Comunicadores del Sur

19.1.2017

Trabajadores y trabajadoras de la Junta interna de Promoción Social ATE CABA realizaron este mediodía una medida de fuerza en la Estación Primera Junta para volver a denunciar la situación del Hogar Curapaligüe y exigir una respuesta inmediata por parte del Gobierno de Rodríguez Larreta.

El panorama en el hogar ubicado en el barrio de Flores es nefasto: desprendimiento de los techos, cables eléctricos al alcance de los/as niños/as, desborde de los tanques e insectos en la comida. Hace aproximadamente cinco meses sufrieron también reiteradas pérdidas de gas en la cocina del establecimiento, ante lo cual la empresa Metrogas procedió a cortar el suministro, que fue posteriormente restablecido por personal del Gobierno de la Ciudad en forma clandestina. La situación se agrava en tanto el dispositivo presenta un considerable nivel de sobrepoblación, ya que en la actualidad permanecen alojados 47 niños/as, si bien la Ley 2.881 que regula la habilitación y funcionamiento de los establecimientos para el cuidado de niñas, niños y adolescentes, establece que no debería albergar a más de 30. Luego de un simulacro de incendio desarrollado en la institución, Defensa Civil concluyó que en caso de acontecer un siniestro, moriría “al menos” un niño.

Si bien en Noviembre de 2016, luego de varias denuncias e informes presentados desde el sector, el Juzgado Nº20 concedió la medida cautelar solicitada por la Asesoría Tutelar Nº 1 para que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y más específicamente el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat (en la actualidad a cargo de Guadalupe Tagliaferri), realice las reformas infraestructurales necesarias para garantizar la integridad de los niños/as que habitan dicha institución, el edificio continúa a la fecha en estado crítico.

El Curapaligüe es uno de los tres hogares propios de la Dirección de Niñez y Adolescencia del Gobierno porteño, a cargo de Gabriela Francinelli, destinados al alojamiento de niños, niñas y adolescentes privados de cuidados parentales, en el marco de la Ley 114 de Protección Integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes de la Ciudad de Buenos aires. Contradictoriamente, el abandono y desfinanciamiento tanto de este como de los otros dos hogares propios, El Valle y El Vallecito, se traducen en una vulneración cotidiana y sistemática de los derechos de los niños/as y adolescentes a quienes deberían proteger.

En la actualidad el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sostiene convenios con aproximadamente 50 instituciones, algunas de ellas con más de un hogar bajo su órbita, lo cual se traduce en unos 90 dispositivos de alojamiento conveniados. Mientras que alrededor de 800 niños, niñas y adolescentes permanecen institucionalizados tanto en estos como en los previamente mencionados, casi 150 continúan en lista de espera. Es decir, que el mismo Estado que determina la aplicación de una medida de abrigo para garantizar la restitución de sus derechos vulnerados, luego se las niega por falta de recursos.

18.1.2017

El gobierno porteño lo dispuso, tras la fusión de la policía federal y la metropolitana, y por la cual se conformó la "Policía de la Ciudad de Buenos Aires", conformada por 25 mil efectivos.

Andrea López

Ayer martes, mientras la policía reprimía brutalmente a los trabajadores de la gráfica AGR Clarín, que están en lucha por sus puestos de trabajo, se llevaba adelante la disposición de rotar en sus cargos a los jefes de las 54 comisarías, de las 8 circunscripciones de la Ciudad de Buenos Aires.

Los nuevos jefes son: César Gambarte (I), Roxana Corbo (II), Rodolfo Alí (III), Carlos Pereyra (IV), Claudio de Proenca (V), Carlos Quiñones (VI), Ana María Molina (VII) y Roberto Ahmed (VIII).

Según el ministro de Justicia y Seguridad Martín Ocampo, la rotación responde al "comenzar de cero" que busca el Gobierno de la Ciudad con la nueva policía. Desde su Ministerio dijeron que “los que tengan irregularidades serán investigados”, pero que el recambio no se dio por este motivo.

Preparando la unidad y el presupuesto para reprimir

Durante el mes de octubre del año pasado, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, presentó a esta "una nueva fuerza", cuando se producía el traspaso de la Policía Federal a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. Para financiar el costo del traspaso, el Gobierno nacional aumentó por decreto (para variar) los fondos coparticipables para la Ciudad de 1,40% a 3,75%. Este aumento representa $16.747 millones.

El lector quizás se pregunte cuantas obras de infraestructura podrían haberse hecho con semejante cifra para que dejen de inundarse miles de personas todos los años, o cuantas escuelas, hospitales, viviendas populares, refugios para víctimas de violencia de género y sus hijos, entre tantas necesidades urgentes del pueblo trabajador.

Unir fuerzas para reprimir las luchas, criminalizar a los trabajadores, a los inmigrantes y a la juventud

La represión en estos últimos días a los trabajadores de AGR, a los manteros, a los trabajadores estatales, sólo por nombrar algunos casos, demuestran cuál es el rol de la policía y todas las fuerzas de seguridad: reprimir a los que luchan para defender los intereses de las patronales y sus gobiernos. Ni los jubilados se salvaron, reprimidos en el Puente Pueyrredón.

En los últimos meses los casos de gatillo fácil en la Ciudad de Buenos Aires causaron un enorme repudio.

En pocos días fueron asesinados 2 jóvenes en el mes de diciembre, como en el barrio de San Cristóbal cuando un policía de civil le disparó en la cabeza a un joven que estaba con las manos en alto.

Los vecinos y testigos denuncian que en este, como en tantos casos, la Policía montó una escena falsa para cubrir al asesino.

Otro caso fue el del joven trabajador Jonathan, el muchacho de 28 años que murió tras ser impactado por una bala policial. Su padre denunció que "Quisieron tapar todo, pateaban las vainas".

En el último año, las estadísticas indican que una persona es asesinada cada 25 horas por parte de las distintas fuerzas policiales, según el archivo anual elaborado por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).

Como se viene denunciando en La Izquierda Diario, el Gobierno desde que asumió viene intentando avanzar con una política represiva contra las luchas y manifestaciones que se vienen dando contra las políticas de ajuste. En un primer momento crearon el famoso “protocolo antipiquetes”, que no lograron implementar por la fuerza de la movilización.

Ante un panorama económico cada vez menos alentador, vienen buscando reforzar esta política para buscar frenar el descontento que empieza a tener su expresión en las calles.

12.1.2017

Sólo un grupo de trabajadores de la economía popular aceptó la propuesta del Gobierno porteño. Otro sector continúa con el reclamo para mantener la ubicación de sus lugares de trabajo.

El pasado martes 10 de enero las fuerzas de seguridad comenzaron un desalojo y posteriormente reprimieron a trabajadores y trabajadoras de la economía popular en el barrio porteño de Once. A partir del hecho y luego del reclamo de los manteros, el Gobierno de la Ciudad realizó una propuesta que solo fue aceptada por un grupo de trabajadores.

El ministro de Ambiente y Espacio Público porteño, Eduardo Macchiavelli, sostuvo que “es historia pasada” la venta en el espacio público en Once. La propuesta aceptada por una parte de los manteros se trata de un curso de capacitación para los trabajadores censados que durante la cursada percibirán 11.700 abonados por la Cámara de la Mediana Empresa (CAME). Además, Macchiavelli aseguró que el Gobierno pondrá a disposición dos galpones para que puedan vender sus productos.

Otro grupo de trabajadores de la calle Pueyrredón y de la zona de Rivadavia y Junín, continúan con el reclamo. “Nos ofrecen la misma basura que les ofrecieron a todos. El censo es una mentira. Lo manejan todo ellos y no nosotros”, sostuvo Gabriela Olguín, trabajadora de la cooperativa El Adoquín y dirigente de la CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular).

Por su parte, Mohamed, un trabajador de la economía popular, subrayó: “La mayoría de los trabajadores piensa que el Gobierno no quiere dar lo que los trabajadores quieren. Es decir el espacio que tenía. No quieren ir a un galpón u otro lado. Va a estar difícil para solucionar porque el gobierno no quiere ceder.”

12.1.2017

El operativo de la madrugada del martes puso en riesgo los ingresos de casi 2.000 familias, así como también desató una funesta campaña mediática que tildó a los vendedores de inmigrantes ilegales y delincuentes.

Luego de un violento desalojo por parte de la Policía Federal y 36 horas de corte sobre avenida Pueyrredón, el Gobierno de la Ciudad parece estar llegando a un principio de acuerdo con los manteros. La propuesta consistirá en un subsidio de $11.700 a costas de CAME y un curso de capacitación dictado por la misma entidad. Como contrapartida, los manteros deberán censarse e inscribirse como monotributistas para recibir el beneficio, así como también comprometerse a mudar sus puestos a un galpón que se encontraría supuestamente en las inmediaciones de la estación de Once, y también deberán presentar certificados que prueben el origen de la mercadería.

CAME, que nuclea a muchos de los dueños de los locales de Once que denuncian desde hace años la venta en la vía pública, exige condiciones de blanqueo que son discutibles hasta qué punto se aplican en sus propias filas, donde los empleados de los locales muchas veces están en negro, o les pagan por jornada, o donde gran parte de la ropa que comercializan proviene de los llamados talleres clandestinos. Esto generó resistencias de un grupo más reducido de los manteros, que fueron los últimos en levantar la protesta hace pocas horas.

11.1.2017

La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional resolvió reabrir la causa contra Mariano Bonetto por el femicidio de las jóvenes Nuria Couto y Natalia Grebenshikova, asesinadas en una plaza del barrio de La Boca en octubre pasado. La solicitud fue realizada por Anna Rodionova, mamá de Natalia, luego de que la jueza Wilma López sobreseyera a Bonetto tras declararlo inimputable en la causa por homicidio simple.

Los jueces subrogantes Carlos Alberto González Cicciaro y Juan Esteban, firmaron la revocatoria del fallo de la jueza Wilma López que cerró la causa tras declarar inimputable a Mariano Bonetto. López deberá continuar ahora con la investigación. Lo confirmó a La Retaguardia Liliana Borysiuk, abogada de Rodionova: "Se revocó el fallo de primera instancia y sigue el juicio en instancia de instrucción. Estamos satisfechos porque la Cámara nos dio lugar en todas nuestras pretensiones. La fiscalía de Cámara (a cargo del fiscal general Mauricio Viera) también vio lo mismo que nosotros. Es una satisfacción jurídica muy grande porque quedará como precedente para otros casos. La defensa seguramente apelará ante Casación y eso demorará un poco la reapertura de la causa", aseguró la abogada tras la primera lectura del fallo.

Acerca de cuál será la situación de Bonetto ante esta nueva instancia, Borysiuk, oriunda de Rusia como Rodionova, contó:"Nos dijeron que hasta que se resuelva bien el proceso seguiría en el mismo lugar, P.R.I.S.M.A. que es un alojamiento penitenciario para quienes han cometido delitos y tienen problemas psiquiátricos".
La abogada aseguró que intentarán que la causa se tramite como femicidio: "Él (por Bonetto) ya comentaba que odiaba a las mujeres porque una chica lo había dejado y no atacó a varones, atacó a mujeres. Estuvo analizando en la plaza y eligió a las chicas. Esto no es homicidio simple, es femicidio", aseveró.

El miércoles 4 de enero por la mañana se había realizado una audiencia en la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional en el que Anna Rodionova pidió la reapertura de la causa por la muerte de su hija Natalia Grebenshikova y su amiga Nuria Couto. Esta mañana finalmente decidió en favor de la reapertura de la investigación.

El 11 de octubre pasado Nuria Couto y Natalia Grebenshicova estaban con amigos y compañeros en el Parque Irala del barrio porteño de La Boca. Natalia tenía 15 años y continuaba estudiando en la Escuela Superior de Arte "Manuel Belgrano”, mientras que Nuria, de 18, ya había egresado pero trabajaba en la librería del colegio. Ambas fueron atacadas y acuchilladas por el veterinario Mariano Alejandro Benetto a plena luz del día. Por las heridas, Nuria falleció el 5 de noviembre y Natalia el 24.

El 14 de diciembre pasado, apenas dos meses después del hecho, la jueza de instrucción Wilma López declaró inimputable y sobreseído a Bonetto al considerar que no comprendió la criminalidad de sus actos. Sin embargo, dictaminó que debía ser internado durante 25 años en el área de salud mental de la cárcel de Ezeiza. Esta medida también fue apelada por la defensa del acusado. “Ellos apelaron contra la decisión de la jueza que le dijo como medida de prevención la internación durante 25 años. Para el abogado de Bonetto eso significa una condena”, explicó.

Tras la presentación ante la Cámara, en la que estuvo acompañada por amigos y compañeros del colegio de su hija, además de sus padres, Rodionova también había agradecido el apoyo: “todos apoyando nuestro reclamo, los padres del Belgrano siempre presentes, como los chicos, quiero agradecer mucho a los chicos también, que están siempre conmigo”; Anna se mostró esperanzada respecto a la decisión de los integrantes de la Sala IV: “estoy con mucha esperanza que van a dar camino a nuestra apelación y van a permitir investigar el caso, entonces podremos presentar a todos los testigos que tenemos, se van a ampliar las pericias y todo lo que significa investigar el caso de nuevo”.

El fallo va en consonancia con el pedido de la mamá de Natalia, que había dicho antes de la resolución: “para mí, Bonetto tiene que ir a juicio, sea loco, enfermo mental, normal o no, tiene que ir a juicio público y oral, no puede ser que por decisión de una sola jueza quede sobreseído. Lo que yo pido por lo menos es que se investigue bien, no como hasta ahora”.

Bonetto deberá afrontar la investigación. Los familiares y conocidos de Natalia y Nuria pueden sentir algo de alivio y satisfacción, en medio del peor dolor.