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Justicia por Marcelo Montenegro: fue la policía

13.4.2018

*Por Colectivo de Medios de Comunicación Populares

A Montengro lo asesinaron en 2012, en la madrugada del 7 de julio. Ahora, se realiza el juicio oral contra Emmanuel Alejandro Díaz, Mario Nicolás Medina y Diego Marcelo Calderón, policías imputados como coautores penalmente responsables de homicidio agravado. Antes, fueron tres veces sobreseídos.

A Marcelo lo asesinaron en 2012, en la madrugada del 7 de julio. El juicio oral contra Emmanuel Alejandro Díaz, Mario Nicolás Medina y Diego Marcelo Calderón, policías imputados como coautores penalmente responsables de homicidio agravado, se realiza ahora. Antes fueron tres veces sobreseídos.

Rosa Montenegro, la mamá de Marcelo, espera sentada en las puertas de la sala de audiencias del Tribunal Oral 30. Está acompañada por otra Rosa, la mamá de Miguel Bru, y por algunos familiares. Los tiempos del Poder Judicial determinan que la cuarta audiencia citada a las diez no empiece hasta un poquito pasadas las once.

El 7 de julio del 2012, Marcelo Montenegro junto a Alejandro Nahuel Maturano iban en un auto marca Twingo. La policía pidió que detuvieran la marcha pero ellos siguieron avanzando. Entonces los efectivos dispararon. El auto chocó contra un paredón en Piedrabuena y Saraza, en el barrio de Lugano. Marcelo murió, pero no por el choque sino producto de uno de los disparos. Rosa desmiente la versión policial: “No es que se tiroteó. El arma se la pusieron después que chocó. Por eso vengo acá. Él no está para defenderse pero yo sí estoy para defenderlo”.

El juicio oral está aún en instancia de testimoniales. Todos los que declararon hasta el momento son policías o peritos, y lo destacable es que dicen no recordar casi nada de aquella madrugada de 2012. 

Antes de llegar al juicio oral los policías implicados fueron tres veces sobreseídos. Recién en la tercera apelación de la querella, patrocinada por la Asociación Miguel Bru, que acompaña a la familia de Marcelo Montenegro, la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional anuló lo dictaminado por el juez Diego Slupski y lo apartó de la causa, que pasó a manos de Wilma López, quien definió procesar a los policías Emmanuel Alejandro Díaz, que iba como acompañante, el conductor Mario Nicolás Medina y Diego Marcelo Calderón que iba en el asiento de atrás, como coautores penalmente responsables del delito de homicidio agravado por ser miembros de una fuerza policial. Para imputar a los integrantes de la fuerza, la jueza se basó en el concepto de “convergencia intencional” del fallo por el caso de Mariano Ferreyra, que responsabiliza a todos independientemente de quien apretó el gatillo.

La coartada de los acusados es la de siempre: enfrentamiento en el marco de una persecución. Sin embargo, lo que se demostró al momento de investigar las modulaciones de los aparatos a través de los que se comunicaron es que los policías sólo hicieron referencia a la existencia de un enfrentamiento después de que el auto chocó contra el paredón y vieron a Marcelo sin vida. Antes de eso no hacen referencia a enfrentamiento alguno. Sólo mencionan una persecución. En relación a esa cuestión, la defensa de los policías implicados alegó la posibilidad de fallas en el sistema de modulaciones. Por eso la querella pidió un informe para saber cómo funciona el sistema. Se conoció que existe un botón específico para este tipo de situaciones, que da prioridad al móvil que se encuentra en una situación de emergencia.

En la cuarta audiencia declararon todos los peritos que confirmaron lo que dice el expediente: Marcelo Montenegro sufrió un ataque con dos proyectiles que se produjo desde el móvil policial. Uno de ellos fue en el tórax y fue mortal.

Rosa, la mamá de Marcelo, explica por qué no hay otros testigos: “No los conseguí. No quieren salir a declarar porque tienen miedo porque son policías. Los entiendo porque en su momento también hacían cualquier cosa para que yo no estuviera acá. Pero voy a seguir hasta lo último”. Además recuerda “como si fuera ayer” esa noche del 7 de julio de 2012, cuando llegó a la comisaría, alertada por la mamá del pibe que iba con Marcelo en el auto: “Andá a la comisaría, parece que a tu hijo lo mataron”. A ella también la maltrataron esa noche. La hicieron esperar, ir dos veces a la morgue porque habían escrito mal el nombre de su hijo. Rosa no conocía la cara de los asesinos de su hijo. Recién en la instancia de este juicio pudo verlos. “Ahora ya sé quiénes son los policías. Yo los vi en la comisaría. Yo los vi. Ya pasaron como seis años pero me acuerdo como si fuese que anoche”. 

Rosa remarcó por qué da la pelea a pesar de que la amedrentaron de distintas formas. “Quiero que se haga justicia, que el juez se ponga a ver las cosas, porque está todo mal. Mi hijo no tenía armas, lo puedo asegurar. No se tiroteó ni nada, sí se subió en ese coche”. Y recordó cómo cuidaba a Marcelo: “No soy una madre que los dejaba. Si ellos iban a la esquina o a cualquier lado, yo los iba a buscar. Porque mi hijo, sí, fumaba esos fasitos, traté de ayudarlo siempre, lo llevaba para todos lados. Y no se pudo, pero no se soluciona matándolo así, como lo vi, como lo encontré en la morgue. Lo dejaron tirado ahí, esposado… ni a un perro lo a dejarían así”.

El miércoles 18 de abril sigue el que se supone juicio oral y público, aunque hoy no permitieron a la prensa registrar audios ni fotografías de lo que sucedía dentro de la sala. En un contexto de avanzada de la fuerzas policiales sobre la vida de los pibes y las pibas es necesario se condene a estos tres responsables y se haga justicia por Marcelo Montenegro. Porque fue la policía, y una vez más, como dejavú de tantos pibes que nos arrebataron, hablan de enfrentamiento. De la presión popular que se pueda hacer dependerá la condena; porque, sabemos, el poder judicial nunca está de este lado.

 

*FM La Caterva, FM Riachuelo, Radio Gráfica, La Retaguardia, Agencia Paco Urondo, Sur Capitalino, La Obrera Colectivo Fotográfico

Larreta aprovecha el fallo de la Corte y quiere imponer en el Subte el 15% firmando con la UTA

13.4.2018

El jefe de Gobierno porteño, amparado en el fallo de la Corte que le devolvió la personería, impuso para los trabajadores del subte el techo del 15%. La UTA sigue siendo un aliado clave de Cambiemos. Hoy los Metrodelegados evalúan pasos a seguir.

Representantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y el ministro de Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Ezequiel Jarvis, acordaron en ayer las paritarias para los empleados de subterráneos y el Premetro en 15,02 %, en tres tramos y desafiaron a los metrodelegados, en medio de las protestas por el techo salarial impuesto por el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

El secretario general de la UTA, Roberto Fernández, le dijo a Télam que se pagarán un 5,7 % a aplicarse entre marzo y julio, otro 5,7 % desde agosto a noviembre y un 3,8 % entre diciembre de este año y marzo de 2019.

El convenio salarial anual, rechazado por los Metrodelegados que lideran Roberto Pianelli, se aplicaría desde febrero. También incluye la aplicación de una cláusula de revisión para septiembre próximo y el pago de otro 3,5 por ciento a principios de mayo por la cláusula gatillo de 2017.

El entendimiento impulsado por Larreta se rubricó a caballo del fallo de la Corte Suprema de Justicia que suprimió la personería gremial a los Metrodelegados y se la devolvió a la UTA.

Los liderados por Pianelli realizarán hoy un plenario de delegados para definir los pasos a seguir, tras rechazar el entendimiento.

Es que más allá de la legalidad, del lado de Roberto Fernández, la abrumadora mayoría de los trabajadores de la actividad se encuentra enrolado en la Asociación Gremial de Trabajadores de Subtes y Premetro, por lo que son los únicos que pueden garantizar que no haya conflictividad.

Terciarios en marcha contra la UniCABA

13.4.2018

Por Julieta Santos

Este jueves 12 de abril, cerca de 6.000 voces se alzaron en una histórica movilización contra el proyecto de reforma que busca eliminar los Institutos de Formación Docente de la Ciudad de Buenos Aires, para reemplazarlos por una dudosa universidad.

“Defendamos nuestros profesorados”, es la leyenda que encabezó la columna de 6 cuadras donde se agruparon ayer miles de estudiantes, docentes y graduadas/os de nivel terciario. La masiva concentración se inició a las 17:00 en la puerta del Palacio Pizzurno (Ministerio de Educación y Deportes de la Nación), para marchar hacia el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, tomando gran visibilidad al atravesar espacios porteños clave como la Avenida Corrientes, el Obelisco y la Plaza de Mayo.

Sobran los motivos para un rechazo masivo a esta reforma que el gobierno de Cambiemos, con la ministra de educación, Soledad Acuña, a la cabeza presentó en noviembre de 2017 en la Legislatura Porteña. La “UniCABA” es el proyecto que busca desintegrar los 29 Institutos de Formación Docente de la Ciudad y nuclearlos en una única institución de rango universitario. A fines del año pasado la noticia cayó como un balde de agua helada. Sin embargo, la respuesta fue inmediata: rápidamente las autoridades de las distintas instituciones, los centros de estudiantes y militantes de diferentes organizaciones, se organizaron para repudiar la medida. No exageramos al decir que pocas veces se ha visto un repudio de esta magnitud en el nivel superior: toda la comunidad educativa de los 29 institutos de formación docente se encuentra en un estricto plan de lucha para evitar este genocidio educativo.

Desde el CESGE (Consejo de Educación Superior de Gestión Estatal) se denunció que la propuesta fue elaborada de manera inconsulta, sin la participación de los institutos de formación docente, desconociendo la histórica trayectoria de estos establecimientos y de sus profesoras/es en el tema, y sin un sustento -académico, estadístico, teórico, pedagógico- que justifique con solidez y rigurosidad la medida. Estas condiciones no llevan más que a sospechar que se trata de una nueva estrategia de ajuste, recorte y desguace de la educación pública. Estos hechos vienen siendo expuestos y discutidos en las comisiones de Educación de la Legislatura Porteña cada semana, sin respuestas claras por parte de las autoridades.

Regresivo, antidemocrático y excluyente: así podría caracterizarse este plan que, disfrazado de innovación y calidad, todavía no pudo dar respuesta a temas prioritarios: ¿qué va a pasar con las fuentes de trabajo de cientos de docentes “interinos” que nunca pudieron titularizar sus horas de clase porque el gobierno de los últimos 10 años no habilita concursos docentes? ¿Qué plan de estudios van a cursar las/os estudiantes y cuánto duraría la carrera “universitaria”? ¿Qué va a pasar con las/os estudiantes que iniciaron con el plan vigente actualmente? ¿Qué validez tendrían los títulos terciarios que se han expedido hasta el momento?

Todo indica que, mientras el gobierno hace silencio y responde con evasivas, los profesorados crecen en organización política y fortaleza institucional. La educación pública no se mancha, por eso más que nunca se hace vivo el grito que ayer resonó en las calles: “¡No al cierre de los profesorados! ¡Luche! ¡Luche! ¡Luche y que se escuche!”.

 

Algunas claves del conflicto

Entrevistamos a Daniel Brailovsky, profesor del Instituto Superior del Profesorado de Educación Inicial “Sara de Eccleston”, para entender de qué se trata este NO AL CIERRE DE LOS PROFESORADOS:

 

– Muchas personas no están al tanto del proyecto UniCABA del gobierno y ayer presenciaron una marcha histórica, llena de consignas centrales. ¿Qué significa “No al 29×1”?

La consigna hace referencia al proyecto de “Creación de la UniCABA” que el gobierno presentó en la Legislatura, que busca crear una universidad docente a partir de la eliminación, la desintegración y el cierre de 29 institutos de formación docente, parte de cuyos recursos pasarían a formar parte de esta Universidad. No se trataría de una creación sino de un ajuste, un mecanismo mediante el cual 29 institutos se reducen a 1. Varios puntos grises de la ley dan cuenta de este carácter de ajuste: se reduce el presupuesto, se reduce el personal docente y se le quitan virtudes al sistema de formación docente actual, como es la autonomía de cada institución para tomar decisiones curriculares sobre sus planes de estudio.

 

– ¿Cuáles son los 3 puntos más inconsistentes del proyecto UniCABA?

Podemos hablar de los puestos de trabajo docentes, de la rigurosidad académica y de la gestión institucional.

En el plano laboral, el proyecto anticipa de manera muy vaga e imprecisa la continuidad de los profesores actuales en sus puestos de trabajo, sin dejar claro el destino de la mitad de los docentes que son interinos. Esto, que parece un dato técnico, es ni más ni menos que la relación contractual que tienen los docentes con el gobierno de la Ciudad. Al no ser aclarado en ningún artículo del proyecto de ley, el Rector quedaría habilitado a redactar un estatuto donde aproximadamente la mitad de las/os profesoras/es del nivel se queden sin trabajo. En la actualidad el sistema está regulado por el Estatuto del Docente y ya se anunció que, si la UniCABA se aplica, este documento ya no estaría protegiendo los derechos laborales que con tanto esfuerzo y luchas se han conquistado en las últimas décadas.

En lo académico, el proyecto de la UniCABA no aporta en su redacción legal ninguna precisión pedagógica. Sin embargo, la Ministra Soledad Acuña y el Subsecretario de Educación Diego Meiriño se presentaron en diferentes programas de chimentos planteando estas precisiones que no están en la letra de la Ley: se trata de un modelo absolutamente influido por el ideal empresarial y mercantilista. Ellos entienden al docente del futuro como un emprededurista entre cuyas funciones no se cuenta la enseñanza. Este docente es infinitamente adaptable al cambio, y tiene una visión idealista sobre “un futuro que ya llegó” y que está marcado por el mercado tecnológico. Es un modelo pedagógico que a los ojos de los actuales formadores de maestros resulta simplemente aberrante. Estamos espantados de esta propuesta.

Desde el punto de vista del gobierno de las instituciones, la UniCABA plantea disolver el sistema democrático actual de gobierno donde las autoridades de cada institución son elegidas por voto directo de los claustros (docentes, estudiantes y graduados). La propuesta es reemplazarlo por uno donde un Rector –elegido arbitrariamente por el gobierno- redacta a su gusto y capricho un estatuto de funcionamiento para la supuesta universidad, que rige por tiempo indeterminado y expresa lo propio de un sistema autocrático y autoritario.

 

– ¿Cuál es la herramienta más importante para estudiantes, docentes y graduados/as en la lucha contra esta propuesta de reforma?

Contra la destrucción de los institutos de formación docente, lo más contundente que tenemos hoy es la calle. Ese es nuestro escenario. Nosotros estamos participando de las instancias que habilita el debate democrático en las comisiones de Educación de la Legislatura, pero los diputados oficialistas no han respondido a ninguno de estos cuestionamientos, que fueron planteados con solidez y exhaustividad. Se han abstenido de pronunciar palabra. ¡No tienen argumentos para defender el proyecto de la UniCABA! Son obedientes de sus jefes políticos y no muestran ninguna sensibilidad a los abundantes argumentos que existen y se han expuesto de manera contundente cada semana en la Legislatura.

Apostamos a que esta reforma tenga para el gobierno un costo político importante, y trabajamos para que la gran población toma conciencia de lo aberrante del proyecto.

Contra el cierre de los terciarios en CABA

12.4.2018

Docentes, estudiantes, sindicatos y autoridades de los terciarios de la Ciudad se movilizan este jueves 12 a las 17:00 del Palacio Pizzurno al Ministerio de Educación Porteño, Paseo Colón 255, reclamando contra la eliminación de los 29 institutos de formación docente.

El gobierno de la Ciudad envió a Legislatura en noviembre pasado un Proyecto de ley que está siendo tratado en comisión y podría llegar al recinto en las próximas semanas. Dicho proyecto para cerrar lo terciarios despertó gran rechazo en la comunidad educativa.

Mariano Romano, presidente del Centro de Estudiantes del Joaquín V. González y referente de La Martí, dijo: "en noviembre nos enteramos por los medios de comunicación de la intención de Larreta de cerrar los institutos para crear una nueva universidad. Queremos jerarquizar la formación docente, pero no creemos que eso sea posible cerrando los institutos que hace décadas vienen siendo el sostén de la formación de nuevos docentes. Los estudiantes, organizados en nuestros centros y en la Coordinadora de Estudiantes Terciarios, nos movilizamos en defensa de nuestra formación”

Martín Cifuentes, director de la carrera de Historia del Joaquín V. González, declaró: “es una imposición, acá no hay diálogo. La ministra Acuña en ningún momento buscó la participación de los docentes ni estudiantes para jerarquizar la formación docente. Pedimos que el proyecto se retire para que sean las comunidades educativas las que puedan dar cuenta de los problemas actuales de la formación docente y trabajar en mejorarlas para defender la educación pública con una mirada crítica y transformadora. No vamos a permitir que avancen imponiendo este proyecto, que tendrá como principales perjudicados a las futuras generaciones”

Mercedes González Chiappe, Consejera Directiva del Normal 7 y referente de La Martí, dijo: “los normales tienen una larga tradición en la formación de educadores, que se vería truncada por esta imposición del gobierno de la Ciudad. Si quieren contar con más y mejores docentes, necesitamos la aplicación real de la ESI en todas las escuelas y niveles, que se asigne el presupuesto que hoy falta para el buen funcionamiento de los institutos y que se garantice una paritaria nacional docente con un salario digno acorde a la tarea”

La relocalización fallida de las familias de Cristo Obrero a las viviendas de Containera (re-urbanización del Barrio Padre Carlos Mugica, ex Villa 31-31bis)

12.4.2018

Sandra Inés Sánchez y Jonatan Emanuel Baldiviezo

RESUMEN EJECUTIVO

Pasaron casi cinco meses[1] desde los inicios del proceso de relocalización de las familias de Cristo Obrero(Barrio Carlos Mugica, ex Villa 31-31 bis) que el GCBA obligó a relocalizarse en el predio de Containera porque se encontraban ubicadas en el sector por donde pasará la nueva traza de la Autopista Illia (la traza vieja será a futuro un parque lineal elevado a la manera del High Line neoyorquino).

 

LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LAS FAMILIAS Y LA RELOCALIZACIÓN

 

Este proceso inaugural de relocalización acusa desde los comienzos un balance desfavorable. Gran parte de las familias se negaba originalmente a relocalizarse. En esta relocalización, las familias vieron profundamente socavados sus medios de vida. La mayoría sustentaba su economía con actividades comerciales diversas. Al ser relocalizadas perdieron anclaje territorial y gran parte de la clientela. Además, el sector del barrio en el que están emplazadas se encuentra cercado y las tiras de viviendas tienen una única vía de acceso, de manera tal que quedó marginado, aislado y prácticamente inaccesible vehicularmente respecto del resto del barrio. Se suma a estas situaciones que los locales comerciales no resultaron suficientes para absorber la demanda comercial de las familias. En la relocalización no se consideraron las necesidades laborales de las familias que vivían de actividades productivas y comerciales en el barrio.

Con la finalidad de paliar estas socavadas economías algunas familias han alquilado o sub-alquilado las viviendas como una manera de generar recursos que les permita la subsistencia. Muchos esperan ansiosos el cumplimiento de los seis meses de posesión reglamentarios para poder venderlas e irse, que según ellos esta posibilidad fue informada por funcionarios del gobierno.

Las relocalización fue compulsiva para las familias, obligadas por la construcción de la nueva traza de la Autopista Illia. Los supuestos beneficios para la Ciudad de esta obra genera perjuicios para algunas familias en particular. El GCBA debería adoptar todas las medidas para que un beneficio común no signifique grandes perjuicios económicos para unos pocos. En la búsqueda de un equilibrio, una medida inmediata del GCBA debería ser el otorgamiento de subsidios económicos para compensar a las familias que fueron perjudicadas en su actividad laboral y, en consecuencia, en su economía.

 

SOBRE LAS VIVIENDAS

 

Las viviendas presentan algunos problemas derivados de la falta de control de final de obra, y otros que resultan muy difíciles de explicar: En todas las viviendas, los circuitos eléctricos de los artefactos de cocina están sub-dimensionados o tienen problemas, pues al encender las hornallas por un tiempo más prolongado, recalientan y saltan las llaves térmicas.  En algunas viviendas hay filtraciones de agua producto de problemas en los revestimientos de chapa de los muros exteriores. En algunos edificios corre agua por diferentes lugares en los núcleos de escaleras y se observan fisuras en las losas de hormigón, en la zona cercana a las barandas de escaleras. Han tenido problemas con la provisión de agua porque fallan las bombas o los flotantes de los tanques. Los revestimientos de chapas de los muros exteriores presentan problemas como discontinuidades y roturas, con riesgo de filtraciones y deterioro en el mediano plazo.

Los vecinos afirman no haber participado en talleres sobre el diseño de las viviendas, si bien, cuando comenzaron a colocarse los paneles internos, desde el gobierno programaron visitas a la obra.[2] Tampoco han tenido capacitaciones.

Señalan los adjudicatarios que constantemente reciben visitas de técnicos que recogen las demandas, pero ninguno trae soluciones, ni respuestas a los interrogantes que les plantean. Todos se encuentran subsumidos en un tiempo de espera, a estas alturas, con nula expectativa de que algo se solucione.

El gobierno se comprometió a garantizar un año de mantenimiento de las viviendas. Luego de ese plazo de gracia, por no decir de risa,[3] los habitantes quedarán a cargo del mantenimiento y a cargo también de resolver las patologías constructivas que, con estos antecedentes mencionados, podrán hacerse evidentes de manera rotunda en un mediano plazo. Para ese momento, el gobierno y la empresa constructora se habrán encargado de deslindar responsabilidades.

Muchos aspectos de “buenas prácticas” han sido desoídos, cuando no violentados en el caso de Containera. La incertidumbre en torno al cumplimiento de las obligaciones económicas contraídas, el pago de los servicios y las cuotas de crédito evidencian problemas de comunicación y acompañamiento que vician el proceso como una mala práctica.

Containera es la muestra de las concepciones de un gobierno que desoye a los afectados, para los que ni siquiera se tomaron medidas para resguardar sus necesidades más básicas como los medios de subsistencia.

¿De qué procesos de integración socio-urbana está hablando el gobierno? De una integración socio-urbana imposible, pero rápida y efectiva en términos de expulsión. Porque como se señala en el título de un artículo publicado por Nueva Ciudad: “El gobierno porteño ‘sueña’ con que en cinco años no haya más villas en la Ciudad”, y por eso, bajo un ropaje y discurso de “integración socio-urbana” se está ocupando en hacerlas desaparecer.


[1]Comenzaron a ser relocalizadas entre la primera y segunda semana de noviembre del año 2017.

[2]En una de las visitas tuvimos oportunidad de participar.

[3]No puede dejar de mencionarse lo que sucede en los procesos de otros barrios, en los que los vecinos lograron ser escuchados en sus reclamos de que todos los muros internos fueran construidos con materiales tradicionales (llámese ladrillos). El propio gobierno argumentó hasta el cansancio, y Playón de Chacarita es un ejemplo, que los frentes serían de ladrillo a la vista, justamente para reducir al mínimo los costos de mantenimiento ¿Qué significa esta inequidad de condiciones? ¿Por qué no se evitó que en el Barrio Carlos Mugica tuvieran que invertir en el mantenimiento de los edificios?

 

 

 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO URBANO, AMBIENTAL,

VECINALY PARTICIPATIVO PARA LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

 

10 de abril a las 18 hs. en la Legislatura Porteña-Salón Montevideo (Perú 160, CABA)

 

Aspectos esenciales al habitar la Ciudad de Buenos Aires están siendo revisados por el GCABA, plasmados en sus dos Proyectos de Códigos: el Urbanístico y el de Edificación. La realidad de sus Proyectos definitivos no difiere de los borradores iniciales, pese a la muy promocionada consulta con los vecinos.

En contrapunto con la metodología aplicada por el GCABA, organizaciones no gubernamentales y vecinos han confluido en talleres barriales dando lugar al “Proyecto urbano ambiental, vecinal y participativo”, en el que se reflejan sus necesidades y deseos desde su propio protagonismo.

El Observatorio del Derecho a la Ciudad forma parte de este colectivo y estaremos presentes el martes 10.

Invitamos a los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires, organizaciones vecinales, territoriales, sociales, y profesionales a participar de mesas de trabajo que se organizaron al efecto de recabar sus opiniones y aportes.

Usted es el visitante N°