Comunicadores del Sur

20.5.2017

El FIT presenta un Proyecto de ley reclamando la re estatización del subterráneo y el premetro. Asimismo plantean la investigación a Metrovías S.A

Laura Marrone, legisladora porteña por Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda declaró: “A fin de año se vence la concesión del Subte a Metrovías S.A. Después de más de 20 años de saqueo y vaciamiento, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires tendrá que votar quién va a gestionar el Subte por los próximos años. El Gobierno de Larreta presentó un proyecto de Ley que busca volver a concesionar el subte a una empresa privada por 12 años más. El PRO quiere realizar una votación express y mantener la privatización del subterráneo y premetro en la Ciudad de Buenos Aires.  Después de 25 años, el modelo de las privatizadas ha demostrado su fracaso. Son millones los trabajadores que diariamente utilizan el subte como transporte. Sin embargo, las condiciones en la que se viaja son deplorables: vagones sobrecargados y problemas técnicos son moneda corriente. Esto muestra la falta de inversión y el saqueo, producto de la privatización. Es necesario que el sistema de transporte vuelva al Estado para que pueda garantizar un servicio de excelencia para los trabajadores y el pueblo con tarifas populares y no al servicio de la ganancia de las empresas privatizadas”

Marrone finalizó:“Desde el Frente de Izquierda vamos a impulsar un proyecto de Ley donde proponemos la reestatización del subte por parte del estado de la Ciudad de Buenos Aires a través de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE), bajo gestión y administración de los trabajadores y usuarios, y no de funcionarios corruptos. Solo los trabajadores, junto a los usuarios, somos los únicos interesados en que se brinde un servicio eficiente y de calidad, porque en el subte viajan nuestras familias y millones de trabajadores y jóvenes. Para terminar con las ganancias millonarias de los empresarios a través de los subsidios, para que la población viaje dignamente a sus lugares de trabajo, para que las tarifas estén acorde al poder adquisitivo de los trabajadores y sectores populares, para extender las tarifas sociales y para que el transporte no sea un negocio, sino un servicio social”.

20.5.2017

Lo estableció la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en caso de que el Parlamento no acredite la adopción de las medidas necesarias para garantizar el ejercicio inmediato de la Tribuna Popular. Es por una presentación efectuada por la Red Interparques y el Observatorio del Derecho a la Ciudad, tras más de 15 años sin que la Legislatura permita a los ciudadanos hacer ejercicio de la Tribuna Popular.

Reproducimos comunicado de la Red y el Observatorio:

El Juez Francisco Javier Ferrer, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad N° 23, en fecha 12 de mayo de 2017, en los autos caratulados “GARCIA MAURICIO HERNAN CONTRA LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BS AS SOBRE AMPARO”, Expte. N° A3638-2014/0, dispuso:

"Intimar a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que en el plazo de tres (3) días cumpla en adoptar las medidas necesarias para garantizar el ejercicio inmediato de la Tribuna Popular regulada en los arts. 76 y 77 de su Reglamento Interno. Si en dicho plazo no se acredita el cumplimiento, se procederá a aplicarle sanciones conminatorias.

Por lo tanto, luego de tres días y en forma automática, comenzará a recaer sobre la Legislatura una MULTA diaria y progresiva por el monto de mil pesos ($ 1000) la primer semana; tres mil pesos ($ 3000) a partir de la segunda semana; cinco mil pesos ($ 5000) a partir de la tercer semana; siete mil pesos ($ 7000) a partir de la cuarta semana y así sucesivamente."

La Tribuna Popular es un derecho que permite a cualquier persona efectuar planteos al Cuerpo Legislativo en forma previa al desarrollo de las sesiones de la Legislatura sobre temas de especial interés para la Ciudad. Es decir, las personas que soliciten hacer uso de la Tribuna Popular podrían expresar sus posiciones, ideas, problemas o propuestas a la totalidad de los legisladores de la Ciudad reunidos para iniciar una sesión legislativa.

Este derecho se encuentra reconocido en los arts. 76 y 77[1] del Reglamento interno de la Legislatura de la Ciudad y son operativos del art. 1 de la Constitución de la Ciudad que establece la Ciudad "organiza sus instituciones autónomas como democracia participativa". La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires negó el ejercicio de este derecho con el argumento de que no se encontraba reglamentado y durante quince (15) años se presentaron distintos proyectos de reglamentación que no fueron tratados ni aprobados en el recinto.

En su oportunidad, La Sala III de la Cámara en los Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, con el excelente voto mayoritario de los Dres. Hugo Zuleta y Gabriela Seijas, entre los considerandos de la sentencia que resolvió la cuestión de fondo expresó:

"En síntesis, el reglamento interno de la legislatura es norme vigente, y prevé el derecho a participar del debate en sesión plenaria mediante el instituto de la Tribunal Popular. La negativa a implementar esta posibilidad fundada en la omisión de la reglamentación viola los límites razonables para demorar la puesta en vigencia efectiva de las normas. El incumplimiento de la obligación de la legislatura  de implementar lo necesario para poner en ejecución su propio reglamento interno en un lapso excesivamente prolongado configura una conducta ilegal y carente de justificación".

[1] En el art. 76 del Reglamento Interno de la Legislatura, titulado "Tribuna Popular" se dispone que "(l)a Tribuna Popular permite efectuar planteos en sesión plenaria, sobre temas de especial interés para la Ciudad, por parte de organizaciones no gubernamentales y personas que resulten autorizadas de acuerdo con la Resolución que reglamente su ejercicio. (modificado por Resolución Nº 1-Junta de Interpretación y Reglamento-98).

El art. 77 establece que "(l)as manifestaciones son de 10 a 15 minutos, con intervención, posteriormente, de cada uno de los Bloques, de 5 (cinco) minutos. (modificado por Resolución Nº 1-Junta de Interpretación y Reglamento-98)

19.5.2017

El Jefe de Gobierno visitó Madrid, Berlín y París para intercambiar experiencias de gestión y sondear interesados en participar en la licitación para privatizar nuevamente el Subte. Las tres ciudades de su gira tienen metros estatales, con amplios horarios de funcionamiento y altos estándares de eficiencia.

El jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta se encuentra esta semana de viaje por París, Berlín y Madrid. La gira busca oficialmente “intercambiar experiencias de gestión” y exponer oportunidades de inversión en Buenos Aires para empresas europeas. El diario El Cronista dio cuenta, puntualmente, de que Larreta utilizó sus reuniones para atraer operadoras europeas a la eventual licitación internacional para volver a privatizar la explotación del Subte, proyecto en el que trabaja el Gobierno de la Ciudad.
Para hacerlo posible, el gobierno del PRO necesita una mayoría de 40 votos en la Legislatura, de los que por el momento sólo tiene asegurados una treintena. No casualmente, Rodríguez Larreta se encargó de subir al avión a legisladores porteños de la Coalición Cívica, un posible apoyo.
Luego de que trascendiera el interés por parte de Metro de Madrid para participar en la licitación, el Jefe de Gobierno porteño instó a los empresarios alemanes a “invertir” en Buenos Aires y puso como ejemplo a la licitación para la concesión del Subte, según reportó la agencia EFE. Por lo pronto, Larreta afirmó que el GCBA está en contacto con Siemens y Bombardier (cuya fusión para hacer frente a la competencia china se rumorea) para la licitación de la RER.
El dato llamativo es que todas las posibles interesadas en el Subte son empresas estatales: es el caso de Metro de Madrid, la RATP (Empresa Autónoma de los Transportes Parisinos) y la BVG de Berlín; también lo es la empresa Keolis, operadora entre otras redes del ferrocarril suburbano de Boston, que en realidad depende de la ferroviaria nacional francesa SNCF. Ninguna de las tres redes fue nunca concesionada.
Metro de Madrid es una empresa pública dependiente de la Comunidad de Madrid (equivalente a una administración provincial) que integra asimismo el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, donde se integran los servicios suburbanos de Renfe, el Metro, las distintas operadoras municipales –como la Empresa Municipal de Transportes de Madrid– y algunas pocas concesiones privadas de autotransporte. La compañía opera una red de 13 líneas, 301 estaciones y una longitud total de cerca de 300 km que han estado en constante extensión durante las últimas dos décadas. El servicio funciona todos los días, incluyendo los fines de semana, de 6 a 2 de la mañana.
La RATP parisina depende directamente del gobierno nacional francés, aunque participa en el Sindicato de Transportes de Île de France (SITP), el consorcio que integra a los distintos operadores públicos de la región capital, a cargo de definir parámetros de servicio como horarios, frecuencias y tarifas. El metro cuenta con 16 líneas, 303 estaciones y 214 kilómetros de red; además de ser uno de los más antiguos y famosos del mundo, destaca por su política de conservación del patrimonio histórico. Funciona de 5:30 hasta la 1:15 de domingo a jueves, y hasta una hora más tarde las noches de viernes y sábado. En los últimos años la RATP ha diversificado sus actividades fuera de la región parisina, presentándose a licitaciones de transporte en otros países. Opera por caso el metro de Argel, una línea en Seúl y varias líneas de colectivo de Londres, entre otras. A la oferta del metro debe sumarse la de la Red Expresa Regional (RER), los ferrocarriles suburbanos, que es operada conjuntamente por la RATP y la SNCF.
Tanto en París como en Madrid coexisten boletos individuales por medio de transporte con abonos integrados por zona. En Berlín existen asimismo los abonos, utilizados por los residentes, aunque también los boletos sencillos son integrados: permiten combinar cualquier medio –trenes, metro, tranvías, colectivos o ferris– durante un lapso determinado de tiempo. Todos ellos son coordinados por el Consorcio de Transporte de Berlín-Brandeburgo (VBB), donde participan la Deutsche Bahn –que opera el S-Bahn, los ferrocarriles suburbanos– y distintas empresas comunales, como la BVG, que depende del estado federado de Berlín. El estado de Berlín, con cerca de 900 km2 de superficie, engloba a la práctica totalidad del área urbana de la capital alemana. Berlín es considerada un ejemplo internacional por los niveles de eficiencia e integración de su sistema de transporte público, totalmente estatal. Tras la reunificación de Berlín Occidental con la capital de la RDA las autoridades encararon un ambicioso plan de reapertura y reunificación de infraestructuras de transporte que no funcionaban desde los años 30.
El metro de Berlín propiamente dicho (el U-Bahn) cuenta con 10 líneas, 173 estaciones y 146 kilómetros de red, aunque transporta diariamente la misma cantidad de pasajeros que el Subte: la población total de la ciudad equivale a poco más que los residentes de la CABA, sin contar los 11 millones del Gran Buenos Aires. A las 10 líneas debe sumarse sin embargo el S-Bahn, cuyas líneas (estructuradas en una circular y dos transversales, con ramificaciones en la periferia) atraviesan la ciudad complementando al metro. En total, suma 330 kilómetros de líneas y 170 estaciones. Los días hábiles el servicio del U-Bahn funciona de 4 a 1 de la mañana y el S-Bahn lo hace de 4:30 hasta 1:30, apenas tres horas de detención nocturna –un horario que hasta hace pocos años también tuvieron los ferrocarriles metropolitanos de Buenos Aires, abandonado con la excusa de obras de renovación y nunca repuesto–. Los fines de semana tanto el metro como el S-Bahn dan servicio 24 horas.
Si el Jefe de Gobierno fue a buscar a Berlín, a París o a Madrid experiencias de gestión sobre el transporte público la evidencia no podría ser más elocuente. Resulta difícil explicar por qué insiste el Gobierno de la Ciudad con privatizar un servicio fundamental, el Subte, que el Estado ya había explotado con eficiencia hasta 1993. Las capitales europeas muestran, en todo caso, futuros posibles para la red porteña, limitada y estancada durante los últimos años.

18.5.2017

Así lo resolvió esta semana el Juzgado 16 que notificó a los trabajadores de La Litoraleña sobre el otorgamiento de la continuidad de explotación. Esto significa que los trabajadores son autorizados para continuar trabajando en la fábrica, mientras se sustancia todo el expediente de la quiebra de la firma. 

Explica Ataliva Dinani, abogado de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA), que hay que tener en cuenta que se pidió también la compensación de créditos, es decir, poder obtener los bienes de La Quebrada (antigua empleadora), por las indemnizaciones laborales que no van a cobrar.

Esto es un paso importante puesto que se les permite seguir trabajando ya sin la presión de la policía ni de la fiscalía contravencional de la ciudad. "Este triunfo es producto del acompañamiento de todas las organizaciones del sector. No hay que olvidarse que este conflicto comenzó en octubre de 2015 y que con el acompañamiento de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo y de la Facta (de hecho en el expediente nos habían denunciado por acompañar a los trabajadores), y luego de casi más de dos años de lucha que no fueron fáciles, en la que nunca se bajaron las banderas, hoy se logra esto", dice Dinani. 

Vale destacar que estas entidades ayudaron a los trabajadores y las trabajadoras en toda la parte legal de la conformación de la cooperativa como así también se brindó todo el asesoramiento y acompañamiento en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) para que puedan obtener su matrícula. Es así que obtuvieron la primera matrícula que hizo la nueva gestión del organismo, en enero de 2016.

La Litoraleña es una empresa autogestionada que fabrica tapas de empanadas y que, tras ser recuperada por sus trabajadores, hoy funciona como cooperativa con alrededor de 80 asociados. 

16.5.2017

Gacetilla de Prensa:

El Cine Teatro Urquiza y el Club Huracán salieron a la cancha en Parque Patricios.

Una imagen que sin lugar a dudas será parte de la historia de Parque de los Patricios. Después de la enorme demostración del poder popular en las plazas de nuestro país, que puso un límite muy concreto al Estado: no a la impunidad, los jugadores de Huracán salieron a la cancha con una camiseta en repudio al 2×1 y la bandera por la recuperación del emblemático Cine Teatro Urquiza.

La voz del Estadio Tomás Adolfo Ducó relataba: "El cine teatro Urquiza fue el orgullo cultural de Parque de los Patricios, y la fuerza de los vecinos pretende que lo vuelva a ser. Recibimos la bandera que reivindica el derecho a recuperar el Cine Teatro, donde hasta el propio Gardel llegó a cantar llevado por Guillermo Barbieri, en una de las tantas noches de gloria. Con nuestro aplauso respaldamos la lucha de los vecinos por esta reivindicación. Recuperemos al Cine Teatro Urquiza".

Huracán acompaña a los vecinos desde el comienzo de esta lucha. Luego de una reunión con las autoridades del club en enero de 2015, donde se habló del barrio y de la importancia que tiene para la comuna 4 y la ciudad, Alejandro Nadur manifestó su compromiso y colaboración a través de la Comisión Directiva del Club Atlético Huracán para todo lo que se necesite y fue así que creímos que éste sería un buen momento para salir a gritarlo en la cancha con los jugadores del globo.

Los vecinos del barrio agotaremos todas las instancias. Presentaremos los proyectos de ley que sean necesarios hasta que el Pro se siente a debatir y a trabajar seriamente por esta causa.

Por otra parte, llegado el momento nos presentaremos ante la Corte Suprema de Justicia. Llevamos cuatro años de lucha y no llegamos a esta instancia para quedarnos sentados esperando, sabemos que estamos en lo cierto.

La Constitución, la UNESCO (Internacional), las leyes de protección patrimonial como la ley 14.800 (Nación), ley 4.104 (Ciudad) o la ley 1.777 (Comunal), son normas que el gobierno no puede ignorar. La voluntad expresa de los vecinos del barrio, de destacados artistas de la cultura o de instituciones como la Comisión Nacional de Monumentos de Lugares y Bienes Históricos, el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires, la Defensoría del Pueblo, la ONG Basta de Demoler, la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico, y F.E.C.O.B.A (Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires) son en parte nuestra apoyatura legal, respaldo y argumentos cuando defendemos al Cine Teatro.

La definición está en manos del PRO:

Por un lado, el Vice Jefe de Gobierno y presidente de la Legislatura Porteña Diego Santilli habla públicamente que está trabajando en el tema del Cine Teatro Urquiza y que es posible su expropiación. Pero luego, en la Legislatura nos encontramos con el bloque del Pro que se resiste a proteger un espacio cultural-patrimonial que puede trascender en el tiempo, ante un frío edificio de oficinas. Un solo bloque que intenta archivar los proyectos de ley para que esto no suceda, apoyándose en un informe falaz del CAAP (Comisión Asesora de Asuntos Patrimoniales) que desestima al edificio. Comisión que fue puesta en duda, entre otros por el CPAU (Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo) por el modo en que califican a un inmueble con valor patrimonial.

Los vecinos creemos fuertemente que el gobierno tiene la obligación de mirar a la sociedad antes de resolver algo. La Constitución garantiza la preservación, recuperación y difusión del patrimonio cultural, cualquiera sea su régimen jurídico y titularidad, la memoria y la historia de la ciudad y sus barrios.

Firma On Line por esta causa en el siguiente LinK: https://www.change.org/elurquiza

sponsable de las redes de trata y es la encargada de reprimir trabajadores y trabajadoras cuando salen a luchar.

Nuestro futuro o su sistema

Este enemigo es gigante, pero si los estudiantes, las mujeres y los trabajadores se organizan, ni un batallón de policías van a poder frenarlos, porque son invencibles.

Son el motor del mundo, los que no quieren un futuro miserable para nuestra vida (ni para la de nadie), los que no van a dejar que entre ni un solo policía a sus colegios, ni van a dejar que amedrenten la organización o que nos prohíban militar. Nuestras vidas valen mucho más que su sistema.