Comunicadores del Sur

17.11.2017

Xavi Dell

La dirección del Liceo 8 de Mataderos hizo firmar actas a decenas de alumnos por llevar musculosas, jeans con agujeros o camisetas de fútbol.

El último martes, autoridades del único colegio público de Mataderos, amenazaron a decenas de estudiantes por incumplir el reaccionario código de vestimenta. Alumnas de 13 años fueron literalmente amenazadas con no poder cursar el año que viene por el solo hecho de, por ejemplo, “mostrar el hombro”.

En una ciudad donde faltan más de 12.000 vacantes, en el barrio donde la política privatista de Cambiemos dejó solo una opción para la educación pública, resulta una verdadera provocación el ataque hacia los estudiantes por usar musculosa, short y pollera con 30 grados de temperatura en aulas pequeñas donde cursan 30 adolescentes.

Por el calor en las aulas del primer piso, donde los ventiladores a veces funcionan, varias alumnas sufrieron desmayos.

Las autoridades del liceo atacan el derecho básico a elegir, en este caso cómo quieren y pueden vestirse, en una etapa crucial como es la adolescencia atravesada por la búsqueda de identidad.

La bronca en los cursos no tardó en tomar forma de organización y lucha, en menos de 24 horas el conjunto del turno tarde discutió convocar a una asamblea extraordinaria para discutir qué hacer ante esta amenaza de dejarlos sin vacante, lo que implica atentar contra un derecho básico como es la educación.

El centro de estudiantes propuso votar en cada curso la convocatoria a una asamblea y el resultado fue contundente, de 280 estudiantes 240 apoyaron la iniciativa.

Disciplinando a la juventud

Lo que pasa en el Liceo 8 no es una situación aislada, la avanzada represiva del macrismo llevó a poner policías armados en los colegios, plantear la expulsión de estudiantes que se organizan. Armaron listas negras contra los que enfrentan la reforma educativa por ejemplo.

En las calles son moneda corriente los cacheos a menores, los presos por laburar en la calle, por salir, pensar y ser.

Los planes del Gobierno para la juventud, desde (contra) reformas educativas para trabajar gratis en quinto año hasta la reaccionaria "reforma laboral" con más precarización aún; solo podrían aplicarse con una política represiva disciplinadora, hasta de los cuerpos.

Pero esta juventud es la que se organiza en comisiones de género, la que junto a cientos de miles de mujeres gritaron “Ni una menos” y enfrentan la violencia machista en las calles, con acciones en decenas de colegios donde hicieron pollerazos, sentadas, jornadas de reflexión para que cada compañera sea consciente de las redes de trata, la complicidad policial y la necesidad de organizarse.

Es la juventud que llenó las calles de odio por la desaparición de Santiago Maldonado y hoy exige castigo a los culpables. Es esa misma juventud la que se dispone a ponerle un freno a la persecución y amenazas.

Hoy los estudiantes definirán los pasos a seguir, el centro de estudiantes marcó el camino convocando a una gran asamblea que discuta qué hacer ante las amenazas, la respuesta de los cursos fue inmediata y saben que no están solos.

Los docentes y sus sindicatos, los diputados del Frente de Izquierda, como Patricio del Corro que estuvo en la técnica 27 esta semana junto a los organismos de Derechos Humanos, padres, ex alumnos y estudiantes de otros colegios del barrio acompañarán lo que defina la asamblea para frenar esta política contra la juventud.

17.11.2017

Una familia porteña tipo necesitó en octubre $ 7.970,11 pesos para no caer en la indigencia y $ 16.310,96 pesos para no ser pobre.

Una familia tipo de la ciudad de Buenos Aires necesitó en octubre 7.970,11 pesos para no caer en la indigencia, 16.310,96 pesos para no ser pobre y por lo menos 26.265,91 para ser considerado de clase media, de acuerdo con lo informado ayer por la Dirección General de Estadística y Censos porteña.

Del informe oficial se desprende que la Canasta Básica Alimentaria (CBA) que marca el límite de la indigencia tuvo una suba mensual de 1,63 por ciento e interanual de 19,39 por ciento.

Por su parte, la Canasta Básica Total (CBT) que establece el tope de la pobreza registró un incremento de 1,86 por ciento en relación con setiembre y del 22,32 por ciento respecto de octubre de 2016.

En cuanto a la canasta total (CT) que en distintas proporciones determina los niveles de los no pobres vulnerables, clase media y sectores acomodados, su importe creció 2,11 por ciento en un mes y 23 por ciento en un año.

16.11.2017

Por Cosecha Roja

 “A partir de ahora está prohibida la venta ambulante en Constitución”, dijo hace unos días en la calle un inspector de la Dirección de Espacios Públicos de la ciudad. Si bien la ley dice lo contrario -la venta por subsistencia no está penada- los operativos en una de las plazas más transitadas de la ciudad comenzaron a repetirse de forma casi diaria, siempre con un mismo objetivo: correr a los senegaleses.

El miércoles a las tres de la tarde efectivos de la Comisaría 16 le quisieron secuestrar la mercadería a un hombre que circulaba por la plaza. El senegalés se aferró a su tabla: entendió que soltarla era perder su única forma de vida. Uno de los policías lo agarró del cuello y lo tiró al piso. Otro lo pisó con el borceguí en la espalda, haciendo la fuerza suficiente para asfixiarlo.

La gente que esperaba el colectivo, la que bajaba del subte, la que caminaba rumbo a la estación de tren, el resto de los vendedores: todos se indignaron. Algunos empezaron a gritar, otros intervinieron. Hubo gritos, palazos, forcejeos. En algún momento el senegalés logró zafar y corrió con todas sus fuerzas. Ya no se trataba de defender el sustento, sino de ganar la libertad.

Los policías de la ciudad subieron al patrullero y se fueron. Volvieron dos horas y media después, pasadas las 17.30. Esta vez con más afectivos. Y más odio. “Salieron a cazar negros”, contó a Cosecha Roja uno de los testigos. “Ya no importaba que estuviesen vendiendo o no. Intentaban detener a todo aquel que tuviera piel oscura”.

En un bar frente a la plaza había dos inmigrantes africanos comiendo. Cuando vieron el escándalo se asomaron a la puerta. Se convirtieron en los dos primeros detenidos de la jornada. Uno de ellos ni siquiera es vendedor. Luego vendrían tres detenidos más: dos de ellos militantes de CTEP que bajaban del tren y cuando vieron las detenciones intentaron interceder.

A los detenidos se los acusó de “resistencia a la autoridad y daños”. Estuvieron en la comisaría 16 hasta las 11:30 de la noche. Afuera los recibió una movilización solidaria.

Según la CTEP, en el último mes la Dirección de Espacios Públicos de la Ciudad entró a una decena de casas que funcionan como hoteles de inmigrantes. La mayoría de ellas quedan en el barrio de Flores. “Se meten y se roban todo, contaron los voceros a Cosecha Roja. “No solo la mercadería, sino la ropa, el dinero y hasta los televisores. Solo dejan la cama y el colchón”.

En esos ‘operativos’, denuncian, los inspectores demuestran que hacen inteligencia previa: solo entran a las habitaciones donde viven senegaleses. El objetivo es tan claro que ni se preocupan en disimular.

15.11.2017

¡No nos cierren el Telón!

Hoy a las 15:00, docentes, padres y alumnos de la Escuela de Teatro Niní Marshall volveremos a manifestarnos frente a la Dirección de Educación Artística del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ubicada en Bernardo de Irigoyen 272 (CABA), para exigir una pronta solución a los problemas edilicios, curriculares y laborales que padecemos desde el año 2012. Esta medida ha sido tomada a partir de la falta de respuesta, por parte del Gobierno de la Ciudad, a los siguientes reclamos:

• Designación como edificio propio de la Escuela de Teatro al establecimiento situado en la calle Oliden 1245 del Barrio de Mataderos. Actualmente, la Escuela de Teatro se encuentra trabajando en un edificio que no puede albergar a la cantidad de alumnos inscriptos en el Bachiller y la Tecnicatura, ni satisfacer las necesidades específicas del trabajo actoral, ni las dictaminadas en la ley de la Nueva Escuela Secundaria de Calidad. Al espacio insuficiente se le suma falta de bancos, mobiliario roto, instalaciones deficientes de luz, gas y agua con problemas, humedad y filtraciones en techos y paredes, baños con desperfectos, vidrios rotos y piso tecnológico inactivo, entre otros problemas.  

• Solución a los problemas edilicios del Centro Educativo de Nivel Secundario (C.E.N.S.) Nro.64 de forma independiente a la Escuela de Teatro. La decisión del Ministerio de Educación de la Ciudad de trasladar al CENS Nro.64 al turno mañana de la Escuela de Teatro impide no sólo el crecimiento de la Escuela de Teatro, sino también la creación del Profesorado de Teatro (el cual ya se encuentra aprobado pero que no se ha llevado a cabo debido a que no existe en la actualidad lugar físico para el dictado de clases) y el funcionamiento de los elencos actorales y el desarrollar otras actividades y proyectos institucionales.  

• Apertura y puesta en funcionamiento del Profesorado de Teatro para poder, de esta manera, constituirnos como Instituto de Enseñanza Superior de igual forma que la mayoría de Escuelas Artísticas de CABA.

• Continuidad laboral para los caseros y auxiliares de la Escuela de Teatro. Luego de años de lucha y movilizaciones, habíamos logrado que se reactivara la licitación para el inicio de obra del edificio definitivo de la Escuela de Teatro y todo hacía esperar que en el 2017 la escuela se encontraría funcionando en su edificio propio. A poco de finalizar el año y a días de ser mudados al nuevo edificio, el 8 de noviembre pasado, la Sra. Directora del Área, Helena Alderoqui, nos comunicó la decisión del Ministerio de Educación de CABA de mudar al CENS Nro.64 al turno mañana del Edificio de la Escuela de Teatro.  Dicha intención, sobre la cual la comunidad educativa inquirió reiteradamente al Área durante los cinco años en los que se llevaron adelante las mesas de trabajo en pos de conseguir un edificio propio, coarta los proyectos de crecimiento de nuestra escuela a los que tanto la Dirección del Área Artística como la de Superior se habían comprometido: la apertura del profesorado y la apertura de nuevos cursos del bachiller y de la tecnicatura.  

Por todo esto, consideramos que el Gobierno de la Ciudad se encuentra en deuda con nuestra escuela, vulnerando los derechos de nuestros alumnos y expresamos nuestro rechazo total a compartir el edificio asignado a la Escuela de Teatro con cualquier institución que limite nuestro funcionamiento actual y futuro.

Finalmente, exigimos a las autoridades del Ministerio que garanticen que ambas instituciones, tanto la Escuela de Teatro y el CENS Nro. 64, cuenten con un espacio propio que permita mejorar las condiciones edilicias y educativas de los y las estudiantes de la escuela pública.    Comunidad educativa Escuela de Teatro Niní Marshall 

14.11.2017

Este martes 21 de noviembre a las 11:15 se va a realizar la audiencia de Apelación ante la Cámara Federal para presentar las pruebas que contradicen la decisión del juez federal Martínez Di Giorgi de procesar, bajo los cargos de intimidación pública y resistencia a la autoridad, a 22 de lxs detenidxs durante la represión del 1 de septiembre cuando se realizaba la marcha a un mes de la desaparición de Santiago Maldonado.

En el escrito de Apelación, presentado a principios de este mes, lxs abogadxs defensores de lxs detenidxs afirmaron que tanto el procesamiento decidido por el Juez, cómo el dictado de embargo comprometen “principios elementales que hacen al debido proceso, la defensa en juicio y garantías de raigambre constitucional”.

“Es flagrante la irrazonabilidad del auto que recurrimos, que se expresa en la ausencia de toda congruencia entre la descripción de las conductas reprochadas a nuestros defendidos y las graves calificaciones legales utilizadas para subsumirlas”, afirman en el escrito.
Lxs abogadxs piden la Nulidad de las actas de detención e indagatorias: “Es necesario señalar que en el acto de las indagatorias ha quedado palmariamente demostrada la falsedad de las actas de detención, instrumentos en los que arbitrariamente y sin otro apoyo, como el propio magistrado lo admite en la carilla 14 del auto impugnado, se fundó la imputación originaria.”
Solicitan además la Quita de Embargos fijados junto al procesamiento por cifras entre $1.000.000 y $5.000.000 o $3.000.000 (“encontramos que, en varios casos, se indica una cifra en números $5.000.000 y otra en letras tres millones de pesos”) afirman que “el monto fijado en el procesamiento resulta excesivo, desproporcional e irrazonable” (…) “desconoce cuál es la actual situación económica de nuestros asistidos. A su vez ignora las consecuencias gravosas que puede traer aparejada esta medida cautelar para aquéllos”.
Piden el Sobreseimiento al asegurar que “No hay correlación alguna entre los tipos penales escogitados y las conductas que se describen. La verificación de la total incongruencia entre los elementos de cargo con las conclusiones que el magistrado extrae discrecional y arbitrariamente de ellos impone se revoque el auto apelado en cuanto es materia de agravio, decretándose el sobreseimiento de nuestros defendidos”.
Finalmente, se reservan el derecho para recurrir (apelar) a Casación y en la Corte Suprema en caso que la Cámara Federal ratifique la decisión del juez.
Detallamos algunos elementos respecto al accionar policial y judicial que aportan para fundamentar con más fuerza aún el pedido de sobreseimiento.

Procedimiento policial:

● En el armado de las actas, hay abuso del uso de las caratulas. Los hechos están mal descritos. Se ven discrepancias entre lo que declaran sobre unxs y sobre otrxs. Pareciera que los confunden. Hay errores en las circunstancias de detención, lugar, horario. Ejemplo: de los primeros 7 imputados 5 de ellos tienen situaciones bien diferentes acreditadas en el mismo auto de procesamiento: Medone y Mourenza porque fueron detenidos en otras circunstancias de tiempo y lugar, Morales y Soliz porque están con falta de mérito al no poder ser identificados en el lugar, Marín Castro porque fue sobreseído expresamente diciendo que no estaba en el sitio ni estaba haciendo lo que dice.

● Existe la declaración de un policía que dice que se secuestró un cuaderno con el dibujo de las vallas. No dice a quién, ni cuando, ni dónde.

● Abuso policial: Hubo detenidas que fueron sometidas a desvestirse de formas que no tenían que ver con el procedimiento. También hubo amenazas en el momento en que fueron trasladadxs lxs detenidxs. “Van a ser los próximos Santiago Maldonado”
Procedimiento judicial

● Insistencia en hacer parecer que estaban todxs juntxs y organizadxs: En la declaración, el policía Marchak intenta decir que porque estaban todxs de negro había connivencia. Lo cual se contrapone con el hecho de que a lo largo del procesamiento el juez sostiene lo del cambio de apariencias y en todos los casos describen ropa multicolor.

● Intento de hacer pasar el hecho de que tengan los contactos telefónicos, como connivencia cuando hay declaraciones que dicen que se pasaron los teléfonos arriba del camión una vez ya detenidxs.

● Se expresa que una cosa es cuando los fotografían en la calle y otra cuando están en la comisaría, como si se hubieran cambiado el aspecto conspirativamente sin tener en cuenta el tiempo que pasó entre que los detuvieron y fotografiaron, lapso en el cual se cambiaron la ropa cuando se higienizaron. De alguno de ellxs la causa dice que tenía camisa a cuadros y morral pero en la comisaría solo tenía una remera blanca, cuando entre las cosas que le incautan cuando lo detienen están la camisa y el morral; o que tenían puesta una campera en la calle y en la comisaría una musculosa.

● Descripción vaga de las situaciones de detención o de la razón de la misma. Son muchos los casos como Pastan, Salazaro, Carrizo (del cual no explica más que su apariencia), Tutaglio o Vázquez a quienes los ven en distintos momentos detrás de un vallado increpando a la policía y eso es todo, Escobar que estaba con un cartel de Santiago Maldonado e increpaba a la policía, Sánchez de la que ni siquiera se da el lugar y Guerra que tiene una cámara de fotos en “actitud hostil”.

Más allá de lxs 22 procesadxs, hay otros 7 con falta de mérito. Esto significa que estos aun pueden ser procesados. Sólo 2 de los 31 detenidos en la represión se encuentran sobreseídos, por eso se espera el sobreseimiento de los 29 restantes.

Entre los procesados se encuentran dos comunicadores de la RNMA, Juan Mourenza y Ezequiel Medome, quienes están acusados de los cargos de intimidación pública y resistencia a la autoridad, figuras utilizadas para la criminalización de la protesta social.
Quienes hacemos de la comunicación comunitaria alternativa y popular nuestra herramienta de lucha, creemos que no hay nada más intimidante que un Poder Ejecutivo Nacional, (con Nocetti y Bullrich) que utilizando la fuerza de la Gendarmería, es responsable de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado.
Un Estado que en el contexto de una lucha, utilizó otras fuerzas de seguridad (la Policía de la Ciudad y la Policía Federal), bajo las órdenes del Poder Judicial, detener y armar causas penales, mediante el fraguado de actas. 

Por eso decimos que #SalirALaCalleNoEsDelito y que #ComunicarNoEsIntimidar.