Comunicadores del Sur

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Resistencia en otra fábrica que cierra: la mirada incierta de quien se queda sin trabajo

5.5.2017

Mauricio Polchi

Un día después de conmemorar el Día Internacional del Trabajador, los operarios de JOCRI S.A. se quedaron en la calle. El martes 2 de mayo, cuando fueron a cumplir con su actividad, los dueños de la empresa bloquearon el acceso. En total, son 54 empleados y empleadas con más de 25 años de antigüedad. Por ahora ocupan el inmenso local de Villa Ortúzar para resguardar las herramientas y las máquinas.

 

Felipe ahora tiene la mirada incierta de quien se queda sin trabajo. Vive en Virrey del Pino, en el corazón del conurbano bonaerense, entre los límites de Laferrere y González Catán. Todos los días se despierta a las 4 y media de la madrugada y se toma dos colectivos para llegar antes de las 7 a Villa Ortúzar, en la Ciudad de Buenos Aires.

Felipe es talabartero en la compañía Jocri S.A. Produce y arma monturas de caballos, entre otros elementos criollos. Tiene 27 años de antigüedad y es un maestro en el arte del cuero. El martes 2 de mayo, un día después del Día del Trabajador, cuando llegó a la fábrica, la puerta estaba cerrada. En total, 54 obreros se quedaron en la calle.

“Vamos a crear trabajo para todos los argentinos”, había prometido el presidente Mauricio Macri, unas horas antes, rodeado de ministros y dirigentes sindicales, en un acto armado en el micro estadio de Ferro. Fue el 1 de mayo, en un evento convocado por el controvertido Secretario General de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), Gerónimo “Momo” Venegas. Ese mensaje, lamentablemente, choca de frente con la realidad de su país.

Según un reciente informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en el mes de marzo otras 4823 personas perdieron sus puestos de trabajo. La cifra supera al mes de febrero. De cada diez despedido o despedida, seis se desempeñaban en fábricas. La gran mayoría de los casos se registraron en el sector privado (4008 despedidos y 560 suspendidos).

 

Voces que no son cifras

 

Por eso Cristian Gutiérrez, con 10 años de antigüedad, es otra voz que se suma. “Nos encontramos con la fábrica cerrada. Había un rumor sobre la posibilidad de que iban a vaciar el lugar. Entonces coordinamos con los compañeros y armamos una vigilia para que no se lleven nada. Queríamos cuidar nuestras herramientas y nuestros puestos de laburo”, explica.

Y se suma Fernando, padre de 4 hijos, en un pedido general: “Esto es un desastre, le pido al pueblo argentino que despierte. Más allá de esta situación personal, hay que parar esto. Es horrible”. Felipe vuelve a tomar la palabra, y agrega: “Yo hice toda mi vida acá. Pasé por tres mudanzas, porque cambiamos lugar. Y muchas veces dijeron que tenían ganas de cerrar todo, pero nunca lo hicieron”.

El viernes 28 de abril los trabajadores decidieron custodiar el gigantesco inmueble de Monasterio 1369. Con el temor por perderlo todo, se turnaron, diagramaron grupos, rotaron, y así atravesaron cada madrugada del fin de semana largo. Estuvieron un rato en la vereda, otro en la plaza de la esquina. El plan era mostrarse, evitar que los dueños de la compañía secuestraran las mercaderías y las máquinas. Lo lograron. El patrón, Jorge Canave, merodeó las inmediaciones pero la presencia de los obreros lo intimidó. Canave se fue, dejó todo como estaba y no apareció más.

Para resguardar sus fuentes de trabajo, los operarios resolvieron ingresar y mantener una ocupación pacífica. El miércoles tenían una audiencia con los abogados de JOCRI S.A. Los obreros fueron, los representantes de la firma no. Otra historia de resistencia de parte de los trabajadores que protegen su fuente de laburo, pero también la idea del trabajo en la fábrica, el oficio al que le vienen poniendo el cuerpo hace tantos años.

acri no cambió ya que las fuerzas del “orden” siguen con sus horas extras custodiando las bandas narco y dejando a su suerte a miles de niñas, niños, jóvenes, hombres y mujeres de los barrios más pobres.

 

“Ni un pibe menos” relata, también, el proceso de organización de La Poderosa, que con su revista La Garganta Poderosa y su plan de control de las fuerzas de seguridad denominado “Vecinos sin gorra” se convirtió en un espacio de denuncia implacable y de desenmascaramiento de la mentira de un Estado nada comprometido con los pobres y la clase trabajadora.

Kevin era parte de La Poderosa. Como sus hermanas y hermanos. ”Ni un pibe menos” habla de su asesinato pero también de cómo siguen en pie quienes compartieron con él sus nueves años de vida.

Hoy se estrena el documental en el cine Gaumont de la Ciudad de Buenos Aires (Av. Rivadavia 1635) a las 14.15 h (y a las 20 h) y en todos los espacios Incaa. Será, seguramente, tarea de todos difundirlo hasta el último rincón de América Latina y del mundo.

 

Ficha Técnica
Guión: Antonio Manco
Producción: Omar Neri, Antonio Manco, Mónica Simoncini
Director: Antonio Manco

CABA: denuncian el cierre y el despido de 60 trabajadores en una fábrica de talabartería

3.5.2017

Así lo comunicó el Sindicato Argentino de la Manufactura (SAMC). “Repudiamos el cinismo de la patronal, que entre lágrimas y palmadas de aliento, el día viernes 28 de abril garantizaba la continuidad de la empresa y el Día de los trabajadores informa que el día siguiente, la fábrica cesa sus actividades”.

Por Sindicato Argentino de la Manufactura (SAMC)

 

El Sindicato Argentino de la Manufactura (SAMC), su comisión directiva, delegados, delegadas y militantes, manifiestan su repudio ante el cierre de la empresa Jocri S.A, propiedad de Jorge Canave. 

Esta empresa, que en los últimos años creció de manera exponencial, amparado en el relato del gobierno nacional, cierra sus puertas sin previo aviso, dejando en la calle más de 60 trabajadores y trabajadoras y 48 años de actividad. 

Repudiamos el cinismo de la patronal, que entre lágrimas y palmadas de aliento, el día viernes 28 de Abril garantizaba la continuidad de la empresa y el día 1ro de Mayo (día de los trabajadores!) informa que el día siguiente, la fábrica cesa sus actividades.

Insistimos con los planteos que llevamos al ministerio de industria, junto  con nuestra federación, alertando sobre la delicada situación de la industria del cuero.

 Reafirmamos lo expresado por nuestro Secretario General recientemente en Minuto Uno, donde fijo la posición de la Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero y Afines (FATICA) y la del SAMC ante la desastrosa situación económica que sufre el país, la industria y la repercusión en la vida cotidiana de las y los trabajadores. Pero alertando también sobre estos empresarios inescrupulosos,  que habiéndose llenado los bolsillos en los últimos años, aprovechan estas situaciones para engrosar su capital y moverlo hacia otros lados.

Estamos junto a los compañeros y compañeras de Jocri, a sus delegados y los miembros de la comisión directiva del SAMC que allí trabajaban, solidarizándonos de manera activa, con la firme convicción de que si tocan a uno, nos tocan a todos.

Insistimos con los planteos que llevamos al ministerio de industria, junto  con nuestra federación, alertando sobre la delicada situación de la industria del cuero. 

Reafirmamos lo expresado por nuestro Secretario General recientemente en Minuto Uno, donde fijo la posición de la Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero y Afines (FATICA) y la del SAMC ante la desastrosa situación económica que sufre el país, la industria y la repercusión en la vida cotidiana de las y los trabajadores. Pero alertando también sobre estos empresarios inescrupulosos,  que habiéndose llenado los bolsillos en los últimos años, aprovechan estas situaciones para engrosar su capital y moverlo hacia otros lados.

Estamos junto a los compañeros y compañeras de Jocri, a sus delegados y los miembros de la comisión directiva del SAMC que allí trabajaban, solidarizándonos de manera activa, con la firme convicción de que si tocan a uno, nos tocan a todos.

Enjuiciarán a los policías que en 2013 reprimieron brutalmente en la Sala Alberdi

2.5.2017

Los agentes de la Metropolitana serán juzgados por haber disparado con balas de plomo contra dos comunicadores.

El 13 de marzo del 2013, cuando la Sala Alberdi del Centro Cultural General San Martín fue violentamente desalojada por efectivos policiales, el ahora presidente Mauricio Macri era Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Tanto Macri como el entonces ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, fueron señalados por la brutal represión de la Policía Metropolitana contra estudiantes y artistas que mantenían una protesta en el centro cultural.

En el marco de la violencia desatada por la fuerza de seguridad, los efectivos utilizaron gases lacrimógenos, balas de goma y plomo. Por estos hechos serán juzgados los efectivos policiales de la Metropolitana de la DOEM, (División de Operaciones Especiales Metropolitanas) : Miguel Antonio Ledesma, Gabriel Pereira de la Rosa y Maximiliano Nelson Acosta. Finalmente, los días 10, 12 y 15 de mayo de 2017 se realizará el juicio a los agentes por haber disparado con balas de plomo contra Germán Darío de los Santos (del colectivo DTL!),  Esteban Ruffa (fotógrafo de la Agencia de Noticias ANRed) y a un manifestante.

Según destacó la querella, los agentes imputados utilizaron durante el hecho de violencia institucional sus armas largas reglamentarias de la fuerza: escopetas Mossberg calibre 12/70, que coinciden, tal como lo detallan las pericias médicas, con las heridas recibidas por las víctimas.

Además, explicaron que "la suspensión del juicio el año pasado fue una maniobra judicial dilatoria que demuestra, por un lado, la intención explícita del tribunal de no querer juzgar a los policías del actual Presidente y, por el otro, la apuesta a que este año estemos juzgando a policías de una fuerza que ya no existe. De esta manera, el Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta tiene la oportunidad de presentar a la Policía de la Ciudad como una nueva fuerza ´limpia´ y sin antecedentes. Nosotros denunciamos que de ´nueva´ no tiene nada: es una fuerza conformada por uniformados provenientes del traspaso de la Policía Federal a la ciudad e integrantes de la Policía Metropolitana. Esa es la importancia que tiene el juicio en el contexto actual."

El gobierno de Larreta intenta sacarle siete hectáreas al club Deportivo Español para construir la Universidad de la Policía de la Ciudad

2.5.2017

Los hinchas de Deportivo Español están preocupados por el futuro de su club. Durante los últimos años han perdido tierras pertenecientes a su predio y ahora denuncian que el gobierno de CABA intenta sacarle las siete hectáreas que le quedan para construir la Universidad de la Policía de la Ciudad. Por Alan Mansilla

 

La Corporación Del Sur compró las tierras, cuando la institución atravesó una gran crisis hace 15 años, y le cedió ocho predios al Ministerio de Justicia para que se lo dé a la Policía Metropolitana, y los siete terrenos restantes se los alquiló al club con opciones de adquirirlos nuevamente en un futuro. Pero ahora sus dueños ya dijeron que el año que viene construirán la Universidad de la Policía de la Ciudad, dejando de esta forma en la calle a cientos de chicos que se acercan al club para crecer en los ámbitos deportivos y para acobijarse dentro de ésta institución que los incluye y los contiene socialmente.

El presidente de la peña Unidos por Español, Omar González, ha pasado toda su vida en el club, su abuelo y su padre fueron parte de los primeros españoles que pusieron manos a la obra en la institución allá por el año 1959, cuando arribaron gran parte de los inmigrantes gallegos. Ante los problemas que atraviesa la institución, González señaló que los socios “no quieren sentir más pérdidas”, y que no se va a quedar “de brazos cruzados”.

El conflicto tuvo su pico más alto en el año 2003, luego de la crisis más grande de la historia de nuestro país, que no fue ajena a la institución roja y amarilla y la golpeó tan fuerte que la dejó con sus puertas cerradas durante tres años y con el predio completamente abandonado, convertido en un baldío, lleno de basura y animales. “Ver al club que construyeron nuestros antepasados con tanto esfuerzo, y donde pasé gran parte de mi infancia, en ese estado fue muy doloroso”, comentó Omar.

En el 2007 las tierras fueron rematadas y adquiridas por la Corporación Del Sur quién en aquella ocasión le ganó la apuesta a otras dos empresas. En aquel entonces los nuevos propietarios firmaron un acuerdo con el Club Español, donde le posibilitaban a la institución una futura recuperación de los terrenos. Ésta firma implicaba que la institución use siete hectáreas del predio por diez años, con la posibilidad de renovar el contrato por otra década cuando se cumpla el mismo. Además de éste trato, la Corporación Del Sur le cedió ocho predios al Ministerio de Justicia porteño, quién los utilizó para la policía metropolitana.

Los diez años de contrato se cumplirán el año que viene y los hinchas saben que se les viene una negociación complicada. El presidente de la peña sostuvo que “en 2018 habría que renovar el contrato con acuerdo de ambas partes”, pero que, “más allá que Español quiere hacerlo, intentan hacer la Universidad para la policía”.

“La corporación había ofrecido en un principio darle al club, cuatro canchas de césped sintético profesionales con pileta y vestuarios a cambio de no renovar el contrato, pero ahora solo ofrece dos canchas y que no son de medidas profesionales”,aseguró Omar González.

Los hinchas del conjunto gallego no quieren atravesar lo que pasaron otras instituciones y es por eso que buscan una ayuda ante esta situación pero consideran que “la negociación es muy injusta”, ya que los dueños del terreno tienen un claro plan de favorecer a las obras que pretende implementar el Gobierno de Rodríguez Larreta.

Durante el transcurso de estos días el club recibirá una oferta la cual, según Omar, están “dispuestos a escuchar”, siempre y cuando “posibilite alguna reacción para recuperar los terrenos”. Mientras tanto los socios seguirán la lucha, levantando las banderas del deporte como herramienta fundamental para la inclusión social.

El lado B del modelo: Informe sobre conflictos con represión

28.4.2017

CEPA      

 

"La gente tiene razón. En la Capital Federal,

 que es el epicentro de los piquetes, le he dicho (a Rodríguez Larreta)

que los ciudadanos en 2017 esperan un comportamiento distinto

del Gobierno de la Ciudad, esperan un límite distinto".

 

Mauricio Macri, 30/12/2016

 

Desde principios de marzo de 2017 a la fecha, la conflictividad a nivel nacional y particularmente en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires ha ido incrementándose con diferentes metodologías de protesta, primando aquellas con participación en la vía pública, como los paros con movilización, las concentraciones en las puertas de instituciones/organismos, los cortes de ruta y calles y las ollas populares.

 

Según los datos que se recaban mensualmente desde el Observatorio de Conflictividad Socio-Laboral de CEPA, los conflictos en el primer trimestre de 2017 (que para el mes de marzo ascendieron a 2 por día) concentraron sus motivos en reclamos por despidos, readecuación salarial, cumplimiento de acuerdos, condiciones de trabajo y quejas por atrasos en los pagos.

 

El eje del abordaje planteado por el Gobierno Nacional y local por los reclamos desarrollados en la Ciudad de Buenos Aires, no se ha centrado en resolver las problemáticas que originan el reclamo sino en encontrar el mecanismo para que tales demandas, sencillamente, no lleguen a las calles de la Ciudad. Uno de esos mecanismos ha sido la represión recurriendo a las fuerzas de seguridad. Una de las conclusiones del presente informe reside en que en el primer trimestre de 2017 se registran un 133% más de casos de conflictos con represión, en comparación con igual trimestre de 2016.

 

En este sentido, se ha observado desde inicios de 2017 una profundización en la estrategia “ejemplificadora” del gobierno con los trabajadores en su conjunto pero en particular se ha manifestado en el conflicto docente como caso testigo. La represión policial a los docentes en la plaza de los Dos Congresos para evitar la instalación de la “Escuela itinerante” se suma a la premeditada estigmatización de un sector gremial representado en el ataque a Roberto Baradel, Secretario General de SUTEBA, los descuentos por los paros realizados, el adicional para los docentes que no adhirieron al paro y las amenazas con multar y quitar la personería gremial. Todo ello en el marco de sostener una prácticamente idéntica oferta –respecto de la original-, la cual impide recuperar el poder adquisitivo perdido en 2016.

 

La estrategia del gobierno en el ámbito laboral se podría resumir, en el “trazo grueso”, en las oleadas de despidos a lo largo de 2016 y con continuidad en el pasado trimestre y en la cristalización, en 2017, de la caída del salario real sustanciada el año previo. El complemento es la “sintonía fina” flexibilizadora en 2017, donde juega un rol central el acuerdo firmado con el sector petrolero en Vaca Muerta, que el gobierno pretende extender a la industria automotriz (Macri estuvo en Córdoba anunciándolo), a la construcción, textil y calzado entre los principales sectores.

 

Centro de Economía Política Argentina (CEPA)

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