Comunicadores del Sur

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CONTRA LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL Y LA PERSECUCIÓN DE ALUMNOS Y PROFESORES

12.4.2016

Los estudiantes realizarán una conferencia de prensa para denunciar la designación como regente de Héctor Gómez Mastrogiovanni, quien tiene antecedentes de agresión física contra dos alumnas del colegio.

 

Los alumnos de la Escuela Superior de Comercio "Carlos Pellegrini" resolvieron este lunes iniciar una toma de la institución para exigir que las autoridades del colegio revisen la designación de Héctor Gómez Mastrogiovanni. La medida, decidida en asambleas en todos los turnos, responde a  considerar que este funcionario no reúne las condiciones profesionales y personales para estar en contacto directo con los estudiantes.

 

En 2007, Mastrogiovanni fue protagonista de un incidente con dos alumnas a quienes agredió físicamente al intentar disuadirlas de realizar una protesta. En ese momento, las autoridades del colegio resolvieron que esto se trataba solamente de negligencia, y no tomaron las riendas del asunto, permitiendo que en 2015 la situación colapse con su nombramiento como regente.

 

Esta situación generó la inmediata reacción de estudiantes y docentes que como respuesta han recibido no sólo la indiferencia de las autoridades sino también la persistente persecución y hostigamiento por parte del controvertido funcionario.

 

Sumado a esto, Fernando Jodara, un preceptor del establecimiento, durante el 2015 fue acusado por haberle dado un beso a una alumna de segundo año sin su consentimiento. Este acto claro de violencia llamó la atención de estudiantes y docentes, mientras que las autoridades no se hacian cargo de la situación dejando que Jodara transitara libremente por los pasillos de la institución. Hoy en día todavia en incierto el futuro del preceptor en la escuela.

 

Los estudiantes denuncian que las autoridades del colegio hacen oídos sordos a estas y otras situaciones que involucran violencia institucional y de género y exigen un mayor compromiso de aquellos que deben cuidar la integridad física y psicológica de toda la comunidad educativa del Pelle.

 

Para informar sobre esta demanda y cómo continuará la medida, los representantes de los alumnos del Pellegrini invitan todos los medios de prensa a acompañarlos el día martes 12, a las 19 hs., en la sede del colegio, Marcelo T. de Alvear 1851.

“La policía debería estar para cuidar a nuestros hijos y no para matarlos”

10.4.2016

Así lo afirmó Roxana Cainzos, madre de Nehuén Rodríguez. Nehuén fue asesinado en el barrio de La Boca hace más de un año y todavía no hay novedades judiciales en su causa.

Por Malena Ambas

 

Nehuén Rodríguez tenía 18 años, acababa de terminar el secundario y estaba yendo a festejar el ascenso de Huracán, cuando una camioneta de la Policía Metropolitana lo embistió, lo hizo volar 25 metros y lo mató.

“El 15 de diciembre de 2014, él se dirigía hacia la casa de unos amigos en moto. A las 00:20 de la noche, cuando iba por la calle Brandsen, en la intersección de Ramón Carrillo, lo atropella brutalmente una camioneta 4×4 de la policía metropolitana, lo arrastra 23 metros y le da muerte a la hora. Nosotros caminamos incansablemente para conseguir testigos por el barrio. Recién en febrero, porque estuvo todo cerrado hasta que abrieron los juzgados luego de la feria judicial, conseguimos cuatro testigos de los cuales uno es presencial y ya declararon”, explicó la madre de Nehuen.

Un año y 4 meses después de la muerte de Nehuen no hay ningún condenado y el juez no avanza con la causa. “La fiscalía pidió la imputación de Daniel Castagnasso, el oficial implicado en la causa”, comentó Roxana, quien agregó: “La causa pasó el 11 de diciembre al juzgado número 4 y el Juez lo tiene en el escritorio todavía. Yo voy, el abogado va y todavía no está. Ni siquiera pudimos ver qué resultados tienen las pericias que hizo Gendarmería”.

Además, la mamá de Nehuen remarcó que siguen buscando testigos que puedan aportar datos a la causa. Junto a su familia están convocando a quienes hayan viajado en el colectivo de la línea 45 el 15 de diciembre de 2014 a las 00:20, ya que el mismo se encontraba recogiendo pasajeros en el Hospital Borda.

“Nehuen recién terminaba el secundario. Era fanático de Huracán porque jugó en las inferiores hasta el 2013. Era un pibe que hacía teatro, vivía con actividades, lleno de vida. Ese día iba a festejar el ascenso del globito con sus amigos y lo atropelló y lo hizo volar 25 metros un patrullero 4×4 de la Policía Metropolitana sin sirena, en contramano, cruzando en rojo”, recordó su mamá.

Además Roxana agregó: “Desde ese día empezamos a pelear por los domos (cámaras de seguridad), por el GPS de todas estas camionetas modernas que tienen pero que no aparece. Conseguimos testigos pegando pegatinas y caminando puerta por puerta por el barrio. Ahora queremos conseguir más para seguir luchando. Esta gente se maneja con total impunidad. La policía debería estar para cuidar a nuestros hijos y no para matarlos”.

Ayuda para los capos: escaparon antes del operativo en Villa 31

9.4.2016

En los 40 allanamientos ordenados por el juez Ariel Lijo, la Policía Federal secuestró 220 gramos de cocaína, 46 kilos de marihuana, 16.485 dosis de paco (menos de un kilo), 4 bombas molotov, una granada de fragmentación, tres armas y 24 cartuchos de distintos calibres, una prensa, 4 balanzas y 5 teléfonos celulares. Además, 14 personas quedaron detenidas. Los números son simples: en más de la mitad de las casas requisadas no encontraron a nadie. Los vecinos del barrio contaron a Cosecha Roja que el miércoles, un día antes del operativo, los transas con más poder ya estaban avisados y escaparon. Por Cosecha Roja.

En la Villa 31 y 31 bis hay dos destacamentos de la Policía Federal Argentina que funcionan desde hace un año: uno bajo la autopista Illia y el otro en el barrio San Martín, una de las zonas calientes donde se desarrolló el operativo del jueves a la mañana. Los agentes de los destacamentos son conocidos por los vecinos, caminan de a tres por las calles y algunos están vinculados a los capos del narcomenudeo.

El miércoles a la noche, a los transas de mayor poder en el territorio les llegó la información del operativo. Los 14 detenidos no son los que manejan el narcomenudeo, son los pibes que pagan las consecuencias, como dicen en el barrio. “Mientras los policías entraban a una casa, en la siguiente seguían vendiendo paco”, contó Roberto, un vecino de San Martín.

El jueves a las 8:15 el barrio amaneció con un espectáculo policial. Al frente de las vías del tren, llegaron más de 500 oficiales de las unidades de élites y la División Operaciones Antidrogas Urbanas con armas largas en carros de asalto, hidrantes y un helicóptero. Tres drones vigilaban el perímetro. Horas más tarde llegó la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, acompañada por una comitiva de cámaras y periodistas. “Megaoperativo” titularon los medios. Al igual que había pasado con el supuesto “arsenal” que incautaron en febrero, las requisas dieron un resultado pequeño en comparación a las expectativas de la Justicia.

El avance policial respondió a una orden del juez Lijo, que lleva una causa iniciada en 2012. El expediente agrupa menudeo de drogas, tráfico, portación de armas y asesinatos relacionados al narco. El fiscal de la causa, Jorge Di Lello, reconoció a Cosecha Roja que el objetivo no era tanto el allanamiento como “devolver el terreno a la comunidad”. El juzgado dio la orden que los 300 policías se quedaran en la zona.

Hoy los vecinos de San Martín contaron que amanecieron igual que los días anteriores al operativo de la Federal. Los policías que están ahora en la zona son los mismos de los dos destacamentos. “Desde hace tiempo la villa está militarizada y las fuerzas de seguridad suelen estar vinculadas a las actividades delictivas”, dijo Paula Stiven de Mundo Villa.

En diciembre de 2010, la villa tuvo la última ocupación de territorio. Más de 200 familias tomaron un predio que pertenecía al Ferrocarril San Martín. En plena discusión entre el Gobierno Nacional de Cristina Fernández de Kirchner y la Ciudad Autónoma -gobernada por Mauricio Macri-, el barrio se consolidó y adquirió el nombre del tren que pasa todas las mañanas hacia Retiro. Desde ese momento, dos bandas se disputan el territorio: los peruanos y los paraguayos “Sanpedrinos”. El narcomenudeo es uno de los negocios de las bandas pero no el único. También se dedican a la especulación inmobiliaria, los alquileres y la construcción en la villa.

Hace más de un año, el líder de los Sanpedrinos, Francisco Fouz Acosta, cayó preso. En el barrio lo llamaban Tarzán y tenía un corralón en la Feria, una de las entradas de la Villa 31. Con el líder preso, la banda comenzó una guerra interna. Los vecinos piden confidencialidad para hablar sobre las bandas narcos.

Desde noviembre de 2015, las disputas entre bandas tiene un sólo resultado: los asesinatos de los eslabones más débiles de la cadena, los pequeños transas que en general son adolescentes. En las manzanas 99, 102, 105 y 107, principales sectores del conflicto de las bandas, “aparece un cadáver por semana”. Sólo entre el 26 de diciembre y el 17 de enero hubo cinco asesinatos: encontraron un hombre atado de pies y manos en un contenedor de la manzana 99, un pibe de 16 años, una chica de 26 y dos personas en uno de los pasillos con disparos en el pecho,

“La seguridad en la villa no se hace con más policías, sino con políticas de inclusión educativa y social”, dijo a Cosecha Roja Pablo Zapulla, integrante de la Campaña Contra la Violencia Institucional. Mientras los vecinos se despiertan con intervenciones policiales repentinas, continúa el cierre de los talleres de capacitación. Y el proyecto de urbanizaciòn de las villas de Retiro fue rechazado en la Comisión de Vivienda por la Legislatura Porteña el 15 de septiembre de 2015, cuando Macri todavía era Jefe de Gobierno.

Por ahora se pospuso el “remate” de la Ciudad

8.4.2016

No hubo acuerdo entre el PRO y el kirchnerismo y no se trató la creación de la Agencia de Bienes S.E. El FIT y el resto de los bloques ya han manifestado su rechazo a la propuesta.

Desde que se votó sin debate en diciembre, la creación de la empresa estatal Agencia de Bienes S.E. viene recibiendo el rechazo de vecinos y de las organizaciones nucleadas en “Buenos Aires no se vende”, lo que quedó de manifiesto en la Audiencia Pública del 29 de marzo donde no hubo ni una sola voz que se levantara para defender el proyecto que el PRO y el Frente para la Victoria votaron en primera lectura. Las denuncias se concentran en que esta empresa pretender ser un ente para rematar terrenos de la Ciudad que sean considerados “innecesarios” y facilitarles grandes beneficios a los pulpos de la inversión inmobiliaria nacionales y extranjeros, limitando o eliminando la intervención de la Legislatura. En este caso, se pretenden rematar el predio de El Dorrego en Colegiales y 16 hectáreas del Tiro Federal. Para que la ley quede sancionada, debería ser votada en segunda lectura.

La legalidad de este proyecto ha sido cuestionada por las impugnaciones de anticonstitucionalidad que han sostenido distintos diputados y organizaciones de vecinos en torno a la contradicción entre el artículo 5° de este proyecto que transfiere los inmuebles a esta empresa y el artículo 84 de la Constitución de la Ciudad que impide a la Legislatura delegar sus facultades, como es disponer de estos bienes.

Pero el panorama político viene movido y el pacto del PRO y el Frente Para la Victoria que funcionara en diciembre pasado, y por lo cual el proyecto logró aprobarse en primera lectura, parecería estar a punto de naufragar. El convulsivo escenario del FPV a nivel nacional parece haberse colado en la Legislatura y ya son públicas las fricciones y rispideces al interior del bloque en la Legislatura. Lo cierto es que las tensiones crecen y en medio del escándalo de Macri por los Panamá Papers, algunos legisladores del FPV parecen no querer ser parte de este nuevo “Pacto PRO-K”, mientras que desde el oficialismo braman porque el kirchnerismo “no estaría respetando los acuerdos pactados”.

 

Un acuerdo secreto más

 

Esta vez no pudieron. La oposición del resto de los bloques y la movilización de los vecinos que participaron de la Audiencia Pública y hoy se manifestaron frente a la Legislatura, hicieron naufragar el plan del PRO, que probablemente busque volver a la carga en las próximas semanas. Habrá que seguir atentos y estar preparados para organizar el rechazo, hacer sentir la oposición al remate de la Ciudad en la Legislatura e impedir la votación para que se archive este proyecto nefasto.

“Logramos una victoria contra los especuladores inmobiliarios”

8.4.2016

El proyecto de la Agencia de Bienes  sufrió un revés hoy, cuando el macrismo fracasó en el intento de  conseguir los dos tercios que requiere su aprobación. El proyecto había sido despachado en comisión con la firma de diputados kirchneristas, pero no logró reunir los 40 votos necesarios, al menos por ahora.   

Marcelo Ramal había adelantado su oposición en las reuniones de comisión, planteando que “la Agencia de Bienes permite la privatización en bloque de las tierras más codiciadas de la Ciudad. El  gobierno PRO se había apresurado a ofrecer a la venta a desarrolladores inmobiliarios del exterior parte del predio del actual Tiro Federal, descontando la aprobación de la Agencia. Por eso mismo, el empantamiento del proyecto abre una crisis política”.

“El fracaso del macrismo en la sesión de hoy es una primera victoria contra la especulación inmobiliaria, como resultado de la movilización de cientos de vecinos que se manifestaron masivamente en la audiencia pública que consideró el proyecto. Continuaremos luchando por el derecho de los trabajadores  a la vivienda y a los espacios verdes de carácter público, que serían arrasados por esta suerte de inmobiliaria no declarada”, concluyó el legislador del FIT.

Ramal denunció también  las febriles negociaciones entre el PRO y el kirchnerismo para reunir los votos: “Si llegan al número, tendremos una reedición de los pactos PRO-K que entregaron vastos predios del Estado, como los terrenos del ferrocarril, para la especulación  inmobiliaria”.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e meses; y a Fernández, ex titular de la Unidad Polivalente de Inspecciones, a dos años y diez meses.

 

Sin embargo el dato más relevante del juicio que determinó las condenas por el siniestro del boliche de once en Diciembre de 2004, ocasionando la muerte de 194 personas, es que en ninguna instancia involucró al principal responsable político de la Ciudad de Buenos Aires en ese entonces. De esta manera, el ex jefe de Gobierno Aníbal Ibarra obtuvo el beneficio de la impunidad que como en otros casos de corrupción cubre a la casta política de las consecuencias de sus acciones.

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