Comunicadores del Sur

21.6.2016

El Congreso de los Pueblos, que reúne a varias organizaciones sociales marchó este martes hacia las dependencias municipales donde hoy se discutía y se aprobó el aumento del pasaje en subte (metro) a 7,50 pesos. La Audiencia Pública donde se iba a tratar el tema se convirtió en un bunker cerrado y copado por la policía que no dejaba pasar a nadie que no estuviera en una lista realizada por el gobierno municipal.

Eso generó fricciones en la puerta, con la policía y los laderos del macrismo que plantaron vallas metálicas (como las que se vieron el lunes en Rosario), mientras los manifestantes coreaban: “queremos entrar” y “Macri basura, vos sos la dictadura”.

Finalmente, varios oradores de los convocantes a luchar contra el tarifazo dieron cuenta de su repudio al estilo macrista de hacer todo por decreto y con el apoyo policial, y prometieron redoblar las protestas callejeras.

El presidente de Subterráneos de Buenos Aires (Sbase), Juan Pablo Piccardo, confirmó que la tarifa del subterráneo pasará a costar 7,50 pesos dentro de “entre 20 días y un mes”. Piccardo confirmó el aumento durante la audiencia pública no vinculante que se desarrolló hoy en la sala C del Centro Cultural San Martin.

El titular de la empresa pública que administra la red informó que el pasaje se irá de 4,50 pesos a 7,50 pesos con una tarifa social de 4 pesos. A su vez estimó que la llamada “tarifa técnica”, que establece el costo total del servicio por viaje sin los subsidios asciende hoy a 13 pesos, 3 pesos más que lo señalado por la Auditoría porteña, debido “al incremento en costos de mantenimiento y apreciación de material rodante”.

Además, el nuevo cuadro estipula descuentos para los usuarios frecuentes del 20 por ciento para los que viajan más de 21 veces por mes; de 30 por ciento, para después del viaje número 31; y de 40 por ciento a partir del viaje 41 del mes.

En la previa de la audiencia, que no hará rever la escala tarifaria impuesta por el gobierno porteño, unas 300 personas quisieron ingresar al Centro Cultural San Martin, ubicado en Sarmiento al 1500, con banderas contra el tarifazo.

A pesar del cerco de seguridad para evitar el ingreso de los manifestantes, en la audiencia representantes de varios sectores de la sociedad expresaron su rechazo al tarifazo. En representación de los trabajadores de subte, el delegado de la línea B, Claudio Dellecarbonara, denunció que el aumento acumulado del subte alcanza en poco más de tres años el 580 por ciento, lo que significa un “gran golpe para todos los usuarios” y apuntó “a los empresarios que hacen del servicio público un negocio”.

En ese tono, el legislador porteño por MST- Nueva Izquierda Alejandro Bodart sostuvo: “Cuando el subte se privatizó daba ganancias; alguna vez van a tener que explicar por qué años después además de una tarifa carísima y un servicio malo, terminamos subsidiando a esta empresa y ocasionando una pérdida tremenda a la Ciudad de Buenos Aires”.

El legislador cuestionó además la “tarifa técnica” y estimó que fue construida para “terminar justificando más aumento y más subsidios” y aseguró que nunca pudieron demostrar cómo se calcula. En esa misma línea, el legislador por el Frente para la Victoria Gabriel Fucks cuestionó que “no se hayan detallado los costos de explotación para poder hacer el cálculo de la tarifa técnica”.

Desde la asociación de consumidores Fernando Fontenla calificó la tarifa técnica de Metrovías como “incorrecta porque no refleja la tasa de ganancia de la empresa, “lo que indica que Metrovías estaría trabajando ad honorem”.

21.6.2016

El martes 15 se realizó un Festival contra el desalojo de Brasil 1517. La presencia masiva de las diferentes expresiones del campo popular presionó para encontrar una salida a la situación de las 20 familias que habitan el lugar.

El martes 15 se realizó un Festival contra el desalojo de Brasil 1517, donde viven 20 familias.

Por Vivian Palmbaum*

Anochecer del día martes 14 de junio en el barrio de Constitución. Con la caída del sol se va armando el festival “No al Desalojo de Brasil 1517”. Como un compás de espera se da apertura a este encuentro popular que convoca a enfrentar el desalojo.

En Brasil 1517 viven 20 familias, entre quienes hay 17 niños y 3 personas con discapacidad. Un hotel convertido en vivienda permanente con condiciones precarias de alojamiento para sus habitantes, que no tienen a dónde ir.

Los habitantes relatan que le pagaban un alquiler mensual a un intermediario hasta que se venció el contrato y quien administraba el lugar no volvió a hacerse presente. Entonces trataron de negociar directamente con la propietaria, pero se encontraron con su negativa y el inicio de un juicio de desalojo. La causa se tramitaba en el Juzgado Nacional en lo Civil Nro 34, y concluía con la orden de ejecutar el desalojo, para las familias. Una justicia que al mismo tiempo que favorece a la propietaria deja en el desamparo y expulsa a un gran número de personas que se hallan en condiciones de extrema necesidad.

Una vez más, el Estado se desentiende del derecho constitucional a la vivienda con muchas personas que han sido abandonadas a su suerte. Parece no haber ningún resorte del Gobierno de la Ciudad que contemple el derecho de los más vulnerables, con un Estado que de manera deliberada se ausenta de la función de protección de las personas a quienes debería representar en su función de gobierno.

Y mientras tanto, el martes 14 a la noche se abría el compás de espera, y organizaciones y vecinos se solidarizaban con su presencia junto a un gran número de agrupaciones políticas, gremiales, de derechos humanos, barriales que iban sumando su respaldo al rechazo de una medida judicial, que golpearía a familias indefensas de menores recursos y sin otras posibilidades. La orden legal se enfrentaba con la fuerza de las voces que se hicieron oir en el Festival por el derecho a la vivienda. Con un escenario en donde las palabras se oían entre guitarras y canciones, en la fría noche donde se sintió el calor compañero. El festival dio lugar a una larga noche de vigilia, donde hicieron el aguante militantes de organizaciones compañeras que se fueron sumando para solidarizarse y resistir. No había frío capaz de detener la fuerza de la solidaridad.

Alrededor de las 5 de la mañana la policía comenzó a vallar el lugar, lo que indicaba la inminencia del operativo de desalojo. En ese momento la zona se había empezado a superpoblar de presencias militantes, compañeras en representación de fuerzas organizadas pero también a vecinas y vecinos que se autoconvocaban. Sabemos que en las prácticas cotidianas el sector popular es el que encarna con mayor fuerza valores como la solidaridad frente a las situaciones de necesidad.

La masiva presencia en el lugar desalentó la ejecución del desalojo y cualquier instancia represiva, mientras obligó a lograr un acuerdo que postergó por 6 meses la consumación de la medida. Paralelamente también se encontraban las autoridades del Instituto de Vivienda de la Ciudad, que se comprometieron a facilitar otorgamiento de créditos que permitan darle promoción al legítimo derecho a la vivienda que dignifica la vida de las personas.

Es necesario tener en cuenta que en la Ciudad de Buenos Aires, la ley Nº 341 en su artículo 1º dice: “El Poder Ejecutivo, a través de la Comisión Municipal de la Vivienda, instrumentará políticas de acceso a vivienda para uso exclusivo y permanente de hogares de escasos recursos en situación crítica habitacional, asumidos como destinatarios individuales o incorporadas en procesos de organización colectiva verificables, a través de cooperativas, mutuales o asociaciones civiles sin fines de lucro, mediante subsidios o créditos con garantía hipotecaria”.

Una nueva ocasión que demostró que la lucha organizada con la presencia y la unidad de las diversas expresiones populares tuvo como resultado un acuerdo que facilitará una solución habitacional para las familias.

*militante de O.S.y P. Los Pibes

16.6.2016

Los testigos señalan que un joven del barrio fue asesinado por la espalda por efectivos de la fuerza de seguridad.

Por Redacción APU

El hecho de violencia policial sucedió en el Bajo Flores, en las cercanías del Barrio Illia. Los vecinos denunciaron que la Policía Federal "fusiló" a un joven por la espalda durante la jornada del martes 14 de junio. Además, señalaron que se detuvo a un amigo que llevó a la víctima al hospital.

El barrio viene sufriendo con creces la violencia policial en los últimos meses. A principios de este año, en el caso más resonante pero no el único, un grupo de efectivos de Gendarmería disparó a una murga mientras ensayaba en el barrio. Resultaron heridos por balas de goma jóvenes, niños y mujeres. Uno de los niños casi pierde un ojo por los disparos de Gendarmería.

En marzo de este año, Fabián Mosquera, un joven que trabaja en el barrio, manifestó a la prensa que casi una decena de agentes de Prefectura empezaron a pegarle patadas y golpes en la cabeza. El hecho sucedió en Pompeya. Mosquera fue esposado y trasladado por una camioneta de la fuerza de seguridad hasta el Riachuelo donde los agentes policiales amenazaron con tirarlo al río.

En diciembre del año pasado también transcendió otro caso de gatillo fácil. Pablo César Reynaga (30) tenía tres hijos. Era un vecino de la Villa 1.11.14. Fue asesinado con cuatro disparos por un efectivo de la Policía Federal de la comisaría nº 34.

16.6.2016

Entre los principales reclamos se encuentran la demora en la entrega de boletines y manuales, y la falta de calefacción.

“El estado de las escuelas refleja la inversión educativa. Estamos reclamando que entreguen los boletines en tiempo y forma, que arreglen los problemas de caldera de las escuelas, que entreguen las netbook tanto de “Conectar Igualdad” como del “Plan Sarmiento” y que entreguen los manuales que aún no han llegado. Es decir, reclamamos inclusión e igualdad; para nosotros no es inclusión o igualdad sino todos adentro y con centralidad en el conocimiento. La medida llevada a cabo surtió efecto porque hoy mismo (15 de junio) acaban de llegar los manuales que todos los años llegan en marzo”, dijo Eduardo López, Secretario General UTE-CTERA.

“Sentimos que es nuestra responsabilidad como estudiantes y también como parte de esta comunidad educativa, hacer todo lo posible para que la educación pública sea una educación de calidad, sea realmente un lugar digno en el cual los estudiantes puedan realizar su jornada”, manifestó Malena Rinesi, presidenta del Centro de Estudiantes

“Hay un abandono total de todas las obras de mantenimiento que se deben hacer, desde el edificio que se restauró en el 2013, hasta el mantenimiento de prevención de incendios, a ascensores, calefacción, no hay calderistas. La calefacción no llega a los espacios a donde debe llegar, todos estamos abrigados con gorros y guantes. Primaria sufre los mayores efectos”, afirmó Raquel Papalardo, Rectora del Mariano Acosta.

15.6.2016

La vivienda está ubicada en Brasil 1517, esquina Sáenz Peña, y viven 21 familias, entre las cuales hay 17 niños/as y 3 discapacitados. Tras una negociación con la justicia y el Instituto de la Vivienda (IVC) se firmó un acuerdo de suspensión del desalojo por al menos 180 días y la creación de una mesa de negociación para encontrar una solución habitacional definitiva para todas las familias.

El Juez Ignacio M. Rebaudi Basavilbaso del Juzgado Civil N° 34 había pautado el desalojo para el día de hoy por lo que desde la madrugada oficiales de la Policía Federal se aproximaron al lugar para montar el operativo. En la puerta del hotel, cientos de miembros de organizaciones acompañaban y resistían al desalojo junto a las familias.
Alrededor de las 8 am llegaron el Presidente del IVC Pablo Roviralta junto al Oficial de Justicia Daniel Valderrey, para comenzar una negociación con las familias inquilinas, representadas por abogados del Movimiento de Profesionales para los Pueblos (MPP).
Pablo Vicente, abogado de MPP afirmó: "Gracias a la organización de las familias se logró frenar un desalojo dispuesto por el Juez e incluso se comprometió al GCBA a darles una solución habitacional obligándolos por escrito a que lo hagan dentro del plazo de 180 días.”
Itaí Hagman, dirigente de Patria Grande afirmó: sobre el problema estructural de la vivienda: "El gobierno de Rodríguez Larreta continúa en la misma lógica que los 8 años anteriores del macrismo: privilegiar el negocio y la especulación inmobiliaria por sobre el derecho a la vivienda. Por esto, los vecinos y vecinas en toda la ciudad, y en Brasil 1517, nos organizamos para enfrentarlo, buscando generar estrategias para conquistar nuestros derechos."
Tras la firma del acuerdo, las familias seguirán organizadas para participar de la mesa de negociación y encontrar soluciones, como el otorgamiento de créditos hipotecarios por parte del GCBA.