Comunicado del Instituto Espacio para la Memoria
Comunicado del Instituto Espacio para la Memoria
4.8.2012
La cuestión del acompañamiento, protección y valoración de los testigos es un tema complejo e integral, que no admite simplificaciones y mucho menos intentos de utilización política ni disputas jurisdiccionales que rebajen su importancia forzando interpretaciones burocráticas que pretenden dirimir en el terreno administrativo la seguridad y bienestar de las personas víctimas del Terrorismo de Estado –y su grupo familiar- en los juicios por los delitos de lesa humanidad que se están sustanciando actualmente en la Argentina.
Según la legislación vigente y los pactos internacionales suscriptos, es al Estado como tal a quien le corresponde garantizar la seguridad, la tranquilidad y el respeto debidos a los testigos del genocidio. Son el Poder Judicial y las áreas correspondientes del Poder Ejecutivo Nacional así como el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los responsables de asegurar y garantizar su asistencia y contención.
El Instituto Espacio para la Memoria -creado por la Ley 961/2002, con un protagonismo fundamental de los organismos de derechos humanos, la participación de representantes legislativos y gubernamentales y el aporte de personalidades reconocidas en el tema- considera a la construcción de la memoria de los hechos del Terrorismo de Estado como vitalmente comprometida con la lucha contra la impunidad y por la conquista de las banderas históricas de Verdad, Memoria y Justicia y no como una cuestión en sí misma, como un proceso ascético o académico. En tal sentido, toda su tarea institucional pertinente, vinculada con la investigación de los hechos y la reconstrucción de los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, ha sido aportada en los procesos que juzgan delitos cometidos por el Terrorismo de Estado y valorada como prueba por juzgados de instrucción, fiscalías, Tribunales Orales Federales y otras instancias judiciales correspondientes.
Además, muchos de sus integrantes han actuado y actúan como testigos y/o querellantes y desde diferentes áreas de trabajo del IEM se asiste permanentemente al desarrollo de los juicios, tanto los celebrados en la Ciudad como en otros tribunales del país. Esta presencia se traduce en apoyo a testigos, familiares, querellas y fiscalías; provisión de elementos de prueba basados en documentos e investigaciones propias; registro documental y fotográfico; recopilación de testimonios; elaboración de materiales de difusión (libros, periódicos, revistas, afiches, volantes, avisos, etc.) y participación en charlas, seminarios y entrevistas en medios gráficos y audiovisuales.
La realización de estos juicios asume una dimensión histórica y de relevancia regional e internacional, y en muchos aspectos son inéditos, desafiando al Poder Judicial, a otros poderes del Estado y a la sociedad toda. No hay recetas ni respuestas fáciles a los problemas que surgen de la situación creada por la intervención del Estado para asegurar la impunidad, desde antes del golpe del 24 de marzo de 1976 hasta el año 2005. En la Causa contra los Jefes de la Junta Militar se acordó en el carácter necesario del testimonio de los sobrevivientes y los familiares de las víctimas. Los defensores de la impunidad no han dejado de agredir a los testigos y aún seguimos sufriendo la desaparición forzada de Julio López ocurrida en setiembre de 2006.
Como ya se ha reseñado, más allá del sostenido y valioso aporte que el IEM realiza en numerosos aspectos vinculados a esa materia, resulta innegable que la responsabilidad de tutelar los derechos de las víctimas excede sus atribuciones como ente autárquico y autónomo, expresamente definidas en el artículo 2º de la Ley Nº 961 donde se establece que “es misión y función del Instituto Espacio para la Memoria el resguardo y transmisión de la memoria e historia de los hechos ocurridos durante el Terrorismo de Estado, de los años ´70 e inicios de los ´80 hasta la recuperación del Estado de Derecho, así como los antecedentes, etapas posteriores y consecuencias”.
Dada la naturaleza y alcance de su misión y función, regidas por la Ley constitutiva, a lo cual se suma la experiencia acumulada en estos años en las tareas de reconstruir la memoria y aportar a los juicios, bajo toda evidencia no le corresponde al IEM asumir una responsabilidad que, a todas luces, le compete al Estado. En tal sentido, reclamamos su cumplimiento, uniendo nuestra voz a la de los involucrados directos, familiares, abogados, organismos de Derechos Humanos y fuerzas democráticas que exigen: NUNCA MÁS JULIO LOPEZ.
