Comunicadores del Sur

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Movilización a la Casa de Salta en Buenos Aires

7.2.2017

Este miércoles 8 de febrero, a las 12, se realizará una movilización a la Casa de la provincia de Salta en la Ciudad de Buenos Aires para exigir la libertad de 7 trabajadores detenidos injustamente en Tartagal, falsamente acusados, luego de la represión policial y de Gendarmería ocurrida el 31 de enero pasado. En forma simultánea, se realizará una marcha desde Cuña Muerta hacia el juzgado de Tartagal.

El corte fue llevado adelante por un grupo de trabajadores desocupados que protestaban en la ruta 34 en Cuña Muerta a la espera del diálogo con el gobierno. Reclamaban que se les pague lo adeudado por la provincia ante trabajos realizados por cooperativas, y que el gobierno de Urtubey cumpla con las promesas que realizó al pueblo de Tartagal para resolver problemas laborales y de pobreza.
Sin diálogo, las fuerzas de seguridad avanzaron en la represión. Los manifestantes se retiraron mientras eran perseguidos. Hubo balas de goma, gases y palos. La policía persiguió a los manifestantes incluso metiéndose ilegalmente en casas de la zona donde detuvieron a compañeros sin orden legal.
Se encuentran detenidos en la Comisaría 42 de Tartagal Arián Rodas, Santo Galarza, Alejandro Fernández, Néstor Segundo, Gabriel Cuellar, Cristian Sosa, Horacio Carrizo.

Tres años de la tragedia: “Iron Mountain tiene un historial de incendios intencionales”

6.2.2017

Entrevista a Jorge Gaggero (hijo), director del documental "Lo que el fuego nos dejó". "Detrás del lavado de dinero hay muertes", aseguró. 

Por Enrique de la Calle

 

APU: ¿Por qué le interesaba realizar un documental sobre Iron Mountain?

Jorge Gaggero (hijo): Mi interesó contar una historia que diera cuenta de todas las aristas detrás del incendio de Iron Mountain. Detrás del incendio está la historia del lavado de dinero. Son temas muy oscuros.

 

APU: ¿Qué es Iron Mountain?

JG: Iron Mountain es una firma que se crea en la guerra fría (en 1951). Compraron una mina abandonada para plantar hongos. Después, terminan desarrollando otro negocio, que tenía que ver con resguardar obras de arte y documentación. Empezó a operar con los principales grandes bancos. Es una firma que factura millones de dólares y tiene galpones en muchos lugares del mundo. Se dedica a guardar información y también a destruirla…

 

APU: ¿Ya tenía antecedentes de incendios?

JG: Tiene un historial de incendios en varios lugares del mundo: en New Jersey, en Canadá, en Italia, en Londres. Esos incendios fueron intencionales, según demostró la Justicia. En todos esos casos no hubo víctimas fatales, a diferencia de la Argentina. En esos casos hay pericias que demostraron que fueron incendios provocados. Detrás de la historia del lavado de dinero también hay muertes.

 

APU: ¿Qué empresas guardaban su documentación en Iron Mountain?

JG: Hay muchas empresas, de las cuales varias estaban siendo investigadas por lavado. El caso principal es el banco HSBC. Esa documentación podría complicar judicialmente a HSBC. Ahora no lo vamos a saber.

 

APU: ¿Qué expectativas tiene con el documental?

JG: Que se conozca esta historia, que no pase como un tema más. El otro día se cumplieron tres años y no había nadie del poder político en el acto que recordó una tragedia donde murieron servidores públicos. Es muy impactante eso. Nadie fue a contener a las familias que perdieron a sus seres más cercanos. Es muy grave como sociedad.

 

APU: ¿Cuál es el rol que desempeñó Gómez Centurión?

JG: Está íntimamente relacionado con la tragedia en el sentido de que es una persona que tenía la responsabilidad de hacer cumplir las normas de seguridad de las empresas de la Ciudad de Buenos Aires. Él debía controlar eso.

“El gobierno llegó con el discurso de respetar las instituciones y desde el día 1 quiso designar a dos jueces por decreto”

6.2.2017

Así lo afirmó Gonzalo Martínez Salum, Secretario General de Sitraju MPF, Seccional 1. El dirigente gremial cuestionó el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad impulsado por el macrismo y defendió la medida de los gremios de realizar un paro judicial el viernes 3 de febrero pasado.

Por Boris Katunaric

 

APU: El último viernes los trabajadores de SITRAJU Nación – CTA (junto a otros sindicatos) hicieron paro por el traslado de la Justicia Nacional a la Ciudad ¿Cómo es el conflicto?

 

Gonzalo Martínez Salum: Hicimos un paro a nivel nacional y quedamos realmente conformes. Porque hubo un alto acatamiento por parte de los trabajadores judiciales.  El paro tuvo la particularidad de que por primera vez en la historia los magistrados, jueces y fiscales, también decidieron parar sus actividades y dirigirse hacia el palacio de Tribunales. Se trata de una reacción ante la transferencia de la Justicia a la Ciudad. El 19 de enero, en plena feria judicial se firmó un convenio entre el Gobierno de la Nación y el Gobierno de CABA para traspasar la justicia. 

 

APU: ¿Cómo se plantea el traslado?

 

GS: En primer lugar el convenio no se hizo público. Lo que estamos diciendo nosotros como entidad sindical se basa en algunos borradores. Ninguno pudo ver cuál es el verdadero convenio que se firmó.  Esto se da con un contexto: en el mes de diciembre ya veníamos teniendo conversaciones con el gobierno y habíamos dicho que, a la vuelta de la feria, se sienten todos los sectores para discutir el tema. Lógicamente esto produce mucho enojo.

El tema del convenio es que detrás de consignas de celeridad y eficacia para la justicia (algo que entendemos que la gente exige con razón) hay un intento de intervención del Gobierno. Los primeros juzgados y fiscalías que pasarían serían las vacantes. Esto quiere decir que una vez hecho el traspaso a la ciudad el Gobierno actual sería el que elige esos fiscales y jueces. Otra cuestión es que no pasarían los delitos en una primera instancia, pasarían algunos, pero si te ponés a leer cuáles serían estarían incluidos se encuentran malversación, abuso de autoridad, tráfico de influencias, todos los que tienen que ver con la administración pública. Esto es una forma de cubrirse con impunidad. 

 

APU ¿Hay molestia entre los trabajadores?

 

GS:  El enojo de los judiciales también es porque parece que nos consideran como un bien mueble. La patronal un día te dice “ahora vos pasas a la ciudad, vas trabajar en vez de seis, siete horas, la escala salarial es distinta”. Esperemos que este paro haya servido para que gobierno reflexione y nos llamen a conversar para poder llevar una agenda en común.

Es un gobierno que llegó con el discurso de respetar las instituciones y desde el día uno quiso designar dos jueces por decreto. Posteriormente quisieron cambiar la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal para desguazarlo y quitar áreas como la UFEM o ATAJO.

Y esto va más allá de los empleados judiciales. Al Gobierno parece interesarle pasar en primera instancia el fuero laboral y el fuero penal. Imagínate si el fuero laboral llega a caer en manos de fiscales designados por este gobierno. La intención es de flexibilizar las condiciones de trabajo. 

 

APU: ¿Después de este paro cómo siguen?

 

GS: El martes vamos a estar realizando una asamblea a nivel país y veremos qué dicen los compañeros. La realidad es que hasta que no se siente el gobierno a conversar, hasta no mostrar el convenio, vamos a seguir tomando medidas de fuerza. 

Mahlersación, los centros culturales hoy

4.2.2017

Emergencia, crisis, agonía, desolación, abandono, destrato, autoritarismo son apenas algunos adjetivos que encajan con el vínculo de los espacios independientes, autogestivos o cooperativos que promueven al arte y la cultura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ayer Lopérfido, hoy Ángel Mahler. En este artículo algunos datos de la situación actual de los centros culturales.

Por Agustín Pisani

 

El maltrato es sostenido y el objetivo sigue siendo destruir o dejar en agonía la producción artística y cultural que escape al criterio gubernamental. Pititto Mahler se quedó corto en su respuesta y accionar frente al reclamo de organizaciones como Cultura Unida argumentando que necesitaba tiempo para empaparse del tema. El verticalista “te la debo” se derrama desde Macri hasta cada uno de sus funcionarios. Toda esta opresión no podría ser posible sin su agente indispensable: la Agencia Gubernamental de Control (AGC). Eslabón que también tuvo cambios, pero solo de nombres.

Cambiemos premió a su ex titular Matías Álvarez Dorrego (quien no perdió su cargo pos Time Warp) ya que será jefe de gabinete de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Germán Garavano. Entonces ahora el titular de la AGC es Ricardo Pedace, quien fuera subjefe de la Policía Metropolitana en 2013 (año de la represión en el Borda). Pedace tampoco da gestos ni pareciera tener intención de trabajar a favor de la cultura y el arte independiente y autogestivo.

Alejandro Falcone, de Vuela el pez sobre las inspecciones comentó: “Si bien es cierto que en el verano baja notablemente nuestra actividad también, llamativamente, se intensifican muchísimo las inspecciones por parte de la Agencia Gubernamental de Control. El pasado sábado 21 a la madrugada lo sufrimos en carne propia cuando inspectores de la AGC clausuraron Vuela el Pez de manera completamente arbitraria e ilegal, por no tener un patovica en la puerta. La clausura completamente ilegítima nos llevó, en virtud de las trabas y tiempos burocráticos, a estar 6 días parados.”

Matías Mozer de Boddah Club reflexiona al respecto: “La mayoría de los inspectores (por no decir todos) o desconocen la nueva ley (dicen desconocerla, pero en verdad no les creo) o la ¨modifican¨ a su antojo al momento de la inspección. Todo el tiempo piden cosas que la ley expresamente dice que no tienen que pedir. Esto conlleva a clausuras injustas con su contraparte de multas y días sin abrir” y agregó “Ahora nos están pidiendo una multa de 240 mil pesos, la cual para un espacio cultural es impagable, todo porque en una inspección habían 30 personas bailando. La ley claramente dice que los centros culturales pueden realizar la actividad de baile siempre y cuando ésta no sea la programación principal. Ante esta realidad muchos espacios prefieren mantenerse en el anonimato y realizar sus actividades a ¨puertas cerradas¨.”

Ana María Vasquez Duplat, si bien nota que Multiespacio Pasco a fuerza de constancia y trabajo está en mejores condiciones que otros, deja muy en evidencia la coyuntura actual: “Creemos que el Pro en la Ciudad ha consolidado una política de arte y cultura elitista y excluyente que genera un impacto muy fuerte en los centros culturales independientes. Los procesos de habilitación con múltiples trabas burocráticas, la no reglamentación de la Ley de Centros Culturales y las sistemáticas y arbitrarias clausuras de espacios como el nuestro, son una amenaza constante que impide que podamos desarrollarnos libremente y crecer. El GCBA sabe que los centros culturales autogestivos son espacios donde, además de ofrecer acceso al arte, esparcimiento y formación artística, también se construyen acciones políticas, pensamiento crítico y se cultiva lo público como la forma de hacer y de construir. Un gobierno proclive a la mercantilización y privatización de la vida siempre buscará los mecanismos para cerrar nuestras puertas y aunque eso afecta directamente nuestro sostenimiento, nos fortalece en lo colectivo para seguir dando la pelea”.

Resistencia es una actitud común que han tomado nuestros espacios para subsistir en un territorio muy hostil. Incluso el Centro Cultural Matienzo, en palabras de Juan Aranovich, afirma que: “Estamos viviendo una época de lo más hostil en los últimos tiempos”. Juan agrega: “Venimos de un aumento en los servicios de entre 500% y un 300%, aumento en los costos de insumos en alrededor de 40%, una baja en el consumo cultural enorme y sumado a todo esto, el Ministerio de Cultura de la ciudad para el 2017 ha decidido reducir los montos destinados para la cultura independiente”.

Matías Mozer destaca que “Los centros culturales normalmente son gestionados por los mismos artistas, que en esta coyuntura pierden muchísimo tiempo de creación no sólo por lo cuesta arriba que se hace mantener un negocio dentro de la nueva realidad económica, sino también por la cantidad de esfuerzo que significa presentarse a reclamar por las actas que muchas veces se hacen sin sentido. Nosotros tenemos multas por las luces del arbolito de navidad que fueron marcadas como Cables expuestos. Vamos… son luces de navidad, ¿Me explico?”.

En respuesta, los centros y espacios culturales necesitan organizarse en entidades como MECA (Movimiento de Espacios Culturales y Artísticos) entre otros, porque son gruesos los intereses por cerrar o trabar las actividades autogestivas e independientes. Claudio Gorenman, abogado cultural, clarifica al respecto: “MECA es una organización de creación, contención y resistencia. Especialmente en los últimos tiempos, la situación de clausuras sistemáticas, la lucha por una ley habilitatoria, el tarifazo y la disputa por fondos públicos han sido las banderas de MECA. Eso genera visibilidad e influye en la agenda política. Para los espacios que integramos MECA, muchas veces la organización se transforma en el lugar donde encontramos compañeros, gente que ya atravesó situaciones difíciles y que puede acompañar los procesos de consolidación de proyectos culturales que tienen como base la independencia, la autogestión y la cooperación”.

Alejandro Falcone deVuela el Pez, que integra también el MECA sintetiza esta situación de alerta comunitaria: “Hoy junto con el resto de la cultura nos encontramos en estado de alerta: los constantes tarifazos (ahora se han anunciado nuevas subas, seguimos luchando por una tarifa cultural), las clausuras arbitrarias, la falta de agilización en la implementación de la Ley de Centros Culturales establecen un escenario complicado para nuestros espacios, que luchan por subsistir. Lo cierto es que las políticas culturales actuales en vez de favorecer estos espacios que abrigan distintas formas de expresión artística, nos ponen palos en la rueda, favoreciendo a aquellos locales y grupos económicos que entienden a la cultura como un negocio y no como un derecho”.

Es evidente el interés por derribar nuestras posibilidades de expresarnos e intentar transformar la realidad. Ya lo dijo Cristina: “Es la política, pavotes”, porque estos espacios implican per se diversidad, ambición de crítica y poetización de la realidad. Estos espacios son el motor para pensar cómo queremos transformar la realidad y eso es imperdonable en tiempos de hegemonías reaccionarias. Es precisa y devastadora la visión de Ana María Vásquez Duplat: “El Multiespacio Pasco no solamente es un espacio para la cultura y el arte sino que es el lugar de encuentro, debate y acción del Partido Social de la Ciudad, la Corriente Crítico Feminista La Ría, la organización social Colectivo por la Igualdad, el Centro de Estudios y Acción por la Igualdad y el Grupo de Trabajo Hacia el Buen Vivir. Si las condiciones son desfavorables, todas estas iniciativas perderían su lugar de confluencia y trabajo”. Además señaló Ana María: “Es más fácil tener un boliche que un centro cultural autogestivo.”

Andy Fiorino, gestor cultural alternativo asevera: “Muchos de los espacios alternativos son espacios de contención ya que es donde va la gente a distraerse, compartir e interactuar. Al mismo tiempo son espacios sumamente creativos donde compartir el conocimiento. Todos sirven efectivamente para crear un nexo entre ambas cosas y así dejar generar aquello que a todos nos identifica por más distinto que sea. La cultura. Es importante el hecho de que al mismo tiempo es una gran fuente de trabajo que alimenta a la gente intelectualmente”.

Pero la cultura no puede desaparecer, cuanto más fuerte es la opresión del sistema oficial, más conciencia de unión y resistencia artística y cultural. Según Alejandro Falcone: “Esta suma de factores motiva que prevalezcan justamente aquellos espacios que sólo ven en la cultura, en los espectáculos artísticos, una manera más de hacer negocios, priorizando el dinero por sobre el contenido y entendiendo que sólo debe contenerse a aquello que genere plata. Esta forma de construcción vacía completamente la cultura (entendida como la identidad del pueblo), al promover valores que alientan al exitismo y al individualismo, dejando de lado la diversidad.”

El próximo 11 de febrero se realizará el festival: #LaCulturaNoSeClausura. Será en Julián Álvarez y Córdoba el sábado 11 de febrero de 19 a 22 hs. Van a tocar Tinkunakuy, Tawa, Lastronauta y Tsunami. La cultura no se clausura.

CABA: un policía sin identificación golpeó a un joven ante el repudio de los vecinos

30.1.2017

El efectivo de la Federal golpeó a un joven por una denuncia de intento de robo en la vía pública. Nuevo caso de violencia institucional. 

 

El 29 de enero por la noche, efectivos de la policía federal detuvieron a un joven en la avenida Corrientes al 1671 por una denuncia por intento de robo. Un oficial, sin chapa que lo identifique, rompió la mochila de Maximiliano Pérez buscando lo robado. Al no encontrar evidencias, arrojó a Pérez contra un local de la avenida y lo golpeó varias veces hasta que los transeúntes del lugar intervinieron en la situación.

Ante los gritos de los presentes que le pedían al policía que dejara de golpearlo, el resto de los agentes justificó lo ocurrido por una denuncia de robo, sin que se presentaran en el lugar los denunciantes o aparecieran las supuestas pertenencias robadas.

Ante los reclamos de los presentes, indignados con el accionar policial, se hicieron presentes 3 patrulleros de la policía de la Ciudad junto al sargento a cargo Villagra, quien finalmente obligó al oficial, llamado Rivera, a colocarse la chapa identificadora.

Maximiliano Pérez fue trasladado a la comisaría N°5 de CABA. El acta de detención fue firmada como: “atentado y resistencia a la autoridad”, omitiendo la denuncia original por intento de robo. Quedó a cargo del Juzgado Correccional Número 6, a cargo del director Alejandro Citvasck y del secretario Carlos Fox.

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