8.9.2017
Por Luciana Peker
La semana pasada se fogoneó por las redes sociales el hashtag #ConMisHIjosNo para evitar que se hable en las aulas de la desaparición de Santiago Maldonado y se difundió un 0800 para denunciar a quienes lo hicieran. El número ya existía para otras denuncias -–como el bullying– pero ya se había hecho famoso cuando el entonces ministro de Educación de la ciudad, Esteban Bullrich, alentaba a señalar a quienes “hicieran política en las escuelas”. El silenciamiento en los colegios, el bozal a los docentes no es un evento aislado. En los últimos dos años hubo maestras judicializadas por disentir y aumentan cada vez más las acciones policiales intrusivas frente a las tomas de secundarios que reclaman por educación sexual integral y por protocolos de intervención frente a la violencia de género.
El pueblo quería saber de qué se trataba frente al Cabildo. No quedar de espaldas a la Independencia. Los chicos y las chicas también quieren saber de qué se trata. Pero, por primera vez desde el regreso de la democracia, ante la pregunta y las respuestas en las aulas sobre la demanda por el esclarecimiento de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, surgió un hashtag con el lema #ConMisHijosNo que reclamaba que no se hable de Santiago en las escuelas. No es solo una desaparición, sino la desaparición de la escuela como un lugar de palabras libres y de información y debate sobre la actualidad, la historia y su futuro.
El avasallamiento al derecho de chicas y chicos a saber por qué había una marcha en reclamo de la aparición de Santiago Maldonado, el viernes 1 de septiembre, en Plaza de Mayo o por qué las redes replicaban la pregunta: “¿Dónde está Santiago Maldonado?” no es un caso aislado. En colegios primarios se arrancaron carteles explicativos sobre Santiago y se judicializaron a docentes acorraladas a dejar su cargo por hablar del aniversario del golpe de estado, el 24 de marzo, o contestar una nota de “Clarín” sobre la eficiencia de las escuelas privadas por sobre las públicas.
También ante las tomas de colegios secundarios en contra de un nuevo sistema de escuela secundaria el miedo a la represión no es un fantasma. Un grupo de madres y padres ya calculó la cantidad de policías que entraron a los colegios, mientras en la Legislatura porteña espera, sin ser aprobado, un proyecto que prohíbe que fuerzas de seguridad puedan irrumpir entre guardapolvos, bancos y pizarrones. A una semana del 16 de septiembre (la conmemoración de La Noche de los lápices en donde desapareció un grupo de estudiantes, liderados por Claudia Falcone, por reclamar el boleto estudiantil entre otras demandas) la adolescencia aparece amenazada en sus demandas. Por eso, tanto un grupo de familias preocupadas por la violencia de las fuerzas de seguridad y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) elaboraron protocolos de recomendación para cuidar a lxs adolescentes si son interceptados por la policía o si van a marchas (se puede ver en www.cels.org.ar).
El silencio nunca fue salud. El silencio también es un modo de adoctrinamiento en la falta de memoria, la inacción y la aceptación de un poder o una verdad irrefutable. No poder preguntar -ni por Santiago Maldonado, ni por una desaparición- es también desaparecer a las preguntas como método de aprendizaje, de confrontación, de debate plural y de enseñanza. El desafío del crecimiento se enmudece y se pone un bozal ante un clima de época que tiñe a la niñez y la adolescencia en la idea (o el regreso a la idea ya perimida) de blancas palomitas vs, menores descarriados.
Pero, además, silenciar la pregunta sobre la desaparición de un joven retrocede el lugar central de la escuela contra la violencia de género y los abusos familiares. En el caso de chicas víctimas de trata, de abuso y de femicidios los colegios se volvieron centrales en las denuncias contra profesores o preceptores, en la búsqueda de sus compañeras, en el reclamo de justicia. Y silenciar la realidad es poner a las chicas en peligro.
Además, la gran conquista del 2006, hace más de una década, de la Educación Sexual Integral (ESI) tuvo como una de sus grandes pulseadas establecer que los lineamientos curriculares básicos eran obligatorios para todas las alumnas y alumnos, de escuelas públicas y privadas, laicas y religiosas, desde jardín de infantes hasta el secundario. La gran conquista fue que la ex patria potestad (ahora responsabilidad parental según el nuevo Código Civil) de los padres y madres no podía estar por encima del derecho de los chicos y chicas a informarse. Por ende, ningún papá podía sacar del aula a su hijo o hija porque no quisiera que se enterara sobre el uso de preservativos o su derecho a la identidad de género. En esta semana muchos docentes se encontraron con notas de padres que querían que sus hijos se vayan del aula si se hablaba de Santiago Maldonado. Pero, para las leyes argentinas, la autonomía de niños y niñas y adolescentes y su derecho a la información, no depende de la voluntad de sus padres, sino que es su derecho ¿Qué pasaría si un papá abusador obliga a que su hijo no escuche que se puede denunciar un abuso familiar en un aula?: perdería su única posibilidad de defenderse.
“Una de las discusiones de la Educación Sexual Integral (ESI) estuvo alrededor del viejo tema de si las familias tenían más derecho que el Estado. Se hizo una consulta a todos los organismos internacionales y se estableció que en la actualidad hay acuerdos centrales que aquello que forma parte de la comunidad tiene que estar presente en la educación de niños, niñas y jóvenes. Los padres no pueden sacar a sus hijos de las clases de matemática porque no les gusta el enfoque de matemática”, explica la educadora Graciela Morgade, decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y Directora de la colección “La lupa de la ESI”, de Editorial Homosapiens.
Anahí Benítez iba a las marchas de Ni Una Menos y participaba de las reuniones para terminar con el acoso de los señores que iban con autos a molestar chicas a la puerta de su escuela. El 29 de agosto desa- pareció y los que alzaron la voz para reclamar su búsqueda fueron sus compañeras/os. El 4 de septiembre fue encontrada asesinada. Y sus amigos/as siguen pidiendo justicia. Sofía Montenegro, Presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela Normal Superior Antonio Mentruyt (ENAM, de Banfield), a la que iba Anahí, resalta el dolor del banco vacío y que si las hubieran escuchado Anahí estaría viva. Piden que las escuchen, no que las callen: “Es importante hablar de desapariciones porque no podes hacer de la escuela una burbuja. Si se oculta que la Gendarmería se lleva pibes para reclamar o desaparecen pibas cada 18 horas ocultas información vital”, resalta Sofía.
Antonella, alumna de la escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano y representante de la Coordinadora de Estudiantes de Base reclama contra la reforma educativa porteña y contra la violencia de género. “Nosotras sufrimos en nuestro colegio el femicidio de Natalia (Grebenshikova) y de Nuria (Couto), a manos de Mariano Bonetto (apuñaladas el 11 de octubre frente al colegio). No podemos esperar más porque se nos van víctimas todos los días. Exigimos la aplicación de la Educación Sexual Integral y un Protocolo de Violencia de Género y profesionales que puedan acompañarnos en casos como estos”.
El silencio no es una respuesta. Pero, en una editorial del 31 de agosto del 2017, titulada “La desaparición de Maldonado y el adoctrinamiento escolar”, el diario “La Nación”, calificó de “repudiable politización” y “gran canallada” – sumándose a la calificación del Ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro- la iniciativa del gremio Ctera de impulsar, a través de cuadernillos, el debate en las escuelas sobre la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Eduardo López, secretario gremial de Ctera responde: “Los docentes educamos desde la perspectiva de los derechos humanos y lo seguiremos haciendo no solo porque es una práctica que contribuye a afianzar la democracia sino porque es una obligación establecida en leyes nacionales y en diseños curriculares. Desde 1983 en adelante el sistema educativo fue incorporando cada vez con más énfasis el tratamiento de temáticas de actualidad. Esto no fue patrimonio de ningún gobierno sino una construcción de la sociedad argentina”.
Eugenia Azurmendi, maestra de una escuela pública de Villa Crespo y una de las autoras del libro Huellas, voces y trazos de nuestra memoria, de Editorial El Zócalo subraya: “Nuestro sistema educativo promueve la participación y la democracia. En ese marco no hablar de una desaparición forzada es faltar a nuestro deber como docentes. Poder comprender la realidad que nos rodea está establecido en la Constitución y nuestro marco curricular. La escuela es el lugar de la palabra y no del silencio”.
Sin embargo, el clima de cercenamiento y la difusión de un 0800 para denunciar a docentes no es nuevo. Una docente que prefiere resguardar su identidad para preservar su fuente laboral sufrió una denuncia, en abril de este año, por parte de una familia que le pareció más sencillo ir a entablar una denuncia a una fiscalía que acercarse a hablar con la maestra de su hijo. La denuncia se produjo después de la clase sobre el 24 de marzo y de una nota del diario “Clarín” que estigmatizaba -en base a solo dos entrevistas al azar- la educación privada con la pública por la cantidad de hojas escritas en el cuaderno de dos alumnos de primer grado. Ni la justicia, ni la directora le pidieron a la docente que abandone el aula, pero el stress fue tan alto que tuvo que pedir licencia y, después, volver para realizar tareas administrativas. “Los pibes traen a la escuela lo que escuchan y el 24 de marzo es trabajado desde el jardín y toda la escuela primaria. Pero este año se vivió muy fuertemente la iniciativa para querer callarnos a los docentes. Hay un clima muy duro de miedo por algunas personas que salen a denunciarnos y querer callarnos”.
Pablo Almeida es papá de dos nenas de una escuela pública primaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y relata: “Este año vivimos la experiencia que se comparara la escuela pública y privada a raíz de los paros docentes. Algunos salimos a bancar a los docentes de nuestros chicos porque entendemos que las condiciones de trabajo de los docentes son parte de la educación pública y es dar una enseñanza a los pibes. Existe una presión de los medios hegemónicos y de parte del gobierno que envalentonan a ciertos padres para cercenar a los docentes y que no puedan ejercer su tarea libremente”.
En una escuela pública de Colegiales, con una tradición de una alta participación de papás y mamás y de dialogo abierto sobre temas de actualidad, un padre reclamó que quiten carteles preguntando sobre Santiago Maldonado y se quejó mientras que otros padres y madres respondieron pidiendo que sus hijos e hijas tengan acceso a información y debate sobre la desaparición forzada del joven. “Es importante que la palabra no fue silenciado y que fue abordado muy amorosamente y cuidado por parte de los docentes. Lo que pasa en la escuela es parte de lo que acontece en la sociedad y hay que trabajar sobre esa tensión”, relata Daniela Wainer, mamá de la escuela primaria. “El hashtag #ConMisHijosNo es una falacia porque los temas surgen igual en las escuelas. Es un lugar de socialización, de construcción colectiva de saberes y de intercambio. No se puede subestimar a los chicos”, destaca Daniela Basso, madre de la escuela pública de Colegiales.
En las primarias los chicos y chicas piden la palabra. Y en la secundaria, la toman. Ya hay quince escuelas tomadas en contra de programa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de la Nueva Escuela Secundaria (NES) porque propone reformas que lxs adolescentes consideran que van a estimular el trabajo esclavo y la flexibilización laboral y, además, reclaman la efectiva implementación de la Educación Sexual Integral (ESI).
El problema es que el miedo y la represión no aparecen como fantasmas del pasado, sino como sombras presentes. Marcela Negro es una mamá que se puso a anotar en una planilla de Excel la cantidad de avasallamientos policiales a estudiantes y dentro de escuelas y colegios, a partir de las denuncias de La Garganta poderosa y, especialmente, de la represión a la carpa docente frente al Congreso de la Nación y formó la Red de Madres y Padres contra la Violencia Institucional Hacía la Escuela. “La policía empezó a hacerse notar con sus móviles en las esquinas de las escuelas, entrando directamente o interceptando chicos a metros de sus escuelas. Tienen, por la ley, prohibido el ingreso con armas. Sin embargo lo hacen igual. Parece ser el modo de señalar el inicio de una nueva época en donde ellos tienen el poder. Creo que quieren amedrentar para despolitizar, quieren asustar para que no se participe, quieren hacer notar que ya no hay libertad para hacer o decir lo que se piensa. Nos quieren sumisos.”
Gabriela Castillo es mamá de dos alumnos del Colegio Carlos Pellegrini, integrante de la Cooperadora y de la Asamblea de Familias de la escuela. Ella analiza: “El hashtag #ConMisHijosNo no fue nada espontáneo. Se trata de una campaña orquestada que busca desmovilizar a los estudiantes y a las familias. Representa un retroceso en materia de derechos de los niños, niñas y adolescentes, del derecho a la libre opinión, a la participación. Se busca que las escuelas dejen de ser un lugar de debate, reclamo y movilización por derechos como los de Educación Sexual Integral, como el #NiUnaMenos –que el año pasado en el Pelle fue un tema central–, como la desa- parición forzada de Santiago Maldonado. Justamente lo que muchos padres y madres queremos, es que nuestros hijos se eduquen no solo con contenidos sino con pensamiento propio y en el ejercicio pleno de sus derechos”.
Pablo Baldoma es integrante del grupo de Familiares del colegio Mariano Acosta y de la Red de Madres y Padres contra la Violencia Institucional Hacia la Escuela y cuenta el conflicto en el jardín, primaria y secundaria de Balvanera: “El enfrentamiento entre el Acosta y el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pasa por la persecución política y el cese intempestivo de Raquel Papalardo, la rectora, que derivó en su jubilación a partir del 1º de septiembre y el vacío de dirección consiguiente, ya que la autoridad que queda a cargo no tiene la legitimidad ante la mayoría de la comunidad escolar porque no garantiza la continuidad del proyecto pedagógico. La decisión del Ministerio de desplazar a Raquel Papalardo se toma después de su denuncia a la Policía de la Ciudad luego de un caso de violencia institucional contra el establecimiento el 20 de abril en el contexto de asambleas y movilizaciones de estudiantes y docentes reclamando la paritaria docente”.
En el Liceo 9 también hay toma en reclamo de la implementación de Educación Sexual Integral (ESI) y en contra que en el colegio se implemente un plan piloto de la Nueva Escuela Secundaria (NES). Las amenazas no se hacen esperar. José Machain, Consejero por Legislatura (Bloque FpV) en el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires explica: “El Liceo 9 está en toma desde la semana pasada. La Fiscalía N° 6 de la Ciudad a cargo de Adriana Bellavigna le remitió a la Directora de la Escuela un oficio para que le confeccionara un listado de las personas que estaban realizando la toma. Convocó a una reunión y le dijimos que ante cientos de tomas una fiscal nunca se había presentado y que constituye un hecho inédito. Ella dijo que no constituía delito, pero que si pasaba a ser una usurpación ella se veía en la obligación de proceder con el expediente judicial. Es una escalada de mucha gravedad que involucren al Poder Judicial con lo que se podría llevar a judicializar a los pibes y/o padres/madres”.
Adriana Friedman, es mamá de un alumno de segundo año del Liceo 9, reclama: “Me preocupa que hayamos tenido que recurrir a un Consejero por los derechos de la niñez, infancia y adolescencia y a abogadas de la Defensoría de Niñas, Niños y adolescentes de la comuna 13 para que interceda frente a la fiscalía que pedía a la rectora del colegio un listado con los nombres de los alumnos que participaban de la toma. Me corre un escalofrío porque hasta ahora nadie del Ministerio de Educación se ha acercado a escuchar cuáles son los reclamos ni a informar sobre las modificaciones que piensan implementar. Pero sí son hechos que encajan en un clima represivo pedir listados de alumnos rebeldes.
Mientras que, en la Legislatura porteña, se presentó una iniciativa de José Cruz Campagnoli (Nuevo Encuentro-FPV) para prohibir el ingreso de policía a los colegios que se encuentra en la Comisión de Seguridad, pero todavía no fue tratado. Campagnoli subraya: “El proyecto que presentamos restringe el acceso de la policía a los establecimientos de la Ciudad de Buenos Aires impulsando que sólo puedan ingresar con una orden de un juez o de las propias autoridades educativas. Hasta ahora, en treinta años de democracia, nunca había sido necesario un proyecto de estas características porque nunca había existido un política constante de presencia policial en las escuelas. Fue necesario pensar estos mecanismos en el contexto actual de persecución tanto a docentes como a estudiantes”.
La palabra, la participación estudiantil y de las familias y el rol docente están demonizados. Pero el proselitismo oficial no. En Rosario, Mauricio Macri les hizo cantar a alumnos de colegios públicos, frente al monumento a la bandera, el eslogan de “Cambiemos” “Sí, se puede” ante las cámaras de televisión. En campaña electoral, el ex ministro de Educación Esteban Bullrich fue a una escuela del conurbano mientras alegaban que era politizar la educación preguntar por Santiago Maldonado y, con quince colegios tomados y elecciones en octubre, el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se saco fotos oficiales con alumnas de jardín de infantes para defender su proyecto de escuela secundaria.
El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, visitó hoy el Atelier Digital de un jardín de infantes del barrio de La Boca, donde destacó que “la educación tecnológica es parte importantísima del nuevo mundo al cual los chicos van accediendo, que cambia todos los días”. “Es pate de un cambio en la escuela secundario que estamos consensuando con docentes, directivos y expertos en educación”, enumeró, sin contar a los propios alumnos/as. Pero sí reforzó que los jardines de infantes (insuficientes para las vacantes en falta) van a contar con atelier digital.
