21.2.2018
Patricio del Corro
Legislador CABA PTS/FIT
A fin de año el Gobierno de la Ciudad dio a conocer que busca disolver los 29 Institutos de Formación Docente de la Ciudad para formar la “Universidad de Formación Docente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (“UniCABA”) ¿Qué hay detrás de este proyecto?
El modus operandi es marca propia del macrismo, un 22 de noviembre la ministra de Educación Soledad Acuña, junto a Larreta, presentan sin previo aviso un proyecto que crea la UniCABA y para ello disuelve los 29 profesorados existentes. Como es habitual en estas arremetidas del macrismo sobran los PowerPoint y las encuestas por Twitter, pero escasean los fundamentos.
El debate con la comunidad académica, que consta aproximadamente 30.000 estudiantes y cientos de docentes, tampoco les pareció necesario. Las reuniones "Dialogando" que armó el gobierno fueron más bien una tomada de pelo para notificar los planes Larretistas.
Sin embargo en la comunidad educativa la respuesta no se hizo esperar, asambleas en los profesorados y movilizaciones masivas mostraron, como parte de un diciembre caliente, que Larreta no tiene allanado el camino.
Múltiples debates se abren en torno al proyecto, a sus fines políticos, pedagógicos, laborales y económicos. En esta nota queremos comenzar por los fines políticos del gobierno, que son el motor de la intervención.
La presentación de Larreta se basa en la idea de que la UniCABA es para "jerarquizar" la carrera docente. Como justificación pública del proyecto el gobierno se valió de una encuesta por redes sociales que consultaba “¿Estás de acuerdo en que la formación docente pase a ser universitaria?”. Evidentemente se trató de una mera campaña de publicidad, lejos de abrir el debate sobre el estado actual de la formación y la carrera docente que hubiera necesitado incluir, mínimamente, a quienes están implicados.
La falta de docentes tampoco se soluciona con este proyecto. Si trabajar y estudiar, viajando por toda la Ciudad e intentando compatibilizar los horarios ya es de por sí difícil para los terciarios esta situación es aún peor. Tienen que realizar prácticas pedagógicas en horarios laborales. El 80% de los estudiantes terciarios trabajan, el 55% realiza tareas laborales de baja calificación (cajeros, vendedores de ropa, trabajo doméstico) [1]. Trabajos que generalmente demandan muchas horas y baja remuneración. Trabajan de lo que pueden para vivir e intentar estudiar con gran esfuerzo. La falta de un plan de becas serio lleva a aumentar la deserción, incluso cuando ya están avanzados en la carrera. Aún si se reciben saben que los espera tener que optar entre un salario que con suerte supera la línea de pobreza o tener que estar al frente de un curso en dos o tres turnos (con las consecuencias pedagógicas y de su salud). No es como para sentirse “jerarquizado”.
Lejos de “jerarquizar” a los docentes y su formación en los hechos el gobierno lo que busca es avanzar en el control sobre un espacio clave en el sector educativo, que es de por sí un epicentro de la oposición al macrismo.
¿Qué dice el proyecto presentado?
Para una primer lectura articulo por articulo recomendamos “Universidad de Formación Docente: análisis del proyecto” de Manuel Becerra. Podemos decir que el proyecto de ley presentado consta de 15 artículos, los cuales podríamos catalogar entre generalidades que abren dudas (sobre la estabilidad laboral de los docentes y los planes de estudio) y los artículos que se centran en la única certeza: el plan es un intervención sobre el conjunto de los terciarios.
En primer lugar el artículo 10 (que podemos nombrar la “intervención original”) dice:
Artículo 10.- La UniCABA se organizará internamente de acuerdo a los Órganos de Gobierno y de Administración que establezca el Estatuto Académico a dictarse. Dicho Estatuto será redactado por el Rector/a Organizador/a, designado/a por el Poder Ejecutivo, quien deberá contar con acreditada idoneidad y experiencia académica en el ámbito universitario, y será quien conduzca el proceso de formulación y reconversión del proyecto institucional y académico. El Estatuto será aprobado por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación.
Léase: se disuelven los órganos actuales de cogobierno y el Ejecutivo pasa a tener un control absoluto para reorganizar a gusto y piaccere los 29 institutos. Nada puede estar bien cuando se trata de una intervención que busca crear una universidad a “imagen y semejanza” del PRO.
En este sentido el último artículo es la frutilla del postre:
Artículo 15.- La UniCABA podrá ser intervenida por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o, durante su receso, por el Poder Ejecutivo –debiendo en este caso ser ratificada por aquélla en el término de treinta (30) días de reiniciadas las sesiones ordinarias–, por alguna de las siguientes causales:
1. Conflicto insoluble dentro de la institución que haga imposible su normal funcionamiento;
2. Grave alteración del orden público, y
3. Manifiesto incumplimiento de la normativa legal.
Por lo tanto si luego de un proceso de "normalización" dirigido de manera absoluta por el ejecutivo no están a gusto con los resultados este podrá usar algunos de los genéricos causales de intervención para volver a tomar el control. A esto hay que sumar la contradicción de este articulo con la Ley de Educación Superior, que como parte de las conquistas que ha logrado el movimiento estudiantil y docentes desde principios de siglo XX, sostiene la autonomía académica e institucional de las Universidades, y la autarquía económica. Los “causales” de intervención son tan genéricos como útiles. Sumemos que, como denuncia Becerra "Aunque este artículo está prácticamente copiado del 30º de la Ley de Educación Superior, en aquella ley nacional el artículo siguiente (31º) especifica claramente que “La fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales si no media orden escrita previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida.” Esta aclaración no está en el proyecto de ley de creación de la UniCABA". Las denuncias sobre el ingreso de la policía a los secundarios en lucha valen como adelanto.
Intervenir un terreno hostil
En este sentido apunta Daniel Brailovsky, especialista en educación, cuando sostiene “la principal consecuencia política de esta reforma, sería la disolución de este actor político democrático, y su reemplazo por un rector supremo designado por el Jefe de gobierno”. Como decíamos, hoy la comunidad educativa sea quizás uno de los sectores más opositores al macrismo. Esto se da como reacción a las políticas claras de avanzar sobre un derecho, como es la educación, en un negocio. Algunos datos bastan para dejar esto en claro: 1- El esfuerzo presupuestario (el % sobre el total del presupuesto) está en su piso histórico con el 18.43%. En el 2011 era el 27,8 %; 2- La Ciudad batió un record nacional, la mayoría de los chicos que se egresan de la secundaria lo hacen en escuelas privadas. En el resto del país el promedio es de un 20 %; 3- A pesar de ser el distrito con el presupuesto por habitante más alto del país en el 2017 fueron 12.000 chicos los que pidieron una vacante en la educación de gestión pública y no la obtuvieron.
Para el PRO la Ciudad es su bastión, buscan blindarla y tener el control absoluto sobre ella. Por eso pasó a su órbita grandes cajas como el juego, organismos de poder real como la policía, avanzan sobre el traspaso de la justicia, y buscan tener bajo su control los puertos.
El ataque a los estudiantes y docentes es la regla: se ataca a los secundarios con “protocolos anti toma”, se ataca a los [padres que apoyan su lucha, se ataca a los docentes que pelean por su salario y condiciones de trabajo, y se ataca a la educación pública en general. Para el macrismo es un terreno hostil y lo demuestra que quienes defienden las políticas educativas del oficialismo en el movimiento estudiantil y en los docentes son absoluta minoría. Por este motivo es que el proyecto fue presentado sin ningún debate con la comunidad académica.
El Gobierno busca solucionar esta situación desembarcando por la fuerza en los institutos que forman a los nuevos docentes. Este es el objetivo central, que viene atado a una serie de negocios privados como las plataformas digitales o las universidades privadas, con la amenaza latente de una reducción de la planta docente.
Hay muchos debates que son necesarios abrir. Como decíamos hoy la formación de docentes está en crisis, empezando porque no se garantiza a quienes quieren estudiar las posibilidades materiales. Pero también es necesario repensar las formas de cogobierno en un sentido más democrático, la formación de qué perfil de docentes se busca, la relación con el sistema educativo de conjunto y de este con el resto de la sociedad. Pero nada de esto puede venir de una intervención del Gobierno.
A pesar que la mayoría de los sindicatos docentes se manifiestan opositores al PRO las políticas educativas del oficialismo han venido avanzando. Evidentemente esto también amerita un debate. No es que falte fuerza, lo han demostrado las enormes movilizaciones del fin de año. Ya iniciado el 2018 la clave para derrotar este intento solo puede venir desde las bases del movimiento estudiantil y de los docentes mismos. De su propia deliberación, coordinación y movilización para decirle #NoALaIntervención y abrir los debates necesarios. Contra cualquier intento de los funcionarios de limitar el debate a la Legislatura y las “mesas chicas” el movimiento contra la intervención debe desarrollar la autoorganización como una de sus principales herramientas.
