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Crisis habitacional en Argentina: una problemática sin solución

5.3.2016

La cantidad de propietarios de viviendas y terrenos bajó en los últimos años a la par que aumentó el número de inquilinos. El porcentaje de las casas y departamentos con déficit estructural y de servicios también va en aumento. Los datos surgen de un trabajo realizado por el Centro de Estudios e Investigaciones en Ciencias Sociales, en el que además se da cuenta de la falta de implementación de políticas públicas reales que ayuden a revertir este escenario.

(Red Eco)Argentina – Según datos del Censo Nacional de Población, entre 2001 y 2010 el porcentaje de viviendas cuyos habitantes son propietarios bajó del 71 al 69%, mientras que la cantidad de inquilinos pasó del 11 al 16%, teniendo en cuenta para ambos casos que la población se incrementa de manera permanente. Estos movimientos en los números se replican especialmente en los grandes núcleos poblacionales, en especial la ciudad y la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe.

Estas cifras forman parte de un informe realizado por el Taller de Estudios Sociales del Centro de Estudios e Investigaciones en Ciencias Sociales (CEICS), en el que también se trabajó con la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). "En el censo se entrevistan a todos los hogares del país, mientras que en la EPH se ve solamente una muestra, no todo el universo; si nosotros proyectamos los datos de la EPH, el número estimativo que tenemos es que para 2015 sigue cayendo en todo el país el porcentaje de propietarios de vivienda y terreno, que estaría en un 65%, mientras que el de los inquilinos aumentaría un 18% y las ocupaciones se encontrarían en un 9%", explicó la socióloga Julia Egan, integrante del Taller.

Esta investigación del CIECS comenzó a tomar forma a partir de la toma iniciada en noviembre de 2015 en los terrenos de Merlo, que hace pocos días fue desalojada: "ese fue el alerta por el que decidimos ver qué es lo que estaba pasando con el tema de la vivienda. Tomamos datos censales, además de algunas entrevistas que ya teníamos en la base de los archivos orales del CEICS y otras entrevistas que hicimos durante la toma", detalló Egan.
Al dar cuenta de la situación habitacional, la socióloga se refirió también a la degradación que se viene registrando en distintos servicios:"mientras en 2001 el 65% de los hogares tenía acceso a gas de red, en 2010 solo lo hace el 57%. Después hay otros servicios que descienden en menor medida, como el transporte público y la pavimentación. La presencia de desagüe de inodoro a red pública desciende del 55% al 53%, en el Gran Buenos Aires crece pero solo cubre el 50% de los hogares, y el gas de red desciende en un punto a nivel nacional y en el Gran Buenos Aires desciende 2 (del 70 al 68%)".

Otro punto grave del relevamiento efectuado por el CIECS es el lugar donde se asientan las viviendas: "en base a un informe del Taller, vemos que entre los años 2003 y 2015 el promedio de personas cuyas viviendas se ubican en zonas inundables, es decir que no son aptas para viviendas, constituyó entre un 12 y un 16% en todo el país; esto implica alrededor de 6 millones de personas. A esta cifra llegamos a través de una encuesta donde simplemente se le preguntó a la persona si entendía que el lugar donde está su vivienda era una zona inundable, con lo cual creemos que este número está sub-representado, probablemente sean más si esto se pudiera definir objetivamente. También vemos que esta gente que vive en zonas inundables es justamente la población más pauperizada. Los funcionarios tratan de justificar estas cuestiones a partir de fenómenos naturales, pero si uno analiza la composición social de la gente que vive en estos lugares encontramos que el problema tiene una raíz económica de diferencia de clase social, y esto se manifiesta en cosas muy concretas como que en cada inundación la gente pierde todo inclusive se pierden vidas", expresó Egan.

Durante el trabajo realizado por el Taller en las tomas de Merlo y del Parque Indoamericano en la Ciudad de Buenos Aires, se analizó la condición social de los ocupantes:"en Merlo concretamente entrevistamos a muchos ocupantes –afirmó Egan– y casi en su totalidad se trata de obreros desocupados u ocupados en negro, en actividades como construcción, herrería, servicio doméstico o que reciben planes sociales o son cooperativistas, es decir que acá también encontramos que se trata de las capas más pauperizadas de la clase obrera. Cuando indagamos acerca de dónde venían, la mayoría dijo que vivía de prestado en casas compartidas, en general con alguna de las familias de la pareja, o una madre soltera con sus padres o también en habitaciones alquiladas que en general tienen un alto costo. Esto también lo comprobamos durante la toma del Indoamericano, que las habitaciones que se alquilan en las villas donde en general viven familias enteras tienen un costo que hoy está rondando al menos los 3.000 pesos. Es decir que en Merlo y en el Indoamericano encontramos que comparten el hecho de vivir en condiciones de hacinamiento y precariedad habitacional. Cuando comenzó la toma de Merlo, los ocupantes que se habían organizado plantearon que querían que se loteara el terreno y pagar una cuota accesible a sus ingresos, planteaban que tenía que ser de 500 pesos, lo que habla de que estas familias apenas rozan la supervivencia".

La realidad del Plan Procrear

Una de las medidas en materia habitacional que tomó el kirchnerismo durante su gestión fue la puesta en marcha del Plan Procrear, en el que se impulsaba la construcción de 400.000 viviendas. Julia Egan advirtió que nunca se blanqueó en cuánto tiempo se iban a hacer, pero sobre todo señaló que el programa no cubría desde su propia postulación el déficit de vivienda de aproximadamente 3.500.000 unidades, según lo planteado en el último censo: "esta cifra se deduce de la cantidad de viviendas que son habitadas por población que no es propietaria, y ya desde el inicio hay 1.350.000 familias que se anotan en el Procrear que necesita acceder a una vivienda propia, pero de esa cifra se sortearon solo 570.000 viviendas, según datos del último informe público que sacó la ANSES a mediados del año pasado. De esas 570.000 viviendas sorteadas, solo se pusieron en marcha 200.000 y el problema es que al día de hoy no se sabe cuántas fueron finalizadas y cuántas se entregaron de forma efectiva".
Desde el CEICS realizaron un relevamiento de varios medios para ver cómo se desarrolló la implementación del Procrear: "encontramos que la gente denunció problemas con esta línea de crédito, sobre todo lo que es la línea de construcción que fue la que más se abrió desde el propio programa. Veíamos que inclusive con los créditos más grandes que otorgaban alrededor de 125.000 pesos, la gente denunciaba que no alcanzaban para cubrir los costos necesarios para comprar un terreno que cumpla con los requisitos que pedía el programa. Para los créditos de compra a estrenar la mejor línea de crédito cubría de alrededor de 650.000 pesos y nosotros encontramos que un departamento usado de 45 metros cuadrados en Parque Patricios, que es uno de los barrios más económicos dentro de Capital Federal, costaba alrededor de 955.000 pesos, es decir que el crédito no llegaba a cubrir el costo. Además, para poder acceder al crédito se necesitaba demostrar ingresos de hasta 8.000 pesos mensuales, cuando el propio Indec reconocía que la mitad de los trabajadores ganaba 6.000 pesos mensuales, que hay un alto porcentaje de empleo no registrado (que estimamos en alrededor del 30%) que no puede demostrar ingresos y que gana menos que un trabajador en blanco. Con lo cual inclusive estructuralmente es muy complicado que una familia se pueda presentar y cumplir los requisitos que son bastante elementales".

Durante la entrevista, Egan remarcó otras deficiencias de este plan: "en lugar de realizarse estudios socioeconómicos que determinaran los casos prioritarios, el acceso a la vivienda se sorteó por Lotería Nacional, es decir que se dejó totalmente al azar. Esto plantea un problema en términos de qué posibilidad hay de hacer un uso no discrecional de los fondos destinados a beneficios sociales. Acá tendría que haber una cuestión planificada que determinara cuáles son los casos de emergencia, como por ejemplo la gente que vive en tomas y en lugar inhabitables, y que se trace un plan realmente sistematizado y justificado en términos de la necesidad de la gente".

Perspectivas

"Así como anteriormente vimos que no se hizo nada para mejorar la situación, inclusive contando con fondos estatales muy importantes provenientes de los precios record de las commodities, creemos que este problema va a tender a agravarse sin duda", afirmó Egan ante la consulta de Red Eco sobre posibles cambios en esta temática frente a la llegada de Cambiemos al gobierno nacional. Para explicar esta postura, la socióloga recurrió a cómo el PRO trató el tema habitacional durante sus años de gestión en la Ciudad de Buenos Aires: "midiéndolo por el censo, los propietarios de vivienda y terreno pasan de 68% en 2001 al 57% en 2010, es una baja del 11%, y los inquilinos pasan del 22% al 29%. Lo que estimamos para 2015, según la EPH, es que los propietarios continúan bajando al 53% y los inquilinos aumentando al 32%, es decir que en la Capital Federal tampoco se han encontrado soluciones y se ha retrocedido de una forma muy fuerte en el tema de vivienda. En este sentido, claramente no evaluamos que el gobierno de Macri a nivel nacional vaya a hacer algo distinto que lo que ya no hizo en materia de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires".

En este punto, se le preguntó a Egan acerca de cuáles son las medidas que se deberían tomar para revertir la situación habitacional: "entendemos que se tendrían que formar comisiones de trabajadores donde se pueda decidir entre ellos qué se va a hacer con los fondos públicos en materia de vivienda, que se establezca a partir de las necesidades que allí se evalúen un plan que de forma consciente y sistemática se desarrolle en función de sus propias necesidades, sobre todo en este cuadro donde en la actualidad nos encontramos con una evidente crisis de caja estatal, donde claramente ya no se va a seguir destinando la misma plata a vivienda, con lo cual creemos que los que tienen que decidir cómo solucionar el problema son los afectados. Si bien sabemos que hoy en día es muy difícil solucionar la falta de acceso a la vivienda porque es imposible acceder a un crédito bancario, no solo para la parte más pauperizada de la clase obrera, sino para aquellas fracciones que se ven en mejores condiciones salariales. Según un estudio que se hizo el año pasado, se calcula que para poder sacar un crédito bancario hay que demostrar ingresos por 40.000 pesos mensuales, así que ya no estamos hablando de los trabajadores más pobres sino de una fracción importante de trabajadores que ya ni siquiera puede pensar en la casa propia. Nosotros creemos que son los afectados quienes tienen que tomar en sus manos la resolución del problema y decidir qué se hace con la plata del Estado para solucionar el tema de la vivienda y trazar un plan que se destine a solucionarlo".

Ciudad de Buenos Aires: Sobre el espacio público

27.2.2016

El estado del Lezama como microcosmos de la gestión porteña y la idea de ley. Y un fallo que repara una avivada del Ejecutivo en eso de levantar adoquines.

Quien se acerque al Parque Lezama y lo mire con ojos atentos, podrá ver cosas que trascienden al estado de un espacio urbano en particular. Lo que está pasando en ese pulmón de San Telmo, un lugar antiguo, frágil y muy hermoso resume cosas mucho más grandes y trascendentes que nos pasan a todos en Buenos Aires y en varios espacios urbanos más. Se trata, nada menos, que del rol del Estado, de la actividad de los vecinos y de una manera de pensar la ley.

Los vecinos de la asamblea local señalaron esta semana que los medios amigos del gobierno –el porteño y el nacional– empezaron a hacer notas sobre los actos de vandalismo en el Parque. Que hubo vandalismo es cierto, pero ambas notas son “neutrales” en cuanto al contexto, no arriesgan ninguna opinión más allá de que el vándalo hace algo malo, y no aportan ningún apunte de solución. Con lo que los asambleístas ven algo claro, que estas notas se la dejan picando a los que quieren enrejar el parque.

No es arbitrario, porque hace algo más de un año, en enero de 2015, el entonces subsecretario de Uso del Espacio Público Patricio Di Stefano usaba exactamente estos argumentos para proponer el enrejado del parque. Como se recordará, los vecinos simplemente bajaron las rejas que estaban colocando e hicieron un acampe para impedir que las pusieran. Al final tuvo que intervenir Jaime Sorín, entonces presidente de la Comisión Nacional de Monumentos, de Museos y de Lugares Históricos, como se llamaba todavía. Como el Lezama es monumento histórico, Sorín pudo controlar las obras y convencer de dejar de lado el enrejado.

Pero acá comienza el segundo tema de la lista, el de cómo se piensa la ley. Ultimamente se puso de moda encajarle al ciudadano la solución de problemas, por ejemplo, policiales. Ante la incapacidad evidente de la policía de controlar los desarmaderos de autos, los ciudadanos tuvieron que pagar obligatoriamente el grabado de números y códigos en varias partes de sus autos. Ante la epidemia de robos de motos, los ciudadanos tuvieron que poner los números de sus patentes en los cascos, un absurdo que sólo sirvió para cobrar algunas multas y que ya fue efectivamente abandonado. Estos ejemplos son renuncias del Estado a cumplir con sus deberes básicos, pasándoles la obligación a los gobernados.

Ese es exactamente el uso de las rejas en plazas y parques, encajarle al ciudadano el costo de no poder controlar el espacio público, por fiaca, por ignorancia o por complicidad. El porteño no sólo tiene que pagar las rejas con sus impuestos, sino que no puede usar sus parques al final de la tarde y tiene que bancarse una alteración drástica de su paisaje, la presencia de esos corralitos en su barrio. La pobreza material y el rápido deterioro de esos metales penosos no ayudan…

Pero el tercer tema, que es el rol del Estado en la vida, es el que termina de cerrar la ecuación. Pese a lo que dicen tantos, no hay mayores rastros de ideología en el macrismo y llamarlos neoliberales es hacerles un honor que no merecen. El bajo nivel de ideas de ese partido lo coloca una y otra vez en situaciones de “señora gorda”, vagamente reaccionaria pero incapaz de articular un plan. Como tanta gente que piensa así y viene del mundo de los negocios, lo que terminan haciendo es concebir la gestión pública con la comercial y empresaria: no entienden al ciudadano porque ven a un cliente. Las saga de las plazas es un buen ejemplo, con el macrismo en funciones enfrentando el inédito problema de los vecinos protestando porque hacen obras y no por no las hagan, que es lo normal. El detalle era la desconfianza pampa de los vecinos a lo que les querían hacer a sus plazas: enrejarlas, pavimentarlas, afearlas.

Otro elemento de esto era que los vecinos se desayunaban de las obras cuando veían aparecer maquinarias y obreros de las contratistas, que empezaban por supuesto a demoler cosas y levantar pavimentos. Toda obra arranca con una destrucción, con lo que conviene avisar y conversar las cosas antes de empezar. Fue justamente esto lo que siempre faltó en el macrismo porteño, la consulta y la conversación. Esto ocurrió por falta de base territorial, por miedo a ese fantasma horrendo, el militante opositor, y porque no se quería nunca jamás modificar un plan ya definido, dibujado y licitado. Lo único que les quedaba a los vecinos era el amparo y el corte de calles.

Romper todo

El caso del Lezama tiene, entonces, las tres características concentradas en pocas hectáreas: la reja como delegación de las obligaciones del Estado a costas de los vecinos, los vecinos vistos como clientes molestos por el Estado-señora gorda, y los vecinos organizándose para cambiar las cosas. En este caso, la asamblea señala con exactitud que al gobierno porteño le conviene que el parque sea vandalizado, para mostrar que es necesaria la reja. Los asambleístas retrucan que estos problemas eran “previsibles y predecibles”, con lo que el gobierno porteño es responsable. Nada curiosamente, el ministro de Ambiente y Espacio Público de la ciudad, Eduardo Macchiavelli, dijo públicamente que hay guardias las veinticuatro horas y que además se instalaron cámaras. Los vecinos juran que los guardias no existen o son muy tímidos, porque nadie nunca los vio, y que las cámaras deben mirar a otra parte, porque no generan ninguna reacción policial, pase lo que pase.

El parque Lezama está en una zona con muchas carencias y en lenta transición hacia una gentrificación. Quien lo visite un domingo verá una enorme población que usa el verde y los juegos, gente de medios limitados que lleva a los chicos a jugar, que vive en el barrio en condiciones nada amables. El parque es además hogar de algunos de los muchos sin techo de Buenos Aires, con el templete usado regularmente como refugio por una familia con hijos chicos. Por algo el gobierno porteño no completó la obra que iba a hacer: ni comenzó los baños públicos, probablemente porque al no haber rejas podían ser usados por los carenciados.

Nada de esto es una novedad, es algo a la vista del observador más casual, pero no existía en el plan de obra. Cuando se hace un plan desde la visión del cliente, el pobre no existe porque no le da para ser cliente, con lo que es simplemente borrado de la ecuación, como se hace en un shopping. Estas son soluciones facilongas y destinadas al fracaso, rígidas y pasivas, que pueden funcionar en barrios más prósperos en los que plazas y parques no son equipamiento esencial, no reemplazan el living de la casa propia.

Por suerte, los vecinos de San Telmo propusieron un plan de manejo participativo que ya llegó a la Legislatura y tiene gran consenso entre grupos vecinales, legisladores, arquitectos, paisajistas, miembros de los consejos consultivos de las comunas uno y cuatro, y una gran cantidad de grupos de la zona. Lo primero que plantean los vecinos es que el gobierno porteño se deje de hablar de “gasto” cuando lo que tiene que hacer es invertir, y que empiece a pensar que el Lezama puede estar abierto y en buen estado, como lo están las plazas de Puerto Madero. Esto es, de hecho, un prejuicio y otro rasgo de pereza, porque manejar el espacio público en la zona sur, más carenciada y hacinada, y por lo tanto más necesitada de parques, es más difícil que otros barrios.

El Lezama es además el parque con más patrimonio que nos queda, el único de los viejos parques que no fue remodelado o demolido para modernizarlo en los años locos de los sesenta y setenta. La intervención reciente fue vergonzosa en lo material, con cementos berretas, lavadas de cara a brocha gorda, senderos de materiales que se pelean con su entorno y falta de dos o tres cosas fundamentales, como el riego. Ni siquiera se hizo bien el nivelado, con lo que el parque parece una colección de charcos barrosos y manchones sin pasto. Por su función social y por su patrimonio, el Lezama se merece ser el experimento de manejo que una ciudad como Buenos Aires debe crear.

Los adoquines

Hace dos años, la Legislatura aprobó una ley para proteger los adoquinados porteños, limitando la vocación municipal de repartir contratos para asfaltar calles. Esta ley era una manera de continuar el trabajo de Gerardo Gómez Coronado en la Defensoría del Pueblo, que había protegido como patrimonio varias calles adoquinadas de San Telmo, Palermo y Parque Chacabuco. La idea era fijar todas las calles con piedras de la ciudad.

Ahí fue que el gobierno de Mauricio Macri se mandó una avivada por decreto. Toda ley tiene que ser reglamentada por el Ejecutivo para funcionar efectivamente, lo que da un amplio espacio para enmendarla de hecho. Lo que hizo el ejecutivo fue decretar, en 2014, que eran calles empedradas las que efectivamente tenían adoquines –“granitullo” o “granito”, especificaban– en más de un cuarenta por ciento de su superficie total.

Esa era la trampita, que no aparecía en la ley. En el momento de los debates por la ley, el arquitecto Marcelo Magadán había revelado en este suplemento que relativamente pocas calles estaban realmente asfaltadas, en el sentido de que en una mayoría simplemente se había cubierto el empedrado con asfalto, rápido y barato. ¿Cómo ver estas calles? ¿Como empedrados a recuperar o como asfaltos? El gobierno porteño implícitamente decidió que eran asfaltos y que si el 60 por ciento estaba así cubierto la calle no se consideraba ya empedrada.

De inmediato se hizo un amparo, que acaba de ser zanjado por el juez Pablo Mántaras, del juzgado número tres en lo Contencioso Administrativo y Tributario. Mántaras falló que “el Ejecutivo se ha excedido en las facultades administrativas reconocidas en el artículo 103 de la Constitución de la ciudad de Buenos Aires”. De hecho, remarcó el juez, los límites constitucionales a lo que puede decretar el Ejecutivo son bastante claros y arrancan por no andar enmendando leyes votadas. Con el fallo, todo vuelve a la casilla cero y no se pueden andar levantando más empedrados.

Lo curioso del asunto no es dónde están los cincuenta millones de adoquines que se estima ya se levantaron –la mayoría forman el cimiento de la Reserva Ecológica– sino la pasión por dar contratos a las constructoras, el sector que el PRO cuida con cariño familiar. Por suerte, la Justicia les puso otro límite a estos negocios a costa del patrimonio público.

¿En qué consiste la oferta realizada por el Gobierno de la Ciudad?

26.2.2016

1.- Una cifra en negro (llamada “Adicional APD 2016”) para algunos cargos, como maestro de grado o de sección, y menor para otros cargos (según los puntos índice)

Con antigüedad de 0 % a 60%

Maestro de grado JS, de sección o bibliotecario JS o 20 hs cátedra: $ 1215

Directores, Vices, secretarios o MG JC: $ 2430

Curricular 10 hs: $ 607,50

ACDM: $ 884,13

Preceptor: $ 1.032,75

Maestro de ciclo: $ 900,40

Con antigüedad de 70 % a 120 %

Maestro de grado JS, de sección o bibliotecario JS o 20 hs cátedra: $ 1600

Directores, Vices, secretarios o MG JC: $ 3200

Curricular 10 hs: $ 800

ACDM: $ 1.164,29

Preceptor: $ 1.360

Maestro de ciclo: $ 1.185,71

Cabe destacar que estos montos, al ser en negro no respetan la escala salarial (por ejemplo es igual el monto que recibe quien recién se inicia que quien tiene 11 años en la docencia; o el mismo monto para quien tiene 12 años y quien tiene 24 años de antiguedad) por lo que continúa desvalorizándose la antigüedad. Tampoco se contabilizan para la jubilación.

2.- El Fonaindo aumenta en 400 pesos por JS o 15 hs, hasta JC o 30 hs. Este monto lo paga Nación y también es en negro. No remunera por antigüedad lo que acrecienta más la desvalorización de la antigüedad.

Cabe destacar que en la “primera cuota” ambas cifras tienen tope de 30 (el Fonaindo) y 40 hs. (el ítem “Adicional APD 2016”). Por lo tanto el aumento a partir de la hora 30 (para quienes cobran por hora cátedra) es menor y a partir de JC o 40 hs es nulo. O dicho de otra forma, lo que se trabaja a partir de la hora 40 o JC, tiene $ 0 de aumento.

3.- Según datos del mismo gobierno de la Ciudad, la inflación de septiembre a febrero es de 17,5 %. Es decir que teniendo en cuenta la inflación de marzo (donde por ejemplo se producirá el impacto del tarifazo de la luz y están prometidos otros aumentos como el transporte, la nafta y el gas) al cobrar la primera cuota ya perderemos respecto a la inflación. Es decir que ni siquiera cuando cobremos por primera vez el “aumento” recuperaremos lo que perdimos por la inflación. Y la situación será peor en los meses de mayo, junio, julio y agosto donde el sueldo será el mismo pero la inflación seguirá aumentando.

MG JS (en mano, sin tener en cuenta el descuento de Ganancias)

Antigüedad	Febrero 2016	Abril 2016	% de aumento
0 %	$ 8.385,00	$ 10.000	19,26 %
30 %	$ 8.385,00	$ 10.000	19,26 %
40 %	$ 8.385,00	$ 10.000	19,26 %
50 %	$ 8.385,00	$ 10.000	19,26 %
60 %	$ 8.385,00	$ 10.000	19,26 %
70 %	$ 8.743,76	$ 10.743,76	22,87 %
80 %	$ 9.182,49	$ 11.182,49	21,78 %
90 %	$ 9.621,23	$ 11.621,23	20,79 %
100 %	$ 10.059,97	$ 12.059,97	19,88 %
110 %	$ 10.498,70	$ 12.498,70	19,05 %
120 %	$ 10.937,44	$ 12.937,44	18,29 %

4.- Dado el reciente anuncio de Ganancias y el hecho de que más docentes van a pagarlo debido a la eliminación de la exención, el “aumento” no sólo no recompone lo perdido por la inflación sino que el salario valdrá menos.

5.- Segunda cuota

Se cobrará recién en septiembre. Se elimina el ítem ““Adicional APD 2016”. Se incrementa el sueldo básico y el decreto 483 sólo en un 25 %. Se agregan 300 pesos en negro al Fonaindo por 15 hs (y hasta 30 hs) y el material didáctico en 400 pesos (por 19 hs y hasta 38 hs).

Antigüedad	Abril 2016	Septiembre2016	% de aumento respecto abril 2016
0 %	$ 10.000	$ 11.372,5	13,73 %
30 %	$ 10.000	$ 11.372,5	13,73 %
40 %	$ 10.000	$ 11.372,5	13,73 %
50 %	$ 10.000	$ 11.372,5	13,73 %
60 %	$ 10.000	$ 11.372,5	13,73 %
70 %	$ 10.743,76	$ 11.777,20	9,62 %
80 %	$ 11.182,49	$ 12.325,62	10,22 %
90 %	$ 11.621,23	$ 12.874,04	10,78 %
100 %	$ 12.059,97	$ 13.422,46	11,30 %
110 %	$ 12.498,70	$ 13.970,88	11,78 %
120 %	$ 12.937,44	$ 14.519,30	12,23 %

6.- ¿Qué paga la jurisdicción más rica del país?

Sin contar el Fonaindo que paga Nación, el aumento que paga la Ciudad va de un 27 a un 29 % sin tomar en cuenta la anualización.

Antigüedad	Abril 2016	Septiembre 2016
0 %	15,43 %	13,62 %
30 %	15,43 %	13,62 %
40 %	15,43 %	13,62 %
50 %	15,43 %	13,62 %
60 %	15,43 %	13,62 %
70 %	19,43 %	8,91 %
80 %	18,45 %	9,72 %
90 %	17,56 %	10,46 %
100 %	16,75 %	11,13 %
110 %	16,02 %	11,74 %
120 %	15,34 %	12,29 %

¿Por qué rechazamos el acuerdo salarial en la Caba?

– Rechazamos el pago en cuotas lo que significa que anualizado el aumento sea menor a lo que dicen que es: se trata de entre un 24 % y un 26 % de aumento

– Rechazamos que gran parte del aumento (toda la primera cuota y gran parte de la segunda) sea en negro

– Rechazamos que no se respete el pago por antigüedad lo que hace que la escala salarial llegue al mínimo histórico

– Rechazamos los topes salariales que hacen que hasta septiembre no haya aumento a partir de la hora 41.

– Rechazamos que se sigue desvalorizando la hora cátedra

– Rechazamos que el impuesto a las Ganancias lejos de eliminarse afectará a más docentes

Rechazamos que se siga naturalizando que los docentes tengamos que trabajar entre dos y tres cargos para poder vivir

Este “aumento” perjudica:

– A todos los docentes pues el aumento en todos los casos está por debajo de la inflación

– A los jubilados pues muchas de las sumas son en negro

– A quienes cobran por hora cátedra pues continúa su desvalorización

– A quienes trabajan 3 cargos o más de 41 hs que no tienen aumento luego de las 40 hs o JC hasta septiembre

– A quienes ya sufren la diferenciación salarial a la baja (bedeles, preceptores, ACDM, etc)

– A quienes tienen más antigüedad pues se achata aún más la escala

– A quienes pagaban ganancias y a quienes desde ahora pagarán ganancias

– A los docentes de Fines y Cai que sólo obtuvieron que los sindicatos puedan descontarles también de las sumas en negro

Ademys ratifica el NO INICIO EL LUNES 29/2 – NO EMPEZAMOS LAS CLASES. PARO Y MOVILIZACIÓN
ADEMYS

Represión a manteros en Liniers

25.2.2016

La Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) informó este mediodía que la policía Federal y Metropolitana reprimieron con palos y balas de goma a trabajadores y trabajadoras que venden en la calle. En el operativo hubo heridos, entre ellos un menor que recibió un balazo de goma.

"Hace minutos Personal de Infantería reprimió salvajamente a trabajadores manteros en la Estación de Liniers (Rivadavia 11.599-CABA), utilizando balas de gomas y palos." De esta forma la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) circuló desde este mediodía la información sobre un violento operativo conjunto de la licía Federal y Metropolitana.

"Un menor recibió un balazo de goma en un dedo y a varios trabajadores le decomisaron sus productos a los golpes", continuaron.

Prontamente integrantes de la CTEP concurrieron al lugar, junto con asesores legales, para acompañar a los trabajadores y accionar acorde a lo ocurrido.

"Hacemos responsable al Gobierno Nacional y de la Ciudad por la integridad física de nuestros compañeros",concluyeron.

Madres de Plaza de Mayo en la sede del gobierno porteño

22.2.2016

Luego de negarles el ingreso a la sede de Gobierno, el Jefe de Gobierno porteño le dijo a Taty Almeida, que “iba a analizar la carta”. Las Madres presentaron 7.000 firmas para que el ministro de Cultura de la Ciudad presente su renuncia luego de que cuestionara la cifra de 30.000 desaparecidos.

Este lunes, las Madres de Plaza de Mayo presentaron en la sede del Gobierno de la Ciudad en Parque Patricios para hacer entrega de una carta que cuenta con apoyos internacionales y más de 7000 firmas solicitando la renuncia de Darío Lopérfido, luego de que ministro de Cultura de la Ciudad cuestionara la cifra de 30.000 desaparecidos y se negara a pedir disculpas públicas por sus dichos.

Luego de más de dos horas de espera en las que se vivieron momentos tensos con personal de la Policía Metropolitana y de seguridad privada de la sede del GCBA (cerraron las rejas y no querían dejar acceder a varias personas que acompañaban a las Madres), todos lograron ingresar al edificio y esperar, hasta que finalmente Horacio Rodríguez Larreta se decidió a bajar al hall y recibir a las Madres.

En un principio, las autoridades del gobierno porteño les solicitaron a las Madres que vuelvan otro día. Taty Almeida, referente de Madres Línea Fundadora, advirtió: “No nos vamos a mover”.

El que espera desespera

“Es absolutamente inaceptable que el gobierno porteño, a pocos días de que se cumpla el 40 aniversario del golpe, mantenga a un funcionario en su cargo que se rehusó a desdecirse y pedir disculpas después de negar a los 30.000 desaparecidos. Dario Lopérfido no se ha retractado de su inadmisible actitud negacionista, que implica negar hechos históricos por motivos ideológicos o políticos”, señaló la legisladora Andrea Conde, de Nuevo Encuentro.

Conde contó que “durante la breve entrevista con Larreta, dijo que iba a analizar la carta y que se comprometía a dar una respuesta en una reunión que sería a más tardar esta semana o la próxima”.

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