19.7.2017
Hace 9 años la Corte Suprema de Justicia ordenó a los gobiernos de la Nación, la provincia y la Ciudad limpiar la cuenca más contaminada de la Argentina: Matanza-Riachuelo. Hoy, más de ocho millones personas que habitan cerca de la cuenca, sufren enfermedades.
Rosa D’Alesio
Eduardo Reese es arquitecto y especialista en Planificación Urbana y Regional, integrante del CELS, docente del Taller de Desarrollo Territorial de la licenciatura en Urbanismo del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento. También es docente de distintas maestrías en dicha universidad y en las de Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata y Córdoba. Coordinador y docente del curso de desarrollo profesional “Gestión del Suelo en Grandes Proyectos Urbanos” del Lincoln Institute of Land Policy (Boston, EUA).
Desde el CELS integra el Cuerpo Colegiado, conformado por Asociación de Vecinos La Boca, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, Greenpeace Argentina y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, que ha resultado un aporte para el análisis de la problemática de la Cuenca Matanza Riachuelo. Elaboraron distintos documentos presentados en audiencias públicas y ante la Corte Suprema de Justicia, desde donde piden que se cumpla el fallo de la Corte de 2008, que ordenó el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Para conocer los avances de este fallo, entrevistamos a Eduardo Reese.
El 7 de julio de 2008 la Corte Suprema de Justicia ordenó a los gobiernos de la Nación, la provincia y la Ciudad limpiar la cuenca más contaminada de la Argentina, la cuenca Matanza- Riachuelo. Desde el fallo a esta parte, ¿cuánto han avanzado en el saneamiento?
En su fallo, la Corte tenía una serie de mandas que los condenados debían cumplir y que avanzaron de manera muy despareja en estos años. Algunas tuvieron un avance mayor y otras menores, pero, en general, todo el fallo está muy atrasado en su cumplimiento por múltiples razones.
En particular porque la autoridad responsable de la cuenca, Acumar, una institución que se creó para cumplir con este fallo, ha tenido una gran cantidad de problemas políticos y de funcionamiento. Como autoridad de cuenca nunca se comportó como tal, porque no tuvo la capacidad de coordinar a la Nación, a la Ciudad, a la provincia de Buenos Aires y a los 14 municipios, que junto a otros organismos, están implicados en la ejecución de las soluciones.
Nunca se comportó como una autoridad territorial capaz de coordinar un plan efectivo. Más grave aún, la última resolución que tomó la presidenta de ACUMAR, Gladys González, referida a los vertidos de sustancias contaminantes ha sido un retroceso, ya que autorizó que se viertan sustancias que antes no estaban permitidas como: Aldrin, Clordano, DDT, Dieldrin, Endosulfan, Endrín, Heptacloro, Lindano y Paration, todas ellas prohibidas por la Convención de Estocolmo sobre los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs), a la cual Argentina ha adherido.
Desde el Cuerpo Colegiado hemos solicitado a la Presidenta de ACUMAR la urgente reformulación del texto de la normativa y ante el Juez a cargo de la ejecución de la sentencia del caso Mendoza.
Por todo esto es que la cuenca se encuentra altamente contaminada, con errores y fracasos muy importantes en el cumplimiento del fallo.
El 30 de noviembre de 2016 ustedes, desde el CELS, junto a organizaciones sociales y ambientales, presentaron en la audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia un informe de Cuerpo Colegiado, donde alertaban sobre la falta de políticas para el saneamiento de la cuenca y reclamaron a las autoridades que reviertan esta situación ¿qué respuestas obtuvieron? ¿Se avanzó en los reclamos que hicieron?
El informe que presentamos ante la Corte es muy parecido a las conclusiones y los contenidos del que acabamos de presentar, porque en realidad la situación no ha distado de la que informamos en noviembre del año pasado. Hemos señalado los distintos incumplimientos en las distintas mandas; estoy hablando de contaminación de aguas, de aire, de limpieza de basurales, de ejecución de obras de redes de agua, cloacas, de viviendas de villas y asentamientos.
En aquel informe incorporamos también una demanda a la Corte porque entendemos que la población sigue estando inconvenientemente representada desde el punto de vista de sus intereses, sobre todo la población de más bajos recursos. No tienen voz, no tienen posibilidades de participación en este proceso, siendo ellos los más afectados. Nosotros reiteradamente le hemos reclamado a la Corte, que se tome una decisión de implementar una serie de medidas que mejore la participación popular en las distintas decisiones y en la audiencia de noviembre se volvió a hacer silencio sobre esto. Por lo cual lamentamos mucho que la Corte no comprenda la importancia que tiene la participación de distintos sectores sociales y sobre todo de los sectores más vulnerados en las decisiones de la causa.
Recién usted decía que Gladys González estaba permitiendo el vuelco de sustancias tóxicas antes prohibidas, incluso los basurales que se habían eliminado volvieron a ocupar esos terrenos para ese fin, y ustedes, en el informe elaborado por el Cuerpo Colegiado dicen que aún se vierten en la cuenca más de 1000 toneladas al año de sustancias tóxicas, metales pesados e hidrocarburos. Si de la presidencia de ACUMAR avalan esto ¿cómo se puede resolver la contaminación del Riachuelo?
En principio ACUMAR actúa en general sobre las consecuencias y no sobre las causas, como el caso de los basurales que vos mencionás. Si se levanta un basural y no se toman decisiones sobre los procesos sociales y económicos que los generan, y en las que están involucradas muchas familias que lamentablemente necesitan vivir de los residuos, obviamente el basural se va a volver a instalar. No se soluciona con limpiarlo y nada más. El proceso de desarrollo de la cuenca combinó un crecimiento económico y productivo contaminante con un crecimiento urbano librado al mercado. Así se generó un pasivo ambiental y urbano que tiene importantes efectos negativos sobre la salud y la calidad de vida de la población. En el nuevo documento volvimos a decir lo que en noviembre planteamos extensamente. Tanto ACUMAR como la Corte tienen que pensar un proceso de modificación de las causas estructurales que provocan la contaminación y sobre todo el estado de deterioro social, ambiental y territorial de la cuenca. De lo contrario aunque se limpie un terreno o se arregle un caño o se construya una calle, todo seguirá igual porque los procesos sociales que generan los problemas son muy fuertes, muy vigorosos. Si no se opera sobre ellos no se soluciona nada.
¿Una de las medidas sería relocalizar a la gente que habita alrededor de la cuenca?
En la cuenca viven cerca de 500.000 personas en villas y asentamientos con alto nivel de precariedad. La calidad de vida de una parte importante de los ellos, mejoraría en gran medida si se implementaran procesos de urbanización integrales. Pero también hay una gran cantidad de familias que deben ser trasladadas porque corren serios riesgos por las inundaciones y la contaminación. Sin embargo, esto no se lleva a cabo. De las 17.700 relocalizaciones que tenían que realizarse solo se ejecutó hasta el momento el 35%. Estas familias fueron trasladadas a barrios pésimamente ubicados y construidos. La gente vive peor que como estaba antes.
Construir condiciones indignas para los más pobres, lo único que hace es profundizar la desigualdad social.
En materia de salud, continúa incumplida la manda en cuanto a la realización de estudios epidemiológicos, mapa de riesgo ambiental y diagnóstico de todas las enfermedades de origen ambiental. La presidenta de ACUMAR, Gladys González, junto a la ex ministra de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Zulma Ortiz, firmaron un convenio para poner en marcha el Plan Sanitario Ambiental. Y teniendo en cuenta que hay más de ocho millones de personas que rodean la cuenca que sufren enfermedades, como bronquiolitis (que durante el 2016 ascendió a 33.000 casos) ¿conoce cuáles son las políticas de salud que se llevaron adelante desde que se firmó el convenio u otros que se hayan implementado antes de este convenio?
A fines de junio de este año firmaron el convenio que vos mencionás. Este se enfocaba en la atención primaria de la salud de los habitantes de los 14 municipios de la Cuenca. Luego de la firma no se conocieron novedades de su implementación y pocos días después la ministra renunció a su cargo. Mientras tanto, como insistimos en el informe, la atención de la salud no parece ser un derecho de la población.
En 2016 se actualizó el informe sobre el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), ¿qué opinión tiene sobre este nuevo informe? ¿Esta nueva evaluación es una herramienta que sirva para sanear el Riachuelo?
El primer PISA se elaboró en 2010 y se actualizó en 2016 a pedido del juez Rodríguez. Es tal el desorden que hay, que no sabemos si este último sigue vigente o no. De cualquier manera el PISA es el reflejo de lo que comenté recién: un conjunto de líneas de acción fraccionadas y de carácter remedial que operan sobre las consecuencias y no sobre las causas; por eso sus resultados son mediocres. Tal como está redactado y tal como está pensado, no tiene impacto para solucionar las cuestiones estructurales que afectan a la cuenca.
¿Qué opina sobre la gestión de ACUMAR?
Las principales fallas que presenta el actual modelo de gestión de la ACUMAR no sólo se deben a una limitación en sus capacidades institucionales, sino también a la falta de una perspectiva estratégica que incorpore además un enfoque de derechos humanos de manera de identificar y priorizar acciones capaces de modificar estructuralmente los procesos de desarrollo de la cuenca, dotándolos de integralidad, equidad y sostenibilidad. Pero además es sorprendente el nivel de incertidumbre que ha tenido la conducción de ACUMAR en estos dieciocho meses, donde hubo tres presidentes en ese lapso, constantes cambios de decisión y un nivel de debilidad institucional que asombra.
¿Cuál es su balance de Gladys González en ACUMAR y qué opina sobre su presentación en las próximas elecciones al cargo de senadora?
La señora González está en todo su derecho a presentarse como candidata a un cargo político. Lo que no está en su derecho es a conducir una institución como ACUMAR que requiere firmes decisiones de largo plazo con el nivel de inestabilidad político institucional que tiene en este momento.
