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La Fiscalía solicitó que se fije la fecha del juicio contra el policía que le disparó a Lucas Cabello

14.5.2017

La fiscal Mónica Cuñarro solicitó que se acelere la elevación a juicio oral y, junto con la querella, solicitó la inclusión de nuevas pruebas y testimonios.

La Fiscalía General ante los Tribunales Orales Criminales Correccionales Nº1 solicitó que se fije una fecha este año para el juicio oral de la causa por el intento de homicidio de Lucas Cabello. El joven recibió tres disparos por parte del agente de la Policía Metropolitana, Ricardo Ayala, el 9 de noviembre de 2015 en el barrio de La Boca. El oficial está libre.

Además, junto con la fiscal Cuñarro, la querella (familia, abogados y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre) solicitó medidas de instrucción suplementaria como una prueba pericial de tipo criminalística, médico legista, planimétrica y química a la Gendarmería Nacional. También se solicitó incorporar 11 nuevas declaraciones testimoniales.

Actualmente, Ayala se encuentra libre e imputado por “homicidio agravado por el abuso de la función de miembro integrante de una fuerza policial, en grado de tentativa”. 

 

El caso

 

El 9 de noviembre de 2015 cerca de las 15 horas, Lucas Cabello se encontraba junto a su hija de dos años y su mujer, Camila. Volvía de comprar sándwiches en una panadería cercana a su casa cuando el agente de la Metropolitana, Ricardo Ayala, le disparó en tres oportunidades.  

Lucas sufrió lesiones graves que lo dejaron en una situación delicada de salud. Sin embargo, el 15 de marzo de 2016 pudo dar su testimonio en la causa y en el pedido de elevación a juicio los fiscales citaron su declaración: “Lucas escuchó un paso fuerte y al darse vuelta nuevamente, vio que el policía le apuntaba a la cabeza con su arma reglamentaria, por lo que atinó a correrse un poquito para atrás y ahí sintió el primer disparo, que le rozó la pera y le entró por el cuello”.

Además, en una carta Lucas señaló: “Me resulta increíble cómo un hecho provocado por un agente de la Metropolitana puede ser peritado por la misma Policía Metropolitana que lo cobija y no por una fuerza que pueda, al menos en teoría, obrar con mayor objetividad. ¡Fue esa Policía la que montó un cerco humano alrededor de mi casa, para sacarlo a Ayala! No lo taparon, para detenerlo. Lo taparon, para llevárselo”.

“Querían hacer el juicio cuando la Metropolitana ya no existiera”

14.5.2017

El miércoles comenzó el juicio oral contra tres agentes de la Policía Metropolitana que dispararon balas de plomo en pleno centro de la capital en 2013 durante la represión a la Asamblea de la Sala Alberdi y que hirieron a tres personas, dos de ellos periodistas que cubrían el hecho. Están acusados de homicidio en grado de tentativa calificado por su condición de integrantes de una fuerza de seguridad. Actualmente los tres forman parte de la Policía de la Ciudad, aunque no cumplen funciones. Por Javier Borelli

 

Apenas tenía 20 minutos el 14 de marzo de 2013 cuando desde dos formaciones de policías de la Metropolitana dispararon contra los jóvenes que habían mantenido un acampe en el hall de ingreso al Centro Cultural San Martín para evitar el vaciamiento del espacio artístico. Las balas de plomo impactaron contra dos periodistas que fotografiaban la represión sobre la Avenida Corrientes a la altura de la intersección con Paraná. A Germán Darío de los Santos, fotógrafo de DTL! Comunicación Popular, la bala de plomo le entró por la cara externa del muslo y le salió por el otro lado. A Esteban Ruffa, fotógrafo de ANRed, se le incrustó en la tibia, donde aún permanece alojada por el riesgo que significa tratar de sacarla. El único proyectil que se recuperó fue extraído de la pierna de Mario Fumaroni, que participaba del acampe.Se trataba de una posta de plomo de calibre compatible con las escopetas usadas por la Metropolitana.

Las principales pruebas que sirvieron para documentar lo sucedido fueron provistas por la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) que cubrieron la represión. Cuatro cámaras distintas muestran los fogonazos del momento de los disparos. Dos "cámaras domo" más del Gobierno de la Ciudad ubicadas sobre la Avenida Corrientes ratificaron lo ya señalado por la querella y una pericia de gendarmería permitió identificar a los responsables que, a pesar de ello, negaron todo en su indagatoria.

"En los videos también se advierte que después de que se producen los disparos que gendarmería reconoce, uno de los policías patea algo hacia un fueguito y otro se agacha a recoger algo. Lo mismo que vimos en el puente Pueyrredon cuando juntaban las postas de plomo", analiza María del Carmen Verdú, abogada de los comunicadores populares y referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).

Verdú recuerda que las municiones usadas son las mismas empleadas en el Parque Indoamericano por la Metropolitana en diciembre de 2012, donde también había actuado uno de los procesados, Gabriel Heriberto Pereira de la Rosa. Precisamente este oficial estuvo a cargo del reaprovisionamiento de las armas en la represión la madrugada sobre la calle Corrientes. Además, en un allanamiento a su casa realizado en 2014 se encontró un verdadero arsenal: casi cuatro mil cartuchos de bala de distintos calibres (entre ellas las postas de escopetas Mossberg 12/70 usadas en ambas represiones).

Los tres acusados integraban la División de Operaciones Especiales Metropolitanas(DOEM), cuerpo especializado en tareas de alta complejidad, pero provenían de otras fuerzas. Miguel Antonio Ledesma y De La Rosa habían pasado por la Federal; mientras que Nelson Maximiliano Acosta formó parte de la Bonaerense. "El tribunal oral había fijado fecha para noviembre de 2016 pero horas antes lo suspendieron por ’problemas de agenda’ y se postergó hasta ahora. Nuestra interpretación es que querían que el juicio contra la Metropolitana se haga cuando ya no existiera la fuerza", explicá Verdú. "Todo el tiempo nos meten el cuento de la nueva fuerza, pero es la suma o división de las anteriores.Y nunca hay normativa
para tirar libremente, pero es lo que sucede”. Mañana terminarán las exposiciones y llegará el turno de los alegatos.

 

Nueva fuerza, viejos vicios

 

El jefe de la Dirección General de Conducción Operativa de la Federal durante la represión a la Sala Alberdi era Guillermo Calviño. La querella entonces lo imputó junto con el comisario Pedro Carnero por "incumplimiento de los deberes de funcionario público en calidad de coautores" ya que, a pesar de estar en conocimiento de los heridos con balas de plomo (tal como consta en las comunicaciones de la Federal incorporadas a la causa), no adoptaron ninguna medida al respecto. Calviño está involucrado en la investigación que se le sigue a José Potocar, su segundo entonces, por el cobro de coimas. Además está acusado de encubrir a barras de Boca y de liberar la zona de la redacción de Tiempo durante el ataque de la patota en julio de 2016. En febrero último Martín Ocampo, ministro de Justicia y Seguridad porteño, lo designó como superintendente de la Policía de la Ciudad con fecha retroactiva al 1 de enero. Carnero, por su parte, hoy dirige la Dirección General de Comisarías de la Policía de la Ciudad.

“El operativo de represión e impunidad de Macri y sus socios se encuentra en una completa crisis”

13.5.2017

Marcelo Ramal visitó la villa 21-24 y se refirió al 2×1, Arribas y Potocar

El legislador Marcelo Ramal (PO), precandidato a Diputado Nacional por el Frente de Izquierda, recorrió la Villa 21-24 junto Gabriel Solano, precandidato a legislador porteño. También estuvo presente Amanda Martín, dirigente docente de Ademys y precandidata a legisladora. Los acompañaron vecinos y jóvenes que recientemente fundaron el Polo Obrero del barrio y luego abrieron un nuevo local del Partido Obrero.

La recorrida comenzó en el camino de sirga, donde los vecinos que deben ser reubicados reclaman una vivienda digna en el propio barrio. Ramal denunció que "por el contrario los primeros reubicados fueron llevados a barrios alejados y se le otorgaron viviendas en monoblocks mal construidos. Las obras en el camino fueron paralizadas y los predios se han convertido en un basural".

El cierre de la actividad se realizó en el local del Partido Obrero con una charla con los vecinos presentes, muchos de los cuales denunciaron la escalada represiva de la Policía de la Ciudad y la Prefectura. Marcelo Ramal afirmó que “el operativo de represión e impunidad del macrismo se encuentra en una completa crisis. El 2×1 para los genocidas, que fue redactado en los despachos de Macri y Carrió, fue golpeado por la movilización popular. Arribas, el jefe de los espías e íntimo de Macri, protagoniza un escándalo de corrupción en el caso Odebrecht. Y finalmente el jefe de la nueva policía de Macri y Rodríguez Larreta votada por los legisladores de Lousteau y el kirchnerismo se encuentra preso por corrupción y acaba de renunciar. Lo mismo pasa en la provincia de Buenos Aires con la bonaerense de Vidal. Es a este gobierno de corrupción e impunidad al que salen al rescate Carrió y Ocaña con sus candidaturas. Pero también Lousteau que reclama a gritos ser incluido en la interna de Cambiemos".

Ramal finalmente llamó a reforzar la lucha por el juicio político a la Corte del 2×1 y a una gran campaña por la vivienda digna, la educación pública y los derechos de la mujer trabajadora junto al Frente de Izquierda.

Nora Cortiñas en la segunda audiencia de los baleados en la Sala Alberdi

13.5.2017

El viernes 12 de mayo comenzó la segunda audiencia en el juicio que imputa a tres policías de la Metropolitana por herir con armas de fuego a tres personas, dos comunicadores de la RNMA – uno de ellos fotógrafo de esta agencia – y el tercero, un joven de una biblioteca popular. Se hicieron presentes en la audiencia para solidarizarse Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora), Pablo Pimentel (APDH La Matanza), y Susana Ancarola (Encuentro Memoria Verdad y Justicia-EMVyJ), entre otros/as. “Queremos toda la justicia y queremos toda la verdad, y además queremos que se cumplan los sueños de nuestros hijos, que era la justicia social: que en este país no hubiera hambre, no hubiera persecución política ni ideológica. Es por eso que estoy acá y en la Plaza, adonde hay que ir”, remarcó Norita.

 

Desde las 10 se llevó adelante la segunda audiencia contra la policía que diseñó el actual Presidente Mauricio Macri (Jefe de Gobierno porteño en 2013). Se retomó la declaración de testigos por parte de la querella, que habían quedado pendientes en la primer audiencia del miércoles pasado, luego de haberse negado a continuar su declaración los tres efectivos imputados. Aquella vez sí lo hicieron los damnificados Germán de los Santos, Esteban Ruffa y Martín Fumaroni, quienes exhibieron videos sincronizados de diferentes cámaras, donde se observó los disparos que partieron de una columna policial.

En esta segunda convocatoria se acercaron para solidarizarse Nora Cortiñas, referenta de Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, el referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza, Pablo Pimentel, y Susana Ancarola del Encuentro Memoria Verdad y Justicia, entre otros/as.

La gravedad del crimen, al dispararle con armas mortales a manifestantes, y particularmente a comunicadores populares que cumplían sus funciones de cobertura periodística, proyectó la causa a una escala nacional. El miércoles pasado se iniciaba la audiencia cuando todavía estaba en vigencia el escandaloso fallo de la Corte Suprema de Justicia que otorga el beneficio del 2×1 a culpables de crímenes de lesa humanidad, aunque esa misma noche el propio gobierno mandaba un proyecto a la Cámara baja para volver sobre sus pasos y anular la decisión judicial. También esa tarde se movilizaron medio millón de personas para terminar con las dudas.

“Queremos que se cumplan los sueños de nuestros hijos que era la justicia social: que en este país no hubiera hambre, no hubiera persecución política ni ideológica. Es por eso que estoy acá, y en la Plaza, adonde hay que ir”.

Nora Cortiñas se refirió a los recientes hechos sobre el fallo de la Corte y explicó por qué había asistido en solidaridad con los baleados por la policía Metropolitana: “Ellos tienen odio contra el pueblo, nosotros no odiamos, nosotros consideramos que la lucha debe seguir hasta que se logren todos los objetivos, que se abran todos los archivos, que nos digan que paso con cada uno de los detenidos desaparecidos y toda la justicia. No se puede perdonar los crímenes horrendos que se cometieron y acá no hubo guerra sucia, acá hubo ejército de ocupación al pueblo, acá no hubo teoría de los dos demonios, acá hubo un pueblo de lucha y la muestra más grande fueron los 30 mil detenidos-desaparecidos y los más de 10.000 presos políticos, todos torturados, miles de personas se tuvieron que ir al exilio para salvar su vida. Entonces queremos toda la justicia y queremos toda la verdad, y además queremos que se cumplan los sueños de nuestros hijos que era la justicia social: que en este país no hubiera hambre, no hubiera persecución política ni ideológica. Es por eso que estoy acá, y en la Plaza, adonde hay que ir. Todos los jueves desde hace 40 años.”

 

“Acá tiene que haber un fallo ejemplar”

 

Luego, Pablo Pimentel manifestó sus primeras impresiones en esta segunda audiencia del juicio: “Acostumbrado a los juicios que se hace contra la policía de Buenos Aires. Tuvo una actitud corporativa cuando taxativamente dijo que estaban prohibidas las balas de plomo. Por eso va a ser muy importante que se revea esta grabación y este audio porque este señor dijo que se tiraron las dos balas (y desconocía el reglamento que prohibía el uso de armas de fuego en estas manifestaciones). Estuvo muy bien María del Carmen (Verdú) que se lo hizo saber: ahí hubo otra contradicción”.

En cuanto a las expectativas que le genera el juicio, expresó: “Espero que sean contundentes, y que allá de un fallo condenatorio y ejemplar, que también sea un mensaje para el macrismo de que los conflictos sociales, las reivindicaciones del pueblo no se resuelven con represión, menos con balas de plomo y sobre todo estamos hablando de alguien que reprimió en el Parque Indoamericano, y si esto coincide acá tiene que haber un fallo ejemplar”.

Renunció José Potocar, el jefe de la Policía PRO detenido por coimero

12.5.2017

Procesado y detenido en una causa por coimas organizadas desde comisarías porteñas, quien fuera presentado por Rodríguez Larreta como un ejemplo policial finalmente dejó su cargo.

El detenido comisario José Pedro Potocar, acusado de liderar una banda de policías coimeros, renunció hoy a la jefatura de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, después de que la Cámara del Crimen porteña rechazó su pedido de excarcelación.

El Ministerio de Justicia y Seguridad porteño informó oficialmente sobre la dimisión y dijo que “el Gobierno le aceptó la renuncia”. “La conducción de la Policía de la Ciudad continuará bajo la responsabilidad de la Secretaría de Seguridad, a cargo de Marcelo D’Alessandro”, agregaron desde la cartera porteña.

La renuncia se dio luego de que los camaristas Mariano Scotto y Mauro Divito, de la Sala 7 de la Cámara del Crimen, no hicieran lugar al pedido de la defensa de Potocar para que el policía fuera excarcelado y de que el fiscal ante la Cámara, Mauricio Viera, recomendara mantenerlo detenido ya que habría “serio riesgo de elusión” e incluso posibilidades serias de “amedrentamiento y hostigamiento” a testigos.

El oficial está arrestado desde hace casi dos semanas y fue procesado como jefe de una asociación ilícita que cobraba dinero ilegalmente a comercios, vecinos y cuidadores de autos en la calle, principalmente en los barrios de Núñez y Saavedra.

De esta manera, el primer jefe de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, creada el año pasado por el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta luego de la fusión entre la Metropolitana y parte de la Federal, deja su cargo y se retira por la puerta menos honorable: las rejas.

Obviamente el pedido de coimas y la extorsión a la población no es algo que sólo hacían Potocar y sus subordinados ni mucho menos es patrimonio de la flamante Policía de la Ciudad. Es más, lo sorprendente en este caso es que hayan caído presos un puñado de uniformados que durante años contaron con la protección política de sus superiores políticos y sus amigos judiciales, sean éstos del signo partidario que sean.

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