Comunicadores del Sur

9.4.2017

Un grupo de 500 docentes, nucleados en CTERA, fueron reprimidos por la Policía de la Ciudad mientras instalaban "una escuela itinerante" frente al Congreso. Los trabajadores de la educación fueron golpeados por la fuerza de seguridad, que además arremetió contra la manifestación pacífica utilizando palos policiales. Al momento se encuentran detenidos dos docentes en la comisaría que tiene la Policía Metropolitana en Parque Patricios. La orden fue dada por el ejecutivo nacional.

Los docentes se encontraban desarrollando una protesta frente al Congreso, para reclamar al gobierno de Mauricio Macri que convoque a una paritaria nacional del sector, tal como lo ordenó la justicia el viernes último; y que se cumpla con la Ley de Financiamiento Educativo.

Mariano Denegri (UTE) habló en el lugar de los hechos: “Estábamos pacíficamente intentando armar una escuela itinerante frente al Congreso para denunciar la no convocatoria de la paritaria nacional y el incumplimiento de la ley y la policía reprimió. Nos tiraron gas pimienta y nos pegaron con palos.”

Además, el secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), Roberto Baradel, declaró que "un país donde el gobierno y la policía le pega a los maestros y a los profesores, es un país que no tiene futuro. Nosotros defendemos la educación pública y los defendemos a ustedes también porque son ciudadanos como nosotros y seguramente muchos de sus hijos van a la escuela pública. Tienen a los maestros y a los profesores atrás, no van a levantar ni un solo dedo para agredirlos a ustedes, pero no puede ser que hayan tirado gas pimienta y hayan reprimido de esa manera, así no se construye la patria. ¿Les están dando órdenes?, la obediencia debida en este país se terminó hace mucho tiempo. No pueden llevar adelante este tipo de acciones

8.4.2017

El proyecto legislativo del presidente Mauricio Macri y el ministro de Justicia, Germán Garavano, no avanza por la presión de los sindicatos judiciales.

El proyecto legislativo del macrismo, impulsado por el Ministro de Justicia, Germán Garavano, para traspasar la Justicia Nacional a la de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se encuentra paralizado en el Congreso de la Nación. El oficialismo logró que el proyecto fuera aprobado en la Legislatura Porteña, pero necesita también ratificarse en el Congreso, una tarea que a Cambiemos se le empieza a complicar.

El Gobierno se encontró, no solamente una resistencia activa por parte de históricos sectores conservadores como la Asociación de Magistrados, que comunicó "su más enfático rechazo a esa decisión, que viola la Constitución Nacional y vulnera los derechos laborales adquiridos por secretarios, funcionarios y empleados de todos los estamentos del Poder Judicial y los Ministerios Públicos de la Nación." También se le sumaron sindicatos de judiciales que resistieron el paquete legislativo del macrismo. El Secretario General del Sindicato de Trabajadores Judiciales CTA (Sitraju Nación CTA) Agustín Bruera, el Secretario General de la Seccional 1 (MPF) CTA Gonzalo Martínez Salum y el Secretario Gremial de Sitraju Nación CTA, Demetrio Iramain, participaron de una serie de reuniones con diputados nacionales para intercambiar perspectivas y expresar su repudio al proyecto oficialista. Los dirigentes sindicales participaron en encuentros con los diputados nacionales del Frente para la Victoria Carlos Castagneto y Héctor Recalde. Además, se reunieron con los diputados Lucila De Ponti y Leonardo Grosso del bloque Peronismo para la Victoria y Horacio Alonso del Frente Renovador. Según explicaron los judiciales “durante el encuentro coincidieron con nuestros representantes en las razones del rechazo al traspaso de la Justicia nacional a la CABA, y se comprometieron a realizar acciones conjuntas para concientizar a los legisladores de los demás bloques de la oposición respecto de la gravedad institucional y el avasallamiento que conlleva el proyecto oficial.”

Por su parte, la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), conducida por el Secretario General Julio Piumato, también expuso una visión de oposición al traspaso de la Justicia y participó en “una extensa ronda de diálogo con referentes de las distintas fuerzas políticas que deben decidir sobre el traspaso de la justicia Nacional a la CABA.” En ese marco los dirigentes de la UEJN fueron recibidos por los diputados nacionales Sergio Massa, Graciela Camaño y Horacio Alonso del Frente Renovador.  Además, desde la Unión afirmaron que además “hemos conversado con referentes de otros bloques como la Diputada María Emilia Soria del FPV, quien también trasmitió su oposición a la transferencia postura que comparte con el resto del bloque.”

La facilidad del macrismo para lograr consenso sobre la reforma judicial en la legislatura porteña pareciera no extenderse al Congreso de la Nación, donde la presión de las distintas fuerzas sindicales junto a otros actores de la Justicia Federal como funcionarios y empleados empieza hacer efecto sobre los legisladores. El proyecto para trasladar a la Justicia Nacional a la esfera de la Ciudad, donde el macrismo tiene casi un control absoluto, empieza a quebrarse.

6.4.2017

El jefe de Estado se mostró satisfecho con los operativos, aunque desea una Policía de la Ciudad más comprometida con garantizar la libre circulación

Por Martín Dinatale

El Gobierno mostró como un éxito el operativo de seguridad que se realizó este jueves en las calles para asegurar la libre circulación de los trabajadores en medio del paro. Mauricio Macri pudo exhibir por primera vez coordinación entre las fuerzas de seguridad nacional y la Policía de la Ciudad con un solo objetivo: mostrar mayor dureza para evitar la amenaza de los piquetes.

Así lo evaluó esta tarde el propio Presidente en una reunión que mantuvo con la ministra de Seguridad,Patricia Bullrich. Según pudo saber Infobae, Macri se mostró satisfecho por el accionar de la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura. Pero también extendió ese mensaje al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien hasta ahora sus fuerzas de seguridad se habían mostrado reticente a intervenir en los cortes de calle.

La respuesta estuvo a la vista: un desalojo con seis detenidos y cuatro heridos en la Panamericana, realizado por las fuerzas nacionales, y la intervención de la policía porteña en la avenida Callao y Corrientes, que dejó un manifestante detenido. El resto de los cortes fueron controlados con otras estrategias.

“Hubo un comportamiento de las fuerzas de seguridad entre la Nación y la Ciudad que habrá que ir ajustando, pero que mejoró mucho visto desde afuera“, sintetizó un funcionario del gobierno luego de varias reuniones en las que participó con el Presidente.

En este “ajuste de coordinación de tareas” que analizó la ministra Bullrich con Macri, se habló de la necesidad de tener una policía de la ciudad de Buenos Aires más comprometida con desalojar las calles aunque sea por la fuerza. Esto no se vio en la Avenida 9 de Julio, donde hubo cortes, pero sí en la intersección de Corrientes y Callao.

Para el objetivo mayor de Macri, que era mostrar una Argentina sin caos, sobre todo ante la presencia de más de 1000 empresarios que vinieron al Foro Económico Mundial, quedó resuelta la meta con el accionar en Panamericana y en el piquete porteño. También se destacó el dominio de la situación por parte de las fuerzas de seguridad en el Puente Pueyrredón, en el Puente de la Noria, en Autopista Oeste, en la autopista La Plata y en los accesos de Constituyentes y General Paz.

Bullrich estuvo desde las 5 en el centro de Operaciones del Ministerio de Seguridad y envió a su segundo, Eugenio Burzaco, a la Panamericana para controlar in situ el operativo. Allí fue donde se concentró el mayor operativo para desplazar los piquetes y garantizar la libre circulación. La causa judicial quedó radicada en el juzgado de Sandra Arroyo Salgado, que el Gobierno quiere llevar “hasta las últimas consecuencias”. Tiene videos e imágenes de manifestantes con palos, a los que pedirá identificar e investigar.

A su vez, Bullrich y el equipo de Rodríguez Larreta mantuvieron un diálogo permanente durante toda la jornada para coordinar tareas. Esto es algo que antes no ocurría y que se mostró como un avance desde la Casa Rosada. Para ello tuvo mucho que ver la decisión de Macri de exigirle al jefe de gobierno porteño mayor dureza y un acompañamiento con el accionar de la Nación.

“Acá mostramos que hay un país que entendió que con el uso de la fuerza no va a llegar a ningún lado y que estamos dispuestos a asegurarle a los trabajadores la libre circulación”, dijo un encumbrado funcionario del Gobierno a Infobae.

Desde la Ciudad también hubo coincidencias en que se trabajó más unificadamente con el accionar de la Nación a diferencia de otros cortes de calle. Claro que la estrategia de Rodríguez Larreta sigue siendo la del diálogo más extensivo con los manifestantes, en comparación con Nación. “Son protestas y piqueteros diferentes. En Panamericana había más dureza entre los manifestantes y la reacción fue diferente“, se justificaron en su entorno.

5.4.2017

por Mariana Escalada & Agustín Ronconi

El Padre Paco del Grupo de Curas Opción por los Pobres y Párroco de la Isla Maciel, denunció que hoy durante la madrugada, la policía entró en la Isla Maciel y realizó un brutal allanamiento en el que golpearon a una menor de edad y al retirarse la dejaron esposada en el lugar.

El ingreso de la policía tuvo lugar durante la madrugada, Sheila, con apenas 16 años, explica que fue testigo de cómo la policía le plantó droga y “fierros” a su papá en el procedimiento, por lo que comenzó a gritar por ayuda. En ese momento una policía mujer la esposó y le dijo que si seguía gritando la iba a llevar detenida. Al culminar el procedimiento los uniformados la dejaron esposada.

La menor en evidente estado de shock, habló con el “Gato” Sylvestre, aún con las esposas puestas, y explicó que la misma policía que la esposó junto a otros dos uniformados la golpearon en la cara y cuerpo, pero la gran preocupación de Sheila es poder ver a su padre.

El ENORME Padre Paco, el alma de la Isla Maciel y la voz de los nadies cuyos derechos son pisoteados a diario por las fuerzas policiales, fue quien denunció la situación y quien apenas enterado del hecho, recibió a Sheila en la Iglesia.

“En el barrio todos sabemos quién vende y quién no vende” explicó el Padre Paco, “suele ser una práctica común de la policía el plantar pruebas cuando tienen algo para sacar, y también es común hacer los allanamientos con violencia. Pero esto ya supera los excesos, y el accionar de la policía con Sheila no corresponde bajo ningún aspecto”.

El allanamiento tuvo lugar en 4 casas, pegadas una al lado de la otra amplió el cura, quien conoce al padre de la criatura esposada y dio testimonio de que es un hombre trabajador. El Padre tomó cartas en el asunto y será quien acompañe a la menor y su tía a la justicia para resolver cuanto antes esta situación.

Este hecho de violencia policial se suma al ocurrido el viernes pasado en el merendero “cartoneritos” de Lanus que ayer hizo temblar a Lanús cuando 15.000 vecinos marcharon contra la violencia institucional de la policía de Grindetti y Kravetz.

4.4.2017

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó analizar la denuncia del Observatorio de DDHH de la Ciudad (ODH) presentado en agosto del 2016, ante la utilización de las armas eléctricas tipo Taser X26.

La petición contaba con el acompañamiento de gran cantidad de instituciones y organizaciones de Derechos Humanos, como Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz – SERPAJ), Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Miguel Ángel Estrella (Presidente de Fundación Música Esperanza y Embajador de la Buena Voluntad UNESCO), APDH, HIJOS, Myriam Bregman (CEPRODH), entre otros.

Mediante una carta con la firma del secretario ejecutivo del Tribunal, Paulo Abrão, la CIDH acaba de notificar: "La denuncia ha sido registrada bajo el número P-1712-16 Adolfo Pérez Esquivel y otros (…) La denuncia se encuentra bajo estudio conforme a las normas reglamentarias vigentes".
Respecto a la denuncia presentada, desde el ODH manifestaron: “Los cuestionamientos a las armas eléctricas Taser en nuestro país, comenzó en 2010 cuando desde el ODH junto con la Agrupación HIJOS iniciamos una acción de amparo al enterarnos que la Ciudad de Buenos Aires había decidido comprar este tipo de armamento para la Policía Metropolitana.
En el amparo se demostraba que las Taser implicaban un elemento de tortura y se denunciaba la existencia de gran cantidad de antecedentes a nivel mundial. Ponía en evidencia la ‘letalidad’ de esas armas que ya provocaron varias muertes de personas que padecían diversas afecciones, como enfermedades cardíacas, trastornos psiquiátricos, o incluso niños y mujeres embarazadas.
Allí se señaló que organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y Amnistía Internacional alertaban sobre su uso y exhortaban a los distintos Estados a discontinuar con el equipamiento de las fuerzas de seguridad con estas armas, en tanto consisten en ‘elementos de tortura’.
Logramos dos fallos favorables en primera y segunda instancia. Sin embargo, en 2015 el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad decidió rechazar el amparo por cuestiones estrictamente de índole procesal.
Esta decisión fue recurrida por este Observatorio de Derechos Humanos ante la CSJN. En marzo de 2016 los jueces supremos Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda decidieron no analizar el caso, lo declararon ‘inadmisible’ y autorizaron a los policías metropolitanos a salir a la calles con las pistolas eléctricas en la cintura.
Agotadas las instancias en el ámbito nacional, el ODH decidió presentar la denuncia ante la Comisión Interamericana porque se considera que configura una clara violación al deber por parte del Estado Argentino de prevenir la tortura.
De esa manera, esperamos que la Comisión Interamericana adopte la resolución adecuada del caso y obligue a nuestro país a prohibir la utilización de las neopicanas Taser por parte de las fuerzas de seguridad locales”.
En este sentido, desde el ODH alertaron respecto a la información que se conoció en los últimos días que señala que el Poder Ejecutivo pretende proveer con Taser a la "fuerza de paz" que la Argentina comparte con Chile llamada "Cruz del Sur".