Comunicadores del Sur

6.5.2016

El día de ayer, 5 de mayo de 2016, ocurrieron hechos gravísimos que afectan la Democracia Participativa y la participación ciudadana en las Comunas. En el marco de la reunión del Consejo Consultivo de la Comuna N° 4 un grupo de personas agredieron física y verbalmente a integrantes del Consejo y de organizaciones sociales del Barrio de la Boca. Resultaron heridos de gravedad  Matías Scínica de la agrupación Boca es Pueblo que sufrió un corte a la altura de la garganta, y Fernando Abal Medina que a raíz de múltiples golpes tiene una hemorragia interna en la cabeza.

Estos hechos ocurrieron al momento que se discutía sobre la venta de los terrenos conocidos como "Casa Amarilla" ubicados en el Barrio de la Boca al Club Atlético Boca Juniors. Desde hace años organizaciones del Barrio de la Boca se oponen a la venta de estos terrenos, principalmente las organizaciones que conforma "la Boca Resiste y Propone". El Consejo Consultivo Comunal N° 4 en la primera reunión autoconvocada de este año ya había expresado su voluntad contraria a esta venta y a los proyectos del referido Club.

Para comprender que una patota haya agredido a ciudadanos que protegen el destino de estos predios de acuerdo a las leyes de la Ciudad resulta necesario describir el gran negociado planificado desde el Club Boca Juniors con acuerdo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en relación a estas tierras públicas, las de Casa Amarilla.

Los terrenos de Casa Amarilla fueron comprados en el año 1981 al Estado Nacional para mitigar el déficit habitacional en el Barrio de la Boca. El 11 de abril de 2005 comienza la inscripción para el Programa habitacional "Casa Amarilla". En un principio se deciden hacer 1.231 viviendas. Este programa quedó paralizado.

En el marco de una acción judicial presentada por la Asociación Civil Casa Amarilla, el GCBA llegó a un acuerdo con dicha Asociación. La cantidad de viviendas a construir bajó de 1.231 a 438 viviendas, liberando de esta forma varias manzanas. A cambio el GCBA otorgó a la Asociación la facultad de designar a las familias preadjudicatarias.

Las manzanas liberadas del Programa Casa Amarilla, fueron transferidas al Poder Ejecutivo en el año 2010 por el Instituto de la Vivienda (IVC) propietario de las tierras. Mediante el decreto N° 723/2010, el Poder Ejecutivo transfirió a la Corporación Buenos Aires Sur S.E. estas tierras.

Estos predios de Casa Amarilla fueron codiciados por el Club Boca Juniors desde el año 2008 para construir allí un nuevo Estadio-Shopping. Como encontraron fuerte oposición para que el GCBA le venda las tierras para construir el nuevo Estadio, decidieron fragmentar la estrategia.

        – El Sr. Oscar Moscariello (Vicepresidente de Boca y diputado de la Ciudad por el Pro, presentó el Proyecto de Ley N° 2462-D-2014 para rezonificar estos terrenos a "Distrito de Zonificación E4 56 -Estadio y Complejo Deportivo del Club Atlético Boca Juniors".  Este proyecto se encuentra en discusión en la Legislatura. 

       –  Respecto a la compra de las tierras, la Corporación Buenos Aires Sur S.E. llamó a Licitación Pública[1] para la venta de estas tierras a raíz de una iniciativa privada del Club Atlético Boca Jurniors. La Licitación fue camuflada  para que allí se desarrolle una propuesta que implica la construcción de bibliotecas, club sociales y culturales, salones de juegos, gimnasio. En ningún momento se habla de construir allí un Estadio, pero es lo que el presidente del Club, Sr. Angelici sigue promocionando. El 25 de febrero de 2016, la licitación pública que implica la venta de estos terrenos fue adjudicada el 25 de febrero de 2016 al Club Boca Juniors. por el valor de 180 millones de pesos. 

Esta venta es ilegal e inconstitucionalpor varias razones:

    –  El Art. 82 inc. 4 de la Constitución de la Ciudad establece que la Legislatura aprueba transacciones, dispone la  desafectación del dominio  público y la  disposición  de  bienes inmuebles de  la  Ciudad. Es decir, no se puede vender tierra pública de la Ciudad sin aprobación de la Legislatura. La venta al Club Boca Juniors ni siquiera fue tratada en la Legislatura. 

        – El Art. 6 de la Ley N^o 1.251, faculta al Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC) a transferir al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aquellos bienes inmuebles que resulten necesarios para el desarrollo de la función pública (educacionales, de seguridad, o de salud). La ley N° 1.251 sólo autoriza que el IVC transfiera la propiedad de sus inmuebles al GCBA para cumplir fines educacionales, de seguridad o de salud. La ley valora que estos fines son los únicos de tal jerarquía para desafectar inmuebles destinados a garantizar el derecho a la vivienda adecuada de los habitantes de la Ciudad. El GCBA está destinando estos predios para que un privado desarrolle un plan integral orientado a cuestiones deportivasy comerciales. Cambiar el destino habitacional de estos predios no está cumpliendo con las condiciones que establece la ley N° 1.251.

       –  Los predios de Casa Amarilla también se encuentran en el marco de la ley N° 2.240 que declara la Emergencia Urbanística y Ambiental del Barrio de la Boca. Esta ley no se cumplió en absoluto y se descapitaliza la Ciudad de sus inmuebles necesarios para cumplir con esta ley. 

Además de estas ilegalidades, organizaciones internas del Club Boca Juniors también cuestionan la voluntad del Club de construir un nuevo estadio porque va en contra de la identidad del Club y del Barrio y por el peligro de endeudar el Club y de esa forma crear las condiciones para que Sociedades Anónimas se transformen en las propietarias de los clubes, una idea reiterada del Presidente Mauricio Macri acompañado por el Sr. Angelici, presidente del Club.

Por estas razones, se presentó una acción de amparo en el Fuero Contencioso Administrativo de la Ciudad para que se declare la ilegalidad de esta venta. La acción tramita en los autos caratulados “QUINTO NATALIA GIMENA y otros CONTRA CORPORACION BUENOS AIRES SUR S E SOBRE AMPARO”, Expte. N° A4-2016/0, en el juzgado N° 24 a cargo del Dr. Darío Reynoso

Luego de dos meses, la Corporación Buenos Aires S.E. sigue reticente a enviar el expediente administrativo al Juzgado. Por esta razón el día de ayer, 4 de mayo, el Juez de la causa impuso una multa de $100 por día de demora a la Corporación y a su titular Sra. Karina Spalla, bajo apercibimiento de subir dicha multa a $10.000 pesos de continuar la reticencia.

Por Observatorio del Derecho a la Ciudad

5.5.2016

Claudio Dellecarbonara y Patricio del Corro adelantaron que irán hoy a rechazar el aumento de tarifas y los negociados en el subte.

Claudio Dellecarbonara, miembro del Secretariado Ejecutivo del sindicato de los trabajadores del subte (AGTSyP), y Patricio del Corro, legislador de la Ciudad por el PTS-Frente de Izquierda, anunciaron que rechazarán el tarifazo en el subte en la audiencia pública convocada por el Gobierno de la Ciudad para este viernes 6/5.

“Las declaraciones del presidente de Subterráneos de Buenos Aires, Juan Pablo Piccardo, que anunció que el Subte aumentará un 66,7 % a partir del 1º de junio, son una burla a todo el pueblo trabajador: mañana hay una audiencia pública para discutir el tema del tarifazo, pero ya tienen todo resuelto de antemano. Es todo un circo para avalar el robo al bolsillo y nuevos negociados para Metrovías”, denunció Dellecarbonara.

Asimismo, Dellecarbonara manifestó que “si se consuma este nuevo aumento, que llevaría el pasaje a $ 7,5, desde que Macri se hizo cargo del Subte la tarifa habrá aumentado un 580 %, una enormidad. Se suma a los aumentos que hubo en el resto del transporte, en servicios públicos como el gas o la luz, en la nafta y en todos los productos de la canasta básica. Estamos ante un brutal ajuste contra el pueblo trabajador y por eso iremos a la audiencia pública a plantear nuestro rechazo, a la vez que llamamos a todas las organizaciones gremiales, estudiantiles y vecinales de la Ciudad a movilizarse para rechazar este nuevo ataque”.

Por su parte, el legislador porteño Patricio del Corro (PTS-Frente de Izquierda) denunció que “ya van doce años de subsidios millonarios a Metrovías que no se usan para invertir en un servicio público eficiente, barato y seguro, sino para engrosar las fabulosas ganancias de esta empresa privatizada. En la audiencia pública exigiremos la apertura inmediata de los libros de contabilidad para conocer los verdaderos costos de la empresa, y así demostrar que detrás del tarifazo solo hay un nuevo negociado. Ya vimos también que anuncian obras que nunca terminan o trenes obsoletos que pagan a precios exorbitantes. La única salida de fondo para terminar con todo esto es que el Subte sea estatizado y puesto bajo control de los trabajadores y usuarios”.

4.5.2016

Mié. 4/5 – 14.30 hs CONCENTRACIÓN en la Dirección de Educación Artística, Bernardo de Irigoyen 272

Ademys acompaña la convocatoria de la comunidad educativa de la Escuela de Teatro N°1 a concentrarse en la Dirección de Educación Artística exigiendo se pongan en marcha las obras para el uso del edificio que les fuera asignado en 2011.

​Estudiantes de la Escuela de Teatro de la Ciudad realizan una sentada desde hace una semana reclamando la licitación inmediata del edificio de Oliden y Zelada designado en 2011 para que funcione allí la escuela, pero en donde no se han realizado desde entonces las refacciones necesarias.

Además, apoyados por los docentes, familias y comunidad educativa exigen se realicen las mejoras necesarias de infraestructura en el edificio donde concurren actualmente en Pieres 258 y que no se encuentra en condiciones; la garantía del respeto a la decisión de la comunidad educativa de sostener la tecnicatura en Teatro y el bachiller orientado en comunicación y la creación del Instituto de Formación Terciario en Teatro, dado que es la única escuela artística de la Ciudad que no cuenta con un profesorado.
Ademys se hizo presente en la asamblea de la comunidad educativa realizada en la escuela y apoya todas las demandas formuladas y acompañó a docentes, familias y estudiantes en la presentación que realizaron en la legislatura porteña en la Comisión de Educación.

Convocamos a la docencia a acompañar el reclamo de la escuela de Teatro, expresión de las necesidades de todas las escuelas artísticas de la Ciudad.
Exigimos al Gobierno de la Ciudad se arbitren inmediatamente las medidas necesarias para resolver positivamente estos reclamos.
Invitamos a la concentración que el Bloque de Escuelas Artísticas realizará mañana miércoles 4/5 a las 14.30 hs en el nuevo edificio de la Dirección Artística, Bernardo de Irigoyen 272

30.4.2016

Difundimos comunicado:

Desde la Unión de Músicos Independientes (UMI) queremos manifestar nuestra preocupación ante la medida del juez Roberto Gallardode prohibir "toda actividad comercial de baile con música en vivo o grabada" en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta resolución pretende ser una respuesta racional a la fatídica fiesta de música electrónica realizada en Costa Salguero.

Este tipo de acciones concuerdan con unalógica de estigmatización hacia la actividad musical, que ya hemos sufrido en otros momentos. Como participantes del sector, repudiamos toda persecución al arte y sus expresiones como si lo peligroso fuera la música y no las inseguras, precarias y/o insalubres condiciones en las cuales se desarrolla.

Si bien creemos que el Estado debe velar por la seguridad e integridad física de los ciudadanos, no consideramos que esta disposición sea el modo adecuado para tal fin. Deben existir controles y acciones en general para mejorar el estado de situación actual, pero no cercenar los derechos de los trabajadores de las actividades vinculadas a la cultura, a los espectáculos en vivo y el entretenimiento. Esto atenta, por otro lado, contra el derecho a la expresión y al acceso al arte, pues se impedirá al público la posibilidad de asistir a estos eventos.

En vísperas del Día Internacional de los Trabajadores, cabe preguntarle al Sr. juez Gallardo si también cerraría todas las fábricas de la Ciudad, dejando a los operarios sin su fuente laboral, ante una tragedia ocurrida en alguna de ellas.

Comisión Directiva UMI

27.4.2016

La muerte de dos menores en el incendio de un taller clandestino del barrio de Flores re-editó hace un año el debate sobre la trata laboral en la Ciudad de Buenos Aires. El aniversario se enmarca en el avance de otra causa similar y el desarrollo progresivo de la organización popular sobre la problemática. 

Por Luciana Sousa

Hace un año atrás, bomberos de la Policía Federal rescataban los cuerpos sin vida de dos chicos de 10 y 7 años, Rodrigo Menchaca y Adair Rolando Mur Menchaca, que murieron por asfixia tras el incendio de la casona-taller donde vivían, en la calle Páez 2796, barrio de Flores.

Los rescatistas confirmaron lo que los vecinos venían denunciando: que los accesos de la vivienda -ventanas y portones- estaban tapiados, las habitaciones no tenían ventilaciones por dónde meter las mangueras y hubo un pequeño derrumbe. Se constató además que allí funcionaba uno de los 200 talleres textiles clandestinos que alberga la ciudad más rica de Latinoamérica.

El empresario coreano Lee Sung Yoop, cuyo nombre figuraba en el contrato de alquiler de la casona, está procesado por el delito de trata con fines de explotación laboral. Se probó que la familia Mur-Menchaca producía exclusivamente para este empresario. Todos los trabajadores estaban en negro, no percibían por tanto salario sino remuneraciones que en muchas oportunidades eran retenidas por Lee Sung Yop diciéndoles que se usarían como parte de pago para las máquinas.

La existencia del taller había sido denunciada por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) en septiembre de 2014. Los vecinos advirtieron el movimiento de camiones que cargaban y descargaban telas; el ruido de las máquinas de coser se escuchaba durante el día y la noche. Una ONG había señalado al edificio de Páez al 2700 como uno de los 40 posibles talleres clandestinos de la zona. La gestión de Mauricio Macri en la ciudad no inspeccionó el local ni realizó los controles.

Antecedente: el incendio de la calle Viale

El trágico aniversario se enmarca en el juicio que actualmente se lleva a cabo por el incendio, diez años atrás, del taller de la calle Luis Viale (Caballito), donde murieron cinco niños y una joven embarazada.

Aquella desgracia se ocasionó a partir de un cable que se recalentó. Luis Fernando Rodríguez, padre de los niños, denunció que los matafuegos estaban vacíos. Según el testimonio de un vecino, agentes de la policía entraban y salían con bolsones de ropa como pago para que las denuncias se archivaran.

Como fuera, ese día los bomberos tardaron en llegar y el entrepiso del taller, donde vivía su familia, se derrumbó.

La causa, caratulada como “incendio seguido de muerte”, incluye desde los últimos días el delito de “reducción a la servidumbre” (actual artículo 145 del Código Penal). Desde el inicio, el juicio adquirió un perfil binacional. Intervino la Cámara de Senadores de Bolivia -por expresa indicación del presidente boliviano Evo Morales-, que pagó el viaje y los viáticos de los sobrevivientes, acompañó a los familias con el traslado de los cuerpos para ser velados del otro lado de la frontera.

El juicio, como antecedente histórico, visibilizó la problemática de los talleres, e identificó a la colectividad boliviana como la víctima principal de un complejo entramado de trata, comunidad que, en condiciones de migración, se vuelve vulnerable a este tipo de destinos: quienes no mueren, nacen y viven toda su vida condenados a condiciones laborales paupérrimas.

El sujeto costurero

Según estiman ONGs que investigan la situación de los talleres textiles, el 80% de la industria textil metropolitana está sostenida en este tipo de taller. En la Ciudad hay unos 300 mil costureros, y la textil es la segunda industria que más creció a nivel nacional después de 2001. Tanto, que alrededor de ella han surgido experiencias de mucho impacto en el sector, como La Salada.

Por otro lado, mientras desde la CAME son profusas las denuncias legalistas hacia manteros y trabajadores en la vía pública, se mantienen las sospechas de las ONGs en relación a 109 reconocidas marcas que usufructúan esta cadena de valor, sin cuestionarse de dónde vienen las prendas, ni en qué condiciones se fabrican.

Las denuncias, hasta ahora, no han rendido frutos. Juan Vásquez, referente de la rama textil de CTEP en Capital, ha reiterado en numerosas entrevistas que hay una docena de allanamientos diarios en pequeños talleres, familiares, en búsqueda -esencialmente- de coimas. Los talleres más grandes, según Vásquez, llegan a mejores arreglos negociando con el Gobierno de la Ciudad.

“No queremos el cierre de talleres: queremos que los costureros salgan de los talleres. Al victimizarlo y mediatizar su situación, lo único que logran es que los vecinos denuncien "ahí hay un taller clandestino”, y así impulsar los allanamientos y la expulsión”, expone Vásquez.

La posibilidad de realizar su trabajo en condiciones dignas atrae cada vez más a los costureros, y ya existe un sector que busca salir de la servidumbre de la mano de la organización, generando nuevas unidades productivas cooperativas, como el polo textil en Tres de Febrero que, próximamente, inaugurará la CTEP.

“Es un proceso largo que nos propusimos encarar, ya que pensamos que la persecución de los talleres no propone un diálogo que permita desnaturalizar ciertas condiciones” expresa Vásquez, y agrega: “El sujeto costurero es algo a construir, pero no le vamos a decir qué hacer, sino que lo vamos a ir construyendo juntos. Allí se encuentra la diferencia, el trabajo con el otro; el victimizarlo sólo hace que ese otro sea dependiente de uno. Nosotros no queremos eso”. El proyecto que se inaugurará en la provincia de Buenos Aires es la muestra cabal de esto.