Comunicadores del Sur

2.2.2018

Por Horacio Cecchi

Manuel Tufró, del equipo de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del organismo, señaló que “hay indicios para afirmar que por lo menos está bien el procesamiento del oficial Chocobar”. Afirmó que al respaldar al policía el Gobierno “se aferra a la versión periodística del hecho” e incurre en “una interferencia grave ante el Poder Judicial”.

“La estrategia del Gobierno es lamentable, es llevar al extremo la convalidación de las acciones violentas de policías en contra de las reglas y protocolos”, advirtió Manuel Tufró, coordinador del equipo de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del CELS, al cuestionar la reunión que mantuvo ayer el presidente Mauricio Macri con el policía  Luis Chocobar, quien el 8 de diciembre mató a un joven que acababa de asaltar a un turista.

Tufró planteó que la Justicia está investigando el caso y “no está establecido qué sucedió”. “Pero hay indicios para afirmar que por lo menos está bien el procesamiento del oficial Chocobar”, añadió. Frente a eso, cuestionó que el gobierno se aferre a la “versión periodística del hecho”. “Convalida las versiones y da un mensaje muy grave porque hay una interferencia grave ante el Poder Judicial en una situación donde es raro que se avance correctamente, como se está avanzando”, añadió.

El especialista del CELS consideró que el presidente Mauricio Macri “ignora y desprecia las reglas básicas del uso proporcional de la fuerza”. Acotó que es más preocupante que funcionarios como el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, no planteen un límite al tema. “Se sumó a la demagogia punitiva. La función del secretario de Derechos Humanos debería ser en todo caso advertirle a los funcionarios sobre las reglas del uso proporcional de la fuerza que la policía tiene que cumplir”, remarcó Tufró.

“Es gravísimo desde todo punto de vista porque además aprovechan un momento mediático de un tema para meterse con eso y no hablar de otras cosas, claramente”, señaló el coordinador del equipo de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del CELS.

Respecto a cómo deben ser los procedimientos en estos casos, Tufró mencionó que “lo primero que debería tratar de hacer un policía que está solo es pedir refuerzos” y cuestionó las intervenciones de policías fuera de servicio porque “son en general las más letales, no solo en términos de las personas que mueren, sino también para los propios policías”.

“No son recomendadas las intervenciones fuera de servicio, que es todo lo contrario de esta idea de intervención heroica que pone en escena el Gobierno. El policía podría haber perseguido y debería haber buscado la forma de reducir o detener a esas personas que huían sin hacer uso de la fuerza letal, que solamente está permitida si existe una amenaza inminente a la vida de un policía o a la de un tercero. La del tercero ya había cesado evidentemente”, completó.

2.2.2018

En el día de ayer 1º de febrero del 2018, las y los trabajadorxs de la Secretaría de Integración Social y Urbana (organismo encargado de urbanizar la Villa 31 y 31 Bis) junto a las y los trabajadorxs del Canal de la Ciudad, salieron a difundir la situación de despidos que están atravesando ambos colectivos de trabajadorxs estatales dentro del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que dirige el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta.

La intención fue mostrar y difundir que así como a nivel nacional y en las distintas provincias están habiendo constantes despidos de trabajadores y trabajadoras estatales, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siguiendo las órdenes del Presidente Mauricio Macri, el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, no se queda atrás y también despide a estos trabajadores y trabajadoras, empezando con dos lugares como es la Secretaria de Integración Social y Urbana y el Canal de la Ciudad que dependen directamente de Jefatura de Gabinete y donde hay Juntas Internas de ATE que son combativas y tienen una visión muy distinta a la de estos gobiernos neoliberales.

Posteriormente a esta medida  las y los mismos trabajadorxs de ambos conflictos fueron a una reunión con vecinos y vecinas de la Comuna 1 que el propio Jefe de Gobierno dio en la universidad de la UCA. En esa reunión las y los trabajadorxs de la Secretaría de Integración Social y Urbana lograron intervenir y consiguieron la promesa del propio Jefe de Gabinete para tener una reunión por los despidos con el Vice Jefe de Gobierno Diego Santilli y el Jefe de Gabinete de Ministros Felipe Miguel.

En el caso de las y los trabajadorxs de la Secretaría de Integración Social y Urbana conflicto por arrancó el 12 de enero a raíz del despido de diez trabajadoras sociales, a partir de ese momento se encuentran en cese de actividades donde intentaron constantemente buscar el diálogo con las autoridades que se mostraron reacias a dialogar y dar al menos justificaciones por los despidos, donde la máxima autoridad es Diego Fernández. Y en el caso del las y los trabajadorxs del Canal de la Ciudad, que están en una situación similar, las y los mismos están en conflicto desde el 5 de enero por cinco despidos a los que se les sumaron otros más llegando a ser en total 24 despidos donde su máxima autoridad es Eduardo Alberto Cura.

1.2.2018

Por Red Nacional de Acción Ecologista de la Argentina

Ambientalistas denuncian que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires quiere quemar basura para tapar su mala gestión de residuos.

Ante la crisis de los residuos que atraviesa el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las organizaciones Salud sin Daño, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Coalición Ciudadana Anti-Incineración, la Alianza Global para Alternativas a la Incineración (GAIA) y Greenpeace Argentina denunciaron que la mala administración en la política de residuos de los últimos años no puede ser presentada como una excusa para avalar una tecnología ilegal y contaminante como la incineración.

Esta tecnología, también conocida como Waste to Energy, no sólo viola la Ley de Basura Cero (N° 1.854) que prohíbe esta práctica, sino que es una fuente de energía sucia y no renovable que pone en riesgo la salud de los vecinos con compuestos tóxicos y cancerígenos, y sólo en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires podría impactar directamente en más de cinco mil empleos vinculados a la cadena del reciclaje.

“Las noticias difundidas este fin de semana por la CEAMSE y el Gobierno de la Ciudad en relación a este tema buscan allanar el terreno para proponer el regreso a la incineración de residuos, una práctica antigua y que genera contaminación del aire y puede afectar la salud y la calidad de vida de la población" explicó Andrés Nápoli de FARN. "Casi nada se ha avanzado, por ejemplo, en el aprovechamiento de residuos orgánicos y reciclables. Hay una industria de la recuperación que sostener, fortalecer y desarrollar".

En noviembre de 2017 las organizaciones enviaron una carta a las autoridades del gobierno nacional, de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires, expresando su preocupación ante el avance de los planes del gobierno para construir al menos siete plantas de incineración de residuos en el AMBA, y promoviendo el fortalecimiento del reciclaje y el compostaje como solución. (1)

Con la quema de residuos, indican, se buscaría tapar la falta de voluntad política de los sucesivos gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires en dar cumplimiento a la Ley de Basura Cero, aprobada en 2005. Esta normativa instaba a la Ciudad a un descenso progresivo en la cantidad de basura enviada a los rellenos sanitarios de la Provincia. Doce años después de la sanción de la ley, la Ciudad no debía superar las 357.000 toneladas de residuos enterrados; sin embargo, según datos oficiales, en 2017 se dispusieron 1.101.202 toneladas, tres veces más que lo exigido por la ley.

(1) Carta enviada a las autoridades del gobierno de la Nación, Provincia y Ciudad de Buenos Aires: www.greenpeace.org/argentina/Global/argentina/2018/01/Carta_Marcos_Pena_v2.pdf

31.1.2018

Valeria Pesce

En Argentina, la brecha entre los ricos y los pobres, es del 2500% *; en la Ciudad de Buenos Aires se nota más. En el barrio de Retiro, esta asimetría se vive diariamente. Un barrio forjado de asentamiento, en asentamiento, nutrido por los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular con menos derechos, con cloacas y servicios deficientes.  Allí en se encontraban las escuelas de nivel inicial, nivel primario y secundario, a la que asisten los hijos y las hijas de estxs trabajadorxs.

Se encontraba, porque las escuelas de nivel inicial y primaria, ubicadas en Letonia y Av. Antártida Argentina, fueron demolidas a principio de este año. Como dijo una mamá de alumnos de esas escuelas: “Luchamos y no alcanzó. Nos dijeron lo que iban a hacer cuando tenían todo cocinado”. La comunidad educativa de esas escuelas, denunciaron la necesidad de un Polo Educativo y propusieron un proyecto: la construcción por etapas del Polo, en tres años, con la instalación de escuelas modulares durante la construcción para que todos los niveles continuaran estudiando en el mismo predio. Sin embargo, fueron desoídos.

No sólo arrancó el año con la demolición sino también con el traslado de los alumnos a un galpón sobre la Avenida Ramón Castillo al 1700. Los padres y maestras denuncian además, que este galpón pertenece a la familia del Ministro Nacional de Transporte, Guillermo Dietrich, y hablan de sumas cuantiosas para el pago del alquiler, medio millón de pesos para el primer año y 200 mil adicionales para el año que viene.

Los padres presentaron amparos en la justicia y hoy el Juez Pablo Mántaras, a cargo de la causa, realizó una visita ocultar con aquellos y el abogado defensor Hernán Mirasole de la organización “Nace un derecho”. Luego del recorrido denunciaron la falta de ventilación, el calor sofocante en el lugar, la falta de iluminación. Lxs alumxs tampoco contarán con espacios abierto para la recreación, incluso lxs niñxs de primaria harán los recreos en pasillos. Los espacios diseñados para las aulas son “ratoneras” dijo una madre que realizó la visita y separadas por “Durlock”, un material que no aísla los sonidos. “¿Cómo darán clases al lado del aula de Música?”, se preguntaba Erika maestra de la escuela primaria demolida Nº 25″La Bandera”. Tampoco contará con un comedor instalado, y si bien les dicen que habrá cocina, no hay instalación de gas en el lugar, y sospechan del suministro de viandas, de dudosa calidad nutritiva. “Los derechos de los niños, están en nuestra Constitución y en tratados internacionales, y tenemos que hacer que se cumplan” expresó luego de la visita el abogado defensor Hernán Mirasole.

A las deficiencias edilicias, se suma la disminución de vacantes para ambos niveles, cuando ya en la escuela inicial Nº 5 del Distrito Escolar 1 “La Banderita”, por ejemplo, había una lista de espera de 500 niñxs.

“Una conquista histórica de la comunidad educativa del barrio 31, el Polo Educativo, luego de años de lucha de esta comunidad, se va a construir, el problema es la transición a este galpón patético, además, separan a los niños de los niveles de inicial y primaria, de los del secundario, cuando los hermanos del secundario llevaban a los más pequeños antes de ingresar ellos, esto ahora será muy difícil. Les pedimos al gobierno de la Ciudad que no trate a los vecinos del Barrio 31 como vecinos de segunda”, manifestó el Secretario Gremial de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE).

Las maestras también desconfían del inicio de la construcción del Polo Educativo, porque todavía no hay habilitación para la obra. No es para menos, las políticas del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en materia de educación pública lejos están de buscar su fortalecimiento. Las tierras sobre las que se encuentra la Villa 31 son además codiciadas por los commodities inmobiliarios.

Las promesas son varias: terminar la obra para el inicio de las clases, micros para el traslado de las maestras y lxs alumnxs desde el predio original de las escuelas al nuevo, pero “hay que seguir la lucha para que este galpón sea un lugar digno para enseñar y aprender”, concluyó una madre.

*(según datos del 05-01-2017 del Instituto Nacional de Estadística y Censo, INDEC, del tercer trimestre 2016)

30.1.2017

A más de dos semanas de iniciado del conflicto por el intento y confirmación de despidos a diez trabajadoras sociales de la Secretaría de Integración Social y Urbana, organismo encargado de urbanizar la Villa 31 y 31 Bis, el colectivo de trabajadorxs, muchxs de ellxs organizadxs en la Junta Interna La Mugica ATE Capital, volvieron a marchar en barrio donde trabajan, para pedir por la reincorporación de sus compañeras y contra la persecución política y gremial que vienen sufriendo de conjunto. En esta jornada además de marchar realizaron una toma pacífica en una de las oficinas donde el Jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta suele utilizar.

Esto se debió a que tras la última movilización que las y los mismos hicieron a las oficinas ubicadas en Parque Lezama, en las cuales tras la misma consiguieron que el viernes 26 de enero por primera vez las autoridades de la Secretaría los atienda, en este caso donde el propio Secretario de la Secretaría de Integración Social y Urbana se reunió con el Consejo Directivo de ATE Capital y Ezequiel Jarvis Subsecretario de Trabajo. Como en esa reunión donde Diego Fernández, se comprometió llevarle una propuesta a Jarvis para el día de ayer que finalmente no entrego ninguna, tras su negativa de incorporar a las trabajadoras a sus puestos de trabajo, el colectivo de trabajadorxs decidió continuar con las medidas de lucha y volver a movilizar al barrio haciendo esa toma pacífica en las oficinas del Centro de Desarrollo y Emprendedor Laboral, para intentar que después de varios canales seguir intentando apelar al dialogo con las autoridades que además se siguen negando a dar explicaciones concretas de los despidos, y continúan buscando el desgaste, sumado al amedrentamiento a las y los trabajadores que se solidarizan.