Comunicadores del Sur

15.12.2016

Fue durante el fin de semana pasado, en la Escuela N°1 del distrito 10. A semanas de haber votado el presupuesto educativo más bajo de la historia, la desidia de Larreta pone en riesgo la vida de los alumnos de las escuelas públicas.

Ludmila Pillado

La escuela N°1 del D.E.10, "Casto Munita", se encuentra ubicada en la calle Cuba 2039, en el barrio porteño de Belgrano.
Durante el fin de semana largo, los techos y una pared del aula de 7mo grado, ubicada en el primer piso del establecimiento, se derrumbó como consecuencia de la falta de mantenimiento y presupuesto que el GCBA destina a la educación pública. La integridad física de los alumnos y alumnas no estuvo en riesgo únicamente por haber sucedido durante un día no escolar.

Este hecho, lejos de ser un accidente, es responsabilidad directa de la desidia que atraviesa la educación pública en manos del macrismo. Fue un padre de la escuela que viralizó la denuncia en redes y fue replicada de inmediato por cientos de docentes y familias de la escuela pública. Patricio del Corro, legislador porteño por el PTS-FIT, también repudió en las redes sociales esta tragedia, denunciando " el gobierno dice que no hay problemas de infraestructura y gasta $1.200.000.000 en publicidades como el "vamos a terrasear".

De tercerizaciones, precarizaciones, recortes y ajustes

Para el mantenimiento y las reformas edilicias, el GCBA utiliza empresas tercerizadas. En el caso de la escuela “Casto Munita”, la encargada de dicha mantención es la empresa "Mantenimiento Hospitalario S.A.". Estas tercerizaciones por parte del gobierno porteño, no sólo dan cuenta de la falta de mantenimiento real de los establecimientos educativos a los que asisten niños y niñas, sino que también demuestra la precarización laboral que apareja este tipo de contrataciones -hace unos años moría en el patio de una escuela un obrero que trabajaba, sin las condiciones necesarias, en el techo de la escuela-.

No es casual que, tal como denunció un padre de la escuela, justo frente a la escuela “Casto Munita”, se encuentre en obra y refacciones desde hace más de un año la “Plaza Manuel Belgrano”; contando con un presupuesto millonario para colocación de pastos, enrejados, y sistemas de riego.

Mientras tanto, desde la página web del GCBA, el Jefe de Gobierno promueve los matrimonios en lugares emblemáticos de la CABA, como ser La Glorieta y el Barrio Chino; destinando los fondos y recursos de la ciudad para eventos de dicha índole, mientras las escuelas y hospitales públicos, carecen de insumos, de presupuesto, y de capacidad edilicia.

La educación pública en estado de alerta

Semanas atrás, Larreta presentó el presupuesto más bajo de los últimos años para la educación pública de la Ciudad, mientras los subsidios a las escuelas privadas, se encuentran en incremento constante. Miles de chicos quedaron sin vacantes nuevamente, con vacantes mal asignadas, o en listas de espera. El legislador porteño Patricio del Corro, junto a docentes, abogados y familias, presentaron un amparo, para que el GCBA indique cuántos chicos y chicas no cuentan con vacantes, y la necesidad de ampliación y creación de escuelas públicas, a fin de solucionar este conflicto reiterado en la Ciudad.

Lamentablemente la denuncia de las familias y docentes de la escuela de Belgrano no resulta novedosa en las páginas de este diario. A lo largo del año, han ocurrido decenas de conflictos en varios establecimientos, que demuestran que el problema es generalizado a todos los barrios y distritos escolares. En cada caso el denominador común es la organización de familias, docentes, estudiantes, directivos que se pusieron a la cabeza de denunciar el estado de sus escuelas y el riesgo cotidiano para quienes estudian y trabajan en ellas. Los verdaderos preocupados en la defensa de la educación pública. Las familias de la Escuela N°1 del D.E.10, convocaron a concentrarse hoy martes 13 de diciembre en la puerta de la escuela para acompañar en el reclamo, para que la negligencia del GCBA no recaiga sobre las autoridades educativas, y para exigir la pronta resolución de este atropello, garantizando la seguridad y buen mantenimiento de los establecimientos educativos públicos, otorgando los presupuestos necesarios para ello.

12.12.2016

Días después de la polémica extensión de los parquímetros a media Ciudad, en la oposición porteña sospechan de un meganegociado inmobiliario detrás de la peatonalización del macrocentro.

Casualmente la misma legisladora que impulsó la polémica ley de parquímetros <http://m.lapoliticaonline.com/tools/redirect.php?t=3&i=101827&s=ec508254ae10c83255bfb2f589531913>, por el que la Ciudad comprará 2.000 dispositivos a la insólita suma de 7 mil dólares por unidad -cuando las ciudades modernas los reemplazan por pago vía celular-, presentó un Proyecto de ley a través del cual se establece la aplicación del “Área Ambiental Buenos Aires Centro”, que implica una nueva área de restricción de acceso vehicular en decenas de cuadras del macrocentro.
Se trata de Cristina García, que entró a la Legislatura gracias a Graciela Ocaña pero luego se convirtió al macrismo. García, hizo buen tándem con el titular de la comisión de Tránsito y Transporte, Claudio Palmeyro del riñón del líder de los taxistas, Omar Viviani, y ahora podría conseguir que la Legislatura vote en tiempo récord un polémico proyecto que ingresó al parlamento en octubre.
En la Legislatura se menciona el sorprendente interés del ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, porque esta iniciativa avance.
En el mercado sospechan el porqué del apuro: advierten que este proyecto está hecho a medida de Apart Car, una sociedad de estacionamientos con fuertes conexiones con algunos funcionarios macristas.
Llamativamente, Apart Car vendió en los últimos dos años todos los garages que tenía en la nueva zona propuesta para peatonalización y sólo retuvo aquellos que están sobre las avenidas, exentas de la peatonalización.
"Se manejaron con una certeza que sólo se explica porque tenían información privilegiada", afirmaron garagistas que no contaron con esa ventaja y hoy ven que su negocio está a punto de desaparecer.
Tan clara era su visión del futuro que Apart Car incluso amplió la cantidad de estacionamientos fuera de la nueva zona peatonal propuesta. Se trata de una vieja amiga de hacer negocios con la Ciudad: Tiene la concesión en dos estacionamientos de Puerto Madero, concesiones envueltas en polémicas y denuncias.
Los dueños de garajes pymes que serán afectados si se aprueba la ley, no se quedaron en palabras: Empapelaron la Ciudad en contra de la iniciativa.
La oposición comenzó a sospechar además que detrás de toda esta maniobra se escondería un otro negocio inmobiliario de enormes magnitudes: es que los grandes terrenos que ocupan los garages en la nueva zona peatonal perderían valor por la prohibición de circulación y eso permitiría la compras de esas tierras para la construcción de edificios y oficinas a menos de la mitad del valor que hoy tienen.

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������s beneficiadas, nacidas bajo la intendencia de Carlos Grosso, se manejan con contratos vencidos hace 15 años. Según la Ley 4003, hace más de dos años que el servicio debería ser público. No sucedió. Y el gobierno les exige un módico canon de 55 mil pesos, que amortizan en media jornada. Pero además, desde 2008 recibieron 260 millones en subsidios. En el primer cuatrimestre de 2016, fueron 33 millones de pesos. Por ejemplo, la Ciudad les abona por multas impagas de coches acarreados, un adicional a los afiliados a Camioneros, y otros 108 millones en concepto de “alquiler de camiones” por el uso de las grúas. «

Los barrios inundados de parquímetros

El nuevo estacionamiento medido, que cubrirá la mitad de la Capital, tendrá 87 mil “terminales multipropósitos” con tarifas diferenciadas, dependiendo la zona donde se deje el auto.
Serán cinco zonas. Y funcionarán de lunes a viernes de 8 a 20, y los sábados de 8 a 13. Los “residentes” podrán no pagar, siempre y cuando cumplan variados requisitos: será para un solo auto por domicilio (con la dirección registrada tanto en el DNI como en la cédula del coche), a no más de 200 metros a la redonda. Deberá registrar el auto en el parquímetro todos los días, y no podrá tenerlo estacionado en el mismo lugar por más de 48 horas. Si se olvida o se va de vacaciones, deberá asumir el costo. Y será gratis siempre que viva en una zona con tarifa “sencilla” o “progresiva tipo 2”, las más alejadas del tráfico. De lo contrario, pagará la mitad del valor.

11.12.2016

A lo largo del año hubo dos hechos políticos que se erigieron como el paradigma de la política del Gobierno en la Ciudad: el traspaso de la Policía Federal y la sanción de la mega ley de seguridad.

Paolo Zaniratto

Abogado | CeProDH

La significancia del traspaso de la Policía Federal Argentina

Aunque el gobierno Nacional y el de la Ciudad hablaron del traspaso como una mera cuestión administrativa y los medios de comunicación concentrados han apañado esta idea, la realidad es que hay implicancias políticas aún no resueltas y un fortalecimiento del aparato policial que es el preludio de mayor represión y persecución penal a los sectores más vulnerables.

El traspaso de un sector de la Policía Federal (PFA) a la jurisdicción de la ciudad se dio, como lo vimos a lo largo del primer año de gobierno, en el marco de un avance en el fortalecimiento y organización de las fuerzas de seguridad: mayor presupuesto, mayor concentración territorial, mayor equipamiento y mayor especialización. Este fortalecimiento quedó en evidencia con el dictado de la Emergencia en Seguridad a nivel nacional. La propia ministra, Patricia Bullrich, había manifestado en ese momento que “el concepto de la emergencia es en sentido amplio”, dejando en claro que la medida implica una mayor discrecionalidad. Al mismo tiempo sostuvo que la declaración de emergencia permitirá fortalecer “la presencia del Estado en los lugares más peligrosos”. En palabras del macrismo, un eufemismo para saturar de presencia policial los barrios populares cuya vigilancia permanente ya implica una mayor persecución a los sectores más pobres.

La dedicación de la PFA a las cuestiones locales, en una Buenos Aires que es epicentro de una vasta serie de reclamos y demandas, tanto del resto del país como de la propia Ciudad, tiene su correlato en la política de “piquete cero” prometida por Macri antes de asumir y manifestada por la ministra de Seguridad a principios de año con el “protocolo antipiquetes” y que ahora el diario Clarín brama por su aplicación. Tengamos en cuenta que con un pronóstico para 2017 de una profundización de la caída de los índices económicos, con perspectiva de mayor desempleo y con la idea del gobierno nacional de hacer retroceder las conquistas de la clase trabajadora modificando los convenios colectivos de trabajo, la Ciudad de Buenos Aires está siendo sitiada por las Fuerzas de Seguridad para dar una respuesta a esta conflictividad social que nadie puede descartar que se dé con mayor intensidad el próximo año a pesar que es un año electoral.

El diputado del PTS-FIT Patricio del Corro había manifestado en el momento del traspaso que: "no extraña en este contexto la decisión urgente de realizar el traspaso. Lo que se busca es concentrar y reforzar el aparato represivo del Estado en la Ciudad. No olvidemos que las fuerzas de la Policía Federal que se traspasan ahora se dedicarán exclusivamente al delito en la Ciudad. A esto hay que sumar que el Jefe de Gobierno, Rodríguez Larreta, acaba de renovar la concesión a las empresas privadas que cumplían tareas de vigilancia y seguridad en distintas zonas de la Ciudad, supuestamente porque no contaban con la Federal. El traspaso sólo puede traer el aumento del control social sobre los sectores más vulnerables, los pobres y la juventud y preparar las condiciones para reprimir aún más la protesta social. No nos olvidemos que a la trayectoria criminal de años de la Federal el macrismo ha erigido como "modelo" a la Metropolitana, una policía que en su corta vida ya tiene un frondoso prontuario delictivo. Integrada su cúpula por represores que provienen de la dictadura militar y por exonerados de la propia Policía Federal, es experta en espiar a los maestros, en reprimir a los pobres como en el barrio Papa Francisco, y en el gatillo fácil".

La mega ley de seguridad

Recordemos que el Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una ley producto del convenio firmado a principios de año entre Macri y Rodríguez Larreta cuando justamente se dispuso el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad.

La sanción de esta mega ley de seguridad en la legislatura, que contó con el apoyo cómplice de todos los bloques de la oposición menos de los legisladores de la izquierda, implica un mayor cercenamiento a las libertades democráticas para todos, pero también mayor criminalización para los sectores más vulnerables: los jóvenes pobres y los niños, niñas y adolescentes. Los últimos casos de torturas sobre menores de edad no hacen más que dejar en evidencia el rol policial en este sistema. Es importante remarcar que cuando nos referimos en nuestras denuncias a un sistema penal de clase, hablamos justamente de estos criterios selectivos de persecución y criminalización. Puntualmente, esta ley viene a legalizar un sinfín de situaciones que ya se venían dando y que en la mayoría de los casos la justicia de la Ciudad venía convalidando, ya sea desde el fallo del Tribunal Superior de Justicia que amplía notablemente las potestades policiales para detener personas con el único justificativo del “olfato policial”, como también el fallo que autoriza a las Fuerzas de Seguridad a usar las pistolas Táser, a pesar que son consideradas un elemento de tortura en el ámbito internacional. Esta ley planea además de legitimar la saturación policial con más de 30.000 efectivos, incorporar todas las cámaras privadas de vigilancia y sumar nuevas para cubrir todo el territorio de la Ciudad, transformando Buenos Aires en un Gran Hermano policial.

La ley plasma una política deliberada de control social sobre los sectores populares de la Ciudad sin atacar a las mafias de la ciudad vinculadas al narcotráfico o la trata de mujeres. Buenos Aires necesita más escuelas, más viviendas, no más cámaras de seguridad ni más policías.

Planean instalar cámaras por toda la ciudad y sumar todas las cámaras que ya están en funcionamiento. Esta “utilización del espacio público” tiene el objetivo de crear un “Gran Hermano” descomunal de vigilancia y control. Las cámaras de vigilancia privada se integran al sistema de videovigilancia pública expandiendo por lo tanto toda la capacidad de monitoreo en forma descomunal. El monopolio de la información obtenida queda en cabeza del Poder Ejecutivo sin ningún tipo de control. Estamos, por lo tanto, ante la concentración de un poder enorme que deja en evidencia un paradigma de vigilancia total. Al mismo tiempo no podemos dejar de mencionar que la inteligencia ilegal realizada, ya sea por fuerzas provinciales o del Estado nacional, en el seno de organizaciones políticas, populares y de Derechos Humanos implica una persecución política y criminal que es la cara más nefasta de este sistema de vigilancia total que mediante la mega ley quieren legalizar. Es el escándalo de las escuchas del Fino Palacios y Ciro James multiplicado exponencialmente.

Durante este año desde nuestra banca del PTS-FIT con Patricio del Corro y el CeProDH hemos denunciado de conjunto esta política, tanto la del traspaso como esta mega ley, al mismo tiempo recordemos que se ha presentado un pedido de informes para que el Gobierno de la Ciudad brinde datos sobre los genocidas que prestaron servicios en la última dictadura militar y que ahora son parte de la Policía Metropolitana. Como era de esperar, aún no han contestado este requerimiento y la razón es muy sencilla; no pueden explicar porqué necesitan personal policial con formación militar para una fuerza que según ellos era de proximidad y vecinal. Por eso, siguiendo con esta lógica, ahora mediante esta ley dejan explícitamente establecido la posibilidad de que personal proveniente de las Fuerzas Armadas integren la nueva policía, es claramente una lógica totalmente reaccionaria.

La ley plantea además que la seguridad privada articula su actividad con el resto del Sistema de Seguridad Pública. Eso eleva la cantidad de personal involucrado exponencialmente. Si tenemos en cuenta que ya hoy la Ciudad de Buenos Aires está militarizada, con 30 mil efectivos de las distintas fuerzas de "seguridad" para las 12.255 manzanas. Esto significa que haya 2,5 policías por manzana y si le sumamos los 50.000 uniformados de las empresas de seguridad privada llegamos a 6,5 por manzana, terminando de consolidar a Buenos Aires en una de las ciudades con más personal de seguridad del mundo.

La clave del programa de seguridad de esta ley es la mayor presencia policial que transformará los barrios en verdaderas cárceles a cielo abierto que además se articula con el traspaso que ya hemos descrito. Ya lo vimos con las torturas y vejaciones que sufrieron Ezequiel Villanueva Moya e Iván Navarro en la Villa 21-24 por parte de la Prefectura en septiembre, pero ya es algo que se viene sufriendo hace años en la Capital, especialmente en la zona sur. La Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) señaló recientemente que la Policía Federal es la institución que reúne mayor cantidad de denuncias por simulacros de fusilamiento, uso de la picana, golpes y amedrentamientos, entre las formas de la violencia a niños y adolescentes.

Esta ley es un retroceso enorme en materia de derechos democráticos para todos, y en particular para los sectores más vulnerables, los pobres y los jóvenes, niños y adolescentes y es lo que vamos a seguir denunciando desde el Frente de Izquierda.

9.12.2016

Marcelo Ramal, diputado de la Ciudad por el Frente de Izquierda, se refirió a la muerte de un operario de 21 años en la línea H, mientras realizaba una tarea de mantenimiento eléctrico en el taller Colonia: "Exigimos que comparezcan a la Legislatura el presidente de SBASE y el subsecretario de Trabajo, a fin de qué den cuentas de su responsabilidad y la del concesionario".

“Estamos ante otro episodio en una larga saga de accidentes fatales en el subte. Concretamente,  ha muerto un trabajador por año en el último lustro. La razón es muy clara: la empresa se niega a cumplir con el protocolo de seguridad e higiene que han propuesto los delegados, y las autoridades miran para otro lado. Justamente en el día de ayer, una delegación del sindicato AGTSYP sostuvo una audiencia en la Secretaría de Trabajo, junto a miembros de la policía del trabajo y representantes de la empresa.  Allí, por enésima vez, Metrovías rechazó adoptar el protocolo reclamado por los trabajadores. Las consecuencias fatales llegaron tan sólo 24 horas después”.

“Estamos ante la expresión más brutal de una concesión que coloca sus beneficios por encima de la vida de trabajadores y pasajeros.  Nuestro bloque ha llevado a la Legislatura numerosas evidencias de esta desidia, que no han querido ser tratadas por el oficialismo. Ante esta nueva muerte, exigimos que comparezcan a la Legislatura el presidente de SBASE y el subsecretario de Trabajo, a fin de qué den cuentas de su responsabilidad y la del concesionario”. “Metrovías debe cesar en la concesión del subte, e iniciarse una investigación independiente sobre esta concesión ruinosa, renovada a costa de tarifazos y complicidades oficiales” finalizó Ramal.

8.12.2016

La Legislatura porteña sancionó una ley contra el acoso callejero que prevé penas de hasta $1000 o 10 días de trabajo social contra las personas que “hostiguen, maltraten o intimiden” y que “afecten en general la dignidad, la libertad, el libre tránsito y el derecho a la integridad física o moral de las personas basados en su condición de género, identidad y/o orientación sexual”. Los “piropos” entran dentro de las acciones prohibidas en la nueva normativa. 

Todas las mujeres escuchamos alguna vez un comentario sobre nosotras en la calle. Sea dirigido explícitamente, hecho por lo bajo, o entre hombres. Alguna vez nos dijeron que éramos lindas, nos dijeron groserías o nos hicieron sentir mal por nuestra ropa, forma de ser o simplemente por nuestra identidad sexual.

En los últimos años creció la visibilización de los mal llamados “piropos” como una forma más de violencia y se escuchó, por primera vez, la voz de quienes no nos sentimos halagadas si no, más bien, incómodas.

Tiempo atrás, los medios recogieron estos debates y hasta el ahora Presidente Mauricio Macri entró a la discusión y dijo estar a favor de los “piropos” porque “a todas las mujeres les gustan que les digan un piropo. Por más que esté acompañado de una grosería, que te digan qué lindo culo que tenés, está todo bien”.

En la Ciudad de Buenos Aires trascendieron este año casos de masturbaciones en el subte. Los casos de este tipo son numerosos y llegan a menudo hasta las fiscalías porteñas, donde en el primer semestre del año se recibieron 72 denuncias. Si bien muchos pensarán que éstas son situaciones extremas, son más comunes de lo que parecen y están también vinculadas con las exhibiciones obcsenas en las calles que completan la imagen general para entender de qué manera somos tratadas las mujeres en la ciudad y en nuestra vida diaria.

Las campañas llevadas adelante por organizaciones de mujeres evidenciaron que este tipo de prácticas son comunes a todas (incluídas las niñas) y permitió romper el silencio poniendo el debate sobre la mesa. La ley que sanciona el acoso sexual callejero es un avance para continuar cambiando la cultura machista y promover el respeto y la no discriminación de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad.