COMUNICADO A 3 AÑOS DE LA MUERTE DE JONATHAN KIKI LEZCANO Y EZEQUIEL BLANCO
COMUNICADO A 3 AÑOS DE LA MUERTE DE JONATHAN KIKI LEZCANO Y EZEQUIEL BLANCO
7.7.2012
Se cumplen 3 años del día en que Kiki Lezcano y Ezequiel Blanco fueron detenidos, fusilados y posteriormente retirados del circuito legal, rompiendo todos los protocolos formales para engrosar la estadística del otro protocolo; el extra-oficial, el ABC del gatillo fácil, un volumen monstruoso que se sigue ampliando con cada caso nuevo que se suma a los otros miles, y que forma parte ya de los procedimientos naturales de las fuerzas represivas en los barrios pobres. Este manual, como muchas aberraciones que existen “por convención”, moviéndose por fuera de todo marco de la ley, es posible gracias a la responsabilidad del Estado (tanto por acción como por omisión) y de los medios de comunicación que crean al enemigo de hoy: el pibe pobre, delincuente, capaz de matar por un celular o unas zapatillas. Aquellos medios tienen un doble trabajo: Por un lado, generan la opinión pública que justifica la violencia policial. Por el otro, ocultan las atrocidades cometidas por la policía, o la distorsionan, porque los abusos cometidos por las “fuerzas de seguridad”, son demasiado burdos como para que su divulgación no ocasione repercusiones desfavorables para los que se benefician del actual desempeño de este círculo. Mostrándose toda la verdad, hasta la propia gente que suele tirar un “hay que matarlos a todos”, podría comenzar a cuestionarse la versión oficial detrás de la cual se esconde el gatillo fácil. Ni hablar de que la crudeza de los crímenes cometidos por la policía, podrían asquear a todos aquellos y aquellas lo suficientemente lúcidos como para darse cuenta de que ningún ser humano (haya sido culpable de un delito o no), es merecedor de las vejaciones a las que los uniformados someten al “pibe chorro”. De ese modo, seríamos muchos más los que luchamos por justicia.
Kiki Lezcano reunía las características típicas de las víctimas de gatillo fácil. Era de un barrio humilde, había tenido problemas de adicción. Fue perseguido constantemente por la policía, por haber salido de la droga, por no querer robar para ellos. Fue levantado, brutalmente golpeado, y finalmente asesinado con dos tiros en la cabeza. 4 policías, mientras Jonathan agonizaba, se burlaban y lo filmaban con un celular: una demostración de lo profunda que es la degradación del género humano en estos asesinos con chapa. Los cuerpos estuvieron desaparecidos 2 meses. La causa había sido cerrada con el testimonio de Daniel Veyga, un miembro de la Federal que se hizo cargo del asesinato de Jonathan y Ezequiel, testificando que había sido en defensa propia y para evitar el robo de su auto. No hacía falta más. El juez de instrucción Fernando Cubas (responsable de la absolución de Macri de su vinculación con la UCEP) hizo lo propio dentro de sus funciones, desestimó toda evidencia que sembrara duda sobre el proceder policial (resultados forenses que hacían imposible un “enfrentamiento” como había testificado Veyga, que demostraban que los pibes no estaban armados, etc.). Así, no hubo imputación para los responsables del asesinato de Kiki Lezcano y Ezequiel Blanco. Por el contrario, le inventaron una causa a Angélica, la mamá de Kiki (finalmente desestimada por falta de mérito). El sistema judicial nuevamente listo para proteger al aparato represivo y aplicar castigos a los de abajo. Sin embargo, el atroz video, terminó llegando a manos de la familia. Ese tiro les salió por la culata. Luego de un arduo camino, Juan Manuel Combi, el abogado de la causa, junto con los que siempre estuvimos acompañando en la búsqueda de justicia, transformamos la filmación de un retrato prepotente del sadismo policial, en una herramienta que, junto a la presión de la lucha, pudo lograr poner en movimiento los oxidados engranajes del aparato judicial. La causa fue reabierta, y el juez Cubas desvinculado del caso, aunque por ahora sigue sin ser imputado por su proceder corrupto y miserable. Re-confirmamos así, que solamente con lucha y organización, podemos abrir grietas en el cerrado sistema político y judicial que ampara y reproduce estas prácticas.
De eso se trata. La vinculación toma forma de red. Las cocinas de pasta base, los transas que las manejan y el tráfico de drogas en general, está amparado por la policía, que además de llevarse una tajada de las ganancias como precio para su protección, se sirven de la adicción de los y las jóvenes de los barrios, para obligarlos a robar para su beneficio personal. El Estado por su parte, está ausente en cuanto a propuestas para la recuperación y la prevención de adicciones. El destino de aquél o aquella que no pueda pagar una institución privada, será ir de un centro de día a otro, rebotado por hospitales que no tienen estructura, personal o recursos para hacerse cargo, o prácticamente torturado en lugares que lejos de ayudar a la rehabilitación de la víctima de adicción, empeoran su condición por los tratos a los que las someten. Mientras tanto, en promedio, hay un muerto por gatillo fácil cada 28 horas. El sistema judicial, como está harto demostrado, cubre a los asesinos o a lo sumo, los reubica, los separa temporalmente de sus funciones, o les aplica penas menores. Al día de la fecha, no existen imputados por la desaparición de Luciano Arruga, ni por el asesinato de Kiki Lezcano y de tantos otros miles de casos. Es la misma justicia que favorece a los verdugos, empachada de impunidad, la que permite que Darío Poblete, el asesino de Carlos Fuentealba, camine tranquilamente por la calle y que Alfredo Franchiotti y Alejandro Acosta, responsables de las muertes de Darío y Maxi, hayan sido trasladados a un recinto penitenciario de mínima seguridad.
Existen ciertos elementos positivos, muestras de una voluntad de interesarse por este asunto; tales son ciertas purgas que se hicieron dentro de algunas fuerzas de seguridad, así como los recientemente impulsados “CAD”, Centros de Admisión y Derivación, pensados para evitar que los menores detenidos caigan en comisarías donde están expuestos al abuso policial, o en otro ámbito, la propuesta de una comisión de seguimiento para asuntos similares que se hizo en la legislatura porteña. Reconocemos estos gestos y los valoramos como positivos. Sin embargo no son suficientes para detener el gatillo fácil ni la corrupción de la policía, porque de hecho, no hay un proyecto integral apuntado a la erradicación definitiva de estas problemáticas. Por esto, decimos: no es un problema de este o de ningún gobierno en particular. Es una cuestión de Estado. Es el Estado el que debe hacerse cargo de esta situación, hacerse presente, generar alternativas para la prevención contra adicciones, y depurar el aparato policial de raíz, cambiando de una vez por todas las estructuras que siguen teniendo elementos siniestros de la época de la dictadura. Lamentablemente, los elementos progresivos introducidos en los últimos años no alcanzan para contrarrestar el martirio de los más oprimidos, que se manifiesta no sólo mediante el gatillo fácil, sino que éste se combina con muchos otros factores resultantes de una desigualdad social que mantiene cifras altísimas (incluso hoy en día), como el paco, el secuestro de mujeres para la red de trata, el hambre, el desempleo, la precarización laboral, y una larga y triste lista de etcéteras.
De esta manera, los más afectados siempre son los mismos, los de abajo, los marginados, los excluidos, el “pobretariado”, como ha sido definido por Frei Betto. Dentro de éste, la juventud pobre criminalizada. Pero no significa que esto sea estático. Puede y debe ser modificado. Y la única manera es que luchemos entre todos, que combatamos la desidia y el individualismo, que nos unamos en el único camino que puede llevarnos a la verdad y a la justicia: el de la lucha. Podrán crear cementerios de autos para envenenarnos con plomo, meternos causas por defender el legítimo derecho a la vivienda, podrán reprimirnos, pegarnos, apresarnos. Pero no van a callar a la voz que clama “Justicia”, que nos obliga a encontrarnos juntos sin demora, y que suena cada vez más fuerte.
¡JUSTICIA POR JONATHAN KIKI LEZCANO Y EZEQUIEL BLANCO!
¡CARCEL YA A TODOS LOS RESPONSABLES!
¡JUSTICIA POR TODAS LAS VÍCTIMAS DEL GATILLO FÁCIL!
¡APARICIÓN CON VIDA DE LUCIANO ARRUGA, JORGE JULIO LÓPEZ Y TODAS LA DESAPARECIDAS POR LAS REDES DE TRATA!
¡FUERA LA POLICÍA DE NUESTROS BARRIOS!
¡NINGÚN PIBE NACE PARA CHORRO!
¡BASTA DE PERSEGUIR A LOS Y LAS QUE LUCHAN!
¡NO A LA LEY ANTITERRORISTA!
¡DESPROCESAMIENTO YA DEL TANO NARDULLI Y DIOSNEL PEREZ!
¡BASTA DE GATILLO FÁCIL!
¡JONATHAN KIKI LEZCANO Y EZEQUIEL BLANCO PRESENTES!
¡AHORA Y SIEMPRE!
Firman:
– Familiares y Amigos de Kiki Lezcano
– Agrupación Kiki Lezcano
– Familiares y Amigos de Luciano Arruga
Adhieren:
– Espacio de Humahuaca (Agrupación Domingo Menna, Agrupación Kiki Lezcano, Casa del Trabajador Agustín Tosco, Corriente del Pueblo, Instituto Taki Ongoy, Jóvenes al Frente, Jóvenes Kurmi, Movimiento Campesino de Jujuy, Movimiento Justicia y Libertad, Movimiento Popular La Dignidad, Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social MULCS, Movimiento Tupaj Katari, Movimiento Unidad y Lucha, MTD Aníbal Verón Esteban Echeverría, MTR 12 de Abril)
– Corriente de Organizaciones de Base La Brecha (COB La Brecha)
– Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares de Argentina (COMPA) – Regional Capital Federal
– Frente Popular Darío Santillán (FPDS) – Regional Buenos Aires
– Juventud Rebelde/Rebelión – Presidencia de la FUBA
– Socialismo Libertario
– Colectivo Desde el Pie
– Frente Universitario de Luján (FUL)
– En la UNLU: Centro de estudiantes de Información Ambiental, Centro de Estudiantes de Geografía, Centro de Estudiantes de Ciencias de la Educación y Educación Física.
– agrupación estudiantil Barricada en la UNLaM,
– Claudio Katz
– Carla Lacorte
