6.10.2016
Ayer Horacio Rodríguez Larreta lanzó oficialmente la nueva Policía de la Ciudad de Buenos Aires y envió para su votación en la Legislatura una mega ley de seguridad.
Ruth Werner
El jefe de Gobierno porteño presentó en sociedad los vehículos, equipos y el uniforme que tendrán los efectivos de la fuerza unificada y que contará con cerca de 25 mil miembros, teniendo en cuenta los casi 19 mil transferidos y poco más de 6 mil de la Metropolitana.
La finalización del traspaso se da en medio de rumores que hablan de una importante tensión en las fuerzas en cuestión, según trascendió, debido a la incertidumbre entre parte de los uniformados de la Policía Federal, que temen perder beneficios, entre ellos la posibilidad de realizar las “horas adicionales” que terminan siendo una parte sustancial de lo que ganan cada mes y que tiene prohibido hacer la Metropolitana.
Por eso, en el acto ayer para anunciar la “Nueva Policía de la Ciudad”, Horacio Rodríguez Larreta, flanqueado por el vicejefe de gobierno porteño Diego Santilli y el ministro de Seguridad y Justicia Martín Ocampo, trató de contener a los uniformados sosteniendo que "nadie va a perder un solo peso, su antigüedad, sus aportes jubilatorios y obra social".
"Todos mantienen sus derechos y de ahí para arriba”. Lo cierto es que el gobierno de la Ciudad hace meses que recorre las Comisarías con el mismo discurso y no parece haber logrado un gran convencimiento. El viernes pasado el mar de fondo saltó a la luz con la difusión en las redes sociales del video de un acto en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) de la Ciudad, donde se expresan abiertamente las quejas contra el jefe de la Policía Federal de la Ciudad (el sector traspasado), el comisario general Guillermo Calviño.
Chivos expiatorios
Consultado sobre el traspaso, el diputado del Frente de Izquierda Patricio del Corro sostuvo que “en medio de una extendida campaña mediática contra la inseguridad lo que busca el gobierno son chivos expiatorios. Con la unificación se busca aumentar el ’control social’ sobre las calles lo que apunta siempre contra los sectores más pobres y la juventud”.
En realidad “se le va a dar poder a las dos fuerzas que manejan el crimen organizado de la Ciudad y que cuentan con prontuarios tenebrosos. El mismo Comisario General de la Federal traspasada está vinculado a la barra brava de Boca Juniors, fue acusado de proteger a comisarías coimeras y, no nos olvidamos, de aplicar una zona liberada para que pudiera actuar la patota que cargó contra los trabajadores de prensa del diario Tiempo Argentino el pasado 4 de julio”.
Del Corro agregó que “en la Legislatura hemos presentado en abril de este año un pedido de informes donde indagábamos, entre otros puntos, al Poder Ejecutivo sobre el por qué se mantenía el 70 % de la cúpula de la Metropolitana con personal que cumplió funciones durante la dictadura cívico militar. No han respondido. Es evidente que buscan impunidad para los integrantes de las fuerzas policiales que conforman a la ’nueva policía de la Ciudad’ y evitar que haya el mejor cuestionamiento y que salte a la luz su prontuario represivo”.
El pedido de informes presentado por Del Corro estuvo acompañado por la diputada nacional Myriam Bregman (PTS-FIT) y cuenta con el respaldo de Ernesto Moreau de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Graciela Rosemblun de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), el recientemente fallecido Enrique "Cachito" Fukman de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y Alejandrina Barry del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), entre otras organizaciones sociales y políticas.
Del Corro señaló que “hay denuncias graves que revelan quién es quién entre los integrantes de la Metropolitana: el Informe final de la Comisión de Evaluación de la Incorporación de Personal proveniente de otras Fuerzas de Seguridad a la Policía Metropolitana de diciembre de 2010 y los informes posteriores del CELS, de los años 2011 y 2013 establecen que 38 de los altos mandos de esa Policía, sobre un total de 52, cumplieron funciones en las fuerzas de seguridad en los años de la última dictadura militar. El gobierno no quiere develar qué cantidad de estos miembros continúan aún en sus cargos y funciones”.
El diputado también recuerda que “muchos de esos altos mandos revistaron en la tristemente célebre Superintendencia de Seguridad Federal de la Policía Federal, organismo que jugó un rol relevante dentro del aparato represivo que ejerció el terrorismo de Estado. Tampoco quisieron responder en qué sectores de la Metropolitana cumplen funciones los 186 miembros de la fuerza provenientes de las Fuerzas Armadas, según consta en Expediente 93771/13” del Gobierno porteño, denunció.
Violentos y criminales
“La Policía Federal traspasada no se queda atrás”, agregó el diputado Del Corro. La Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) señaló recientemente que se trata de la institución que reúne mayor cantidad de denuncias por simulacros de fusilamiento, uso de la picana, golpes y amedrentamientos, entre las formas de la violencia a niños y adolescentes.
Además el órgano dependiente de la Procuración General de la Nación viene de publicar un informe titulado “Violencia policial sobre niños, niñas y adolescentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires” que reúne las denuncias penales realizadas durante 2015 por víctimas o familiares ante la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.
Según ese informe, entre 2013 y 2014 el Sistema de Registro y Seguimiento de Intervenciones de la Procuvin había contabilizado casos de violencia policial sobre 199 niñas, niños y adolescentes. El mismo relevamiento respecto al año pasado arrojó, comparativamente, un crecimiento de casi el doble. Entre enero y diciembre de 2015 el Sirsip contabilizó unos 347 casos que involucran a 378 víctimas.
Recientemente tomó estado público las torturas sufridas por dos menores de edad por parte de miembros de la Federal y de la Prefectura. Los menores que viven en la “villa” 21-24 de Barracas son sólo un ejemplo del “clima” abiertamente represivo que viven los niños de hogares pobres de la Ciudad de Buenos Aires. Hechos como éstos ocurren de manera sistemática contra los menores a lo largo de todo el territorio de la Ciudad de Buenos Aires.
“El gobierno se cuida muy bien de que todos estos datos se mantengan lo más ocultos posible. Por eso hasta se han negado en la Legislatura a conformar una comisión de seguimiento del traspaso”, afirmó el diputado Del Corro.
El legislador del Frente de Izquierda no dudó en pronunciarse respecto a una de las aristas más complejas que atañen a la cuestión de la seguridad y a la campaña mediática que exige más policías en las calles: “hoy la Ciudad de Buenos Aires ya está militarizada, con 30 mil efectivos de las distintas fuerzas de ’seguridad’ (contando la Prefectura) que ocupan las calles. En una Ciudad que tiene 12.255 manzanas, eso significa que hay 2,5 policías por manzana. Los datos demuestran que el gran delito no podría existir sin la complicidad o la organización de la misma policía. Por algo cada vez que salta una red de trata, de narcotráfico o de delito organizado hay policías involucrados. Más policía solo significa más control social contra los pobres y la juventud, más represión y más delito organizado. Hay que ir contra el poder policial, judicial y político que mantienen estas mafias”.