata siempre de destinar todos los recursos necesarios para mejorar la calidad de vida de los que habitamos el territorio, ¿o acaso somos menos habitantes de la ciudad quienes vivimos en San Telmo, La Boca, Barracas, Constitución que quienes lo hacen en Puerto Madero, Palermo o Recoleta?

Pareciera ser que en los barrios del sur de la Ciudad, donde hay déficit habitacional e índices de hacinamiento altísimos (datos oficiales del GCBA publicados en Desbalance Comunal 2014) y la única posibilidad de recuperar aire para ganar en salud es usar el Parque, eso se llama ‘gasto’ y en barrios de mayor nivel adquisitivo inversión. El mundo del revés…

17.2.2016

La Justicia Contencioso Administrativa y Tributaria de la Ciudad de Buenos Aires hizo  lugar a la medida cautelar y, en consecuencia, ordenó que no se otorguen autorizaciones o permisos de demolición, reformas, ampliaciones y/o cualquier construcción nueva (incluyendo el registro de planos), con respecto a la totalidad de los inmuebles de propiedad pública o privada emplazados en la Ciudad de Buenos Aires, cuyos planos hayan sido registrados antes del 31 de diciembre de 1941, o en su defecto, cuyo año de construcción asentado en la documentación catastral sea anterior a dicha fecha, así como de aquellos que se encuentren incluidos en el inventario de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires en la categoría ´Edificios Representativos´, a menos que el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales haya resuelto previamente, en forma expresa e individualizada, que el bien no posee valor patrimonial.

Asimismo, el Tribunal ordenó hacer saber públicamente la existencia y objeto de la causa judicial a efectos de que los interesados que así lo deseen puedan presentarse y tomar participación en la causa dentro del plazo común de quince (15) días hábiles judiciales. Aclaró que las eventuales presentaciones que tuvieren por objeto apoyar la pretensión deducida por la parte actora serán admitidas solamente si aportan una argumentación propia —es decir, que no replique la ya realizada en la demanda sino que proporcione nuevos fundamentos— cuyo contenido persuada al Tribunal de que su incorporación supone una contribución sustancial al desarrollo del proceso por su pertinencia al objeto de debate y su relevancia para la decisión del caso.

La sentencia fue dictada por el Dr. Aurelio Ammirato, Juez del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires N° 10  en los autos caratulados “ASOCIACION CIVIL BASTA DE DEMOLER Y OTROS CONTRA GCBA Y OTROS SOBRE AMPARO (ART. 14 CCABA)” , Expediente N° 43501/0. Las causasjudiciales fueron presentadas por la Asociación Civil Basta de Demoler –por la Preservación del Patrimonio Arquitectónico de Buenos Aires–, la Fundación Ciudad y la Asociación Civil y Vecinal S.O.S Caballito con el patrocinio del Observatorio del Derecho a la Ciudad.

A raíz de esta acción judicial, el día 26 de octubre de 2011 el Gobierno de la Ciudad y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires suscribieron un convenio para “la realización de tareas de asistencia técnica por parte de ´La FADU´ para definir un inventario de edificios de valor patrimonial a partir de la evaluación de 75.600 edificios (…) que forman parte de un universo de 134.000 inmuebles anteriores al año 1941 identificados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La Facultad de Arquitectura fue remitiendo resultados parciales del relevamiento encomendado en el convenio, y de acuerdo a este relevamiento hasta el presente 5.284 inmuebles habrían sido incorporados[1] por la Secretaría de Planeamiento al Catálogo de Inmuebles Patrimoniales, con carácter preventivo, hasta tanto sean evaluados de manera definitiva por el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales.

El Tribunal expresó que "los procedimientos que el ordenamiento jurídico establece para identificar y proteger los inmuebles cuyo valor histórico debe ser preservado no estarían concluidos y se encontrarían en curso de realización, de manera tal que no existiría aún un registro definitivo; y esta situación —cuya consecuencia es la falta de certeza sobre el conjunto de bienes a preservar— configura el peligro en la demora. Por tanto, a efectos de cumplir con el imperativo constitucional y legal de proveer adecuado resguardo a los bienes en cuestión, y de tal manera evitar la posible afectación del patrimonio histórico, resulta procedente hacer lugar a la medida cautelar solicitada".

Las organizaciones actoras denunciaron que la Ciudad había implementado una política de protección de los inmuebles de propiedad pública o privada cuyos planos hayan sido registrados antes del 31 de diciembre de 1941 o se encuentren incluidos en el inventario de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la categoría “Edificios Representativos“, a través de la creación del procedimiento de Promoción Especial de Protección Patrimonial (PEPP) instrumentado a través de la Ley Nº 2.548 cuyo plazo de vigencia culminó el 31/12/2011.

En virtud de ello, en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se presentaron diversos proyectos de ley tendientes a la protección de aquellos inmuebles.  Sin embargo, el tratamiento legislativo de dichos proyectos no se llevó a cabo en forma previa a la fecha de finalización del plazo de vigencia de la Ley Nº 2.548.

Afirmaron, que en consecuencia, dicho proceso protectorio podría perder sentido si no se implementa una protección preventiva por el plazo que se extienda el debate legislativo en cuestión o hasta que se brinde una solución definitiva a la problemática[2].

Las organizaciones que impulsamos esta acción judicial invitamos a ser parte de este proceso judicial, tal como lo publicita y autoriza el juez de la causa, y nos ponemos a disposición para comentar el estado de la causa y cualquier otra colaboración que se requiera.        

[1] A través de las resoluciones n° 439/SECPLAN/13, 491/SECPLAN/13, 510/SECPLAN/13 y 19/SECPLAN/14.

[2]Las organizaciones actores había solicitado que se ordene como MEDIDA CAUTELAR, a fin de conservar la situación fáctica existente, la suspensión del otorgamiento de autorizaciones o permisos de demolición, reformas, ampliaciones y/o cualquier construcción nueva (incluyendo registro de planos), respecto de la totalidad de los inmuebles de propiedad pública o privada cuyos planos hayan sido registrados antes del 31 de diciembre de 1941 y de aquellos que se encuentren incluidos en el inventario de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la categoría “Edificios Representativos” cuyo valor patrimonial no haya sido evaluado; con excepción de aquellos casos en que el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales resuelva en forma expresa e individualizada que el inmueble no posee valor patrimonial. Ello, hasta tanto recaiga sentencia definitiva en autos; o bien hasta tanto la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires culmine el procedimiento de debate parlamentario en torno a los proyectos de ley referidos a la protección de éstos los inmuebles. 

17.2.2016

Un nuevo informe revela aparentes zonas liberadas para talleres textiles sin habilitación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El fiscal federal Federico Delgado llevó adelante una investigación judicial donde verifica que existe una zona administrativamente liberada para el funcionamiento de talleres textiles clandestinos.

Los barrios involucrados son Flores, Floresta, Villa Mitre, Villa Santa Rita y Parque Avellaneda, de acuerdo con el informe es aquí donde los explotadores pueden instalarse abiertamente y donde no serán molestados en el ejercicio de su actividad.
La investigación se llevó a cabo en el marco de una causa por trata de personas para explotación laboral, iniciada a partir de una presentación realizada por el legislador Gustavo Vera, fundador de Alameda.

El informe revela datos alarmantes: de los 72 domicilios allanados, sólo tres estaban habilitados como talleres textiles y 69 funcionaban clandestinamente. La mayoría de las personas allí encontradas eran bolivianas y paraguayas, que en promedio trabajan casi 9 horas y media por día y cobran apenas 31 pesos por hora, aproximadamente la mitad de lo que gana una empleada doméstica. Mientras que quienes figuran como encargados, explotadores, son de nacionalidad china y coreana, se sospecha que éstos son testaferros.

No es casualidad que la zona relevada sea la misma en donde meses atrás murieran asfixiados dos hermanitos, de 7 y 10 años, hijos de un matrimonio de nacionalidad boliviana que se desempeñaban en uno de esos talleres.

El fiscal Delgado remitió el informe al juez De Giorgi, y envió una copia a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, a cargo de Marcelo Colombo y a la Procuradora Alejandra Gils Carbó.

En su investigación Delgado advirtió las serias fallas y grietas en el circuito administrativo que lleva a la habilitación de un taller textil. Es decir que si al momento de una inspección el mismo no se encontrara habilitado, con pagar una multa es suficiente para reanudad el funcionamiento del mismo.

El fiscal indicó que “obviamente, la existencia de talleres habilitados administrativamente no implica que en el lugar no trabajen personas que sean explotadas laboralmente e incluso sean objeto de accionar delictivo y por ende, competencia de la justicia federal”.

Gustavo Vera había realizado una presentación denunciando 170 domicilios donde funcionarían talleres clandestinos. Se encontraron 72 talleres, de los cuales el 96% no tenía la habilitación correspondiente. Las personas que allí se encontraban trabajando son en su mayoría bolivianos y paraguayos, quienes indicaron que concurren en general a la esquina de Cobo y Curapaligüe, del barrio de Flores, para que los explotadores los lleven a los talleres, este lugar es como una especia de mercado humano.

14.2.2016

Ademys, junto a otras entidades sindicales docentes, participó el día jueves 11 y viernes 12 de febrero en las reuniones convocadas por el Ministerio sobre condiciones laborales.

En las mismas ratificamos el pliego presentado a la ministra Soledad Acuña, el día 4 de febrero en oportunidad de la mesa salarial.

Particularmente enfatizamos la preocupación y la demanda de los concursos de nivel primario, postergados en el mes de diciembre, la situación de inestabilidad en el nivel medio debido a cambios y censatías producidas por la NES, listados e inscripciones, la eliminación de las elecciones de junta votada a finales del 2015 que implica el último ataque al derecho a elegir de los docentes por el voto directo a sus miembros.

También expusimos la situación de irregularidad del llamado a cubrir cargos de los equipos de profesionales y la necesidad de seguir los mecanismos estatutarios para acceder a ellos, colocando la demanda de incrementar la cantidad de profesionales en relación a la matricula escolar, frente a la crisis social que se vive en las escuelas.

Finalmente reclamamos que respecto a la ampliación de la licencia por violencia de género se incluya la posibilidad de poder trasladar provisoriamente el cargo dentro y fuera de la jurisdicción, como un mecanismo de protección a la víctima mientras esté en riesgo su vida y la de sus hijos.

Manifestamos que existe una relación directa entre la situación laboral de los docentes y la defensa de la educación pública, por eso solicitamos un plan de infraestructura integral y construcción de escuelas y jardines.

En el marco de estas reuniones, Ademys colocó cada punto de las reivindicaciones pendientes de la educación a las que el gobierno no ha dado respuesta y que entendemos serán parte de la lucha de toda la docencia en este nuevo comienzo de paritarias.

13.2.2016

A este espacio cultural y deportivo, ubicado en Av. Entre Ríos 1260, asisten más de 300 chicos y chicas del barrio y sus alrededores. A partir de las continuas amenazas de cierre, el jueves 11 de febrero por la tarde, miembros del club, vecinos y organizaciones realizaron un corte con actividades recreativas en la Av. Entre Ríos bajo la consigna “No al cierre del Polideportivo San Cristóbal”.

Desde hace más de 20 años, el Polideportivo funciona en un predio que pertenece al Gobierno de la Ciudad, cedido para el funcionamiento del club. Las versiones sobre lo que sucederá con el predio que brindan los funcionarios resultan confusas, además de rehusarse permanentemente a presentar la documentación necesaria con la orden de desalojo. Sin embargo, las amenazas son constantes y hace unas pocas semanas, el funcionario PRO Tomás Pastalanga se acercó al club y confirmó el desalojo inminente aduciendo que el predio será cedido a Metrovías.

Frente a esta situación, el jueves por la tarde, un centenar de vecinos, vecinas, miembros del club y familiares, junto con organizaciones del barrio cortaron la Av. Entre Ríos a la altura de Av. San Juan, para visibilizar el conflicto y pedir que no cierren el Polideportivo. Los más chicos jugaron a fútbol y al básquet al ritmo de una murga, mientras se juntaron miles de firmas para apoyar el reclamo.

A la hora de explicar el conflicto, Walter Tolosa, profesor del club, sostuvo: “No estamos dispuestos a ceder el espacio a intereses espurios, empresariales o negociados del Gobierno de la Ciudad. En el Polideportivo hoy participan 300 pibes y pibas nucleados en el club Centro Juvenil Latinoamericano y Ateneo de la Juventud. Creemos que cumplimos un rol social fuertísimo en el barrio, ya sea con los distintos talleres que brindamos, con la merienda para los pibes o con el apoyo escolar. No es solamente una canchita de fútbol, es el espacio de contención social de numerosos jóvenes en situación de vulnerabilidad social. Acá defendemos y garantizamos derechos que hoy el Gobierno de la  Ciudad está empecinado en negar. El derecho a la educación, al juego, a la no discriminación, al desarrollo integral como niños, niño y adolescente.”

Por su parte, Verónica Ibáñez, militante de Patria Grande de la Comuna 1, afirmó: “El intento de desalojo del Polideportivo San Cristóbal no es un hecho aislado sino que se enmarca en un avance sostenido por parte del gobierno PRO sobre los espacios deportivos y culturales de la ciudad. A fines del año pasado, los vecinos y vecinas del barrio de Devoto frenaron el intento de desalojo del polideportivo ONEGA. Y otros tantos clubes se organizaron para evitar que los cierren, en Colegiales, Parque Patricios y otros barrios. Tampoco debemos olvidar las clausuras de los centros culturales autogestionados de los últimos años.”

El colectivo de profesores del club junto con los vecinos/as y organizaciones del barrio piden que el GCBA de una solución a este conflicto que permita la continuidad en el desarrollo de las actividades por lo cual solicitan mantener el espacio o la relocalización en un lugar aledaño. Mientras se esperan las respuestas oficiales, se mantiene el estado de alerta ante un posible desalojo y se organizan peñas, festivales y jornadas deportivas para defender al histórico “Poli”.