Comunicadores del Sur

5.7.2016

El asesinato de Massar Ba fue un crimen que sigue quedando impune. Incluso a la Sociedad de Residentes Senegaleses que fueron los que pudieron recolectar los pocos datos que se sabe del caso por la falta de voluntad  de la policía y la Justicia, fue denegada por segunda vez para ser querellante de esta causa. Dicha Sociedad fue la que hizo los trámites (dada la falta de existencia de una embajada o cónsul de Senegal en nuestro país) para entregarle el cuerpo de Massar a su madre que vive en Senegal.

Es por eso que  Luis Duacastella Defensor General Adjunto Penal del Ministerio Público y de la defensa y quien acompaña en la causa a esta Asociación se refirió con detalles sobre este brutal crimen:

“Al momento de ser encontrado por una vecina que llama al 911,Massa Ba se encontraba agonizando en la calle y pidiendo auxilio, diciendo ‘me quieren matar’. Están las grabaciones del 911, esta su declaración en la comisaria. Llega un móvil policial -estimamos que llego otro antes porque las anotaciones policiales son muy defectuosas- de la Comisaria 6ta a cargo del un inspector de la policía federal y una médica del SAME, lo ve a Massar, lo recoge de la vía pública y lo lleva al Hospital Ramos Mejía.

Este oficial de policía no inicia en ese mismo momento una investigación penal por las lesiones que había sufrido Massar Ba. Frente a la requisitoria del fiscal, más de una semana después de estos hechos, envían una hoja suelta donde supuestamente está todo lo que hizo este oficial de policía esa noche, y entre ellos está que a las 5am “fue desplazado por un masculino pidiendo auxilio en la calle y que como no presentaba lesiones frente a la instrucción fue llevado a la atención médica del SAME”.

La autopsia determina que Massar Ba murió a causa de una hemorragia producida por una fractura de cadera libre expuesta. Los traumatólogos dicen que esta es una de las dos urgencias traumatológicas que exigen una operación inmediata porque la persona se desangra en el momento por las lesiones que se le producen internamente. Cualquier médico que intervenga en una situación de esta advierte claramente una fractura de cadera de este tipo.

Massar Ba es operado y en dos oportunidades intervenido y muere a causa de falta de sangre y de un síndrome hemodinámico. Recién ahí la médica a cargo del servicio de cirugía hace la denuncia penal por la averiguación de la muerte porque entiende que esto es traumático. Y la comisaria 8va (que es de otra jurisdicción) comienza también una defectuosa investigación, que no incluye los videos de las cámaras que estaban en la zona, que no incluye ninguna averiguación del lugar frente al cual Massar Ba apareció, quizás como una hipótesis de un atropellamiento y dice que no hay marcas de frenadas de vehículo alguno en la calle.

A esta altura habían pasado al momento de la denuncia 37 horas de la intervención inicial de la policía y al momento en que desde la comisaria van al lugar pasan más de 48hs y se habían perdido pruebas muy importantes. La comisaria no descubre que Massar vivía en la vereda de enfrente. La comisaria no descubre que Massar había ingresado a un domicilio del mismo lugar donde se allanaba en la vía pública y no descubre que Massar murió por haber caído –no sabemos en qué circunstancias- del balcón del primer piso de esa vivienda. Toda esa información se derivó del trabajo de los residentes senegaleses que fueron por la zona preguntaron, averiguaron, dieron datos, indicaron al juzgado en distintas presentaciones que hicimos sobre donde estaban las cámaras y que había en esos lugares. Ningún dato logró la policía en las primeras 72hs.

Esto nos habla de una discriminación estructural. Es decir la policía no actuó de la misma manera que hubiera actuado con otro ciudadano o residente que no fuera afro. También nos muestra la falta de sensibilidad de cualquier operador judicial. Tenemos que considerar que el Comité para la eliminación de toda forma de discriminación ha establecido que la discriminación racial y la xenofobia en oportunidades de administración de Justicia es una atentado especialmente grave contra el estado del derecho.”

Es por todos aspectos que resulta fundamental seguir acompañando la lucha de las comunidades afro y afrodescendientes, además de seguir peleando para que se esclarezca el crimen de Massar Ba porque tal como lo afirmó Miriam Gómez:

“No podemos decir que está descansando en paz, de ninguna manera. No sabemos ¿Cómo murió? ¿Ante qué circunstancias? ¿Quiénes estuvieron con él hasta el último momento? No lo sabemos nosotros pero la policía sabe, porque hay cámaras, hubo filmaciones. Necesitamos que el caso se esclarezca, tenemos que saber ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? Y queremos justicia, sea como sea  y para eso contamos con la presión de la gente, con la presión de la sociedad, de los medios de comunicación. Necesitamos estar juntos en esto porque la violencia ahora es contra nosotros, pero mañana va a hacer contra cualquiera de ustedes, porque la violencia no discrimina en ese aspecto. El capitalismo usa la marginación y el racismo como un arma de exclusión y todos en algún momento estamos en ese lugar, no permitamos que esto continúe avanzando.”

4.7.2016

Juan Grabois

Este viernes, Lucas Peverelli -Director General de Reciclado de la Ciudad de Buenos Aires (DGREC)- renunció a su puesto después de siete meses de parálisis en dicha repartición. En su texto de renuncia, el funcionario explica que “motiva la presente renuncia, las diferencias manifiestas sobre el destino y proyección del Servicio Público de Recolección Diferenciada de la Ciudad de Buenos Aires, y mi convencimiento personal de que continuar con esta política pública, y desarrollar el servicio de recolección diferenciada con integración social, es el camino que debemos seguir como gobierno”. Peverelli no es precisamente un integrante de “La Cámpora”, un activista de izquierda ni un militante de los movimientos populares. No es parte de un complot desestabilizador ni un infiltrado. Peverelli es partidario del PRO. Como tantos otros jóvenes de ese espacio político con el que tengo profundas diferencias ideológicas, es una persona de buena voluntad, con sensibilidad social, que conoce la temática y vivió el proceso de inclusión de los trabajadores cartoneros desde sus inicios. Supo sacudirse algunos prejuicios y meter las patas en el barro para buscar soluciones concretas junto a las organizaciones del sector aunque no por ello dejamos de tener diferencias, peleas, discusiones, conflictos cotidianos. Renunció porque cree, igual que yo, igual que tantos, que los cartoneros organizados en cooperativas, trabajando junto al Estado, pueden garantizar una ciudad limpia, socialmente justa y ecológicamente sustentable. Y lamentablemente esta no es la línea del Ministerio del que depende.

Tanto Peverelli, como los funcionarios de carrera, trabajadores de la DGREC, dirigentes del sector, referentes ambientales y todos los actores serios y desinteresados vinculados a la cuestión del reciclado saben que, a la hora del balance, los avances que representó el Sistema Público de Gestión Social para la Recolección Diferenciada (SPRD) en términos de justicia social y ambiental superan con creces los múltiples problemas que efectivamente tiene. Todos ellos entienden que, aunque hay muchos aspectos que mejorar y desviaciones que corregir, las deficiencias en la higiene de la Ciudad no pueden atribuirse a los recuperadores urbanos cuya función es la recolección diferenciada de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) secos y no la limpieza propiamente dicha, responsabilidad de las empresas privadas de higiene urbana que se embolsan 8.000 millones de pesos anuales y pueden blindar con billetes todo cuestionamiento a su dudosa eficiencia. Ellos saben que los problemas existentes en el SPRD son fundamentalmente responsabilidad del propio gobierno y su política errática hacia el sector, sin perjuicio de que las Cooperativas también pueden y deben redoblar esfuerzos en sus procesos organizativos y laborales; saben que las víctimas de estos problemas no son únicamente los porteños que padecen un servicio deficiente o el ambiente que se perjudica por el enterramiento innecesario de residuos reciclables, sino los propios trabajadores cartoneros que no cuentan con lo mínimo indispensable para desarrollar adecuadamente su labor; saben  que para solucionar todas las dificultades no hay otra fórmula que el trabajo sistemático, comprometido, riguroso, inclusivo y colaborativo del Estado con los cartoneros, nunca sin ellos, y menos contra ellos. Esta posición se sintetiza en la consigna “sin cartoneros no hay basura cero”.

Sin embargo, desde hace ya demasiado tiempo, lo único sistemático que vimos fue el boicot al trabajo de la DGREC y las Cooperativas de Recuperadores Urbanos. El incumplimiento alevoso del “CONTRATO DEL SERVICIO PUBLICO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SECOS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES”, la falta de inversiones, la falta de gestión seria en la operatoria, la falta de campañas adecuadas para involucrar al vecino en la separación en origen, la falta de control sobre comercios y empresas (grandes generadores), entre otros. Sin ir más lejos, hace más de 18 meses que no se entregan uniformes de trabajo en violación al artículo 4.4 del contrato. Las inversiones en Centros Verdes y renovación de flotas vehiculares brillan por su ausencia, también en violación al artículo 3.6 de dicho instrumento. No se ha presentado el PLAN ANUAL que establece el artículo 3.1 ni concretada las actualizaciones presupuestarias automáticas del artículo 3.2. La lista sigue. Esto también es “inseguridad jurídica”. Son cosas tan elementales que no pueden atribuirse a la incapacidad del Estado para gestionar como afirma el lobby privatista: es negligencia pura y dura.  

Por otro lado, los intentos de cooptación clientelar de los cartoneros deterioran seriamente los vínculos inter e intra cooperativas, generando algunas situaciones de violencia y llegando al extremo de exigirles a choferes de las cooperativas que trasporten ciertas facciones de barra bravas. Fueron las propias cooperativas las que denunciaron la situación a las autoridades competentes que no tuvieron mejor idea que utilizar este hecho lamentable como argumento para sus proyectos excluyentes y como elemento extorsivo, amenazando a los trabajadores con sanciones y el escarnio público. Son los resortes oscuros del poder que se sostiene en base al sufrimiento de los pobres y que, lamentablemente, no son patrimonio exclusivo de un partido sino que atraviesan todo el sistema político argentino.

De esta forma, la política socioambiental más exitosa implementada por el Gobierno de la Ciudad  -que permitió un grado insuficiente pero innegable de dignificación para más de cinco mil trabajadores cartoneros y un aumento considerable de los niveles de recuperación de residuos sólidos urbanos; que le valió premios internacionales al propio Mauricio Macri y posibilitó una disminución enorme del flagelo del trabajo infantil- está siendo atacada por las nuevas autoridades del Ministerio de Ambiente y Espacio Público que se han convertido en verdaderos lobistas de las empresas privadas frente al Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta.

La intención -que dejó de ser oculta para hacerse pública durante una serie de consultas con la industria del reciclado- es la privatización del sistema y su entrega a un grupo de empresarios cercanos al Ministro Eduardo Macchiavelli según sugiere el propio subsecretario de Higiene Urbana Pablo Di Liscia, que se manifiesta impotente para impedirlo. El Ministro, a quien no tengo el gusto de conocer, ha sido denunciado por prácticas reñidas con la ética pública en múltiples ocasiones. No me consta que sea culpable de los delitos que le enrostran pero sí sé que algunos empresarios con intereses comerciales en el tema están “colaborando” en la elaboración del pliego con el que se pretende licitar el servicio a fin de año. Eso no está bien.

No quisiera atribuir esta perspectiva únicamente a los intereses económicos y las ambiciones personales que sin duda motivan en parte la línea del Ministerio. Noto también cierto fundamentalismo de mercado y un notable prejuicio xenófobo contra los humildes y sus organizaciones autogestivas. Se pretende colocar al cartonero como chivo expiatorio de los problemas de higiene en la Ciudad y apelando al pensamiento mágico se ofrece la privatización como receta para solucionarlos. En vez de poner manos a la obra y esforzarse para resolver los problemas, se transfiere la responsabilidad al mercado salvador. Me recuerda al capítulo de los Simpson en que Homero le vende a Springfield el proyecto “¿No podría hacerlo otro?” que termina, como todo proyecto improvisado e irresponsable, en un desastre social, presupuestario y ambiental (https://www.youtube.com/watch?v=ZKUfhG4vYDM).

Personalmente, siento un inmenso orgullo de haber unido mi destino al de los cartoneros allá por los tristes días del 2001 cuando el hambre campeaba en la Argentina y miles de familias salían con los hijos a cuestas a ganarse el pan con el sudor de su frente. Hoy, desde la Patagonia, mi trabajo es la formación de dirigentes en el marco de la Escuela Nacional de Organización Comunitaria y Economía Popular (ENOCEP-CTEP) y aunque mi compromiso con el sector sigue intacto, son los propios dirigentes de las Cooperativas que integran la Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores quienes tienen la responsabilidad de representar del sector. Sin embargo, por mi experiencia, me atrevo a decirle a los que pretenden robarle a los cartoneros lo que por derecho les pertenece y aplicar un proyecto que los descarta: ¡no pasarán!

Los cartoneros tienen una sólida organización y un espíritu de lucha indómito que desarrollaron durante años de persecución y desprecio. No responden a ninguna conducción centralizada ni a intereses partidarios porque su movimiento se desarrolló en base a la premisa más sencilla que unifica a los que padecen la opresión: “si tocan a uno nos tocan a todos”. No se los puede comprar. No se puede “cerrar” con un “puntero” que garantice una paz de cementerio a cambio de entregar las conquistas. Así lo han demostrado en sus luchas del pasado y así lo demostrarán si se avanza en este proyecto criminal que pretende excluirlos nuevamente. Los que hoy juegan con fuego y comprometen la paz social en la Ciudad de Buenos Aires pretenderán luego atribuir la conflictividad a motivaciones políticas e inventarán teorías conspirativas para explicar las tempestades que deliberadamente sembraron.

Con el mayor de los respetos y apelando a la cultura del diálogo, le pido al Sr. Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta que no se deje embaucar por los cantos de sirena del lobby privatizador. Las cooperativas, trabajadores estatales, activistas ambientales, técnicos y profesionales comprometidos con el Sistema Público de Gestión Social para la Recolección Diferenciada estamos a disposición para trabajar denodadamente en el mejoramiento del servicio en la medida que se respeten los derechos de los trabajadores cartoneros y para colaborar con políticas públicas para una Buenos Aires limpia y bella no sólo superficialmente sino en su corazón: una Ciudad sin marginados ni excluidos.

3.7.2016

A partir de la Ley promovida por el entonces Ministro Bullrich, se disolvieron las Juntas de Clasificación Docente, organismo colegiado compuesto por representantes ministeriales y mayoría de representantes electos por los docentes.
A dos años de la disolución de las juntas y un año de la implementación de la inscripción on line, observamos que el argumento de la informatización para unificar legajos y actualizar anualmente los listados era una simple excusa que hoy no se puede sostener y que el principal objetivo era centralizar en la COREAP la clasificación docente para poder manejar sus puntajes y orden de mérito para así contar con las herramientas de manipulación los concursos docentes.
La caótica implementación del sistema on- line y el reemplazo de las Juntas de Clasificación por la fallida COREAP provocaron un atraso inusual en los listados y concursos en las juntas de media; se están utilizando en el 2016 listados con inscripción 2012: un atraso de 3 años nunca antes registrado; miles de docentes inscriptos posteriormente al 2012 sólo pueden tomar por artículo 66 los remanentes de actos públicos, sometidos a la discrecionalidad de los directores, ya que el nombramiento no depende del puntaje sino que es decisión del directivo.
Para muestra basta un botón: mientras que en las Juntas de Media donde se realizó la inscripción on line en 2015, se observa un retraso inaudito de tres años, en la Junta de Normales Superiores, al no haber realizado la inscripción on line 2015, se pudieron actualizar los listados y poner en vigencia el listado correspondiente a las inscripciones del 2013/14; esto fue gracias a que se permitió que los vocales de la junta continuaran con la clasificación como venían haciéndolo históricamente.
De haber permitido a los vocales de todas las juntas de media continuar con sus tareas de clasificación, ya estarían en vigencia los listados correspondientes a la inscripción 2013/14 hoy retrasados y unificados de hecho con la inscripción del 2015, también retrasada.
Pero esta no es la única irregularidad: desorden organizativo, personal administrativo en funciones que antes sólo podían cumplir docentes; personal contratado sin formación ni conocimiento de la clasificación que validan la documentación. El destino de las inscripciones 2013/14 en media es incierto, marchas y contramarchas, fechas de exhibición de listados que luego no se cumplen, puntajes históricos que no se pueden consultar on line, reclamos e incertidumbre docente sobre su inscripción y puntaje no están siendo respondidos por falta de definiciones. Estas son algunas de las graves situaciones a las que estamos siendo sometidos los docentes.
A esta preocupante situación se agrega la maniobra perpetrada por el bloque PRO y aliados en la Legislatura aprobando una Ley que suprime la elección de vocales por parte de los docentes y reemplazándola por una designación burocrática de vocales representantes de los sindicatos que más afiliados tengan. Con este último paso, se terminan de desarticular las juntas y la democracia en la elección de los representantes docentes, ante lo cual peligra la transparencia en la clasificación, orden de mérito de los listados y los concursos docentes.
Rechazamos esta Ley votada a espaldas de los docentes, que representantes elegidos a dedo por el Gobierno y sindicatos que acuerdan, que no garantiza los concursos públicos y transparentes.
La COREAP no resuelve los principales problemas en la Clasificación, los representantes de los docentes SON LOS UNICOS que podrán defender los derechos de los docentes.
ACTUALIZACIÓN DE LOS LISTADOS DE JUNTAS DE MEDIA YA!
NO A LA ELECCIÓN a DEDO de VOCALES DE JUNTA
RESTITUCIÓN de las JUNTAS YA!!
ELECCION INMEDIATA DE VOCALES DE JUNTAS

1.7.2016

1 de julio 2016. Las calles del popular barrio de La Boca amanecieron hoy con sus paredes cubiertas de carteles que denuncian que Juan Carlos Duarte (alias “Colchón”) asesino del militante popular Martín “Oso” Cisneros, que era militante del Comedor Los Pibes, ha sido puesto en libertad y se ha instalado en un local de la calle Pedro Mendoza.

Duarte, un vendedor de drogas  actuaba protegido por la policía de la Comisaría 24 y en la noche del 25 de junio de 2004 fue hasta la casa de Cisneros y los baleó a quemarropa. El crimen despertó una explosión de justa ira popular y miles de La Boca y otros barrios se movilizaron exigiendo castigo para el culpable y apuntando a la Comisaría 24 como encubridora de Duarte.

Quién era Martín Oso Cisneros

“Martín era el mejor de todos nosotros, era un tipo que tiraba para adelante y que tenía una capacidad de organizar grandísima. Él era parte de las familias de las Bodegas Giol y, cuando volvió al comedor después de un tiempo, le dio un dinamismo muy grande a todo lo que es empleo: la Unidad de Producción Social es Martín”. Así lo recordó en ese momento trágico uno de los coordinadores del Comedor Los Pibes de La Boca.  Martín “El Oso” Cisneros, militaba también en  la Federación Tierra y Vivienda (FTV) de la Capital Federal

La respuesta del movimiento piquetero en aquel mes de junio de 2004 no se hizo esperar. Pese a las diferencias políticas, todos los dirigentes concurrieron al velorio de Cisneros, que se hizo en la Unidad de Producción Social. Luego se realizó una conferencia de prensa en la sede de la Central de Trabajadores Argentinos, donde se anunció una marcha unitaria que días después se transformó en la manifestación más multitudinaria que recuerda el barrio de La Boca.

Entre llantos, silencios, aplausos y gritos, Cisneros fue velado el sábado y enterrado al día siguiente en el cementerio de la Chacarita. Su cuerpo fue llevado en caravana por el presidente de la FTV Nacional, Luis D’ Elía, y su par local, Àngel “Lito” Borello. El dealer, Juan Carlos Duarte, fue detenido , mientras que un joven de 17 años que hacía de campana fue atrapado también.

Ahora, tras doce años de prisión el criminal vuelve a La Boca y al parecer ya se ha conectado con la mafia de la droga que opera impunemente en el barrio. De allí que la alarma de los vecinos es totalmente justificada ya que este sujeto y otros que lo protegen son un verdadero peligro para quienes habitan en la zona.

30.6.2016

A casi 2 meses de la noticia de la venta de la Escuela Integral Interdisciplinaria N° 17 donde también funciona parte del CENTES 3, y a un mes de la masiva manifestación de familias, docentes, vecinos y sindicatos planteando “no al desalojo” y “expropiación del edificio”, no hay ninguna solución planteada por parte del ejecutivo porteño. La respuesta del gobierno a padres y madres es que “la escuela se tiene que trasladar pero que aun no hay destino”, pidiendo a las familias que “informen si conocen algún edificio” y que “si para mayo del 2017 no hay donde mudarse solicitarán una prórroga a Moyano”. Es decir, depende del dirigente de camioneros el quedar en la calle o no! Esto es una atropello y una falta de respeto total a la dignidad de toda la comunidad educativa.

En el plazo de 11 meses es imposible conseguir un edificio en óptimas condiciones. Y muchos menos es viable mudarse a otra escuela, fusionando dos instituciones educativas, lo que en los hechos significaría el cierre de una escuela. Queda claro que el gobierno, responsable de garantizar la educación, tiene el objetivo contrario, que es el de vaciar la Escuela Pública. Por eso madres y padres de alumnos de esas escuelas continúan peleando convocando a un “banderazo” para este jueves 30 de junio.
A estas instituciones educativas asisten niños con necesidades educativas especiales y la EII N° 17, viene padeciendo la falta de un edificio propio desde su nacimiento en 1980. Primero compartiendo espacio con una primaria, luego mudándose en 2012 a una escuela con muchísimos problemas de infraestructura, por lo que han llegado a perder meses de clase. En 2014 lograron mudarse al actual edificio que goza de dignas condiciones, y en el cual este año comenzaron a compartir con el parte del CENTES 3. Es decir, varios alumnos de la EII 17 en 4 años ya sufrieron 2 mudanzas, por lo que una tercera reubicación afectaría su construcción subjetiva del espacio dificultando negativamente el proceso de enseñanza y de aprendizaje.
El gobierno de la Ciudad tiene la responsabilidad de resolver esta situación y de garantizar la continuidad de esas escuelas donde desarrollan su actividad actualmente, en la calle Cortina 2449. Ese edificio funciona como escuela desde hace más de 80 años, por eso, están todas las condiciones dadas para el gobierno declare la utilidad pública del inmueble y así impedir el desalojo. En el mismo sentido, desde Ademys, entendemos que el Pro y el resto de los bloques de la Legislatura tienen la potestad de aprobar una ley que expropie el edificio, esto es posible. Como ejemplo está la ley que expropió el edificio de la Escuela Carlos Fuentealba del Distrito Escolar 5 para que allí funcione un jardín ante la falta de centenares de vacantes.
Evidentemente el partido del gobierno pretende que se concrete el desalojo, y fusionar la EII 17 con otra escuela especial con todos los perjuicios que ello conllevaría. Por eso, solo la movilización del conjunto de los docentes apoyando a las comunidades educativas de la EII 17 y CENTES 3, podremos lograr la continuidad de esas escuelas el actual edificio. En este contexto, es importante que todas y todos participemos este jueves del banderazo y que continuemos con la solidaridad con estas escuelas hasta lograr la solución definitiva.

No al desalojo de la EII N° 17 y CENTES 3.
Por la declaración de utilidad pública del inmueble de la calle Cortina 2449.
No a la fusión de escuelas.
No al vaciamiento de Educación Especial.