Comunicadores del Sur

2.5.2017

Los agentes de la Metropolitana serán juzgados por haber disparado con balas de plomo contra dos comunicadores.

El 13 de marzo del 2013, cuando la Sala Alberdi del Centro Cultural General San Martín fue violentamente desalojada por efectivos policiales, el ahora presidente Mauricio Macri era Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Tanto Macri como el entonces ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, fueron señalados por la brutal represión de la Policía Metropolitana contra estudiantes y artistas que mantenían una protesta en el centro cultural.

En el marco de la violencia desatada por la fuerza de seguridad, los efectivos utilizaron gases lacrimógenos, balas de goma y plomo. Por estos hechos serán juzgados los efectivos policiales de la Metropolitana de la DOEM, (División de Operaciones Especiales Metropolitanas) : Miguel Antonio Ledesma, Gabriel Pereira de la Rosa y Maximiliano Nelson Acosta. Finalmente, los días 10, 12 y 15 de mayo de 2017 se realizará el juicio a los agentes por haber disparado con balas de plomo contra Germán Darío de los Santos (del colectivo DTL!),  Esteban Ruffa (fotógrafo de la Agencia de Noticias ANRed) y a un manifestante.

Según destacó la querella, los agentes imputados utilizaron durante el hecho de violencia institucional sus armas largas reglamentarias de la fuerza: escopetas Mossberg calibre 12/70, que coinciden, tal como lo detallan las pericias médicas, con las heridas recibidas por las víctimas.

Además, explicaron que "la suspensión del juicio el año pasado fue una maniobra judicial dilatoria que demuestra, por un lado, la intención explícita del tribunal de no querer juzgar a los policías del actual Presidente y, por el otro, la apuesta a que este año estemos juzgando a policías de una fuerza que ya no existe. De esta manera, el Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta tiene la oportunidad de presentar a la Policía de la Ciudad como una nueva fuerza ´limpia´ y sin antecedentes. Nosotros denunciamos que de ´nueva´ no tiene nada: es una fuerza conformada por uniformados provenientes del traspaso de la Policía Federal a la ciudad e integrantes de la Policía Metropolitana. Esa es la importancia que tiene el juicio en el contexto actual."

2.5.2017

Los hinchas de Deportivo Español están preocupados por el futuro de su club. Durante los últimos años han perdido tierras pertenecientes a su predio y ahora denuncian que el gobierno de CABA intenta sacarle las siete hectáreas que le quedan para construir la Universidad de la Policía de la Ciudad. Por Alan Mansilla

La Corporación Del Sur compró las tierras, cuando la institución atravesó una gran crisis hace 15 años, y le cedió ocho predios al Ministerio de Justicia para que se lo dé a la Policía Metropolitana, y los siete terrenos restantes se los alquiló al club con opciones de adquirirlos nuevamente en un futuro. Pero ahora sus dueños ya dijeron que el año que viene construirán la Universidad de la Policía de la Ciudad, dejando de esta forma en la calle a cientos de chicos que se acercan al club para crecer en los ámbitos deportivos y para acobijarse dentro de ésta institución que los incluye y los contiene socialmente.

El presidente de la peña Unidos por Español, Omar González, ha pasado toda su vida en el club, su abuelo y su padre fueron parte de los primeros españoles que pusieron manos a la obra en la institución allá por el año 1959, cuando arribaron gran parte de los inmigrantes gallegos. Ante los problemas que atraviesa la institución, González señaló que los socios “no quieren sentir más pérdidas”, y que no se va a quedar “de brazos cruzados”.

El conflicto tuvo su pico más alto en el año 2003, luego de la crisis más grande de la historia de nuestro país, que no fue ajena a la institución roja y amarilla y la golpeó tan fuerte que la dejó con sus puertas cerradas durante tres años y con el predio completamente abandonado, convertido en un baldío, lleno de basura y animales. “Ver al club que construyeron nuestros antepasados con tanto esfuerzo, y donde pasé gran parte de mi infancia, en ese estado fue muy doloroso”, comentó Omar.

En el 2007 las tierras fueron rematadas y adquiridas por la Corporación Del Sur quién en aquella ocasión le ganó la apuesta a otras dos empresas. En aquel entonces los nuevos propietarios firmaron un acuerdo con el Club Español, donde le posibilitaban a la institución una futura recuperación de los terrenos. Ésta firma implicaba que la institución use siete hectáreas del predio por diez años, con la posibilidad de renovar el contrato por otra década cuando se cumpla el mismo. Además de éste trato, la Corporación Del Sur le cedió ocho predios al Ministerio de Justicia porteño, quién los utilizó para la policía metropolitana.

Los diez años de contrato se cumplirán el año que viene y los hinchas saben que se les viene una negociación complicada. El presidente de la peña sostuvo que “en 2018 habría que renovar el contrato con acuerdo de ambas partes”, pero que, “más allá que Español quiere hacerlo, intentan hacer la Universidad para la policía”.

“La corporación había ofrecido en un principio darle al club, cuatro canchas de césped sintético profesionales con pileta y vestuarios a cambio de no renovar el contrato, pero ahora solo ofrece dos canchas y que no son de medidas profesionales”,aseguró Omar González.

Los hinchas del conjunto gallego no quieren atravesar lo que pasaron otras instituciones y es por eso que buscan una ayuda ante esta situación pero consideran que “la negociación es muy injusta”, ya que los dueños del terreno tienen un claro plan de favorecer a las obras que pretende implementar el Gobierno de Rodríguez Larreta.

Durante el transcurso de estos días el club recibirá una oferta la cual, según Omar, están “dispuestos a escuchar”, siempre y cuando “posibilite alguna reacción para recuperar los terrenos”. Mientras tanto los socios seguirán la lucha, levantando las banderas del deporte como herramienta fundamental para la inclusión social.

28.4.2017

CEPA      

"La gente tiene razón. En la Capital Federal,

 que es el epicentro de los piquetes, le he dicho (a Rodríguez Larreta)

que los ciudadanos en 2017 esperan un comportamiento distinto

del Gobierno de la Ciudad, esperan un límite distinto".

Mauricio Macri, 30/12/2016

Desde principios de marzo de 2017 a la fecha, la conflictividad a nivel nacional y particularmente en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires ha ido incrementándose con diferentes metodologías de protesta, primando aquellas con participación en la vía pública, como los paros con movilización, las concentraciones en las puertas de instituciones/organismos, los cortes de ruta y calles y las ollas populares.

Según los datos que se recaban mensualmente desde el Observatorio de Conflictividad Socio-Laboral de CEPA, los conflictos en el primer trimestre de 2017 (que para el mes de marzo ascendieron a 2 por día) concentraron sus motivos en reclamos por despidos, readecuación salarial, cumplimiento de acuerdos, condiciones de trabajo y quejas por atrasos en los pagos.

El eje del abordaje planteado por el Gobierno Nacional y local por los reclamos desarrollados en la Ciudad de Buenos Aires, no se ha centrado en resolver las problemáticas que originan el reclamo sino en encontrar el mecanismo para que tales demandas, sencillamente, no lleguen a las calles de la Ciudad. Uno de esos mecanismos ha sido la represión recurriendo a las fuerzas de seguridad. Una de las conclusiones del presente informe reside en que en el primer trimestre de 2017 se registran un 133% más de casos de conflictos con represión, en comparación con igual trimestre de 2016.

En este sentido, se ha observado desde inicios de 2017 una profundización en la estrategia “ejemplificadora” del gobierno con los trabajadores en su conjunto pero en particular se ha manifestado en el conflicto docente como caso testigo. La represión policial a los docentes en la plaza de los Dos Congresos para evitar la instalación de la “Escuela itinerante” se suma a la premeditada estigmatización de un sector gremial representado en el ataque a Roberto Baradel, Secretario General de SUTEBA, los descuentos por los paros realizados, el adicional para los docentes que no adhirieron al paro y las amenazas con multar y quitar la personería gremial. Todo ello en el marco de sostener una prácticamente idéntica oferta –respecto de la original-, la cual impide recuperar el poder adquisitivo perdido en 2016.

La estrategia del gobierno en el ámbito laboral se podría resumir, en el “trazo grueso”, en las oleadas de despidos a lo largo de 2016 y con continuidad en el pasado trimestre y en la cristalización, en 2017, de la caída del salario real sustanciada el año previo. El complemento es la “sintonía fina” flexibilizadora en 2017, donde juega un rol central el acuerdo firmado con el sector petrolero en Vaca Muerta, que el gobierno pretende extender a la industria automotriz (Macri estuvo en Córdoba anunciándolo), a la construcción, textil y calzado entre los principales sectores.

Centro de Economía Política Argentina (CEPA)

Descargar documento adjunto: el_lado_b_del_modelo.pdf(935.71 KB)

27.4.2017

En la sesión de hoy, Marcelo Ramal, legislador porteño por el Frente de Izquierda, pidió la interpelación en el recinto del ministro de seguridad Martín Ocampo. El pedido se relaciona con la detención del jefe de la policía porteña, y la investigación en curso a cargo del fiscal Campagnoli.

“La cuestión planteada es si estamos solamente ante una investigación penal o, por el contrario, asistimos a una crisis política. Nosotros pensamos que se trata de una crisis política, por eso pedimos un debate en regla y en una sesión. Se ha confirmado por completo lo que señaló el bloque del FIT cuando se votó la creación de la nueva policía: asistimos a un intento de rescate de la vieja y sospechada Federal,  con su trayectoria de represión y sus vínculos con el delito organizado”.

“Pero el debate no puede limitarse a la función policial: hay que debatir el orden social en la Ciudad. Un Estado orientado a servir a los banqueros, a la especulación inmobiliaria y al gran capital debe necesariamente cumplir una función represiva contra los trabajadores y vecinos.  La corrupción es la prebenda inevitable que ese Estado le facilita a su cuerpo de represión, para asociarlo a sus intereses. En definitiva, esta es la policía que reprimió a los docentes, a las mujeres que manifestaron el 8 de marzo y que es protagonista de hostigamientos permanentes a los jóvenes”. 

Ramal informó que insistirá en su pedido de interpelación, rechazado en el recinto, y que bregará por una sesión especial para discutir la crisis policial.