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Juicio por Kiki y Ezequiel – Día 1 – Crónica en retazos (a pesar de todo)

13.6.2017

Hoy continuará el juicio contra el policía Daniel Santiago Veyga acusado por los asesinatos de Jonatan Kiki Lezcano y Ezequiel Blanco, ocurridos el 8 de julio de 2009. El martes pasado comenzó el debate oral que no fue público, ya que el Tribunal Oral Criminal Nº16 prohibió el ingreso de la prensa, salvo para tomar fotografías. Sin prensa no hay garantía de que un juicio sea público. De todos modos, intentamos armar la crónica que hubiésemos escrito si hubiéramos podido presenciar, pero lo hicimos a través del relato de Vanesa Orieta en el programa de Familiares y Amigos de Luciano Arruga y en la entrevista de La Retaguardia a Matías Busso, abogado de las familias. Por La Retaguardia


Sin prensa no es público

 

"Esta es la mirada de un familiar que va a acompañar en este caso a los familiares de Kiki Lezcano y Ezequiel Blanco. Teniendo en cuenta que ya hemos participado de otros juicios, no cambia la actitud y la relación que tienen los jueces con los familiares que denuncian la represión por parte de los gobiernos constitucionales. En primer lugar, estábamos en una sala muy chica cuando la familia había solicitado una cantidad de asientos para que pudieran estar los familiares, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, periodistas. El trato es el mismo que en otros casos. Una sala muy chiquita. Fuimos pocos los que pudimos ingresar para acompañar a la familia. Pasó una tanda de periodistas que tomaron fotografías pero no pudieron quedarse en un juicio que era oral y público". La primera que nos ayuda a realizar esta crónica es Vanesa Orieta, la hermana de Luciano Arruga. Aclara rápidamente que es una familiar que va a acompañar a otras familias, pero preocupada por el silencio que implica un juicio sin prensa, al día siguiente asumirá -una vez más- el rol de contar. Lo hizo participando del programa Desde Afuera, que Familiares y Amigos de Luciano Arruga realizan desde el estudio de Radio La Retaguardia.

Lo que relata Orieta lo vivimos porque fuimos parte de ese primer grupo que entró solo a tomar las fotos que ilustran esta nota. Sin embargo, lo peor ocurrió después de un cuarto intermedio, cuando ingresó una segunda tanda de periodistas. Y como ya no estábamos, recurrimos otra vez a su relato: "Entró una nueva tanda de periodistas y los jueces se pusieron bastante nerviosos. Empezaron a levantar el tono de voz y les gritaron a los periodistas que habían ingresado para tomarle fotos al imputado. Los jueces dijeron que eso no estaba permitido, pidieron que sea revisada una de las cámaras de una de las fotógrafas. A todos nos metieron dentro de esa sesión diciéndonos que la hacíamos entre todos y todos estábamos obligados a que el orden se mantuviera. Uno mucho no puede decir porque no puede sumarle a la familia más nerviosismo pero podría sumar que si todos estamos para garantizar que esto funcione bien, la justicia debería haber garantizado primero que pudieran ingresar todos los que quedaron afuera y también los periodistas. Es bien importante que los medios puedan registrar las caras de los jueces que participan, del imputado y de los presentes. Es un juicio que se cerró en una primera etapa sin ser investigado el hecho, quedando sobreseído el policía Veyga y sin poder la familia obtener la justicia que necesitaba. Por este impulso de organización, de lucha de la familia y los amigos, de los abogados que se sumaron y del anterior, Juan Manuel Combi, que solidariamente se puso a disposición para que pudieran avanzar quienes hoy llevan la causa. Se pudo lograr que se reabriera la causa y que se impulsara este nuevo proceso de juicio. Ahora hay un policía responsabilizado por las muertes de los dos chicos que es Santiago Veyga", contó Orieta.

El abogado de las familias de Kiki Lezcano y Ezequiel Blanco, Matías Busso, también opinó acerca de la ausencia de prensa: "Es lamentable que no haya habido prensa. Nosotros advertimos al tribunal hace unos meses de que se tenía que encontrar una sala acorde a la importancia del juicio. Se ve que a los tribunales y jueces les incomoda hacer su trabajo de cara al pueblo y al público, por eso eligen esos reductos. Me dijeron que era un problema administrativo. Antes de entrar solicité lo mismo, les dije que les advertí, que mucha gente se iba a quedar afuera. Lo que ocurrió ayer en ese sentido es grave. El impedimento de lo oral y público puede acarrear la nulidad del debate entero, pero la elección que hicimos de seguir en el debate con estas condiciones fue por la decisión de la familia y no pedir la suspensión. Estábamos en todo el derecho de pedir la suspensión hasta que nos garantizaran una sala acorde al interés que surge de la causa. Hay un tema recurrente con esta causa, es que los jueces y fiscales no quieren hacerse cargo de darle la dimensión e importancia que tiene y quieren que pase inadvertida. Hace un mes cambiaron de fiscal como si fuera una causa más. Son reiterados en ese sentido. La actitud de los jueces siempre es la misma, porque en secreto se pueden hacer mucho mejor las cosas. Nosotros queremos que los jueces den respuestas sobre lo que pasa y en esa lucha estamos", expresó Busso. En esta reconstrucción que encaramos, vaya a saber cuántas cosas Orieta no habrá podido registrar, o cuántas frases textuales que rescataríamos, hoy no podemos utilizar. En un medio como La Retaguardia, que propicia la herramienta comunicacional en manos de los actores y actrices sociales, solemos pensar que nuestro rol en instancias tan fuertes para las familias como un juicio tan difícil de conseguir, es justamente poder observar desde un lugar que, por más implicados que estemos en la noticia, no llega nunca al nivel de conmoción que puedan sentir quienes han pasado por esas situaciones. Mañana habrá que ver si podemos ingresar, aunque los jueces no accedieron a cambiar la sala. Un juicio que solo pueden contar las partes, no termina de ser público.

Los testimonios

 

La Orieta familiar-cronista sigue su relato: "Fue una primera audiencia cargada de emoción porque declararon Angélica, mamá de Kiki, y la hermana de Ezequiel Blanco. Fueron dos testimonios impactantes, conmovedores. Las dos estaban con mucha firmeza, actitud, manifestaron perfectamente bien todo lo que quisieron. Quedó claro que se trató de un accionar tremendamente arbitrario por parte de este oficial de la Policía Federal y también declararon una serie de policías. Como venimos observando en todos los juicios, no dicen nada porque la actitud corporativa hace que entre ellos se defiendan y encubran en esta lógica represiva", contó la hermana de Luciano.

Busso explicó por qué la mamá de Kiki declaró primero y coincidió con el grado emotivo que marcó la jornada:"Angélica Urquiza fue la primera que declaró después de que Veyga se haya negado. Pedimos que ella vaya primero porque, al ser querellante, declarar le iba a permitir presenciar el resto del debate. Tanto el relato de ella como de la hermana de Ezequiel son muy emotivos en el sentido de poder dimensionar el dolor que han generado. Primero Veyga, luego Cubas, el juez de primera instancia que tuvo dos meses a los chicos desaparecidos. El dolor que generaron esos policías dejando morir a su hijo. Un testigo es un medio de prueba. El valor probatorio que tenían sus testimonios es la posibilidad de comprender estas muertes. No es para nada reparador, pero ellas necesitaban esa declaración, que las escuchen. Fue un momento muy emotivo". Consultado respecto al trato que la defensa dio a las familias durante las preguntas, Busso dijo: "El trato de la defensa para con ellas no fue desmedido, me pareció que no fue provocativo. Obviamente hicieron su trabajo, obviamente es desacreditar alguna versión pero mantuvieron respeto. Su línea es incriminar a los chicos y plantear la legítima defensa. Nosotros tenemos el trabajo doble que es defender a los chicos e imputar a Veyga las dos muertes y que se logre una condena ejemplificadora".

 

El video clave

 

Uno de los momentos clave de este juicio sucedió en la primera audiencia. Fue el momento en que se proyectó el video en el que se ve a los policías gozar la situación (al menos el que grabó las imágenes con su teléfono celular). Kiki todavía estaba vivo, y lejos de ayudarlo, se alegraban con lo que pronto sería su muerte. Sobre ese tramo Orieta dijo: "Tuvimos la oportunidad de poder ver el video que en algún momento circuló con anterioridad a este juicio donde se veía a Jonatan Lezcano y Ezequiel Blanco. Blanco está muerto en el asiento trasero en el auto de Veyga y Kiki está en el asiento delantero con sus últimos impulsos de vida. Alrededor unas voces que insultaban a los pibes, que gozaban de esa situación de muerte de dos chicos. Una de las preguntas que se hizo muchas veces durante la audiencia es qué pasó con las ambulancias, cuánto tardaron en llegar. Evidentemente no llegaron a tiempo. Si llegaron lo hicieron muy tarde", expresó. Rápidamente tomó el rol más natural, el que le sale sin más, el de familiar: "La Justicia debería tener absoluto cuidado con relación a la madre. En el momento en que se estaba proyectando el video que veíamos todos, Angélica también estaba en la sala de audiencia y se quebró, era imposible no quebrarse, uno de a momentos giraba la cabeza para no ver la agonía de Kiki. Hay mil cosas que se pasan por la cabeza, pero no tener la atención para que esta madre no vuelva a sufrir esta situación no era tan importante como con los policías, que había un ofuscamiento por parte de los jueces que no querían proyectarles el video a los policías que pasaban a declarar. La idea era que escuchen las voces para ver si las reconocen, quizás van a decir que no las reconocen, que no es la de ninguno de ellos. Que miren el video, esa es la prueba que nunca debería haber aparecido en este proceso. Es la prueba que legitima la denuncia de toda la familia y demuestra cómo no sólo fusilaron a los pibes de una forma cruel y tremenda sino cómo se burlaron de los pibes mientras uno de ellos agonizaba y el otro estaba sin vida. Después de insultarlos, les decían ’ahora corré’. Ese video es una prueba fundamental de que a estos pibes los habían fusilado adentro de un auto y había sido un policía de la Federal. Se intentó luego limpiar la escena del crimen tratando de desaparecer estos cuerpos. Si estas madre y hermana no se movilizaban, aceleraban los tiempos, buscaban un abogado que las acompañara, no sé cuál hubiese sido el destino de estos dos pibes. Es una causa en la que más que dar las explicaciones la justicia las tendría que dar Veyga".

Busso por su parte dejó algunas dudas acerca de cuál de los efectivos filmó el hecho: "No estamos seguros de que el video que registra la agonía de Kiki haya sido filmado por Veyga. Sí sabemos que es un efectivo de la fuerza (la Policía Federal), lo cual lo hace más grave. Gozaron la agonía". Pero para el abogado ese fue el primer eslabón de una causa en la que la justicia intentó proteger al acusado: "Todo lo que hicieron después no pareciera haber evolucionado con mucha seriedad. El sumario estuvo doce días en la misma comisaría. Las pruebas de las que nos dicen y lo que se demostró en la audiencia es que la mayoría de las cosas que plantean fueron armadas para que cuaje con la versión de Veyga. Él declaró durante la instrucción, en primera instancia con Cubas presentó una manifestación espontánea sin que pudieran intervenir los querellantes. La identificación de los chicos es algo que compromete al juez Cubas, que debería explicar por qué hizo lo que hizo, teniéndolos dos meses y medio desaparecidos, por qué no informó a las familias. Es una irregularidad tras otra que nos hace pensar que todo es parte de lo mismo. Se convalidó un accionar policial totalmente irregular, además. La falta de información sobre los cuerpos tiene que ver con la intención de que las familias no intervengan en el proceso. Todos estos chanchullos que hace, si vas a tribunales de Comodoro Py hay un olor a podrido que no se aguanta. Quieren hacer todo de espaldas a las víctimas. Hacen y deshacen como quieren. Incluso al primer abogado, Juan Manuel Combi, le rechazan la apelación por extemporánea, cuando lo que hacía la familia era buscarlo con vida. Veyga nunca estuvo detenido y bastó con una manifestación espontánea para dar por sentado que la versión correspondía. Fue una vergüenza el procedimiento que hizo Cubas, por eso mismo no quiso avisar a las familias porque lo que quería era cerrar la causa. Enterró como NN a dos personas. Blanco tenía prontuario, así que no tienen razón para no identificarlo. Se entiende la visión corporativa de la policía, pero no que un juez lo convalide", indicó Busso.

 

Es por Kiki y también por Ezequiel

 

Es sabido que alrededor de esta causa hubo una leona al frente: Angélica Urquiza, la mamá de Kiki. En esos recortes tantas veces injustos que hacemos los periodistas, se nos escapa hablar de la causa de Kiki. Sin embargo poco se sabe de Ezequiel Blanco, la otra víctima de Veyga. Lo retoma Orieta: "otra cosa que sobrevoló en el aire en la audiencia y quedó un poco a la sombra de Kiki Lezcano, que es el caso de Blanco. Poco sabemos de cuál fue su historia. Los jueces indagaban la amistad de Blanco y Lezcano. Todas las preguntas circulaban en torno a cómo era esta amistad, ya que Blanco era más grande que Lezcano, si la mamá de Kiki estaba conforme, si la hermana de Ezequiel sabía en qué andaba su hermano, por qué había sido detenido. Ezequiel Blanco estuvo ocho años preso, desde los 18, y cuando salió disfrutó de su libertad tres meses. Lo único que puedo decir en relación a esto es que nos detengamos en este dato. Es un pibe que salió de estar privado de su libertad y a los tres meses fue asesinado. Varios de nosotros hablamos en reiteradas oportunidades de cuál es la condición de un preso al que las fuerzas de seguridad lo empujan a reiterar situaciones que con anterioridad los llevó al encierro. Hay que empezar a indagar fuertemente ahí. Los jueces quieren criminalizar la figura de Blanco y Lezcano. Es una justicia que intenta meternos la mano en el bolsillo y criminalizar la vida de nuestros pibes para no poder acceder a la justicia". Orieta también fue dura con la justicia: "Hay algo de esta casta de jueces asquerosos que no vamos a poder cambiar y cada vez que llegamos a estos juicios nos vamos con mucha bronca y un gran odio por estos jueces que lo único que hacen es cagarles la vida a los familiares y someterlos a estados de suma tristeza y en definitiva no saber si realmente la familia va a acceder a la justicia que necesita. Lo único que tenemos en nuestras manos es presionar para que esto ocurra. Pero nos quitan esa posibilidad cuando impiden que los periodistas entren a tomar nota de lo que está pasando allí adentro. Se nos hace cada vez más difícil. Tenemos que posicionarnos diferente y empezar a pensar estrategias para que podamos mostrar la cara de estos tipos, de estos funcionarios judiciales, los responsables de la muerte de nuestros pibes. Solamente así podemos lograr que se genere justicia".

 

La versión policial

 

Vanesa recordó la declaración de el policía Veyga realizó en la instrucción de la causa, cuando fue llamado a indagatoria:"Veyga manifestó siempre que actuó en legítima defensa porque tanto Blanco como Lezcano le quisieron robar su vehículo. Eso se relató en una testimonial que hizo. Dice que lo obligan a subirse a su auto, que estando en el asiento de adelante, con Kiki adelante con un arma y Ezequiel atrás, empieza a forcejear con Kiki. Con una mano forcejea, con la otra busca el arma reglamentaria que tenía. Estamos hablando de que los dos pibes estaban con un arma supuestamente. Y los remata en la cabeza adentro del auto en una situación de forcejeo. No declaró Veyga, pero lo que se hizo fue leer la primera declaración en fiscalía. Uno se pregunta, habiendo sucedido este hecho, teniendo esta situación que uno la puede corroborar directamente en un video, ¿cómo puede la familia pasar tres meses hasta enterarse que fueron fusilados adentro de un auto?. La situación terminó siendo una madre y una hermana buscando desesperadamente a los dos muchachos y encontrándose con una escena tremenda porque uno de los cuerpos fue enterrado en el cementerio de la Chacarita cuando Angélica logra poder avanzar en una investigación propia que hizo ella. Siempre cuenta el detalle de que llegó a un lugar donde le dieron un papelito y le contaron que Kiki estaba en Chacarita. El relato de la hermana de Ezequiel es impresionante porque ella logra meter un escrito judicial de forma fantástica. En horas logra tener un documento jurídico que le permite ver a su hermano en la morgue cuando ya lo estaban llevando para ser enterrado. Una piba con una valentía enorme, unas garras tremendas, que pudo frenar el entierro de su hermano. Son dos mujeres que tuvieron que luchar mucho para llegar a esa verdad", expresó Vanesa, en referencia a algunas sensaciones que no necesita imaginar.

 

Otros testigos

 

Sigue esta crónica en retazos con más de la mirada de Orieta:"declararon también dos testigos en la causa que en ese momento estaban cerca de la escena y fueron traídos por funcionarios policiales para actuar como testigos. Eran dos vecinos que viven muy cerquita de la casa. No he logrado saber si son testigos confiables dos personas que son vecinos tan cercanos a un policía y entendiendo cuál es el accionar de la policía… No me sorprendería que la gente tuviera miedo a la hora de negarse a participar como testigo en una causa como esta. Esto es lo que la justicia sí sabe, porque no creo que tengamos jueces estúpidos, pero no van a indagar, porque saben que es meterse bien adentro de la mugre y el barro y desentrañar cosas que nosotros tenemos bien claras. Por eso antes quise traer esto de un pibe que estuvo ocho años detenido, que sale y a los tres meses es fusilado y otro pibe de un barrio que también es fusilado y simplemente es el amigo o compañero de Ezequiel Blanco. Hay algo que va a costar mucho desentrañar pero habla a las claras de muchos pibes de los barrio su situación de rehenes de propuestas mafiosas de las fuerzas de seguridad", aseveró la hermana de Luciano.

 

Ramón "El Indio" Chávez , el jefe de la 52ª

 

Seguimos armando el rompecabezas de la audiencia a través de la mirada de Vanesa Orieta que rescató un nombre que escuchó mucho durante la jornada, el de Ramón Chávez: "Este nombre sonó mucho en la audiencia, fue traído por la fiscal varias veces que les preguntó a los funcionarios policiales que pasaron a declarar. En su relato, Angélica, hablando de él, contó una serie de amenazas. Poniéndolo en contexto uno entendería que podría partir de este nombre y de muchos que lo rodean. Además contó una que yo no la tenía en mi cabeza. A Angélica intentaron armarle una causa por robo de automotor, se la llevaron detenida, fue golpeada. En ese momento, cuando uno escucha el relato de la mamá denunciando la muerte de su hijo, las amenazas, para nosotros es 2+2. Le mataron al hijo, la mamá se organiza, lucha, hace cortes, pide justicia y empiezan a llegar las amenazas. La fueron a buscar a su casa, intentaron atemorizarla. También la hermana de Ezequiel Blanco contó que fue amenazada y una de las juezas, para mí con una voluntad nefasta, asquerosa, mala persona, le pregunta ’¿Cómo son esas amenazas?’. La piba contestó bien, pero se enojó y empezó a dar cuenta de cómo son las amenazas: caminar por tu barrio y que te griten cosas o que te vean en un lugar y te escupan. La jueza insistió, ‘¿Pero a vos te escupieron?’ y ella continuó: ’Sí, me escupieron, me insultaban. A mi hermanito cada dos por tres lo paraban y maltrataban en el lugar en que se juntaba con sus amigos para ir a la escuela’. La jueza repregunta: ‘¿Esto pasaba siempre con tu hermanito? ¿Por qué con tu hermanito?’. Estas preguntas picantes no se ven cuando declara un policía, preguntas que los podrían incomodar, hacer enojar, no le preguntan a un cana ‘¿Y por qué usted no recuerda cómo estaban los cuerpos adentro del auto?’. Un hecho tan traumático, tan sensible en la vida de una persona… Cometen errores terribles, garrafales, contradictorios a la hora de declarar los policías. Uno de los recursos que más usan era decir que no recuerdan", se indignó Orieta.

 

Conclusiones tras el primer día

 

Sobre el cierre de su participación en Desde Afuera, Orieta realizó una observación desde esta causa, pero con una mirada más panorámica: "ojalá que de acá a algunos años podamos pensar en que las causas de represión por parte del Estado se relacionen para empezar a entender lógicas que atraviesan a todos los casos por igual. Pensamos en causas en las que participaron los genocidas en donde vemos cantidad de testigos hablando de la sistematicidad de los casos y el aparato del Estado. Hoy estamos en otro contexto político, histórico, pero estamos hablando de represión por parte de los diferentes gobiernos constitucionales. En algún momento se va a tener que entender que las causas más allá de acceder a la justicia de forma individual y en paralelo a otras van a tener que llegar a un punto en común donde se analice el modus operandi como una cuestión común. No es simple casualidad que el cuerpo de Luciano haya sido enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita y el de Kiki también y que haya un montón de cuerpos de nuestros pibes en el mismo cementerio y madres buscando pibes. Nos falta estudiar mucho más sobre esto. Ojalá que más temprano que tarde todas las causas se empiecen a relacionar y podamos entender que esto se trata de una represión sistemática que sufren nuestros pibes en los barrios. Tenemos que discutir que es sistemático porque está en discusión, también que es represión por parte de los gobiernos constitucionales. Se lo tenemos que discutir sobre todas las cosas a aquellos que siguen hablando románticamente de la violencia institucional porque con ese discurso tan flaco y berreta no vamos a poder llegar nunca a armar esta cuestión en común que tienen todos los casos y todas las causas", concluyó.

Mañana será la segunda audiencia. Releyendo las consideraciones de Vanesa Orieta y de Matías Busso, al tribunal quizá le convenga que esta historia la pueda contar la prensa… Si deciden lo contrario, haremos lo posible para que el juicio no quede sin ser contado. Esta crónica armada con fragmentos de dos voces es una prueba.

CABA: Empresa constructora demanda a integrantes de la “Asamblea de Vecinxs en Defensa del Cine Teatro Urquiza”

10.6.2017

DEMANDAN A INTEGRANTES DE LA ASAMBLEA DE VECINOS EN DEFENSA DEL CINE TEATRO URQUIZA POR PROTEGER EL PATRIMONIO CULTURAL DE TODXS

Desde el año 2013, la Asamblea de Vecinxs en Defensa del Cine Teatro Urquiza [1] venimos pidiendo que el Cine Teatro Urquiza no sea demolido a través de la presentación de proyectos de ley en la Legislatura, de acciones de amparo y de manifestaciones ciudadanas.

Esta semana a integrantes de la Asamblea les llegó una carta documento citándolos a una mediación. Es la instancia previa para iniciarles un juicio por daños y perjuicios. La empresa que inicia esta persecución judicial es "Establecimientos Campana S.A.", propietaria del predio donde se asienta el Cine Teatro Urquiza.

Esta empresa quiere demoler el Cine Teatro Urquiza para construir un edificio de más de 30 m de altura.

El 16 de enero de 2017, La Dirección General de Interpretación Urbanística (DGIUR) comunicó a la empresa que el proyecto presentado no se adecúa a la ley. También informó que el Consejo de Plan Urbano Ambiental (COPUA) desestimó el proyecto por no cumplir con lo dispuesto en el art. 2 de la Ley Nacional N° 14.800 y el art. 2.1.1.1 del Código de Edificación.

La Ley Nacional N° 14.800 establece en su Art. 2º que en los casos de demolición de salas teatrales, el propietario tendrá la obligación de construir en el nuevo edificio un ambiente teatral de características semejantes a la sala demolida. Asimismo, la Ley N° 4104 de la Ciudad prevé que en los casos de demolición total o parcial de teatros o cines-teatros el propietario del predio tendrá obligación de construir en el nuevo edificio una sala teatral o cine-teatral de características semejantes a la sala demolida, entendiéndose como semejante respetar hasta un 10% menos el número total de butacas, igual superficie del escenario y camarines, otorgándole al propietario la posibilidad de dividir esa totalidad en distintas salas de menor tamaño a construirse en ese mismo predio.

El proyecto presentado apuntaba a una construcción de una "sala" de 140 espectadores. La superficie original del Cine Teatro era de 1.114,40 m2 y la propuesta de la empresa es de 208,30 m2. Surge con claridad que el proyecto no se ajusta a lo prescripto por el art. 2º de la Ley Nacional Nº 14.800 ni al art. 2.1.1.1 del Código de Edificación.

Ante el incumplimiento de la normativa y la falta de autorización administrativa para demoler y construir su emprendimiento inmobiliario, Establecimientos Campana S.A. pretende utilizar a la justicia para perseguir judicialmente y amedrentar a los integrantes de la Asamblea.

Esto ha sucedido en reiteradas oportunidades en la ciudad. El propio GCBA ha demandado a la ciudadanía, como es el caso de Basta de Demoler o ha tercerizado en las empresas inmobiliarias la persecución como en el caso de los Vecinxs de Roccatagliata, o ha tercerizado en ONGs afines al PRO como fue "la Asociación Los Verdes" contra integrantes del Observatorio del Derecho a la Ciudad [2]. Una vez más, los ciudadanos que defienden los bienes comunes de los porteños, su historia y su cultura son perseguidos por los que ven la ciudad sólo como un espacio para hacer negocios.

Para frenar con esta persecución y no permitir que empresarios amedrenten a ciudadanos le pedimos a la Legislatura porteña que en forma urgente aprueben estos proyectos de ley para que el Cine Teatro Urquiza vuelva a funcionar y se proteja el patrimonio cultural.

CABA: Caravana por el Presupuesto Educativo

10.6.2017

La Unión de Trabajadores de la Educación, UTE-CTERA, convoca a participar de la Caravana Educativa que se realizará hoy desde los distintos barrios de la Ciudad hacia el Parque Centenario, Leopoldo Marechal al 1000, donde se realizará el acto de cierre.

 

Comunicado de UTE

 

Los docentes reclamarán que el Gobierno porteño convoque a la Mesa Salarial que cerró a pesar del rechazo unánime de las organizaciones sindicales. En la jurisdicción más rica del país la gestión de Rodríguez Larreta ofreció una de las recomposiciones salariales más bajas, otorgó unilateralmente un aumento del 10 por ciento hasta el primero de septiembre. La inflación oficial enero/mayo  del IPCBA es el 11,3 por ciento. Sin contar la pérdida salarial de 2016, ya estamos por debajo del proceso inflacionario de 2017.

La comunidad educativa se movilizará hoy por más y mejores escuelas, para que se aumente el presupuesto educativo y se solucionen los problemas de infraestructura que padecen, día a día, las escuelas públicas de la Ciudad. También se volverá a exigir  que ningún niño o niña se quede sin vacante y que se revierta la dramática falta de maestros y profesores a través de políticas públicas activas que promuevan los profesorados y garanticen la cobertura de vacantes.

Por todo esto reafirmamos que la Educación Pública es un Derecho Social, y mañana todos nos movilizamos al Parque Centenario.

 

 

Causa Kiki Lezcano: "La sentencia mostrará si queremos una justicia que destruya o convalide la impunidad"

9.6.2017

 

Así lo afirmó Matías Busso, abogado defensor en la causa por el asesinato del joven de 17 años a manos de la Policía Federal, luego de la primera jornada del juicio oral.

Por Redacción APU

 

AGENCIA PACO URONDO: El martes se llevó a cabo la primer jornada del juicio por el asesinato de Kiki Lezcano. ¿Qué pasó durante el juicio y cuáles son las perspectivas que tienen?

Matías Busso: La primer jornada tuvo como punto sobresaliente que Veyga se negó a declarar. Eso, si bien puede ser un gesto que lo podemos tomar como incriminatorio pese a que es su derecho y que lo asiste el derecho en ese sentido, no deja de generar un poco de suspicacia. Por otro lado el sabor amargo que tenemos es el de no haber podido escuchar la versión de él y no haber podido confrontarla. Porque el juicio no sólo se trata de una condena sino también se trata de lograr alcanzar la mayor claridad de lo que pasó o acercarnos lo más posible a la verdad absoluta o la verdad histórica de lo que pasó ese día. 
 
APU: ¿Se recusó a un testigo que presentó la defensa?

MB: No, lo que sucedió como otro punto relevante es que hubo testimonios muy inverosímiles, contradictorios. Así fue el caso de los policías que actuaron en el procedimiento, Martinelli y Celaya, donde hubo muchas contradicciones con respecto a lo que habían declarado en las instancias anteriores y demostraron que ocultan ciertas cosas que eran evidentes. Por ejemplo lo del tema de la filmación del video. Ellos se muestran en tiempo y lugar y niegan que haya existido eso, que haya existido ese video y los insultos. Sin embargo el video está, es algo indiscutible y ellos estaban presentes. Entonces eso puede desmantelar sus testimonios o ponerlos en duda. Con respecto al último testigo del hecho, también hay cuestiones que no sería la palabra reacusar, pero también hubo contradicciones. Mostró una cierta empatía por el sospechado. Por eso nos hace pensar que es un testigo que lo que está tratando de hacer es proteger a su vecino, a la persona que supuestamente conoce desde chico y no decir lo que vio. Su testimonio hizo agua en muchas cosas. Entonces el punto positivo del juicio es que los testigos que supuestamente son los que tendrían que acreditar la versión de Veyga, lejos de fortalecerla y respaldarla, la debilitaron y la contradijeron en algunos puntos.

 

APU: ¿Qué queda para las dos próximas jornadas del juicio? ¿Qué puede llegar a pasar?

MB: Creo que la jornada del martes fue fundamental por los testigos que estaban citados y por ser la primera audiencia que marca por lo general el trayecto de todo el juicio. En ese sentido la vemos como positiva. Para las audiencias que quedan faltan el resto de los testigos, el resto de los policías que participaron en el procedimiento que nunca testimoniaron. Es una incógnita lo que van a decir. Quedan comisarios que nunca fueron citados y peritos que tendrían que testimoniar y convalidar su actuación, ver qué hicieron y hacerles preguntas. Además queda algún testigo más pero fundamentalmente son esos dos testimonios que no se trata de dos personas sino de 4 ó 5 policías y 6 peritos, que son contando los de parte y los oficiales.

 

APU: ¿Qué es lo que están pidiendo para Veyga?

MB: Como querella estamos pidiendo el homicidio agravado por hacer abuso de su condición de miembro de la Policía. Eso está tipificado en el Artículo 80 Inciso 9 del Código Penal y fija la pena de perpetua, por el asesinato producido en dos oportunidades. En el caso de la Fiscalía no sabemos todavía si en principio pidió la ampliación del requerimiento y no sabemos qué es lo que va a plantear. Pero a priori está pidiendo el abuso en la legítima defensa, que ya contaría de otra pena que se remite al homicidio culposo. Pero nosotros seguimos con la hipótesis de que esto se trató de un homicidio directamente. 

 

APU: ¿Conecta este caso con otros hechos de violencia institucional? ¿Piensa que puede servir como ejemplo para otras causas?

MB: Sí, nosotros sostenemos que lo que suceda el 26, que en teoría sería el momento de la sentencia, puede marcar un antecedente positivo o negro y negativo para el resto de las causas. Si fuera positivo, lo que esperamos es una ejemplificación de que a los pobres se los respeta, no se los mata ni se los asesina. Tampoco se los desaparece, filma y todos los agravios que generaron a ellos y principalmente a las familias. Además,

demostraría que las investigaciones no pueden quedar en la nada. Entonces marcaría un rumbo en el sentido de que no es una pena que va únicamente para Veyga, sino que va como un ejemplo a toda la sociedad de la justicia que queremos. Por otro lado, si esto resultara negativo y Veyga lograra la absolución, sería una carta de recomendación de cómo asesinar a dos pibes pobres y convalidarlo en la justicia sin ningún sobresalto. Para los dos casos, es una condena que no está dirigida solamente a Veyga y a su familia, sino que está dirigida a toda la sociedad. Habla de qué tipo de policía queremos y qué tipo de justicia queremos. La sentencia mostrará si queremos una justicia que destruya la impunidad o una justicia que la convalide y que sea sumisa a esos poderes. 

En Buenos Aires “estiman que hay 26.000 personas en situación de calle”

9.6.2017

Más de cincuenta organizaciones sociales recorrieron las 15 comunas de la Capital para llevar a cabo el Primer Censo Popular de Personas en Situación de Calle y rectificar las estadísticas oficiales.

*Por María Fernanda de la Quintana

 

Tras no cumplir con la obligación de realizar un relevamiento anual con los criterios establecidos en la “Ley 3706” la Justicia ordenó realizar un relevamiento provisorio sobre las personas en situación de calle.

Ante esta situación más de cincuenta organizaciones sociales recorrieron las 15 comunas de la Capital para llevar a cabo el Primer Censo Popular de Personas en Situación de Calle y rectificar las estadísticas oficiales. El gobierno porteño informa haber registrado alrededor de 850 personas sin techo por año entre 2011 y 2016. Distintas organizaciones especializadas estiman que hay 26.000 personas en situación de calle dentro del ámbito de la CABA.

La carencia de mediciones confiables y precisas sumado a la falta de información en relación a la cantidad y singularidades de la población en situación de calle y en riesgo a la misma, dificulta la identificación de las principales necesidades para la implementación de políticas públicas eficaces.

Se considera, según Ley N° 3.706, sancionada por la Legislatura, que las personas en riesgo de “situación de calle” son aquellas “que se encuentren en instituciones de las cuales egresarán en tiempo determinado y estén en situación de vulnerabilidad habitacional” las “que se encuentren debidamente notificados de resolución administrativa o sentencia judicial firme de desalojo” y también aquellas… “que habiten en estructuras temporales o asentamientos, sin acceso a servicios o en condiciones de hacinamiento”, entonces la cifra asciende a miles de ciudadanos en CABA.

“Tenemos en la Ciudad de Buenos Aires un promedio de cien muertes anuales”, afirma Horacio Avila, referente de “Proyecto 7” [relacionadas con la falta de vivienda]

El marco legal de referencia no se reduce solo a la Constitución porteña, que garantiza el acceso a la vivienda digna, sino también a la mencionada Ley N° 3.706 de “Protección y garantía integral de los derechos a las personas en situación de calle y en riesgo de situación de calle”, sancionada en diciembre de 2010.  En esta ley se ha vetado uno de sus artículos fundamentales, el quinto, que justamente define el “derecho a la Ciudad” como “una atribución de libertad sobre el uso igualitario y no discriminatorio del espacio público, su uso y disfrute y el derecho al acceso a los servicios por parte de todos los habitantes, conforme los principios constitucionales”. El veto de este artículo, desnuda la tendencia neoliberal de convertir a la ciudad en una mercancía más, según se desprende en las razones: …“(el derecho a la ciudad) no se condice con los principios constitucionales a los que remite, ya que adolece de un importante grado de imprecisión que generaría dificultades en su eventual definición”.

Las graves dificultades para acceder a la vivienda digna afectan a la gran mayoría de los sectores sociales, en el marco de una Ciudad donde los desalojos, la especulación inmobiliaria y el precio de los alquileres se incrementan y deja a los más vulnerables desprotegidos a manos del mercado.

La actual administración viene obteniendo mayorías electorales sucesivas, reflejo de un consenso consolidado en un importante sector de la población. Sin embargo, respecto a importantes sectores desprotegidos, la única estrategia que exhibe es básicamente expulsatoria. Estas personas precarizadas poseen derechos que en la práctica les son deliberadamente vulnerados.

La ciudad, que desea constituirse en el escaparate del régimen neoliberal, muestra así una faceta barbárica que contradice de modo escandaloso tales pretensiones primermundistas. Cada persona que duerme en los umbrales, cada familia expulsada de su domicilio, cada chico sin escuela, constituye una refutación del discurso enarbolado por los funcionarios que intenta naturalizarse en el seno de la ciudadanía, que aún no logra quebrar la lógica de una política neoliberal.

 

* Periodista. Licenciada en Ciencias y Humanidades. Especializada en salud vulnerabilidad y territorio.

Incidente en Instituto de menores del barrio de Flores

8.6.2017

Tras los incidentes ocurridos entre el domingo 28 de mayo a la noche y lunes 29 de mayo por la madrugada en el Instituto de Menores “San Martín” del barrio porteño de Flores -donde se fugaron 7 jóvenes y tres resultaron heridos-, la Procuración Penitenciaria monitoreó el lugar para determinar las razones que motivaron los disturbios y verificar el estado de los jóvenes allí detenidos, así como las condiciones del lugar.

La visita se llevó a cabo el mismo día de los hechos y se mantuvo por tres días consecutivos para realizar entrevistas tanto a las autoridades del centro y de la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (DGRPJ), como a los jóvenes del instituto.

A pesar de que las autoridades dijeron desconocer los motivos que desencadenaron los disturbios, los jóvenes coincidieron en que los mismos se habrían iniciado ante la falta de respuestas a diferentes demandas que venían reclamando a las autoridades; entre los que refirieron malos tratos físicos y verbales por parte del personal de seguridad, problemas en las visitas, escases de comida y, principalmente, un limitado acceso al teléfono, restringido únicamente para dos días a la semana, por un tiempo de 8 minutos y en presencia de operadores o personal de seguridad.

Al relatar los hechos, los jóvenes indicaron que los empleados de seguridad no estaban cuando inició el conflicto y ello posibilitó la fuga de algunos compañeros. Todos los entrevistados manifestaron que cuando el personal de seguridad se hizo presente, comenzaron a dar palazos a todos, los colocaron en el pasillo contra la pared y los esposaron. Algunos manifestaron haber estado desnudos. Posteriormente los bajaron al hall central donde nuevamente fueron golpeados, pateados y pisados mientras estaban tirados en el piso boca abajo y esposados. Exceptuando 3 jóvenes que fueron llevados al Hospital Álvarez y Hospital Piñeiro, el resto de los entrevistados indicó que no fue visto por ningún médico y que sólo una enfermera los revisó superficialmente. 

Ante la grave situación denunciada, la Procuración hizo intervenir al Área de Investigación y Documentación de Eficaces de Caso de Tortura y Malos Tratos, para aplicar el Protocolo correspondiente y tomar las denuncias pertinentes.

En relación a las condiciones del establecimiento, se verificaron amplios destrozos y la reubicación temporal de los jóvenes en otros sectores del instituto, donde se encontraban sin las condiciones mínimas de habitabilidad, la mayoría durmiendo en colchones sobre el piso, sin sábanas ni frazadas suficientes y comiendo en las celdas. La escuela y los talleres también estaban suspendidos.

Dado que en la inspección también estuvieron presentes la Defensoría General de la Nación, la Procuraduría de Violencia Institucional y el Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles, se pidió conjuntamente el inmediato realojamiento a sus respectivos ambientes convivenciales, además de la provisión de la ropa de cama acorde al clima frío de esta época del año. También se señaló la imperiosa necesidad de efectuar los arreglos correspondientes a fin de reanudar las actividades educativas, culturales y físicas a la brevedad.

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